La Gaceta Jurídica

Aproximación al Derecho del trabajo desde la historia del Derecho

(Parte I)

Foto: socialesarcas2.blogspot.com

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Carlos Tormo Camallonga

00:00 / 01 de mayo de 2016

El trabajo ha existido desde siempre. Sin embargo, no siempre fue objeto de regulación jurídica. El trabajo, como hecho, solo interesa al Derecho cuando aparecen las notas de ajenidad, es decir, dependencia o subordinación, y de retribución. También en este caso el Derecho se encarga de regular y organizar realidades preexistentes. Hay común asenso en la doctrina en considerar que el Derecho del trabajo, en su acepción contemporánea, nació con la extinción de las servidumbres señoriales del antiguo régimen y su substitución por la libertad contractual propia del liberalismo.

Esto se deriva del cambio en el título jurídico de la apropiación del trabajo; si en el antiguo régimen existía una relación de desigualdad jurídica, servidumbre o señorío entre el señor y el vasallo, esta relación fue substituida en el XIX por otra de igualdad, con la desaparición de todo privilegio para el primero o preeminencia sobre el segundo. Era el trabajo libre.

Las primeras normas de lo que con el tiempo formarían el Derecho del trabajo, como cuerpo normativo propio y autónomo dentro del ordenamiento jurídico, fueron dictadas, por ejemplo en España, a partir de mediados del siglo XIX. Por ello, el estudio de la prestación del trabajo por cuenta ajena con anterioridad al nacimiento del estado liberal, se presenta como una simple faceta de otro tipo de figuras jurídicas de mayor abarque.

Ante realidades del antiguo régimen, tan diferentes de las que dieron lugar al Derecho del trabajo, más que hablar de precedentes deberíamos hablar de antecedentes. Por eso, cualquier paralelismo que pretendiésemos establecer con realidades presentes nos ofrecería conclusiones decepcionantes e, incluso, fuera de lugar.

Edades Media y Moderna

El régimen de trabajo generalizado en la Edad Media fue el de la servidumbre. Hay que buscar su raíz en el régimen feudal. En las edades Media y Moderna las relaciones jurídicas entre las personas giran en torno al fenómeno del Feudalismo, como conjunto de instituciones que crean y rigen las obligaciones de obediencia y servicio por parte de un vasallo hacia su señor, y las obligaciones de protección y sostenimiento de este a favor de aquél.

Salvo excepciones, la ciudad y la industria apenas estaban desarrolladas, con lo que no había las condiciones sociales ni técnicas que deben confluir para que sobre ellas germine el Derecho del trabajo. Aun así, ya sabemos que el trabajo retribuido y por cuenta ajena puede aparecer, aunque sea de manera residual, tanto en el campo como en la agricultura.

Las relaciones feudo-señoriales de base agraria que unían a los señores con sus vasallos son, en esencia, las mismas durante este tiempo. Aunque en los últimos siglos se observa cierta evolución hacia formas de explotación de la tierra más cercana a los modelos precapitalistas –evolución más acentuada en unos territorios peninsulares que en otros; el centro y el sur peninsular frente a las regiones mediterráneas–, las ideas centrales que aparecieron en los primeros momentos de la Reconquista perduraron hasta principios del XIX. Esta evolución se manifestaba, por ejemplo, en la cada vez mayor población que trabajaba como aparcera o jornalera.

No obstante, este siguió siendo un sector residual respecto a la población total como a la trascendencia de estos supuestos contratos.

Dentro de estas generalizadas relaciones feudo-señoriales, cabe distinguir entre las servidumbres personales y las prestaciones forzosas. Los siervos quedaban sujetos a las primeras como adscritos al servicio doméstico del señor, a cambio de vivir en sus dominios, y adquirían la condición de siervos obligados a la prestación a favor de aquél en los trabajos que se les asignaba con carácter forzoso, no libre y sin retribución.

