La Gaceta Jurídica

Anteproyecto de regulación

Partes salientes

La Gaceta Jurídica

00:00 / 14 de mayo de 2013

ARTÍCULO 3. (FUNCIÓN SOCIAL). El ejercicio de la abogacía es una función social al servicio del Derecho y la Justicia.

ARTÍCULO 4 (PRINCIPIOS). Son principios del ejercicio de la abogacía los siguientes:

1. Independencia, por el que se encuentra exenta o exento de cualquier presión, interés o influencia externa, ajena al Derecho y a la justicia.

2. Idoneidad, debe observar en todo momento una conducta íntegra, ecuánime, digna, conocedora y respetuosa de leyes.

3. Fidelidad, que constituye la obligación de no defraudar la confianza del patrocinado ni defender intereses en conflicto con los de aquél.

4. Lealtad, por la que debe defender los intereses de la persona patrocinada, así como ser veraz, sin crear falsas expectativas ni magnificar las dificultades.

ARTÍCULO 6 (INHABILITACIÓN E IMPEDIMIENTOS). I. Las abogadas y los abogados están inhabilitados para ejercer la abogacía por las siguientes causales:

a)    Inhabilitación especial conforme a lo establecido en el Código Penal;

b)    Declaratoria de interdicción ejecutoriada;

c)    Suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a la ética, conforme a la presente Ley.

II. La servidora y servidor público, de profesión abogada o abogado, está impedido de patrocinar casos particulares, salvo el caso de patrocinio en causa propia, la de sus ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En ningún caso, podrán patrocinar causas particulares, las autoridades electas, así como las autoridades judiciales o fiscales.

ARTÍCULO 8 (DEBERES). Las abogadas y los abogados, conforme a la presente Ley, tienen los siguientes deberes:

1.    Registrarse ante el Ministerio de Justicia

2.    Registrarse a un colegio de abogados

3.    Sujetarse al tratamiento de las infracciones a la ética.

4.    Defender con lealtad y eficiencia los intereses de sus patrocinados.

5.    Observar en todo momento una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico.

6.    Prestar sus servicios de manera personal, salvo impedimento justificado y la aceptación por parte de la persona patrocinada.

ARTÍCULO 12 (MATRICULACIÓN). El Ministerio de Justicia, luego de registrar a la abogada o al abogado, en acto público y formal, otorgará una credencial en la que estará signado un número único de matrícula.

Todas las abogadas y todos los abogados del país deben registrarse obligatoriamente en el Registro Público de Abogadas y Abogados del Ministerio de Justicia, presentando los documentos que establezcan su calidad de profesional, su identidad, domicilio y el depósito de costos requeridos, conforme a reglamento.

Se habilitarán para el ejercicio de la profesión en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 13 (ATRIBUCIONES). En el marco de la presente Ley, el Ministerio de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

1.    Registrar a las abogadas y abogados, los Colegios, las Asociaciones y las Sociedades Civiles de Abogadas y Abogados.

2.    Designar a los miembros del Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía.

3.    Velar por el funcionamiento de las Asociaciones y Sociedades Civiles de Abogadas y Abogados.

4.    Velar  por el cumplimiento transparente y oportuno de los procesos por infracciones a la ética en  las Asociaciones.

5.    Remitir listas de registro de abogadas y abogados a los Tribunales Departamentales de Justicia.

6.    Promover actividades académicas o investigativas.

ARTÍCULO 22 (SOCIEDADES CIVILES). I. Las abogadas o abogados mediante acuerdo expreso de sociedad o documento público o privado, podrán ejercer su profesión organizando Sociedades Civiles, designando expresamente a la directora o al director responsable de la misma, su régimen económico, su razón social y su reglamento, para su registro en el Ministerio de Justicia.

ARTÍCULO 23 (ARANCELES). I. El Ministerio de Justicia, mediante Resolución Ministerial aprobará cada dos (2) años el arancel mínimo de honorarios profesionales de la abogacía que cada colegio o asociación apruebe y remita, el que será publicado en un medio de circulación nacional.

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