La Gaceta Jurídica

Aniversario de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Desarrollo jurisprudencial de los principios ético-morales y del bloque de constitucionalidad

(Parte I)

Foto: villabega.blogspot.com

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Alan Vargas Lima

00:00 / 21 de febrero de 2014

“Una buena Constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota”. Thomas Macaulay (1800-1859), historiador y político británico (1).

1. La Constitución y los derechos fundamentales

Más allá de esta interesante idea, y a propósito del quinto aniversario de la Constitución Política del Estado (cpe) Plurinacional de Bolivia, no está de más precisar qué debemos entender por esa palabra: Constitución; así como rescatar el relevante desarrollo jurisprudencial que han tenido tanto los principios ético-morales de nuestra sociedad plural, como también el bloque de constitucionalidad, fuente de garantía para la mejor protección de los derechos.

La Constitución –desde una perspectiva jurídica– es la ley suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado, que consigna normas que regulan el sistema constitucional, lo que supone que debe proclamar los valores supremos y principios fundamentales sobre los que se organiza y estructura el Estado; consagrando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas; delimitando la estructura social, económica, jurídica y política; definiendo su régimen de gobierno junto al establecimiento de los órganos específicos a través de los cuales se ejercerá el poder político, determinando su estructura, organización y el ámbito de sus competencias.

La Constitución es ley suprema porque se sitúa por encima de toda disposición legal que integra el ordenamiento jurídico del Estado, cuya validez está supeditada a las normas (axiológicas, dogmáticas y orgánicas), declaraciones y principios constitucionales; asimismo, es ley fundamental porque, tanto las disposiciones legales ordinarias emanadas del Órgano Legislativo, del Órgano Ejecutivo, así como de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos y de todas las autoridades públicas, judiciales y/o administrativas, tienen su fundamento y fuente de legitimación en las normas de la Constitución (Rivera Santiváñez) (2).

Por otro lado, desde una perspectiva política, la Constitución se puede definir como un pacto social y político adoptado por el pueblo, en el cual se determina el sistema constitucional del Estado, estableciendo las reglas básicas para lograr una convivencia pacífica y la construcción de una sociedad democrática (3), basada en los valores supremos como ideales que una comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento jurídico y expresarlos en su estructura social-económica-política; los principios fundamentales como los presupuestos lógicos y líneas rectoras o básicas del sistema constitucional que orientan la política interna y externa del Estado; así como en los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, cuya garantía de cumplimiento y observancia, constituye uno de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional que, además, tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos (4).

Sobre éste aspecto, es útil recordar que, a tiempo de precisar la naturaleza jurídica de los derechos fundamentales, la Sentencia Constitucional (sc) Nº400/2006-R, de 25 de abril de 2006, señaló que “Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos por su status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica, en ese entendido, una de las notas caracterizadoras de todo derecho fundamental es el de ser un derecho subjetivo, lo que implica que su titular tiene la facultad de exigir su respeto y observancia, pudiendo acudir al órgano jurisdiccional competente para reclamar, a través de los recursos que establece el respectivo orden jurídico, la protección de tales derechos y la reparación del menoscabo sufrido.

Debe agregarse que, según la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional, los derechos fundamentales constituyen el límite al ejercicio del poder político del Estado, pero también un mecanismo de realización del propio Estado; por ello se sostiene que los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las autoridades públicas, también incluyen deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público.

En ese criterio, no sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de no lesionar la esfera individual, también existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos. Respecto a esta temática, el Tribunal Constitucional de España, en su Sentencia stc 25/1981, estableció que, “en primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de existencia.

Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución”.

Por su parte, este Tribunal en la SC 1127/2003-R de 12 de agosto (al igual que en las SSCC 1181/2003-R, 1144/2003-R, entre otras), estableció que“una de las notas que caracteriza a todo derecho fundamental, es la de tener la calidad de derecho subjetivo, que faculta a su titular a acudir al órgano jurisdiccional competente, cuando funcionarios públicos o particulares restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir tales derechos.

En nuestro país, el legislador constituyente ha instituido el recurso de amparo como un medio de tutela para la eficaz salvaguarda de estos derechos, los cuales, desde un punto de vista moral y político, se consideran básicos para la convivencia humana, creando a su fragua las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo de la vida del hombre en libertad, en circunstancias compatibles con la dignidad humana, legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia propicio para el desarrollo libre de la personalidad”.

Asimismo, cabe resaltar que, en el caso de Bolivia, la Constitución es normativa (5), vale decir que se trata de la norma máxima que por ser la base del ordenamiento jurídico tiene preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares obligados a su observancia, conteniendo un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías constitucionales, que en consonancia con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, conforman el bloque de constitucionalidad  y que son de aplicación directa para la resolución de conflictos concretos, emergentes de la tensión que pudiera existir entre los órganos estatales, entre el Estado y los particulares o, inclusive, de éstos entre sí.

