La Gaceta Jurídica

Análisis económico del Derecho y del nuevo sistema jurídico

El modelo económico era de corte estatista –keynesiano dirán algunos– y teníamos a un Estado poderoso, económicamente hablando. Ni siquiera los gobiernos militares cambiaron lo que algunos autores bolivianos, por ejemplo Calderón, etiquetan como el “Esta-do del 52”

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Conde Calle*

00:00 / 30 de enero de 2015

En esta oportunidad pasamos del campo penal al civil. Desde el 19 de noviembre de 2013 contamos con el Código Procesal Civil, que sustituyó al Código de Procedimiento Civil. Tenemos en nuestro poder un libro con el logo “Legislando para vivir bien”.

El día de la promulgación, el presidente Evo Morales sostuvo que “después de escuchar la parte técnica y jurídica de este Código Procesal Civil, siento y estoy seguro que estamos empezando muy bien para profundizar. Esa es la responsabilidad. Pero de nada serviría una buena Ley, un buen código, si no hay buenos operadores…” (sic).

Ciertamente, en algo debemos convenir, el país requiere un cambio del sistema jurídico en todos sus niveles. Leímos todo el libro y otro que público la Editorial Kipus con el título El nuevo proceso civil. En ninguno encontramos las fuentes de inspiración política, filosófica y, fundamentalmente, técnica del nuevo sistema jurídico. ¿Qué pasó? No lo sabemos.

Es normal, como sosteníamos en la anterior columna, que en todo proceso revolucionario triunfante, al margen de mudar el sistema económico, como en Francia en 1789, también en el plano superestructural (permítaseme el uso del lenguaje marxista) se vislumbre cambios. En el caso francés, está el ejemplo del Código Civil de 1804, que debía responder a los nuevos intereses de clase y lograr un mayor desarrollo del capitalismo.

Bolivia fue fundada sobre los es-combros de la Real Audiencia de Char-cas en 1825 y seis años después, en 1831, el país contaba, entre otros dispositivos, con un sistema jurídico, el Código Civil Santa Cruz. Por supuesto que este sistema era de cuño liberal. La Revolución Nacional de 1952 también tuvo como correlato inmediato el cambio del sistema jurídico, v. gr., todas las conquistas de la Revolución fueron constitucionalizadas en 1967.

El modelo económico era de corte estatista –keynesiano dirán algunos– y teníamos a un Estado poderoso, económicamente hablando. Ni siquiera los gobiernos militares cambiaron lo que algunos autores bolivianos, por ejemplo Calderón, etiquetan como el “Esta-do del 52”. En ese escenario, Hugo Banzer promulgó en 1975 el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil (dirán los códigos del fascismo).

El modelo estatista o Estado de bienestar periclitó en 1985. El 29 de agosto de ese año Víctor Paz Estensoro liquidaba ese sistema de capitalismo de Estado y se abre la economía; la filosofía era achicar el Estado y agrandar la nación, o más mercado y menos Estado. Estas medidas eran el anuncio de la derrota catastrófica del socialismo realmente existente (las “alemanias” se unificaron y desapareció la Unión Soviética).

Los años 90 observamos el apogeo del liberalismo, del mercado. En el plano económico, el modelo tuvo dos ejes centrales; el Decreto 21060 y la Ley de Capitalización. ¿Quién podía oponerse?, el socialismo había sido derrotado. El liberalismo también tenía planeado cambiar el sistema jurídico en las áreas constitucionales, civil administrativa, con René Blattman como Ministro de Justicia (y vuelvo al informe dejado por esta autoridad como “Memoria gestión 94-97”). En ese entonces Blattman dejó el proyecto de Código del Proceso Civil. Reiteramos era un gobierno de tinte liberal o, para ser más duro, neoliberal.

Ese proyecto fue guardado y no tratado porque llegó, nuevamente Banzer, pero esta vez mediante voto popular. Como sostuvimos en el  anterior artículo, la fuente de inspiración fue, qué duda cabe el ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO.

