La Gaceta Jurídica

Ámbito de aplicación de la Ley 341

El 21 de febrero se ha publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 487 la Ley 341 de Participación y Control Social. Dicha norma tiene por objeto “establecer el marco general de la Participación y Control Social, definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio” (artículo 1 Ley 341), en aplicación de los artículos 241 y 242 de la CPE.

El presidente Morales  en octubre  de 2012, durante las jornadas  de elaboración  de la Ley 341.

El presidente Morales en octubre de 2012, durante las jornadas de elaboración de la Ley 341. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Federico Escóbar Klose

00:00 / 23 de abril de 2013

El artículo 241 de la Ley Fundamental dispone que la sociedad civil organizada participe en el diseño de las políticas públicas y ejerza el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, incluyendo a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, asimismo ejercer el control social a la calidad de los servicios públicos.

Por su parte, el artículo 242 de la Constitución Política del Estado (cpe) señala las implicancias de la participación y control social, como ser la participación en la formulación de las políticas de Estado, el control social en todos los niveles del gobierno (incluyendo las entidades territoriales autónomas) y la generación de información transparente sobre el uso de los recursos públicos.

La norma en cuestión

En el artículo 2 de la Ley 341 de Participación y Control Social, se determina el ámbito de aplicación de dicha norma, señalando de forma textual: “La presente Ley se aplicará a: I. Todas las entidades públicas de los cuatro Órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. II. Las empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas y empresas privadas que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales y/o naturales. III. Las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas (…)”.

Respecto al ámbito de aplicación, creemos que la Ley 341 debió haber desarrollado la disposición contenida en el artículo 241 de la cpe respecto al alcance del control social de las empresas privadas que administran recursos fiscales. Resulta delicado haber dejado la previsión constitucional abierta, sin regular sus alcances en la Ley 341; puesto que, si tomamos el sentido literal de la “administración de recursos fiscales”, toda empresa privada que tenga contratos con el Estado (provisión de bienes, ejecución de obra, consultoría) administra recursos públicos, por ende estaría sujeto al control social.

Particularidades normativas

Si bien, las empresas privadas que manejan recursos públicos se encuentran dentro del alcance de la Ley 1178 (Safco) y pueden ser susceptibles de responsabilidad civil por daño económico al Estado; es cosa diferente pretender un control social amplio a dichas empresas por el hecho de percibir recursos fiscales. Decimos “amplio”, ya que la Ley 341, en su artículo 8, establece que el control social implica el derecho de “acceder a información documentada y estadística de todas las entidades públicas y de las privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales”; lo cual hace preguntarnos ¿cuáles los límites de ese derecho de acceso a documentación por parte del control social?

Además que en el artículo 9 se establece las atribuciones de los actores del control social para denunciar actos irregulares y promover el procesamiento de los trabajadores de las entidades privadas que administren recursos fiscales y/o recursos naturales o presten servicios básicos, así como para denunciar la negación de acceso a la información y también el gestionar demandas de la sociedad civil ante dichas empresas privadas.

En ese escenario, urge que al momento de elaborar los respectivos reglamentos, tal cual determinan los artículos 15 y siguientes de la Ley que nos atañe, se aclaren y se limiten los alcances de citados derechos y atribuciones, para que los mismos no sean usados de forma arbitraria o abusiva; y de ocurrir aquello se active una protección inmediata y eficaz para el afectado.

En lo que hace a la participación social, consideramos adecuada la misma, en el sentido de que la Ley 341 (artículo 5.1) la define como “un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes; en la conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con independencia en la toma de decisiones”, entre tanto ella no sea una mera declaración normativa y se cumpla a cabalidad, sobre todo en lo que respecta a la construcción colectiva de leyes; puesto que la participación social no puede ser un derecho de unos cuantos sectores, debe ser un derecho que sea ejercido por la totalidad de la sociedad civil organizada.

Es abogado y asesor legal.

Tomado de: Revista del IDEI año 3, Nº 59, abril de 2013. ideibo.org

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