Entonces, la Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas de aplicación directa y de cumplimiento obligatorio, es una de las fuentes indispensables del Derecho en general, constituyéndose en la base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, dado que contiene las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro indispensable de validez formal (de procedimiento) y material (de contenido) de todo el orden normativo del Estado.

2. Desarrollo jurisprudencial de los principios ético-morales

Actualmente, la cpe aprobada el 2009, además de declarar que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. (…)”,  dedica su Capítulo Segundo a establecer expresamente los “Principios, Valores y Fines del Estado”, a cuyo efecto el artículo 8 constitucional declara que el Estado Plurinacional de Bolivia asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: “ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”.

Asimismo, señala que nuestro Estado “se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

Aquellas máximas milenarias (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), establecidas como principios ético-morales por el constituyente, ya han comenzado a ser desarrolladas a nivel jurisprudencial a través de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), emitido en ocasión de verificar la constitucionalidad de un polémico Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado.

Es así que la Declaración Constitucional Nº002/2013, de 19 de abril de 2013, ha dejado establecido el siguiente entendimiento: “(…) En ese sentido, el ama qhilla, establece una valoración de lo justo por una sociedad dedicada diligentemente al trabajo y a una conducta de vida laboriosa que debe observar todo individuo como filosofía de vida, descartando la flojera, la pereza o la desidia, tomando en cuenta que nuestros pueblos ancestrales concebían el trabajo no como una carga o sacrificio, sino como un motivo de dicha y felicidad, orientado siempre a la búsqueda del bienestar común, por lo que ahora, en el Estado que nos proponemos construir, todos estamos moralmente compelidos a expulsar la flojera dentro de nuestros hábitos de vida y encontrar en el trabajo honrado el único medio para proveer a nuestro sustento y para crear riqueza lícita, todo lo cual, desde una perspectiva moral, legitima al Estado la posibilidad jurídica de extinguir toda riqueza generada de manera ilícita y que no sea producto del trabajo honrado.

El ama lulla, en cuanto a no ser mentiroso (…), se trasunta en el falseamiento de la realidad de quienes ostentan riqueza mal habida, en la impostura de los que detentan una propiedad que jurídicamente sólo es tal en apariencia, en el engaño fútil o la ignominia de la que se valen aquellos que pretenden acumular riqueza fácil a costa de la sociedad y del Estado.

(…) El ama suwa (no seas ladrón), que en su concepción amplia debe ser entendido como el mandato para actuar siempre con honestidad y transparencia, sin apropiarse ilegítimamente de lo ajeno, de aquello que pertenece a la comunidad y que sirve y beneficia a todos, respetando lo ajeno, no utilizando los bienes de la comunidad en beneficio propio, ideal ético de la sociedad plural que no puede consentir jamás la acumulación de riqueza ilícita proveniente del robo en su acepción más amplia, menos de actividades que (…) laceran profundamente la moral de la sociedad, ponen en zozobra la seguridad de sus ciudadanos, empobrecen económicamente al Estado, impiden y dificultan su desarrollo, corrompen funcionarios y socavan sus instituciones, de donde el ama suwa como principio ético-moral que debe asumir y promover el Estado, sustenta constitucionalmente la posibilidad de que éste extinga el dominio sobre bienes de procedencia ilícita provenientes de actividades nefastas como el narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas”.

Por otro lado, se ha establecido también la importancia de la estrecha relación entre la premisa milenaria del ama qhilla y el rasgo plurinacional del derecho al trabajo. En este sentido, según el tcp, el artículo 1 de la cpe establece que el Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario; modelo que no obstante de poseer características que provienen del constitucionalismo liberal y social, tiene características propias que marcan el horizonte de un constitucionalismo plurinacional, comunitario y descolonizador y que determinan que los principios y valores constitucionales, así como los diferentes derechos, garantías e institutos jurídicos que provienen de la lógica occidental sean reinterpretados a la luz de las nuevas características de nuestro modelo.

“En ese ámbito, el derecho al trabajo, desde la dimensión plural que fundamenta nuestro Estado, tiene características sociales y comunitarias y, en ese sentido, debe ser entendido como el esfuerzo personal o comunitario que realiza el trabajador o trabajadores para la producción de bienes o servicios, lo cual requiere de esfuerzos físicos o, en su caso, intelectuales de acuerdo a la naturaleza del trabajo.

Ahora bien, el derecho al trabajo desde el nuevo enfoque plurinacional; es decir, desde los principios ético-morales de la sociedad plural, que son transversales e integrales en la vivencia de la comunidad y se proyectan hacia el vivir bien, se encuentra íntimamente vinculado con el ama quilla (prohibido ser flojo), que tiene una triple dimensión: como valor, principio y norma, y que se practica en la comunidad milenariamente, con la finalidad que sus miembros sean laboriosos y el trabajo sea visto como un motivo de felicidad y no así como una carga, lo cual sería funesto desde el pensamiento de las comunidades milenarias; pues, la flojera implica no trabajar y con ella se presentan los problemas emergentes como el hambre, la miseria y otros males, entre ellos, la comisión de delitos; por ello es que el trabajo es altamente valorado, pues permite llevar una vida plena en comunidad y armonía, siendo por tanto deber de las autoridades garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios.