Las prestaciones forzosas podían afectar tanto a los siervos como a los emancipados y estaban reguladas fundamentalmente por los derechos municipales, fueros y ordenanzas y, menos, por disposiciones reales. A cambio de la concesión de una parcela con el derecho a quedarse con parte de la cosecha, el colono debía realizar prestaciones forzosas a favor del señor, sobre todo el trabajo en determinados días en sus tierras –sernas o corveas–.

Creemos que la condición jurídica de siervo y del régimen de servidumbre personal a que estaba sometido hace que hablemos de relaciones incluidas dentro del Derecho de cosas y no del Derecho contractual. Esto a pesar de que a esta situación podía llegarse mediante un contrato libremente otorgado (1).

En el caso de los emancipados la cosa cambia, lo que ha llevado a Hinojosa a hablar de las cartas de población como contratos agrarios colectivos concertados entre el señor y los pobladores. Aunque en algunas cartas de población el vínculo contractual es evidente –cartas dirigidas a personas concretas e individualizadas–, en los otros casos hay numerosas razones para negar su naturaleza verdaderamente contractual (2).

Siguiendo a Gibert, Merchán Fernández considera que la única y posible relación contractual laboral claramente definida en los fueros extensos castellano-leoneses del siglo XIII es la del yuguero, porque “un obrero realiza con cierta independencia la totalidad de las labores correspondientes a una empresa agraria en la tierra del señor, percibiendo su remuneración con cargo a los rendimientos de la propia empresa” (3).

Probablemente, podríamos incluir aquí al hortelano. El resto de posibles contratos habría que dividirlos entre los cercanos a la yuguería, caso de los pastores, y el de los asalariados domésticos, caso de horneros y molineros. Merchán Fernández considera que en estos fueros hay relaciones jurídico-laborales por cuanto participan de todos los requisitos esenciales constituyentes de este tipo de relaciones: trabajo humano, productivo, libre, por cuenta ajena y remunerado; sin embargo, opina que la realidad señorial del momento impide que estas relaciones conformen un verdadero contrato.

Cosa diferente es el contrato de servicio fiel, que configura las relaciones feudo-vasalláticas. Al contrario que en las relaciones feudo-señoriales, aquí la relación establecida entre el señor y el vasallo se incardina en el derecho de personas. Para algún autor, puede ser la base del actual contrato de servicios (4).

La realidad es que para muchos trabajadores los modelos que impuso el feudalismo pudieron ser más duros que los anteriores, al menos en los primeros siglos, ya que no todos venían de una situación originaria de esclavitud, sino que muchos se habían incorporado a la tierra a través de un colonato.

La inseguridad personal y patrimonial característica de esta época obligaba a someterse a un señor a cambio de protección. Así el trabajador por cuenta propia libre se convertía en trabajador por cuenta ajena en régimen de servidumbre. No obstante, la Edad Media conoció, entre los extremos del hombre libre y el esclavo, multitud de situaciones jurídicas difíciles de deslindar entre sí (5).

Como realidad distinta, y en opinión de Gibert, en los territorios de realengo, en especial en las ciudades de la Baja Edad Media, se observa ausencia de obligaciones personales y, por contra, prestaciones en régimen de completa libertad y remuneración; lo que configura unas realidades más propias del contrato de servicios. O sea que, al margen del mundo agrícola, existía una realidad distinta para los hombres libres de las ciudades. Se trata del mundo del asociacionismo o régimen gremial, donde el trabajo se desarrollaba bajo el principio de ajenidad y, más importante aún, de libertad.

Sin embargo, y en contra de lo que en principio pudiera parecer, no estamos ante un precedente del trabajo contemporáneo, al contrario, puesto que la industria moderna y el Derecho del trabajo tuvieron que liquidar la organización gremial, como sistema de producción, para desarrollarse.

