La Gaceta Jurídica

Análisis y perspectiva del momento constitutivo nacional-popular en Bolivia

Las interrogaciones resuenan al tono e imagen de las luchas, en bloqueos de caminos, barricadas, celdas de detenidos, balas, derrotas y victorias de los periodos 2006-2010/2010-2013.

Foto: Archivo La Razón

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La Gaceta Jurídica / Fernando Aguilar Saravia

00:00 / 26 de julio de 2013

Los últimos conflictos por una mejor Ley de Pensiones (2013) y luchas por la nacionalización en Colquiri, entre otras minas, contra el desempleo y la precarización laboral, contra la entrega de los recursos naturales a la ganancia multinacional y oligárquica como con la carretera por el Tipnis o el gasolinazo son planteados en los regímenes neoliberales anteriores y durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (mas) y el Estado Plurinacional.

Esa realidad nos conduce al debate de ¿dónde quedaron nuestras luchas?, ¿a dónde vamos y qué hacemos? Preguntas básicas en el seno de las mayorías con perspectiva analítica profunda y acción decisiva (esto es, un análisis de fuerzas y la aplicación de táctica y estrategia). Las interrogaciones resuenan al tono e imagen de las luchas, en bloqueos de caminos, barricadas, celdas de detenidos, balas, derrotas y victorias de los periodos 2006-2010/2010-2013.

Buscamos comprender la relación de fuerzas actual en sus términos concretos, misma que podemos identificar en dos periodos, 2006-2010, desde el ascenso del mas (2006) y la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (ncpe) (2010), y desde el “gasolinazo” hasta la actualidad (2013). ¿Porqué estos dos periodos? Lo veremos en este trabajo.

Todo objetivo de análisis, como es sabido, contiene una estrategia teórica y metodológica que se concretiza en postulados del propio análisis, contrastables con la evidencia empírica, corroborados o descartados. Nuestra experiencia nos conduce a recuperar el método marxista materialista dialéctico (tan satanizado) como herramienta efectiva hacia la concreción de la realidad en postulados racionales, desmistificadores de lo aparente y de relación permanente  de las dimensiones de análisis históricas y sociales (no causal ni derivada, sino dialéctica); siendo estas dimensiones propias de las prácticas de los humanos, de las heredadas y las creadas por su propia acción (Kosik 1991).

Más concreto, podemos decir que el método materialista dialéctico busca categorías que expresan las formas del ser, es decir, de misma realidad. Así desprendemos categorías articuladas entre dimensiones y relaciones histórico-sociales (Marx 2006); de direcciones racionales generales como sentidos comunes o creencias y proyectos, con nuevas élites, estatales y locales, con reglas de juego “legales” institucionales en el aparato estatal y en las relaciones civiles y laborales de todos los sectores, constituidas como estructuras por la hegemonía e imposición en las sociedades de clases que se mueven en su coyunturalidad (Gramsci 1980).

Momento constitutivo

Analizar ese escenario coyuntural es identificarlo en relación a esas dimensiones y relaciones sociales bajo su condición histórica, heredada y orgánica. Así, este proceso de fuerzas no es uniforme, atraviesa en ciertos periodos una nueva y vasta articulación decidida y decisiva que articula a mayorías y apunta a imponerse, cambiando abruptamente lo constituido por otro; es “ilegal” que se impone como “legal”, es la insurrección que se afianza como cuerpo orgánico institucional que “no es nada para volverse algo”, sino que fue germinando al punto de consensuarse e imponerse en lo general. Hablamos del momento constitutivo nacional popular en la teoría política (Gramsci 1998), que atraviesa una multiplicidad de formas en su concreto real, que irrumpe y reconstituye lo estructural y que es menester identificar.

