La Gaceta Jurídica

Antecedentes del nuevo Código de las Familias

El Señor Justicia

Carlos Conde Calle

00:00 / 22 de mayo de 2016

El abordaje del nuevo sistema jurídico –desde un plano técnico– tiene que ver, ineluctablemente, con un pasado mediato e inmediato. A pesar del postmodernismo, cualquier diseño legal tiene que ver con lo precedente: nada nace de la nada. Inclusive, el mismo nombre de Derecho Civil, que respondería al desarrollo del capitalismo, tiene sus orígenes en el Derecho Romano (donde campeaba el modo de producción esclavista).

Al respecto, me agrada empezar con la cita del notable civilista boliviano Carlos Morales Guillén, lamentablemente fallecido, quien, en la introducción de la tercera edición de su Código Civil, sostiene que “tres son los medios históricamente conocidos de formación del Derecho: creación, adopción y adaptación (...). En la creación, la ley es el producto de las necesidades naturales (...), implica redactarla y formarla según su propia inspiración (...). En la adopción se trasplanta simplemente el Derecho ajeno, que, por lo regular, resulta inadecuado para el país adoptante. La adaptación supone adecuar a las propias necesidades y peculiaridades el Derecho Ajeno”.

Lo que hubo históricamente es una adecuación de normas de allende los mares a nuestro territorio, v. gr., el Código Civil vigente, de fuerte inspiración italiana.

Digamos, categóricamente, que no se puede crear un sistema jurídico propio basado en posturas seudonacionalistas. El mismo Morales Guillén, en su obra, afirma que “los derechos de los países latinoamericanos pertenecen sin discusión posible –afirma René David, con toda razón– al sistema jurídico OCCIDENTAL, porque están emparentados por su fondo y por su forma con los códigos europeos...” (sic).

Morales Guillén agrega que “se da en ellos la misma adhesión a los principios de la moral cristiana o la forma política de la democracia liberal y a la estructura capitalista de la sociedad”. El actual Código de las Familias de Bolivia parece seguir una línea heterodoxa en apariencia; pero, en el fondo, siguen los derroteros de la cultura occidental.

Dicho de otro modo, nadie ha podido crear un sistema jurídico familiar propio que responda a un sistema no occidental. Ya tendremos tiempo de analizar institución por institución.

En cita de David, Morales Guillén sostiene que “el derecho, como ciencia social, y al igual que la historia, la economía, la teoría política o la sociología, no puede ser considerado desde una perspectiva puramente nacional y define el nacionalismo jurídico como una expresión de PROVINCIALISMO IRRECONCILIABLE con el auténtico espíritu científico que representa un empobrecimiento y un peligro para el desarrollo del propio derecho nacional”.

Argumento contundente contra la prevalencia actual de pensamientos nacionalistas; cuando algunos creen que el país puede “crear” un derecho “propio”. En la primacía del pensamiento nacionalista, algunos intelectuales orgánicos intentan mostrarnos que es posible “crear” un derecho propio. Preguntamos: ¿cuáles de las normas actuales son “creaciones” propias? ¿Acaso el Código Procesal Civil? (ya sabemos de dónde viene el nuevo sistema procesal). Lo contrario, es rayar en el simple voluntarismo.

La cultura –y el derecho es una de sus manifestaciones– es una creación humana de carácter universal. Bolivia participa de esta cultura. Trascendien- do los deseos, afirmamos que no es posible “crear”, en términos absolutos, un nuevo sistema jurídico. Algo de esto se dio para el nuevo Código de las Familias. Como hipótesis, buena parte de sus institutos fueron tomados del viejo Código de Familia; v. gr., el parentesco.

Pues bien, corresponde ingresar a los antecedentes del nuevo Código de Familias. Informo que está en mi poder el texto “Códigos  Morales, Memoria. Tercera era de codificación y legislación sistémica en Bolivia” 20-9-2013, de 238 páginas y color azul. Abarca el Código de las Familias desde la página 125 hasta la 138. Por fortuna, el documento contempla una “Exposición de motivos”, aunque no con densidad de forma y de fondo (pero existe).