Entonces, todo despido arbitrario o injustificado constituye desconocimiento al principio plurinacional ama quilla que materializa el ejercicio pleno del trabajo personal y comunitario; es decir, el trabajo en todas sus formas desarrollado desde el enfoque del derecho de nuestros pueblos milenarios, lo que implica la prohibición de despidos arbitrarios o injustificados de parte del empleador, existiendo más bien la obligación de garantizar la estabilidad laboral a la luz de los principios ético-morales de la sociedad plural, pues el trabajo proporciona una retribución económica que constituye el elemento fundamental para el sustento de la persona, la familia o la comunidad; por ello, se debe fortalecer progresivamente la tendencia a defender al trabajador por parte del Estado a través de las leyes y mecanismos pertinentes.

Así, el artículo 46.I de la cpe establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna; el parágrafo II del mismo artículo, de manera expresa, sostiene que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas; lo que implica que el Estado, a la luz del constitucionalismo plurinacional, comunitario y descolonizador debe proteger fundamentalmente a los trabajadores y a las trabajadoras de manera individual y/o colectiva, de forma eficiente ante despidos arbitrarios e injustificados de los que puedan ser objeto” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1511/2013, de 30 de agosto de 2013).

En esa línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2619/2012 de 21 de diciembre estableció lo siguiente: “(…) la estructura normativa en sus diferentes ámbitos está dirigida en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente. Es decir, entre la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa.

La primera entendida como el derecho del trabajador a reincorporarse a su fuente de trabajo cuando éste fue objeto de un despido intempestivo y sin una causa legal justificada y, la segunda, como el derecho del trabajador a ser indemnizado por la ruptura injustificada de la relación laboral.

A este objeto se crea un procedimiento administrativo sumarísimo otorgándole facultades al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social para establecer si el retiro es justificado o no para luego proceder a una conminatoria de reincorporación y, finalmente, recurrir a la jurisdicción constitucional en caso de resistencia del empleador a su observancia, medida adoptada con el fin de garantizar el cumplimiento inmediato de un acto administrativo a través de la jurisdiccional constitucional cuyos fallos están revestidos por esta característica”.

Continuará

Notas

1. Un pensamiento muy interesante, salvo porque en Bolivia no tenemos ni lo uno (porque la Constitución adolece de graves errores y omisiones) ni lo otro (porque algunos gobernantes sólo ensayan un despotismo disfrazado de democracia).

2. Cfr. José Antonio Rivera Santiváñez. ¿Hasta dónde reformar la Constitución? Revista Opiniones y Análisis Nº 78. Temas para la Asamblea Constituyente. Tomo I. La Paz, Bolivia, Fundemos y Fundación Hanns Seidel Stiftung, 2006. Pág. 44.

3. Cfr. José Antonio Rivera Santiváñez. Hacia una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento. Cochabamba, Bolivia, Fundación Konrad Adenauer, Fundappac y Oficina Jurídica para la Mujer, 2008.

4. Algunos autores estiman que la expresión “derechos humanos” o derechos del hombre, llamados clásicamente derechos naturales y actualmente derechos morales, no son en realidad auténticos derechos protegidos mediante acción procesal ante un juez, sino criterios morales de especial relevancia para la convivencia humana y que, en todo caso, una vez que determinados derechos humanos se positivizan adquieren la categoría de verdaderos derechos protegidos procesalmente, transformándose en derechos fundamentales vigentes en un determinado ordenamiento jurídico, lo que equivale a decir que los derechos fundamentales son derechos humanos positivados por la legislación interna de un determinado Estado.

En otras palabras, lo anterior significa que bajo la expresión “derechos fundamentales” se designa a los derechos garantizados y reconocidos por la Constitución y, en cambio, la denominación “derechos humanos” hace referencia a los derechos proclamados y garantizados por las normas e instrumentos internacionales; los primeros tienen como fuente de producción al legislador constituyente, y los segundos, a los Estados y Organismos internacionales (Cfr. Willman R. Durán Ribera. Principios, Derechos y Garantías Constitucionales. Santa Cruz, Bolivia, Comunicaciones El País, 2005. Págs. 99-100).

5. El carácter normativo de la Ley Fundamental fue puesto de relieve por el Tribunal Constitucional Español que en su momento señaló que la Constitución es una norma, pero una norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. Al respecto, pueden consultarse las Sentencias de 31 de marzo de 1981 y de 28 de abril de 1982 en http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx.

Es abogado, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com.

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