En el caso boliviano, este proceso transita entre lo que autores políticos como René Zavaleta y Silvia Rivera, entre otros, identifican del Estado y la sociedad capitalista boliviana como un Estado Aparente (inefectividad del Estado para resolver las demandas mínimas sociales subalternas), junto a un abigarramiento civil (no sólo por la exacerbada diferencia a causa de la sobreexplotación capitalista, sino por los gobiernos locales, externos al Estado), constituido a la vez por un colonialismo interno (esto es la sobreexplotación y exclusión democrática bajo la idea e institucionalización del racismo y el etnicismo de las clases dominantes, como así entre las propias clases bajas).

Estos rasgos generales se enfrentan permanentemente al empuje popular, desde focos locales hasta las alianzas de sectores y clases, de formas pasivas y “legales” hasta formas decisivas e insurreccionales donde las fuerzas están dispuestas a dejar la vida. En periodos recurrentes del momento constituido nacional popular en Bolivia, se arman escenarios constitutivos que matizan y/o transforman la historia del país, de su sociedad capitalista en sus términos identificados de extrema pobreza y negación democrática, de la sociedad abigarrada capitalista y su Estado aparente, que se reproducen a la vez con resabios coloniales de mayor exacerbación de lo primero con esquemas racistas.

Este escenario enfrentaron las luchas sociales al anterior neoliberalismo y se enfrentan al actual régimen del neoliberalismo del Proceso de Cambio de Capitalismo Andino-Amazónico, situación evidenciada en la realidad que intentaremos sistematizar en sus puntos nodales. ¿El Proceso de Cambio y el Capitalismo Andino-Amazónico significa la traición de las luchas?

El mas, desde su ascenso, había significado la expresión partidaria de articulación subalterna, en su mayoría de sectores empobrecidos de la sociedad civil frente a la oligarquía neoliberal con Podemos, un, los VERDES, entre otros, en el otro extremo político. En esta situación, la élite del mas proponía imponerse en elecciones y luego en el pleno de la Asamblea Constituyente (ac). Sin embargo, asistimos al proceso contradictorio del Proceso de Cambio y la Asamblea Constituyente como escenario de imposición frente a la oligarquía.

El mas, con mayoría de votos en 2006 y en el pleno de la AC, se perfiló en concentrar las formas del viejo régimen, “legales y/o parlamentarias de decisión”, junto con “medidas estatales más formales que reales”. Esto puede verse en relación a las demandas sociales sintetizadas en octubre de 2003.

Sobre el tema de la abolición del DS 21060 contemplo sólo una modificación general y su aplicabilidad vigente. Las condiciones laborales continúan agravándose al punto en que más de seis de cada 10 trabajares no alcanzan a cubrir una canasta normativa alimentaria  y sólo 1 de esos 10 cubriría la canasta básica familiar (Escobar 2010), entre otros indicadores alarmantes como la contratación eventual o subcontrato, horarios de trabajo por encima de ocho horas diarias, peligro en el trabajo, seguros sociales inexistentes o precarios y mantenimiento del subempleo informal.

Sobre el tema de la Nacionalización de los hidrocarburos y otros sectores estratégicos, se planteó apenas un aumento de impuestos y la participación del Estado al punto de fiscalización, manteniendo el control y el beneficio de los mismos en manos de transnacionales (muchas viejas) (Poveda y Rodríguez 2006).Las demandas de mejores jubilaciones y condiciones de la población fueron “resueltas” con aportes ínfimos del Bono Dignidad de 150 a 200 bolivianos para sectores aportantes y no aportantes al sistema de pensiones.

En tema tierras, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria no sólo alarga la dotación de tierras, el marco de la distribución y recurso de tierra a la aprobación de la ncpe. Sino que contemplaba su aplicabilidad al manteniendo de los privilegios oligárquicos de terratenientes y la dotación de tierras colectivas a grandes mayorías queda en la generalidad (Ormachea 2008).

Tomando esos ejes podemos identificar que eran planteados a ser resueltos a disposición de la ac, instancia controlada en cierta manera por la élite bajo figura “parlamentaria y legal”, como ente supremo y que el gobierno “no podía dar respuesta, hasta que la misma AC resuelva”. Situación falsa, siendo que, sobre este proceso constituyente que se movía entre el empuje popular y la asomada de la oligarquía, la élite del mas desde el gobierno tendió a imponerse a la misma ac redireccionando o precisando las reivindicaciones de las movilizaciones populares y su posibilidad de interpretación.

