La Gaceta Jurídica

Aniversario de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Desarrollo jurisprudencial de los principios ético-morales y del bloque de constitucionalidad

(Parte final)

Foto: es.wikipedia.org

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Alan Vargas Lima*

00:00 / 28 de febrero de 2014

El tcp ha explicado los alcances del Principio de Aplicación Directa y eficaz de derechos fundamentales en el orden constitucional vigente en los siguientes términos: “El régimen constitucional vigente a partir del referendo constitucional de 2009 diseña un nuevo modelo de Estado, cuyo sustento estructural encuentra razón de ser en el respeto a los derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad reconocido por el artículo 410 de la cpe (Constitución Política del Estado), en ese contexto, este pilar esencial del Estado Plurinacional de Bolivia encuentra validez material en el reconocimiento expreso del principio de aplicación directa de derechos fundamentales el cual se encuentra taxativamente reconocido por el artículo 109.I de la cpe, cuyo tenor señala: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”.

El principio de aplicación directa de la Ley Fundamental, que además por antonomasia comprende a la aplicación eficaz de derechos, está íntimamente ligado con el valor axiomático de la Constitución, postulado a partir del cual el fenómeno de constitucionalización o de irradiación del contenido de la Constitución en el orden jurídico y social no se realizará solamente en cuanto a las normas positivas de rango constitucional, sino también en relación a las directrices axiomáticas rectoras del orden jurídico e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, como ser los valores justicia e igualdad, razón por la cual, solamente a partir de esta concepción puede sustentarse la eficacia del valor normativo de la Constitución.

En el marco de lo señalado, el valor normativo de la Constitución axiomática, como es el caso del texto aprobado en 2009, asegura la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las autoridades jurisdiccionales, cuyas decisiones deben enmarcarse en los valores justicia e igualdad como postulados esenciales del principio de razonabilidad de las decisiones, el que, a su vez, irradiará el contenido esencial de los derechos fundamentales y consolidará la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0121/2012, de 2 de mayo).

Por otro lado, el rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales también ha sido incorporado a la Constitución boliviana por efecto de la Asamblea Constituyente instalada en 2007 (lo que inscribe a nuestro país dentro de la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano), cuyo texto definitivo fue aprobado por referendo popular en 2009.

En el caso de Bolivia, la misma Constitución (en su artículo 410, parágrafo II), además de declarar que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano –gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa–, establece el Principio de Jerarquía Normativa, por el cual la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia; es decir, se sitúa en la cúspide de nuestra pirámide jurídica, como principio y fundamento de todas las demás normas y, en segundo lugar, se encuentran los tratados internacionales que pueden ser suscritos en cualquier materia por las autoridades legitimadas al efecto, respondiendo a los fines del Estado “en función de la soberanía y de los intereses del pueblo” (artículo 255 parágrafo I constitucional), dado que una vez ratificados, también llegan a formar parte del ordenamiento jurídico con rango de leyes (artículo 257 parágrafo I constitucional).

Es diferente la situación de los tratados internacionales sobre derechos humanos porque, una vez ratificados, éstos prevalecen en el orden interno, dado que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse conforme a ellos (artículo 13, parágrafo IV constitucional) y cuando dichos tratados “declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”, vale decir que los derechos reconocidos en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” (artículo 256 constitucional, que consagra el Principio pro homine).5. Desarrollo Jurisprudencial del Bloque de ConstitucionalidadEntonces, es por demás evidente el tratamiento diferenciado que se otorga a los tratados internacionales de acuerdo a la materia que pretenden regular, más aún si se considera que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución, ha decidido seguir la tendencia de otorgar una jerarquía constitucional con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos a favor de los(as) ciudadanos(as), lo que se halla respaldado por la misma ley fundamental al disponer que “el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. (…)” (Artículo 410, parágrafo II constitucional).

Éste precepto referido al bloque de constitucionalidad constituye una reivindicación de las líneas jurisprudenciales establecidas con anterioridad por la jurisprudencia constitucional (1), dado que el extinto Tribunal Constitucional en los Fundamentos Jurídicos contenidos en la Sentencia Constitucional Nº 0045/2006 de 2 de junio, había precisado que la teoría del bloque de constitucionalidad surgió en Francia, extendiéndose luego a los países europeos, siendo asimilada en Latinoamérica; entendiendo que dicha teoría, expone que aquellas normas que no forman parte del texto de la Constitución, pueden formar parte de un conjunto de preceptos que por sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad de una norma legal; así, las jurisdicciones constitucionales agregan, para efectuar el análisis valorativo o comparativo, a su Constitución normas a las que concede ese valor supralegal que las convierte en parámetro de constitucionalidad.

