La Gaceta Jurídica

Análisis de la destitución de Fernando Lugo

Tres juristas (una como entrevistadora y dos expositores) explican a partir de la concepción jurídica y constitucional del país vecino los pormenores de la destitución desde el parlamento de su presidente electo en las urnas. Además, en el análisis se abarca la normativa interamericana del estado de derecho, la democracia y los organismos internacionales.

La Gaceta Jurídica / IDEI Bolivia

00:00 / 20 de julio de 2012

Guehiza Zeballos: Mucho se ha hablado de la destitución del ex presidente paraguayo Fernando Lugo, tras haber sido sometido a un juicio político sumarísimo por supuesto mal desempeño en sus funciones en el conflicto de Curuguaty; sin embargo, más allá de la pertenencia o no del denominado juicio político, que además se encuentra contemplado en la Constitución Política del Estado (cpe) paraguaya vigente, ¿este hecho constituye una vulneración al estado democrático de derecho? considerando que para evitar excesos por parte de los órganos estatales es que los estados democráticos instituyen como elementos centrales de la democracia la división de poderes y el establecimiento de un sistema de frenos y contrapesos, que más allá de limitar el ejercicio del poder soberano procuran que no sea un sistema cerrado en sí mismo, sino que, además de la legalidad, garantice la legitimidad democrática.

Oscar Alba: Para una hermenéutica de los hechos, actos o fenómenos jurídicos relevantes, la primera pregunta podría dividirse en: a) La constitucionalidad del juicio político sumarísimo en Paraguay, b) El cumplimiento de los estándares (modelos) o parámetros (medidas) del estado democrático de derecho y c) La ingeniería democrática que garantiza la legitimidad mediante la legalidad, para ello destaquemos que:

a) Desde un punto de vista gramatical de las normas y sus procedimientos y según reglas insertas en la constitución vigente, el “juicio político” en Paraguay puede ser positivamente constitucional (art. 225cpe), a no ser que por “voluntad política” se hubiese vulnerado alguno de los derechos o garantías reconocidos en el propio sistema constitucional o bloque de constitucionalidad, incluidas las cláusulas relativas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

b) Entre los estándares internacionales del estado democrático de derecho se encuentran los referidos a la garantía del debido proceso y de una sentencia justa, que nos remiten entre otros al proceso en doble instancia y con jueces independientes, neutrales e imparciales (ver el Derecho Interamericano de los Derechos Humanos), estándares que, por las características de la historia político -legislativa de Paraguay, no parecen formar parte del derecho político de ese Estado.

c) El reconocimiento principista de que los actos jurídicos se deshacen como se hacen es importante para que la legalidad garantice la legitimidad, este sentido se refleja en el recall o actos de revocatoria, que serían el correlato democrático de la elección popular y no así los “juicios políticos” que no corresponden a la forma del voto universal, directo, secreto, por el que se elige a los gobernantes por un periodo de tiempo, juicios políticos predeterminados por una mayoría parlamentaria, como parece ocurrir en este caso.

Sergio Castro: Primero, exploremos un poco la concepción democrática del Estado desde la teoría del discurso (Habermas) para ver si el hecho se sujeta o no a estándares democráticos. Bajo estos parámetros, si utilizamos el lenguaje de Habermas tendríamos que concebir a la sociedad como preconvencional, convencional y posconvencional; la sociedad paraguaya no se encuentra en posición convencional o constituyente, su constitución data de 1992, es una sociedad posconvencional que gestiona la acción comunicativa frente a un Estado que se legitima en el derecho y que cuenta con un derecho legitimado por la política.

Para la primera pregunta, sí se ha desarrollado el procedimiento constitucional establecido en el art. 225 de la Constitución Paraguaya, pero la simplicidad de la respuesta no constituye un reduccionismo a la letra muerta de la ley, sino implica que la Constitución ejerce la función legitimadora de la política y la administración del Estado y la destitución y la sucesión presidencial resulta ser legítima. La segunda pregunta es más complicada, versa sobre el carácter sistémico de la norma referida a los “juicios políticos” de la Constitución paraguaya, en este sentido, tendríamos que plantear dos cuestiones sistémicas; primero, si el caso está de acuerdo al derecho al debido proceso establecido por el derecho interamericano y, segundo, si ese fallo atenta contra el sistema democrático americano.

