La Gaceta Jurídica

Antenas ilegales

…en el caso de telecomunicaciones (el Estado es responsable de la provisión) también a través de empresas privadas, mediante autorizaciones o contratos en el marco de la Constitución Política del Estado”, es ente punto donde se entiende la ilegalidad de esas antenas y se puede aplicar infracciones.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 23 de octubre de 2012

Este lunes se cumplió un “apagón contra la televisión satelital pirata” a cargo de los operadores legales quienes acordaron con los distribuidores internacionales el cambio de códigos que no puedan ser desencriptados (descifrados). Esto se produjo porque en el país, en especial en ciudades intermedias y hasta en las principales se ha hecho común la instalación de antenas “parabólicas” para captar señales televisivas de diversa procedencia.

Esta instalación irregular no se encuentra normada adecuadamente en el país, mientras que otros estados se ha prohibido la venta de antenas parabólicas. Esta información que tiene tono de denuncia es singular cuando vemos que en Bolivia, en especial en las barrios de venta de productos de contrabando se expenden sin ningún control estos artefactos, pero eso no es todo, sino que se han abierto negocios para estas ventas también en áreas donde existen mayores niveles de control, como es la Zona Sur de La Paz.

Al respecto, el auge de la televisión por cable hace que en el territorio funcionen decenas de proveedores, incluso en poblaciones intermedias como Copacabana y otras, las cuales, por lo menos en su mayoría, se encuentran inscritas en las instituciones estatales reguladoras de estos servicios, además que, como establece la Ley Nº 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, del 8 de agosto de 2011, artículo 59, las obligaciones de los operadores y proveedores son “someterse a la jurisdicción y competencia de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes”. Sin embargo, la instalación ilegal de estas antenas viola las atribuciones estatales de “regular, autorizar, controlar, fiscalizar y coordinar el uso del espectro radioeléctrico y realizar la comprobación técnica de las emisiones electromagnéticas en el territorio del Estado Plurinacional”. 

Esta situación, además de la ilegalidad que representa, tiene consecuencias no sólo por el trabajo perjudicado de los operadores y por la violación de las normas nacionales para utilizar el espectro radioeléctrico, sino para los mismos consumidores, quienes, desconociendo la ilegal instalan en sus casas estos aparatos que no ofrecen garantías técnicas de buen funcionamiento y se convierten en un engaño económico, además que pueden convertirse en sistemas amenazantes para la salud por su deficiente instalación, materiales no analizados en el país para su ingreso.

No se debe olvidar que la fabricación de gran parte de los artefactos electrónicos y eléctricos no cumple con las normas y estándares mundiales y nacionales, lo cual puede redundar en la utilización de plásticos y otros elementos con toxicidad y susceptibles de emanaciones peligrosas, peor cuando se trata de sistemas con emisiones de rayos invisibles.

También es fundamental recordar, según la misma Ley 164, artículo 3 del Marco Constitucional, que “el Estado es responsable, en todos sus niveles de gobierno, de la provisión de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal, a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas, comunitarias y en el caso de telecomunicaciones también a través de empresas privadas, mediante autorizaciones o contratos en el marco de la Constitución Política del Estado”, es ente punto donde se entiende la ilegalidad de esas antenas y se puede aplicar infracciones.

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