De ahí que la jurisdicción constitucional boliviana ha concedido al bloque de constitucionalidad un alcance perceptible en la Sentencia Constitucional Nº 1420/2004-R, de 6 de septiembre, estableciendo lo siguiente: “(...) conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución”.

Este entendimiento fue ratificado en la Sentencia Constitucional Nº 1662/2003-R, de 17 de noviembre, en la que expresó: “(...) este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora en el marco de la cláusula abierta prevista por el artículo 35 de la Constitución (de 1994), ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”.

De la jurisprudencia glosada se deduce que el bloque de constitucionalidad en Bolivia lo conforman, además del texto de la Constitución, los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos ratificados; entonces, queda claro que no todo tratado, declaración, convención o instrumento internacional es parte del bloque de constitucionalidad, sino sólo aquellos que estén destinados a la promoción, protección y vigencia efectiva de los derechos humanos.

Ampliando estos criterios jurisprudenciales respecto a los elementos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que también conforman el bloque de constitucionalidad en Bolivia, el Tribunal Constitucional recientemente sostuvo que “los elementos normativos y las decisiones jurisdiccionales que emanen de este sistema no son aislados e independientes del sistema legal interno, de hecho, la efectividad en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, solamente está garantizada en tanto y cuanto el orden interno asuma en lo referente a su contenido los alcances y efectos de estas normas y decisiones emergentes del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

En efecto, la doctrina del bloque de constitucionalidad reconocida por el artículo 410 de la cpe contempla como parte del mismo a los tratados internacionales referentes a derechos humanos, entre los cuales inequívocamente se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica, denominado también Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificado por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, norma que por su esencia y temática se encuentra amparada por el principio de supremacía constitucional, postulado a partir del cual se sustenta el eje estructural de la jerarquía normativa imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, está constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte orgánica. Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y, por ende, las decisiones que de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad (…)”.

Finalmente, concluyó estableciendo que al ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos el último y máximo garante en el plano supranacional del respeto a los derechos humanos, “el objeto de su competencia y las decisiones que en ejercicio de ella emanan, constituyen piedras angulares para garantizar efectivamente la vigencia del “Estado Constitucional”, que contemporáneamente se traduce en el Estado Social y Democrático de Derecho, cuyos ejes principales, entre otros, son precisamente la vigencia de los derechos humanos y la existencia de mecanismos eficaces que los hagan valer, por eso es que las sentencias emanadas de este órgano forman parte del bloque de constitucionalidad y fundamentan no solamente la actuación de los agentes públicos, sino también subordinan en cuanto a su contenido a toda la normativa infra-constitucional vigente” (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 110/2010-R, de 10 de mayo de 2010) (2).

En resumen, y conforme se ha detallado en la Declaración Constitucional Plurinacional Nº 0003/2013 de 25 de abril de 2013, el bloque de constitucionalidad imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, está compuesto por los siguientes compartimentos: 1) La Constitución como norma positiva; 2) Los tratados internacionales referentes a derechos humanos; y 3) Las normas comunitarias;  sin embargo, en el marco de una interpretación progresiva, acorde al principio de unidad constitucional y enmarcada en las directrices principistas del Estado Plurinacional de Bolivia, debe establecerse además que los valores plurales supremos del Estado Plurinacional de Bolivia, como el vivir bien, la solidaridad, la justicia, la igualdad material, entre otros, forman parte del bloque de constitucionalidad en un componente adicional, el cual se encuentra amparado también por el Principio de Supremacía Constitucional (3).

Así también, en el marco de la nueva visión del constitucionalismo del Estado Plurinacional de Bolivia, formarán parte de este compartimento del bloque de constitucionalidad todos los principios generales del derecho; entonces, según el tcp, “se colige que la interpretación del bloque de constitucionalidad, en una concepción extensiva y en armonía con los mandatos constitucionales establecidos en el artículo 13.IV y 256 de la cpe en tópicos vinculados a Derechos Humanos, comprende además la pauta de interpretación “desde y conforme al bloque de convencionalidad”, razón por la cual, en mérito a una interpretación progresiva, los derechos amparados por el principio de supremacía constitucional, están integrados por los expresamente disciplinados en el texto constitucional y todos aquellos reconocidos por el bloque de convencionalidad, en el ámbito de una aplicación siempre guiada a la luz del principio de favorabilidad”.

