La Gaceta Jurídica

Análisis de Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Por segunda vez la Comisión legislativa que analiza el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública invitó a las distintas organizaciones que manifestaron sus observaciones sobre el documento a reunirse hoy martes en la Cámara Baja con el objetivo de considerar modificaciones y acotaciones al documento.

Existe información que debiera estar disponible de manos capacitadas  en las instituciones.

Existe información que debiera estar disponible de manos capacitadas en las instituciones. Foto: masoportunidades.com.ar

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 13 de agosto de 2013

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Héctor Arce, convocó a varios sectores a una segunda ronda de audiencias públicas para conocer las observaciones y mejorar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se analiza en esa instancia Legislativa.

“Se ha invitado a todas las instituciones que se han apersonado para aportar al Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vamos a escuchar las ponencias absolutamente de todos los sectores y las partes interesadas en audiencia pública del día martes 13 de agosto a las 9.30, aquí en la Cámara de Diputados”, dijo a los periodistas.

También se explicó que un percance el pasado jueves impidió que se desarrollen las sesiones de audiencias públicas, cuando varias organizaciones de la prensa y otras instituciones se hicieron presentes.

El legislador puntualizó que este proyecto de Ley es “importante y trascendental” porque desarrolla derechos a favor de los ciudadanos y que existe la más amplia voluntad de hacer las modificaciones que sean necesarias.

“Sabemos que hubo preocupaciones en relación al artículo 42 del Proyecto de Ley, los técnicos de la Comisión han realizado algunas propuestas técnicas y en la más amplia actitud se va tomar en cuenta a todos los sectores sanos de la nacionalidad boliviana que deseen hacer aportes”, afirmó.

El Proyecto de Ley 404/2013-2014 posee 47 artículos, fue trabajado por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y tiene el objetivo de promover la transparencia, el correcto manejo y administración de los recursos públicos y del Estado Plurinacional.

De este modo, cumplir el mandato Constitucional que, en su artículo 21, establece como un derecho civil acceder a la información pública, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva.

Fundación Unir

Por su parte, la Fundación Unir Bolivia presentó algunas consideraciones y comentarios a la Comisión de Constitución de la Honorable Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto al proyecto de ley. 

La primera observación se refiera a la “Exposición de Motivos”, que Unir considera debiera hacer mención explícita de lo establecido en el artículo 106 del Capítulo VII (“Comunicación Social”) de la Constitución Política del Estado (cpe) que garantiza expresamente el derecho a la información y la comunicación, pues sólo contempla una referencia al artículo 21 correspondiente a los derechos civiles.

Respecto al artículo 4, inciso d), esta institución sugiere que se incluya que la información solicitada sea proporcionada en el menor tiempo posible, dentro de los plazos establecidos en la ley y sea comprensible para el o la solicitante.

Asimismo, considera que las definiciones de “Información” y “Documento”, incisos b) y d) del artículo 5 del proyecto, restringen, la primera, a datos numéricos y alfabéticos y, la segunda, a la sola información escrita. De acuerdo con los estándares internacionales y los avances tecnológicos, esas definiciones debieran ser ampliadas a cualquier tipo de dato de interés público en posesión de las autoridades y de las instituciones públicas que esté contenido en cualquier medio o formato y no sólo en un registro escrito.

A fin de facilitar el procedimiento de acceso de acuerdo con las recomendaciones internacionales y con el objeto de garantizar el debido proceso en sede administrativa, Unir señala que la solicitud debiera poder presentarse directamente al responsable de la Unidad de Transparencia o al Oficial de Información de cada entidad y no, como señala el parágrafo II del artículo 29 del proyecto, “a la Máxima Autoridad de la Entidad Pública o Privada”.

Ante la falta de reconsideración de una eventual denegatoria por la Unidad, correspondería legalmente la impugnación ante la Máxima Autoridad. Este mismo procedimiento debería aplicarse y ser ampliado a las entidades privadas consideradas en los parágrafos III y IV del artículo 3, dejando sin efecto el artículo 37.

Por otra parte, la ley debiera contemplar las responsabilidades de los servidores en la protección y conservación de la información pública para evitar su pérdida o destrucción de acuerdo al artículo 237 de la Constitución. Esta previsión debiera complementar el parágrafo VII del artículo 31, que solamente dice que “en caso de pérdida o destrucción de documentos públicos, la entidad requerida tiene la obligación de comunicar esta situación por escrito al solicitante”.