Para resumir, este método diseñado, entre otros, por Richard Posnar estudia la posibilidad de que el Estado gaste menos y logre eficiencia de los servidores, es decir, medidas jurídicas típicamente neoliberales. En el área penal, haber reducido a tres años un juicio penal que duraba más de 10 representaba para el Estado menos gasto (léase gasto fiscal).

Se incorporó la conciliación como otra medida que, indirectamente, permitía ahorrar recursos que podrían ser destinados a otros rubros donde significaran inversión. Claro, Gonzalo Sánchez de Lozada y el mismo Banzer eran congruentes con sus actos y, principalmente, con las bases filosóficas de su gobierno, ERAN NEOLIBERALES.

Esos gobiernos cumplían los mandatos del Fondo Monetario Internacio-nal (fmi) para reducir el gasto fiscal y pedían mayor eficiencia a los servidores públicos. Por tanto, el nuevo sistema penal respondía a los requerimientos de ese organismo. El “Estado liberal o neoliberal” duró 20 años. Después de un largo proceso de acumulación de las clases subalternas y movimientos sociales, en diciembre de 2005 llego el gobierno de Evo Morales en una línea ideológica clara de izquierda, popular, revolucionaria y antiimperialista.

Se cambió el patrón de acumulación, se desempolvó las viejas ideologías nacionalistas, esta vez bañadas de indigenismo (y no indianismo) y se apostó por un Estado fuerte, a esa línea de acción política responde, v. gr, la Nacionalización de los Hidrocar-buros. En otras palabras, había que borrar todo vestigio liberal.

Se había producido una revolución cultural y, como consecuencia, el nuevo Estado, conocido como PLURINACIONAL, debía, inexorablemente, dejar de lado todo el sistema jurídico liberal. La Asamblea Constituyente fue el instrumento que permitió dotar al nuevo sistema político de una nueva Constitución Política del Estado (cpe), que rige desde febrero de 2009 y que fue aprobada por referéndum.

Como cualquier Revolución, el mas estaba cumpliendo objetivos económicos, políticos, culturales, sociales y, por supuesto, jurídicos. La base es que la cpe requería 100 leyes para reglamentar la Constitución. Desde entonces, salieron muchas normas.

Nosotros nos ocuparemos del área privada, aunque ya dijimos que el Código de Procedimiento Penal sigue vigente y se le han hecho muchos remiendos. Dijimos también que el Código de Procedimiento Penal vigente, producto y obra del Neoliberalismo, responde a la filosofía del análisis económico del Derecho. Por eso sostenemos que el nuevo sistema jurídico es liberal y recoge como método el análisis económico del Derecho, al extremo de que, para ahorrarle recursos del Estado, se eliminó a los jueces ciudadanos (aunque otras sean las causas). Pero, en fin, hay menos gasto fiscal.

En términos generales, en ninguno de sus dispositivos, llámense Código del Niño, Niña y Adolescente; Código de Familia o Ley del Notariado, está presente la exposición de motivos, normal en cualquier país. En el libro El nuevo proceso civil, Héctor Arce Zaconeta dice: “desde la fundación de la República, siempre se ha creado o construido normas jurídicas que atañen a la administración de justicia absolutamente derivadas, es decir, normas basadas en otras realidades y en otras legislaciones, la mayoría de leyes copiadas, incluso de códigos europeos, que no dan la respuesta objetiva, real y necesaria que requería Bolivia” (sic).

Sin embargo, en la página 3 de este volumen sostiene que “al nuevo Código Procesal Civil se afilia el sistema oral, CON ESTO MILITANTE DEL SISTEMA QUE PREDOMINA EN EL SISTEMA PROCESAL MUNDIAL”.

En mi tarea de intelectual, me pregunto si es posible lo propio frente a lo ajeno. Esto último es, con seguridad, uno de los elementos medulares de la discusión política y que los técnicos en Derecho están en la obligación de responder, ¿es posible construir lo propio, en derecho procesal civil.

*    Es experto en Derecho Privado.

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