Esto posibilitó, o sobre esto se constituyó, la lima de las puntas de lucha populares al plano de la generalidad interpretativa, por un lado, y, por otro, a la precisión a favor de los grupos anteriormente dominantes. Esto se tejió en el paraje en que se preparó la alianza con los dos sectores de la antigua oligarquía; primero con un sector empresarial occidental, siendo así que en octubre del 2007, luego de reuniones entre la bancada congresal y asambleístas, oficialismo y oposición llegan a ciertos acuerdos con 120 del mas, 8 de mbl, 7 de un, 7 de as, 4 de Podemos, 4 de cn, 2 de mop, 2 de asp, 1 de ayra y 1 de mcsfa, alcanzando a los 2/3 y a un acuerdo de 4 puntos (Carrasco y Albó).

Luego, encontró cabida el otro sector de la oposición, la oligarquía terrateniente, pero esta vez desde el Congreso. Precisando sobre todo el tema de los predios agrarios; siendo que el artículo 394 de la cpe aclara que son “legales” las propiedades adquiridas con anterioridad a la ncpe, a pesar de que estas estén dentro de territorios indígenas, y se garantiza su derecho propietario. De igual forma, la constitución aprobada en el Congreso, incorpora como artículo 399 que los nuevos límites de tierras, en debate, no son retroactivos y se aplican sólo a predios adquiridos posteriormente a la aprobación de la ncpe.

¿Los procesos de independencia política de la subalternidad contra la sobre explotación y anti democracia?

No diremos que la AC era de por sí insurgente, pero su marco de generalidad daba mayores expectativas reivindicativas por su posibilidad interpretativa para las bases populares. Sin embargo, la élite se esforzó en mostrar el punto y aparte de los temas, como el ds 21060, la Nacionalización de hidrocarburos y otros sectores claves, asistencia social, y tema tierras, quedarían a la posteridad.

Así se buscó la redirección de las movilizaciones populares o su precisión reivindicativa al punto de “legalidad”, como alejamiento de las bases por el parlamentarismo y por las medidas más formales que reales, que no sólo implicó el control desde la élite en sus formas reivindicativas, sino también organizativas.

También se buscó controlar de forma directa toda organización en la sociedad civil y la subalternidad, reprimiendo toda iniciativa independiente o popular contraria al régimen de pactos, como la intervención de las movilizaciones por una mejor Ley de pensiones, que dejó dos mineros muertos.

Por ello, se vio necesario crear un ente central civil, al punto de crear la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam).Organización con cabeza directa de la élite estatal. Aunque este organismo tejió focos como lo ocurrido con el “cerco al Congreso” para la promulgación del referéndum constituyente, situación que fue ampliamente apoyada por las bases sociales como acción directa. Al final, la lógica de la élite y del pacto oligárquico descartó el propio empuje que tenía de las bases.

Por ello se evidencio la solución tranzada con el otro sector de la oligarquía para su aprobación, lo que mostraba esa contradicción. 

En las bases esto es reforzado por la herencia de años de luchas en el terreno de la reforma y el parlamentarismo y de la posibilidad del capitalismo en la racionalidad general. En este proceso, estas formas se constituyen aparentemente como válidas y posibles. Mejores condiciones en el marco de esos postulados. Situación que afianza indirectamente el proyecto del capitalismo andino-amazónico del proceso de cambio. A su vez, en la alianza oligárquica-élite gubernamental, hacia una dirección similar.

Así, la redirección o presión reivindicativa y conclusiva institucional, se tejió en los perfiles oligárquicos, tanto de la antigua oligarquía como del proyecto de una nueva, ambas en alianza. Es decir, el proceso de cambio significa la redirección o precisión, reivindicativa y organizacional, estatal, civil y laboral en los perfiles oligárquicos en Bolivia.

