La Gaceta Jurídica

Aniversario de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Desarrollo jurisprudencial de los principios ético-morales y del bloque de constitucionalidad

(Parte II)

Foto: eloscuroborde.wordpress.com

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Alan Vargas Lima*

00:00 / 25 de febrero de 2014

Por otro lado, respecto al “vivir bien” en el contexto de las naciones y pueblos indígenas, la jurisprudencia también ha establecido lo siguiente:“Dado que según la cosmovisión de los pueblos indígenas, éstos se conducen por la defensa de la vida, la cual está en peligro; para estos pueblos la tierra no es un espacio sin vida, sino un territorio integral, con su propia estructura, pensamiento, espiritualidad, economía, cultura; ahí se vive y se convive con la naturaleza, se tiene organización con autoridad, idioma, cultura y conocimientos propios.

Puesto que la cultura occidental colonizó física y mentalmente a los pueblos indígenas, con una filosofía antropocéntrica, eurocéntrica, individualista, militarista, racista, vertical, acumuladora, depredadora, imponiendo un pensamiento monocultural que se refleja en un solo Dios, un solo Estado, un solo símbolo, una sola ley, etc. desconociendo que todos somos parte de la Madre Tierra.

Por ello, toda cuestión relativa a los pueblos y naciones indígena originario campesinos amerita su consideración en aplicación del mandato de la norma suprema del Estado Plurinacional en cuanto al “vivir bien” para que ninguno de los miembros asentados en dichos territorios, sufra aislamiento y desatención por parte del Estado.

Asimismo, se debe considerar el “derecho al desarrollo cosmogónico, natural” como guía de la actuación del Estado enmarcado en el principio del “vivir bien”, donde los indígenas, otrora totalmente marginados y excluidos, tengan también el derecho a una vida digna, noble, sin atentar contra su hábitat natural, respetando sus costumbres, lengua y otras formas de expresión cultural de cada pueblo, desterrando la discriminación, el racismo, la marginación, el pensamiento de ser considerado inferior, inculto, incapaz, que no condice con el “vivir bien”, bajo cuyo principio es importante reparar la destrucción realizada por invasores criollos y mestizos, quienes, desde su visión del mundo, pretenden ahora colaborar con la “solución de los problemas” creados por ellos mismos.

El “vivir bien” conlleva a una dimensión espiritual, afectiva y social contraria al paradigma occidental que toma en cuenta, principalmente, la dimensión material y tangible del desarrollo.

En el contexto de las naciones y pueblos indígenas, el “vivir bien” trata de una forma de vida natural, basada en la convivencialidad, complementariedad y relacionalidad de todo lo que compone la vida, con un enfoque integral y holístico de ésta, donde el “vivir bien” no es el mundo depredador capitalista que lo destruye todo.

Los indígenas no pretenden transformar el mundo, sino amarlo tal como es, con sus loros, tigres, peces y todas las especies existentes. En la cosmovisión de los pueblos indígenas no se aspira la perfección, sino a la convivencia entre todas las formas de vida natural.

Para las naciones y pueblos indígenas todo tiene vida y se desea que todo ser viva, incluso aquellos que se presentan como maleza o plagas, pues todos son seres con vida; es decir, seres con los que se dialoga y conversa y que tienen derecho a vivir. No lleva a violentar el medio natural, no conduce a un trato irrespetuoso de la vida ni abuso, maltrato o agotamiento de la tierra ni a la sobreexplotación de su fertilidad y riqueza” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2056/2012, de 16 de octubre de 2012).

Asimismo, en cuanto se refiere al “vivir bien” (suma qamaña) como Principio ético-moral de la sociedad plural que debe orientar la administración de justicia constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) ha delineado sus alcances en el siguiente sentido: “(…) El pueblo boliviano, en la construcción de un nuevo Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad jurídica de los habitantes de esta tierra, tiene ese reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario para avanzar hacia una Bolivia democrática e inspiradora de la paz; este Estado se funda en la pluralidad jurídica dentro del proceso integrador del país; que asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble); y se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien; con fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución Política del Estado y la ley, constituir una sociedad justa y armoniosa, con plena justicia social, garantizando el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Norma Suprema.

En ese sentido, para el logro del “vivir bien” (suma qamaña), como objetivo del Estado, en la pluralidad jurídica debe buscar construir una justicia imparcial, transparente, equitativa, pronta, oportuna y sin dilaciones respetando los derechos fundamentales y las normas constitucionales consagradas en la Ley Fundamental, en esa dirección debe estar orientada la justicia constitucional” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0076/2013, de 14 de enero de 2013).3. La reafirmación del Estado Plurinacional de Bolivia como Estado constitucional de derecho (Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1714/2012, de 1 de octubre de 2012)

Con el nacimiento del nuevo Estado Plurinacional, el Tribunal Constitucional, contrastando las características esenciales del modelo de Estado de la Ley Fundamental de 2009, ha reafirmado su carácter de Estado Constitucional de Derecho, según señaló en la Sentencia Constitucional Nº 0258/2011-R de 16 de marzo, declarando que:

…la Constitución es entendida actualmente no sólo de manera formal, como reguladora de las fuentes del Derecho, de la distribución y del ejercicio del poder entre los órganos estatales, sino como la Ley Suprema que contiene los valores, principios, derechos y garantías  que deben ser la base de todos los órganos del poder público, en especial del legislador y del intérprete de la Constitución.