Para la primera pregunta, en el caso Lori Berenson vs Perú sobre el debido proceso, en el análisis de fondo de la Corte se evidencia que el debido proceso se cumple cuando los procedimientos establecidos en la propia norma han sido cumplidos; aquí tenemos dos cuestiones que atender o asumir que este caso ha cumplido con los requisitos jurídicos que respeten el debido proceso o que Paraguay haga una opinión consultiva a la Corte Interamericana de ddhh (Coidh) con respecto al respeto al debido proceso en este caso, que seguramente implicará un análisis de los juicios políticos paraguayos.

La segunda pregunta, si este hecho puede o no atentar con el concepto democrático del protocolo de Ushuaia y la Carta Democrática Interamericana, grosso modo, el establecimiento del principio democrático establecido en estas instancias, aparte de genérico simplemente afirma la necesidad que, para sus relaciones internacionales, las instituciones estatales deben respetar el orden democrático y emerger de procesos electorales coherentes con dicho principio, pero no establecen un concepto de democracia (aunque de su lectura se puede deducir un concepto demo-liberal de democracia) y, por tanto, no decanta en una definición de orden democrático, existen dos elementos que podrían definir esta cuestión, la primera definición la establece el propio Estado a partir de sus instituciones constituidas y su derecho, que define su legitimidad, la otra definición la establecen los estados miembros de su comunidad a partir de ciertos procesos democráticos de diálogo y consulta; todo ello porque el requisito del derecho internacional es contar con un régimen democrático, pero el establecimiento de los elementos del qué y el cómo funcionara el régimen democrático, según inclusive la propia resolución 2625 de la onu, es parte del orden interno de cada Estado.

Guehiza Zeballos: Más allá de la previsión constitucional del denominado “juicio político” establecido en el art. 225 de la Constitución paraguaya, desde una teoría general del derecho, ¿acaso el término “juicio” no supone la activación de órganos judiciales y garantías jurisdiccionales como la competencia e imparcialidad de los jueces, el derecho a la defensa y otros derechos procesales que, en el caso del ex presidente Lugo, al parecer fueron vulnerados considerando que la resolución que fija los plazos para la tramitación del juicio fue emitida en fecha 21 de junio y notificada el mismo día con la citación respectiva para la formulación de la defensa y ofrecimiento de pruebas? Diríamos que el Senado autorizó el proceso, determinó el procedimiento y votó a favor.

Oscar Alba: Se estaría cumpliendo con la “regla de adjudicación” que faculta al Senado el emitir sus reglamentos, sin embargo, el “juicio político” cómo acto político y no judicial sería una anomalía del sistema jurídico procesal, que posibilitaría actuaciones arbitrarias como la relatada, donde el mismo órgano autoriza el proceso, determina el procedimiento juzga y vota la sanción de un modo políticamente previsible y que no se basa en estándares contemporáneos del derecho político referidos a la democracia representativa y menos aún a la participativa.

Sergio Castro: El principio más importante de todos ellos es el “juez natural”, establecido como la autoridad regular para conocer un caso, según la previsión constitucional el juez natural es la Cámara de Senadores de Paraguay y el impetrante (demandante o querellante) es la cámara de diputados, en todo caso, estando establecida (adjudicación) la autoridad natural previamente y en la norma, es más fácil deducir los elementos posteriores, como la neutralidad y la imparcialidad.Preliminarmente tendríamos que entender que, sean autoridades judiciales o de cualquier otra índole, materialmente es difícil establecer un parámetro de neutralidad e imparcialidad, ya sea por su forma de elección o por parámetros de justicia procedimental, así lo afirmó Loewenstein cuando analizaba las formas de elección de los jueces como parte de la construcción estatal.