El gremio era una organización de base artesanal en la que se aplicaba las reglas de policía impuestas por los poderes municipales, mientras tanto, la industria moderna descansa sobre el capital privado. En el mundo gremial o corporativo el trabajo no es un derecho natural y personal, sino otorgado y reconocido por la propia corporación, como una realidad de carácter esencialmente económico y no social, por lo que, solo de forma muy incidental, las ordenanzas se ocupaban de regular las condiciones de trabajo. De ellas se encargarían, en su caso, la Corona y los municipios (6).

Junto con los gremios había otro tipo de producción, muy puntual, desligado de las servidumbres y de los derechos señoriales. Es el que se daba en las industrias manufactureras de la Edad Moderna, que se presenta como antecedente próximo del sistema capitalista. Se trataba de fábricas, de titularidad real, establecidas a las afueras de las ciudades y que producían en régimen preindustrial con empleados contratados en régimen de libertad. Estos empleados constituyen, para muchos autores, el primer proletariado (7).

Comentemos algunos de los cuerpos legales de distintos ordenamientos peninsulares, que, de alguna manera, contemplaban el trabajo.

En el Derecho castellano son aisladas las disposiciones legales que regulan el trabajo por cuenta ajena. Más bien, se trata de disposiciones excepcionales que en ningún momento configuran estas relaciones con sustantividad propia (8).

Es el caso del título V del libro VII de las Ordenanzas Reales de Castilla, De los obreros y menestrales, que fue recogido en el título XI del libro VII de la Nueva Recopilación, bajo la rúbrica De los oficiales, y jornaleros, y menestrales, y mesoneros, y que se convirtió en el título XXVI del libro VIII de la Novísima, De los menestrales y jornaleros.

Eran disposiciones básicas que se limitaban a ordenar la prestación del trabajo por días. Los jornales debían ser de sol a sol, debiendo el jornalero o menestral aportar las herramientas, y el empleador pagar al finalizar el día, a no ser que aquél quisiera trabajar por más días. Se destaca la disposición de Enrique II de 1411, en la que se luchaba contra el encarecimiento de los jornales.

Para evitarlo, los alcaldes y los hombres buenos de cada concejo o comarca eran los que debían fijar los precios de los hombres según los precios de las viandas. Con esta remisión, fueron las ordenanzas municipales las que regularon las prestaciones de trabajo en su demarcación. Por Real Provisión de 29 de noviembre de 1767 se concedió libertad a los jornaleros para que concierten sus salarios con los dueños de las tierras.

Podemos encontrar alguna ley aislada que guarde relación con este tema, como la IV del título XVI, De los criados, del libro VI de Novísima, cuando se refiere a la prohibición de alquilar criados por días, debiendo ser por meses o más tiempo. Sin embargo, en ningún momento se reguló el arrendamiento de obras o servicios. Ni siquiera en el exiguo título X del libro X de la Novísima, De los arrendamientos, que se refiere solo a los arrendamientos de rentas reales e inmuebles, rústicos y urbanos.

Partidas, por su mayor romanismo, trata la figura del arrendamiento con mayor extensión. El título VIII de la partida V, De los logueros e de los arrendamientos, distingue entre estas dos figuras. Según la ley primera, “aloguero es propriamente quando un ome loga a otro obras que ha de fazer con su persona o con su bestia; o otorgar un ome a otro poder de usar de su cosa o de seruirse della por cierto precio que le ha de pagar en dineros contados. Ca si otra cosa rescibiesse, que non fuessen dineros contados, non sería loguero, mas sería contracto innominato. E arrendamiento, según el lenguaje de España, es arrendar heredamiento o almoxerifadgo, o alguna otra cosa, por renta cierta que den por ella”.

Queda claro, según esta ley, el objeto del arrendamiento, pero no el del aloguero. Posiblemente esta figura abarque el arrendamiento de cosas y la locatio-conductio operis romana, aunque no la locatio-conductio operarum, como posible y futuro contrato de servicios (9).

Vemos que no existe regulación para el trabajo en sí, sino que este recibía el mismo tratamiento que las cosas. Las demás leyes de este título regulan juntas loguero y arrendamiento. Incluso, a veces, ambas palabras eran tratadas como sinónimas.