En cuanto al régimen de excepciones, artículo 42, se plantea que debiera incorporar explícitamente el concepto de prueba de daño y/o supremacía del interés público para que sea posible evaluar si el daño que se puede causar a un interés protegido por una reserva de información es mayor que el beneficio que puede obtener el interés público al acceder a esa información.

Sobre el régimen de excepciones debiera no sólo mencionar, sino definir de una sola vez y con precisión los tipos de la información pública que podrá ser mantenida en reserva, así como explicitar claramente las razones para cada reserva, con descripción concreta de los riesgos de daño significativo que implicaría su eventual difusión.

Para Unir, el inciso b) del artículo 42, información “referida a acciones estratégicas sobre Recursos Naturales”, no está acorde con el artículo 351, parágrafo III, de la cpe, que establece que “La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales”.

El inciso h) del artículo 42, “Aquella, cuya divulgación implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público”, requiere mayor precisión en la determinación de su alcance jurídico a fin de evitar que se aplique a una generalidad de casos, puntualiza esa institución. 

En cuanto a la información protegida por el secreto profesional –inciso e) del artículo 42–, corresponde prioritariamente al ámbito de la vida privada de las personas y no debiera estar comprendida como una excepción en una ley referida a la información en poder del Estado.

Del mismo modo, siendo que el secreto en materia de prensa –inciso f) del artículo 42– está garantizado por el artículo 8 de la Ley de Imprenta vigente y que, además, corresponde al campo del trabajo periodístico, tampoco debiera estar contemplado como una excepción en la ley de acceso a la información pública.

Unir plantea que el inciso j) del artículo 42, que establece la reserva de “Información respecto a estudios de impacto ambiental”, debiera ser retirado en función de lo establecido por el inciso 15 del parágrafo II del artículo 30 de la cpe sobre la “consulta previa obligatoria”, así como de lo señalado en el artículo 343 de la misma: “La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado (sic) previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”.

También en sujeción a normas nacionales vigentes, concibe que se debería tomar en cuenta el artículo 93 de la Ley del Medio Ambiente y los artículos 21, 24 y 78 del Reglamento General de Gestión Ambiental, que se refieren al acceso a información ambiental y a la participación ciudadana en los asuntos de la materia.

El inciso k) del artículo 42 está planteado de forma genérica, explica otra de las observaciones y agrega que por eso debiera ser precisado en su formulación, pues los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública sí recomiendan la reserva de aquella información relativa a investigación de delitos, procesos de toma de decisión y procesos de asesoramiento estratégico, cuyo inicio y conclusión deben indefectiblemente ser puestos en conocimiento público.

En concordancia con el objeto de la ley de “Promover la transparencia en la gestión pública del Estado Plurinacional y garantizar a todas las personas el acceso a la información pública” se debiera suprimir del régimen de excepciones el inciso l) y el parágrafo IV del artículo 42 así como el artículo 43 en su integridad y el parágrafo II de la Disposición Transitoria Única que establecen la reserva de “Otras determinadas por Ley o Decreto Supremo”, que “los cuatro órganos del Estado Plurinacional, la Procuraduría General del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana podrán calificar otro tipo de información como reservada” y que “todas las entidades que tengan información que consideren que podría ser calificada como reservada deberán establecer el proceso establecido (sic) en la presente ley”.

En referencia al parágrafo II de la Disposición Final Primera referido a la publicidad de la información acerca de “desaparición forzada, muerte, violencia política y violación de los derechos humanos en épocas pasadas”, Unir propone que debiera estar establecido para regir en todo tiempo.

El parágrafo I de la Disposición Transitoria Única debiera considerar el año de adecuación que se tomarán las instituciones antes de que la ley entre en vigencia como una vacatio legis, lapso de preparación legalmente permitido. En este tiempo se tendría que capacitar a servidores públicos y nombrar responsables de entregar la información.

Finalmente, de acuerdo con estándares internacionales, para Unir sería recomendable que el Estado cree una instancia independiente que vele por el ejercicio del acceso a la información pública, la transparencia, celeridad y eficiencia de los procedimientos corres- pondientes, que establezca técnicamente los criterios para clasificar y desclasificar información y esté facultado para conocer y resolver las impugnaciones en situaciones de denegatoria en sede administrativa, asegurando un trato igualitario para todas las instituciones compren- didas en el artículo 3.

Es periodista.

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