En la página 126 este “libro azul” indica que “ (...) en septiembre de 2010 se ejecutó la consultoría por producto adjudicada al doctor Freddy Huaraz Murillo para la elaboración del anteproyecto de Ley del Código de Familia. Cuyo documento preliminar fue presentado y discutido durante su socialización a organizaciones sociales, instituciones públicas y de defensa de los derechos  humanos (…)”.

De aquí resulta que no tiene nada que ver en lo formal porque no figuran en ninguna parte del proyecto José César Villarroel y Andrés Valdivia. (No entraré aún al fondo del código; en todo caso, corresponde decir que el responsable intelectual es, de acuerdo a documentos oficiales, Huaraz Murillo).

No conozco al proyectista, por lo menos en su veta intelectual. Nosotros nos guiamos por la producción bibliográfica; esto nos muestra y permite conocer las líneas teóricas y filosóficas que sigue un autor. Con las disculpas anticipadas a Huaraz, no conozco su producción intelectual (un código debe tener como antecedente a un intelectual que publica, con alguna frecuencia, obras sistemáticas de su especialidad).

Al parecer, se repite la experiencia desagradable del Código Procesal Civil (cpc), cuando contrataron a un par de profesores universitarios que nunca escribieron un libro y “crearon” el nuevo cpc.

Al parecer, el gobierno tiene urgencia de producir leyes sin importar la calidad de las mismas. Una ley o un código son fruto de trabajos colectivos, planeados y estudiados a lo largo de muchos años. No debemos olvidar que una norma no debe regir lo que dura un gobierno, debe trascenderlo.

La hermana República de Perú empezó a discutir su Código Civil en 1964. Así, conformó una comisión de estudio del código. Ulteriormente, formó una comisión revisora, distinta a los proyectistas originales. Luego, tuvo una comisión de redacción y estilo. Solo después del tamiz de estas delegaciones, a los 20 años de estudio, el Código Civil peruano fue promulgado en 1984. Pido al actual gobierno que prepare leyes con profesionales idóneos, con intelectuales que tengan la vocación de escritores.

En ese escenario, el proyectista olvida que existen trabajos anteriores de inevitable estudio. Freddy Huaraz debía escrutar el Anteproyecto del Código Boliviano de Familia de Hugo Sandoval Saavedra, publicado en Sucre por el Ministerio de Justicia en 1965. Este trabajo contiene una interesante exposición de motivos que da razón y sustento al Código de Familia de 1972.

Si producimos un código no podemos eludir, de buena o mala fe, los antecedentes. El proyectista ignora la Pro- puesta de reformas del Código de Fa- milia, escrito por Velia Guachilla, Conzuelo Taborga, Martha Villazón y Graciela Guzmán, publicado por el Viceministerio de la Mujer en 2002. Este documento, al estilo del anteproyecto de Osorio, exegéticamente explica y fundamenta cada uno de sus artículos.

Luego tenemos el proyecto de Código Procesal de Familia de José Rodolfo León Díaz, con los auspicios del Poder Judicial y el Ilanud, aproximadamente de 2005.

Este último explica, por ejemplo, la incorporación del juicio oral en materia familiar. En general, los intelectuales que contrata el actual Ministerio de Justicia pretenden hacernos creer que la oralidad y la conciliación empiezan ahora. Eso es completamente falso. Ni siquiera se respeta los argumentos de Morales Guillén sobre el Código de Familia.

Prometí en alguna columna que escribiría contribuciones sobre la Cumbre Judicial. Me excuso en la medida en que su tratamiento corresponde al campo político.

Los cambios profundos solo serían posibles si los estrategas del gobierno abandonaran a Michel Foucault y Pierre Bourdieu. Incorporar la meritocracia consistiría en una abdicación política, porque no condice con el pensamiento político igualitarista que sustenta el Gobierno.

Es experto en Derecho Privado.

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