De esa manera, junto al programa político de Capitalismo Andino-Amazónico y su práctica de continuidad del enriquecimiento “legal” a costa de otros sectores, se contiene con prácticas de dominio y búsqueda de enriquecimiento pero desde instancias públicas, denominadas “corrupción”, esto es en los albores de la defensa de relaciones de dominación y explotación de grupos.

Sin embargo, situación que, con la ncpe es vista como victoria relativa entre amplios sectores y así se esfuerza la élite en representar. Mismo que se contrasta permanentemente con la racionalidad subalterna frente a la realidad inmediata, vivida y sufrida, de campesinos sin tierra, obreros eventuales de trabajos precarios, comerciantes pequeños. Escenario al cual asistimos de reconstitución del momento constitutivo de lo nacional popular en sus términos germinales.    Tareas de las nuevas luchas

Desde el 2010 acudimos al reemerger de movilizaciones populares frente a las políticas de Gobierno y frente al escenario de la sociedad capitalista de Estado aparente, sociedad abigarrada y de colonialismo interno que no se han superado, sino que se reproducen. Así, mayorías, obreras, indígenas y agrarias se van planteando las disyuntivas, más concretamente, desde la lucha contra el “gasolinazo”, lanzado bajo el argumento de eliminar la “subvención de precios a los carburantes”, situación que buscaba reducir el gasto fiscal en relación al precio acrecentado de la importación de combustibles, así como fomentar el mercado interno para inversoras petroleras (Arze 2011).

Tenemos también ejemplos de las jornadas de marzo del 2011, las movilizaciones obreras y de trabajadores con la Central Obrera Boliviana (cob) por reivindicaciones propias de clase, como era el rechazo al aumento salarial no mayor al 10% planteado por Gobierno. Por ello es sitiada la sede de gobierno con obreros, mineros fabriles, maestros, salubristas, entre otros. En Cochabamba ocurrió algo similar. Frente a esto, jugando al enemigo interno, el Gobierno terminó afirmando su posición en una política antiobrera y laboral.

La lucha contra la carretera por el Tipnis fue otro frente de conflicto que organizó a varios sectores urbanos y, al final, tuvo el apoyo de la cob con un paro nacional. El Gobierno, después que la marcha de los indígenas del Tipnis ingresó con apoyo a La Paz, se colgó de la misma dando una salida leguleya a la demanda, decidiendo posponer este frente de conflicto.     

Otras movilizaciones sacudieron al país en ese periodo, pero en su fuerza fueron más locales y coyunturales, no abordaron en sus reivindicaciones ni consignas, menos en sus formas organizativas y de movilización, al complejo de su clase ni a las clases explotadas.

Es de notar que en estos escenarios el Gobierno, en medio de dos caminos, represión estatal o civil, resolvió por una combinación haciendo hincapié en lo segundo; sin embargo, esto mismo se va desgastando y tiende a lo primero en este último periodo. Por otro lado, diferentes sectores vuelven a emerger, sobre todo mineros, fabriles, magisterio y salud, por su tradición y mito organizativo, logran mayor fuerza frente a las políticas de Gobierno y, por lo mismo, mayor fue la represión a estos sectores. Sin embargo, su debilidad y tarea radica en la construcción de lo nacional-popular, el abarcamiento en sus demandas y organización de las demandas de sectores que en Bolivia son mayoritarios, hacia la superación de las mismas contradicciones del Estado aparente y abigarrado, de condiciones de sobreexplotación y supresiones democráticas. 

Como ejemplo, la vanguardia minera de la última movilización por la Ley de Pensiones trajo al terreno de lucha la experiencia por la nacionalización que mejore las condiciones laborales y mayores ingresos para el Estado. Luego, se tuvo la demanda de una jubilación con el 100% de los últimos salarios para los sectores obreros y empleados, a la vez que entre los amplios sectores “no aportantes directos” a la jubilación que representa la gran mayoría, veían en ello una posible contraposición entre sus intereses de un Bono Dignidad que el gobierno lanzaba que estaba amenazado (trabajadores cuenta propia, campesinos, etc).

