La Gaceta Jurídica

Aportes para construir una justicia plural

El objetivo de los encuentros regionales fue determinar en forma participativa las propuestas de lineamientos, mecanismos y acciones que mejoren el desempeño del Órgano Judicial, generando insumos para la definición de la agenda nacional que consolide el modelo de justicia plural en Bolivia.

La Central de Diligencias de La Paz está equipada, no sucede lo mismo en otras dependencias.

La Central de Diligencias de La Paz está equipada, no sucede lo mismo en otras dependencias. Foto: Archivo La Gaceta

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 07 de mayo de 2013

La magistrada Maritza Suntura, del Tribunal Supremo de Justicia (tsj), señaló que las Cumbres Departamentales de Justicia desarrolladas del 2 y 3 de mayo en todas las regiones del país tuvieron el propósito de diseñar lineamientos y mecanismos que mejoren el desempeño del Órgano Judicial con los aportes de las instituciones, organizaciones sociales, colegios de abogados, jueces y magistrados.

Los ejes temáticos que examinaron las representaciones asistentes fueron el acceso a la justicia, independencia judicial participación ciudadana y la cooperación y coordinación entre la Justicia Indígena Originaria Campesina y la jurisdicción ordinaria.

La magistrada Suntura informó que las conclusiones se enviarán al tsj en Sucre (Chuquisaca), como lo harán las distintas cumbres departamentales para coadyuvar en la gran Cumbre Nacional de Justicia, programada para el 14 y 15 de mayo.

El evento proyectó la construcción y consolidación de un sistema de justicia moderno, inclusivo y que responda a las expectativas sociales, siendo evidente la decisión de transformar, consolidar y hacer sostenible la nueva justicia en Bolivia.

“El proceso para lograr la transformación estructural de la justicia boliviana comenzó con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, que implementa una justicia plural”, remarcó.

El Tribunal de Justicia de La Paz instaló la cumbre en predios del Colegio de Abogados y contó con la participación de aproximadamente 200 representantes de profesionales, universidades, defensorías del pueblo, Policía, Fiscalía y organizaciones sociales, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (tdj), Juan Carlos Berríos, señaló que los participantes concentraron su análisis en la problemática como el acceso a la justicia, independencia judicial, participación ciudadana y coordinación entre la justicia ordinaria, indígena y del Tribunal Agroambiental.

El programa

Consciente de la participación ciudadana y sus instituciones, el Órgano Judicial determinó realizar en todo el territorio nacional las Cumbres Departamentales: La opinión del pueblo para construir una justicia plural, a efectos de generar espacios de análisis, reflexión y consolidación de compromisos interinstitucionales en torno a temas especificaos, vinculados a la labor de impartir justicia.

La decana en ejercicio de la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, Aida Luz Maldonado, explicó que la cumbre mostró un diagnóstico y de esta manera se plantearon lineamientos y estrategias orientadas a construir  una justicie plural e independiente en el país.

Expositores

La abogada Margot Pérez dijo que el acceso a la justicia debería ser considerada una política pública, haciendo que el propio Estado genere los recursos para que el ciudadano pueda tener pleno contacto al sistema judicial.

“Nosotros somos servidores y administradores de justicia, por lo tanto, sólo tenemos que aplicar las leyes. Cuando las normas no condicen con la necesidad pueblo, éstas se aplican mal, porque ya vinieron redactadas desde el órgano encardo de esta ejecución”. Explicó la abogada que el principal problema normativo que instauró la retardación de justicia creando un cuello de botella fue la modificación de la Ley 007 de mayo 2010 y la mala redacción del artículo 325 del Código de Procedimiento Penal sobre las audiencias conclusivas.

Este artículo polémico que habilitaba a proceso y establecía que la parte acusadora tenía cinco días para presentar sus pruebas y acusación, fue modificado mediante sentencia por el Tribunal Constitucional Plurinacional,  que interpretó y aclaró a cabalidad el acto procesal.

Pérez indicó que debería ser una sola apelación al momento de entrar en el proceso judicial. Al devolver los vocales simultáneas apelaciones, ellos exponen que al haberse resuelto tres a cuatro excepciones e incidentes, estas corresponderían ser presentadas de forma separada, cuando podríanser determinadas con una simple resolución.Otro inconveniente sería cuando en las audiencias conclusivas se presentan dos personas imputadas.

En la primera audiencia asisten con sus dos abogados defensores, en la siguiente con uno y consecuentemente ninguno, alargando el proceso y creando la retardación de justicia; pero no por los jueces, sino por aquellos que modificaron la norma. Con respecto a las conformaciones de jueces ciudadanos  existirían varias posiciones, entre ellas la de excluir a los jueces ciudadanos e incluir sólo a técnicos; estas posiciones no habrían sido aceptadas por los administradores de justicia.

A criterio de la abogada, sería necesario incluir ambos, porque primero no crearía asignación de presupuesto, segundo que la sociedad reconocería la presencia de estos actores no judiciales, porque percibiría la realidad de la justicia y sus operadores.

La imputación y suspensión de jueces con el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal implicó sobreseimiento en los procesos, perjudicando a los jueces y cargando con procesos a otros administradores de justicia, explicó.

Por otro lado, denunció la abogada Pérez que el Órgano Judicial Departamental de La Paz no cuenta con equipos informáticos. Demandó que cada piso cuente con una computadora para que los litigantes puedan acceder a la información y dejar de presentarse en los juzgados para conocer sus procesos.

El disertante y abogado Rubén Ramírez Conde declaró que la demora procesal se debe a la mala sistematización de las normas que se les entrega a los operadores de justicia, cuando se contrata personal sin experiencia en desarrollo normativo, haciendo que prevalezca retraso legal. 

Asimismo, planteó realizar un cambio de la relación entre el Estado vs sociedad, no existiendo igualdad económica en los procesos judiciales. “El Estado deberá brindar un apoyo a las personas de escasos recursos, porque todos somos iguales ante la ley”, añadió el legalista.  

Ejes temáticos

En el marco participativo las propuestas los asistentes se concentraron  en los ejes temáticos sobre el acceso a la justicia que analizó el ámbito de la cobertura de Tribunales de Sentencia y juzgados, condiciones de acceso a la justicia con gratuidad, celeridad, publicidad y oralidad.

De la misma forma, se trató acerca de los servicios judiciales que forman parte de las dependencias de Derechos Reales, plataforma de atención al usuario externo, buzón judicial, Central de Notificaciones, sistemas informáticos, uniformidad jurisprudencial, notarias de Fe Pública, infraestructura y conciliación como mecanismo inmediato para la solución de conflictos.

En independencia judicial se analizó el tema de presupuesto, fuentes de financiamiento (recursos propios o del Tesoro General del Estado), ámbito de la inversión (infraestructura y tecnología), gestión judicial, administrativa y académica, recursos humanos (Régimen Disciplinario), formación y capacitación y evaluación del desempeño.

Mientras el eje de participación ciudadana trató sobre la exploración y ejecución del Control Social, transparencia, publicidad y acceso a la información en el ámbito judicial.

Por último, se examinó la coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria, jurisdicción agroambiental y la justicia indígena originaria campesina.

Es periodísta.

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