Guehiza Zeballos: Considerando la previsión constitucional que admite de un orden jurídico supranacional en materia de derechos humanos establecido en el art. 145, ¿cree válido un pronunciamiento de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto?

Oscar Alba: Obviamente y no solo por el art. 145 de la cpe paraguaya, sino en la condición y supuesto de que el Estado haya firmado y ratificado las convenciones y declaraciones interamericanas que adjudican este tipo de controversias a la Comisión y la coidh, asumiendo la intemporalidad de sus actuaciones, cabe recordar el debate y la necesidad de mejorar las medidas precautorias del derecho interamericano.

Sergio Castro: Los elementos más fuertes de la relación entre ambos sistemas, como decía antes, están en dos cuestiones, primero, intrínsecamente en el caso Lugo en si el proceso ha respetado los derechos suyos, como ciudadano (debido proceso) y como autoridad (derechos políticos y de democracia), en este caso se tendría que demostrar la incoherencia entre las disposiciones de la coidh con referencia a estos derechos, todo ello me recuerda que en el caso Yatama contra Nicaragua, en el fondo la Corte ha considerado que si el Estado, mediante sus propias instituciones ha asumido determinada disposición entonces esta debe cumplirse; con referencia a las obligaciones del Estado y al caso en concreto –y prima facie– no se han vulnerado los derechos humanos; ahora bien, con respecto al segundo aspecto, si el procedimiento es o no acorde a los ddhh, no podría afirmarse esa incoherencia porque, en el fondo se han establecido procedimientos a partir de la voluntad soberana del Estado en la constitución paraguaya. Con tal de que éstos se hayan cumplido, el derecho no ha sido vulnerado; además, en el propio derecho paraguayo, desde 1992, tendrían que haberse desarrollado recursos y enmiendas si es que su sociedad no estaba de acuerdo con el “juicio político” y, además, la vía consultiva del Estado sigue abierta sobre esta cuestión.

Guehiza Zeballos: Si bien uno de los principios rectores en el derecho internacional es la no intervención en asuntos internos, organismos regionales como ser Mercosur, Unasur e inclusive la oea se han pronunciado a favor de la estabilidad democrática en el estado paraguayo asumiendo medidas extremas desde la suspensión, como es el caso de Mercosur y Unasur y la investigación y activación de mecanismos jurídico y políticos para el fortalecimiento de la democracia en Paraguay y en la región, como es el caso de la oea, en este marco ¿cuál es rol del derecho internacional para garantizar la democracia al interior de los estados?

Oscar Alba: Desde los fundamentos y argumentos políticos y jurídicos de años anteriores, que en varios casos fueron plasmados en decisiones y resoluciones de las organizaciones internacionales, se constata la existencia de “lege ferenda” en la búsqueda de la consolidación inter o supra nacional de las instituciones democráticas nacionales, como condición esencial para el desarrollo de los proceso de integración entre los estados partes (Protocolo de Ushuaia de 24 de julio de 1998), que hoy los estados se hallan en la obligación de aplicar, sancionando sus incumplimientos, desde una interpretación que sólo tome en cuenta la gramática normativa, sino el contexto y los propósitos de los pueblos de América.

Sergio Castro: Ahora bien, que la democracia –en especial en Sudamérica– ha sufrido el embate de inestabilidad política y violencia que, seguramente no es voluntad de nadie recordar siquiera; con los argumentos propuestos en las anteriores preguntas no trato de decir que esté de acuerdo con la destitución de Lugo de la presidencia de Paraguay, sino que tenemos que entender que los parámetros de democracia se define en términos de derecho y que, esta salvaguarda puede evitar que las sociedades caigan en arbitrariedades de diversa índole; seguramente esta es la preocupación de los vecinos en sus declaraciones posteriores al hecho comentado, pero lamento encontrar en los debates la falta de confianza en el derecho como elemento legitimador de la democracia y la política, cuestión que tendremos que afianzar a futuro en la región.

*Los analistas son abogados asociados a IDEI Bolivia.

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