Así, en el Estado constitucional de Derecho, las Constituciones tienen un amplio programa normativo, con principios, valores, nutridos catálogos de derechos y garantías, que vinculan a  todos los órganos de poder y, en general, a toda la sociedad y, en ese sentido, contienen diferentes mecanismos jurisdiccionales y un órgano especializado para velar por el cumplimiento de sus normas frente a la lesión o incumplimiento, dando vigencia al principio de supremacía constitucional”.  

Asimismo, la citada Sentencia Constitucional concluyó que: “El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señala como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (artículo 9.4), se señala como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (artículo 108 numerales 1, 2 y 3)…” (negrillas y subrayado añadidos).

Corroborando este razonamiento, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0112/2012, de 27 abril, entendió que: “la supremacía de la Constitución normativa que fundamenta la validez de todo el sistema jurídico plural de normas que la integra (artículo 410.II de la Constitución Política del Estado (cpe)), no es per se (un mero asunto de jerarquías y competencias-pertenencia formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su ‘base material pluralista’ y se comunican entre sí como expresión de su ‘base intercultural’ y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad  (artículo 2 de la cpe).

De ahí que la Constitución de 2009, si bien es norma jurídica, no puede ser comprendida únicamente sólo de manera formal. Esto significa que no puede ser concebida sólo como un conjunto de normas (modelo descriptivo de Constitución como norma), a partir de un ‘concepto de Constitución (como norma) simplemente documental’, con las denominaciones de ‘constitución formal’ o incluso de ‘constitución en sentido formal’, cuya primacía simplemente se sustente y esté distinguida de las otras leyes por alguna característica formal (por ejemplo, los procedimientos más complicados de producción, revisión y derogación).

Por cuanto, lo que esencialmente diferencia a las normas constitucionales de las otras leyes, es que las primeras son prevalentemente normas constitucionales-principios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores supremos, principios constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales) y supletoriamente normas constitucionales-reglas” (las negrillas son agregadas).

En esta perspectiva, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional afirmó que: “Las normas constitucionales-principios, establecidos en la Constitución, son las que influirán en el significado jurídico de las normas constitucionales-reglas y normas legales-reglas (contenidas en las leyes, códigos sustantivos y procesales) y no viceversa, o lo que es lo mismo, las segundas y terceras deben adaptarse a las primeras para que exista coherencia del sistema…” (la negrilla y subrayado corresponde a la Sentencia). 4. La teoría sobre el Estado constitucional y su relevancia en BoliviaAhora bien, de acuerdo a los Estudios de Teoría Constitucional de Guastini (1), un Estado puede llamarse Constitucional, o provisto de Constitución, sólo si cumple dos condiciones (disyuntivamente necesarias y conjuntivamente suficientes): 1) por un lado, que estén garantizados los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado (lo que se refleja en las Acciones de Defensa que prevé la Constitución boliviana), y; 2) por otro lado, que los “poderes” del Estado (en realidad, los Órganos de Poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y, en nuestro caso, Electoral) estén divididos y separados, es decir, que se ejerzan por órganos diversos (esto en relación al Principio de Separación de Funciones, previsto en el artículo 12 constitucional) (2).

En el caso de Bolivia, la cpe (2009) se ha ocupado de dar cumplimiento a estas condiciones mínimas para distinguirse como un Estado Constitucional al declarar expresamente que “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”, lo cual implica que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

De ahí que (según el artículo 13 constitucional) “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos”, por lo que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, considerando que los derechos que proclama la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados, a cuyo efecto los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

Asimismo, los rasgos principales de los derechos fundamentales consagrados por la cpe están contenidos en el artículo 109, que expresa la esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales, es decir: 1) Con igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionalmente reconocidos; 2) Con directa aplicabilidad de los mismos, es decir, todos, y, 3) Con directa justiciabilidad de todos ellos, a través de las acciones y mecanismos defensa.

En el caso de Bolivia, el Principio de Aplicación Directa y eficaz de los derechos fundamentales constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución, por el cual los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia, aspecto que caracteriza la “última generación del Constitucionalismo”, en el cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico (3) se consagra y alcanza su esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional, acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica.