Conforme a lo expuesto, se puede inferir que la jurisprudencia constitucional ha realizado un redimensionamiento del bloque de constitucionalidad y del Estado Constitucional de Derecho a la luz del pluralismo y la interculturalidad, dado que la inserción en el Bloque de Constitucionalidad de valores plurales y principios supremos rectores del orden constitucional, tiene una relevancia esencial, ya que merced al principio de supremacía constitucional aplicable al bloque de constitucionalidad boliviano operará el fenómeno de constitucionalización, no solamente en relación a normas supremas de carácter positivo, sino también en relación a valores y principios supremos rectores del orden constitucional, aspecto, que en definitiva consolidará el carácter axiomático de la cpe aprobada en 2009.  

En este redimensionamiento del bloque de constitucionalidad y del Estado constitucional de derecho, se colige que, a la luz del vivir bien, la justicia y la igualdad como principios y valores plurales supremos que forman parte del bloque de constitucionalidad imperante, irradiarán de contenido todos los actos de la vida social, consagrando así los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0683/2013, de 3 de junio de 2013).

Hasta aquí he intentado rescatar lo más importante de la jurisprudencia constitucional plurinacional, respecto al entendimiento que debe asumirse en cuanto a la naturaleza y alcance de los principios ético-morales establecidos por la Constitución, la reafirmación del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario como Estado Constitucional de Derecho y el redimensionamiento del bloque de constitucionalidad en Bolivia, esperando sea de utilidad para los lectores, con el compromiso de volver sobre estos y otros temas derivados de la Constitución en el transcurso del año. 

La Paz, 7 de febrero de 2014.

Notas

1. Desde 2001 el Tribunal Constitucional, asumiendo una posición de activismo judicial respecto a la protección de los derechos humanos, ha definido que los tratados, convenciones o pactos internacionales sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que los derechos humanos consagrados en dichos instrumentos forman parte del catálogo de derechos fundamentales previstos por la Constitución; de manera que en ese contexto pueden ser invocados por las personas y tutelados por las autoridades. Cfr. SC 95/01, SC 1662/2003-R17 y SC 0102/2003.

2. Con bastante anticipación a este entendimiento, el extinto Tribunal Constitucional ya había dejado establecido que la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene fuerza vinculante para el Estado boliviano y sus autoridades; así, en la Sentencia Constitucional Nº 0491/2003-R, de 15 de abril, a tiempo de resolver una problemática referida a la vulneración del derecho al juez natural, señaló lo siguiente: “uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que, de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución.

El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas; de ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de 2001 (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que ‘toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial’ (…)”.

Respecto al bloque de constitucionalidad y su incidencia en los procesos de inconstitucionalidad, resulta de enorme utilidad consultar el trabajo de: Edgar Carpio Marcos. Bloque de Constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las leyes. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución, Nº 4, México, Editorial Porrúa, julio-diciembre de 2005, págs. 79-114. Disponible en: http://www.iidpc.org/revistas/4/pdf/93_128.pdf.

Finalmente, sobre la importancia de la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos, es de utilidad consultar: Carlos M. Ayala Corao. Recepción de la Jurisprudencia Internacional sobre Derechos Humanos por la Jurisprudencia Constitucional. En: Tribunal Constitucional de Bolivia (editor): La Justicia Constitucional en Bolivia 1998-2003. Grupo Editorial Kipus, Cochabamba, Bolivia, 2003.

3. En este sentido se pronunció la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1227/2012, de 7 de septiembre de 2012, en la cual se precisó lo siguiente: “(…) En el orden de ideas expresado, es menester resaltar que a la luz de la Constitución Axiomática y en el marco de los principios de pluralismo e interculturalidad, como elementos de construcción estructural del Estado, es imperante realizar un redimensionamiento y una interpretación extensiva del bloque de constitucionalidad disciplinado por el artículo 410.II de la Constitución; por tanto, para una real materialización de la Constitución Axiomática, se tiene que este bloque, amparado por el principio de supremacía constitucional, estará conformado por los siguientes compartimentos: i) Por la Constitución como texto escrito; ii) Los tratados internacionales vinculados a derechos humanos; iii) las normas de derecho comunitario ratificadas por el país; y, iv) En una interpretación sistémica, extensiva y acorde con el valor axiomático de la Constitución, se establece además que el bloque de constitucionalidad debe estar conformado por un compartimento adicional: los principios y valores plurales supremos inferidos del carácter intercultural y del pluralismo axiomático contemplado en el orden constitucional imperante.  

Ahora bien, en este estado de cosas, de acuerdo a los compartimentos antes referidos, corresponde precisar que este bloque de constitucionalidad es directamente aplicable en cuanto a la parte dogmática de la Constitución, los derechos humanos insertos en tratados internacionales y los principios plurales supremos; empero, la parte orgánica de la Constitución, comprendida como elemento del bloque de constitucionalidad, no es directamente aplicable, sino que para su materialización, se necesitan leyes orgánicas de desarrollo”.

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