La tarea en la construcción de lo nacional-popular pudiera consistir en que el enemigo de la privatización de la minería y los recursos que son desviados al enriquecimiento privado de multinacionales y cooperativistas ricos, pasara a resolver el problema de los obreros mineros y por mejores condiciones laborales, así también para una jubilación digna para aportantes y no aportantes; es más, que los obreros subcontratados pasen a formar parte de los yacimientos nacionalizados con todos los derechos laborales. 

Este proceso se desarrolla desigual y combinadamente entre la toma de iniciativa y la valiente toma de iniciativa de las luchas obreras frente a la pasividad del campo y los sectores cuentapropistas o improductivos.

Los sectores de vanguardia guardan la experiencia de la movilización coyuntural para constituirse en dirección política, dirigentes-dirigidos, representantes-representados, reivindicación-reivindicada, se constituyen efectivamente en la simultaneidad de la respuesta de sus demandas como respuesta de la nación popular, sectores agrarios, comerciantes, desempleados, etc., cuya situación no se puede resolver en el marco del capitalismo, ya sea andino-amazónico, mientras exista explotación y opresión sobre seres humanos. Las perspectivas deben buscar afianzar las luchas del sector junto a las demandas de los otros sectores en plataformas comunes de lucha y mecanismos de organización permanente intersectoriales. 

Un segundo aspecto de la consolidación de lo nacional popular tiene que ver con la lucha en los marcos o reglas de juego previos “legales” e “ilegales”, que encuentra sus puntos de discusión. Así, la formación “legal” es histórica de las fuerzas y no sólo en los estrechos escenarios del Estado, sino como reconocimiento de la moral y administración en la subalternidad, mismas son reconocidas en ciertos sentidos por amplios grupos.

Otra tarea consiste en demostrar límites; a la vez que se construye lo “legal” desde fuera y al mismo tiempo desde dentro. En ello puntualizamos dos cosas, no existe la legalidad para la insurrección, incluso en los planos más “legales” las clases dominantes y sus agentes estatales corrigen y deciden su rumbo. Así, podemos decir que la voluntad colectiva de lo nacional popular, en periodos clave, empieza a rebasar sus potencialidades de movilización pensadas.

Bibliografía

Arze, Carlos; Espada, Juan; Guzmán, Juan, y Poveda, Pablo (2011). Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras. Análisis de la política económica, fiscal y petrolera. La Paz: cedla.

Carrasco, Inés, y Albó, Xavier (2008). “Cronología de la Asamblea Constituyente”. En: Tinkazos, Revista Boliviana de Ciencias Sociales Nº 23/24. La Paz: Plural Editores.

Escobar de Pabón, Silvia (2010). Industria y manufactura: los sindicatos frente a la precariedad laboral. La Paz: cedla.

Gramsci, Antonio (1979). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Madrid: Ed. Nueva Visión.

Gramsci, Antonio (1991). Cuadernos de la cárcel. Literatura y vida nacional. México df: Ed. Juan Pablo.

Kosic, Karel (1991). Dialéctica de la totalidad concreta. Madrid: Ed. Barza.

Marx, Karl (2006). Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Fundación Federico Engels.

Ormachea Saavedra, Enrique (2008). ¿Revolución agraria o consolidación de la vía terrateniente?: el gobierno del mas y la política de tierras. La Paz: cedla. 2da. Edición

Poveda, Pablo y Rodríguez, Álvaro (2006). El gas de los monopolios. Análisis de la política de hidrocarburos en Bolivia. La Paz: cedla.

Rivera Cusicanqui, Silvia (2003). Oprimidos pero no vencidos: Las luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980. Cuarta edición. La Paz: Aruwiyiri-Taller de Historia Oral Andina.

Zavaleta, René (2008). Lo nacional popular en Bolivia. La Paz: Plural editores.

Es tesista de la carrera Ciencias Políticas (UMSS), Cochabamba.

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