Continuará

Notas

1. Riccardo Guastini. Estudios de Teoría Constitucional. México DF, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2001.2. En ese entendido, cabe señalar que la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0591/2012 de 20 de julio, respecto al principio de separación de poderes, refirió: “El art. 12 de la CPE consagra el principio de separación de funciones, que ha venido a reemplazar a la clásica teoría de la división de poderes. El principio de división de funciones o división de poderes ha sido establecido como parte de nuestro sistema constitucional desde la primera Constitución Política del Estado, habiendo merecido un detallado estudio por la jurisdicción constitucional; así, sobre la base de lo dispuesto por el art. 2 de la CPE abrogada, la SC 0019/2005, de 7 de marzo, ha señalado lo siguiente: ‘… el principio de la separación de funciones, conocida también en la doctrina clásica del Derecho Constitucional como el principio de la ‘división de poderes’, implica la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder, de manera que esa distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder, el que sólo podrá ejercer las potestades que forman parte de su competencia. Cabe señalar que, con relación (a) este principio, este Tribunal, mediante su SC 0009/2004, de 28 de enero, ha señalado lo siguiente: ‘En el marco del principio fundamental referido, que está consagrado en la norma prevista por el art. 2 de la Constitución, el Constituyente ha efectuado la distribución de funciones y competencias; así la potestad legislativa, de control y fiscalización la tiene el Poder Legislativo; la función ejecutiva, administrativa y reglamentaria la ejerce el Poder Ejecutivo y el ejercicio de la potestad jurisdiccional la tiene el Poder Judicial. (...) Conforme enseña la doctrina del Derecho Constitucional, la concepción dogmática de la ‘división de poderes’ ha sido superada en el constitucionalismo contemporáneo con la adopción del concepto de la separación de funciones que se sustenta en los siguientes principios: 1) la independencia de los órganos de poder del Estado; 2) la coordinación e interrelación de funciones entre los órganos; y 3) el equilibrio entre los órganos que se establece a partir frenos y contrapesos; ello implica que los diversos órganos de poder del Estado no desarrollan única y exclusivamente su función esencial, también participan en el desempeño de las funciones y labores de los otros órganos, en el marco de las atribuciones y competencias conferidas por el Constituyente, así el Legislativo participa en las labores del Ejecutivo aprobando el presupuesto general de la nación, o ratificando los tratados internacionales, entre otros; de su parte el Ejecutivo participa en las labores del Legislativo a través de los mecanismos previstos en la Constitución, tales como la iniciativa legislativa, la promulgación de la Ley, entre otras actividades’ (…).3. El Estado Democrático Constitucional de Derecho, tiene como característica la generación de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, que consiste principalmente en la transformación de un ordenamiento jurídico, al término del cual el mismo resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales, de manera que la finalidad de ese proceso es que el Estado Constitucional cuente con un ordenamiento jurídico constitucionalizado, que se caracterice por tener una Constitución totalmente invasora, cuya fuerza expansiva sea capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y la doctrina, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales. En este sentido, y de acuerdo a la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional, para que el ordenamiento jurídico del Estado se considere constitucionalizado, es necesario que se cumpla básicamente con las siguientes condiciones: a) Una Constitución rígida, esto es, que la Ley Fundamental no pueda ser modificada en cualquier momento por los órganos del poder constituido y mediante los mecanismos previstos para la modificación de las leyes ordinarias, sino únicamente mediante la instalación de un Poder Constituyente derivado y siempre a través de la utilización de procedimientos especiales para su reforma; b) La garantía jurisdiccional de la Constitución, lo que significa que necesariamente deberá crearse un órgano estatal independiente, autónomo y especializado que desarrolle el control de constitucionalidad con facultades decisorias, cuyas resoluciones tengan carácter obligatorio y la doctrina creada por el mismo tenga efecto vinculante; c) La “sobreinterpretación” de la Constitución, es decir que la Ley Fundamental que consagra los valores supremos, los principios fundamentales, además de los derechos y garantías constitucionales de la persona, debe merecer una constante interpretación –por parte del órgano contralor de constitucionalidad creado al efecto– para lograr que la Constitución formal responda y concuerde con la Constitución material, de manera tal que aquella sea una norma viva (y permanezca vigente en el tiempo sin caer en desuso); ello obligará al intérprete máximo a extraer las normas implícitas consignadas por el constituyente en el texto de la Constitución; d) La aplicación directa de las normas constitucionales, lo que supone un cambio radical de concepción sobre los alcances de la Ley Fundamental del Estado, pues a diferencia de la concepción clásica, en que la Constitución era considerada una mera carta política que definía la organización y funcionamiento de los órganos del poder público, en el constitucionalismo contemporáneo se considera que la Constitución es la norma fundamental que consigna los valores supremos, principios fundamentales y asimismo consagra derechos fundamentales de la persona, por lo que se hace aplicable a las relaciones de los ciudadanos con el Estado, constituyéndose en un instrumento útil para la solución de conflictos específicos de relevancia constitucional; e) La interpretación de las leyes conforme a la Constitución, ello significa que, en aplicación de los principios fundamentales de la supremacía constitucional y jerarquía normativa, la legislación ordinaria siempre debe ser interpretada desde y conforme a la Constitución para su aplicación en la solución de un caso concreto, de manera que sólo será aplicable aquella interpretación que sea compatible con la Constitución, descartando aquella interpretación que sea contraria o contradictoria con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental del Estado. (Cfr. José Antonio Rivera Santiváñez. “El Tribunal Constitucional en el Nuevo Modelo de Estado”; puede verse en IX SEMINARIO INTERNACIONAL: “Justicia Constitucional y Estado de Derecho”, La Paz, 7 al 9 de junio de 2006. Memoria Nº 10. Sucre (Bolivia): Imprenta “Imag”, 2006. Pág. 129).

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