Para García Fernández, la ley de Partidas 2, 20, 5, Que partimiento ha entre lauor e obra, distingue –opinamos que, de ser así, de manera confusa– entre el contrato de obra y la relación de trabajo en unos términos que algunos pueden considerar similares a los del actual contrato de trabajo: ...lauor es dicha aquellas cosas que los omes hacen trabajando en dos maneras. La vna por razón de la fechura. La otra por razón del tiempo; assí como aquellos que labran por pan e por vino, e guardan sus ganados, o que fazen otras cosas semejantes destas, en que resciben trabajo, e andan fuera por los montes o por los campos (...)

E obras son las que los omes fazen estando en casas o en lugares encubiertos, assí como los que labran oro e plata, e fazen monedas e armas e armaduras, e los otros menestrales, que son de muchas maneras, que obran desta guisa, maguer ellos trabajan por sus cuerpos non se apodera tanto el tiempo dellos para fazerles daño, como a los otros que andan de fuera. E porende a estos llaman menestrales e a los otros labradores (10).

Algún autor cree ver cierta autonomía en un posible contrato de trabajo frente al de arrendamiento en el título tercero del libro cuarto del Fuero Viejo de Castilla, con ocasión del reparto de la cosecha en heredad ajena sin mediar mandato ni arrendamiento con el dueño. Interpretación forzada, en mi opinión, si consideramos que en ningún momento hubo previo acuerdo entre partes (11).

Por lo que vemos, la prestación de trabajo retribuido aparece, fundamentalmente, en el medio rural. De cualquier manera, la generalizada situación de servidumbre personal y la ausencia de una auténtica libertad contractual, imposibilita considerar este tipo de disposiciones como propias de un hipotético Derecho del trabajo.

Situación parecida a la castellana existió en el resto de ordenamientos peninsulares. Juan Beneyto Pérez, profesor ayudante en la Universidad de Valencia, estudió la situación de este reino en los principios de la Edad Moderna y considera que el precedente del contrato de trabajo podía aparecer dentro y fuera de los gremios.

Los órganos municipales eran los que regulaban lo que podemos considerar “trabajo”, pues la vida económica se desarrollaba, sobre todo, dentro del marco municipal. No obstante, eran casi siempre normas sobre abastecimiento, policía y régimen tutelar, circunscritas, en la mayoría de los casos, al mundo de los gremios, supeditados estos siempre al poder de los jurados y del consejo de la ciudad.

Este autor considera contrato de aprendizaje el que aparece entre maestro y aprendiz, y contrato de trabajo el que se da entre maestro y oficial que no trabaja por su cuenta, sino en un taller de aquel. Consideración que es difícil de sustentar por la prácticamente nula autonomía de voluntad de las partes, que era substituida por lo dispuesto en las ordenanzas del respectivo oficio, tan minuciosas en estas cuestiones (12).

Siguiendo a Beneyto, fuera de la estructura gildesca y al margen de los contratos agrarios colectivos, encontramos libertad contractual, o lo que más se le parecía, en la gente arrolada a jornal para las tareas agrícolas y para los criados o ab amo.  La situación del criado era la de jornalero permanente en casa del patrono que se dedicaba a tareas no agrícolas.

En ambos casos, los estatutos municipales se encargaban mayoritariamente de estas cuestiones. Para las faenas agrícolas la jornada era de sol a sol, salvo para las duras, que solían ser más breves, de unas ocho horas.

Dice algún autor –sin aportar fundamentos– que, en Cataluña, las Costums de Tortosa distinguían el contrato de trabajo del de arrendamiento, comprendiendo a los braceros, a los correos, abogados, médicos, notarios, corredores y a las nodrizas (13).

Merece ser mencionada la situación de Indias. Algunos autores consideran la regulación del trabajo de los indios como un precedente de la legislación laboral moderna. Hablamos de las Leyes de Indias, dictadas en 1542 atendiendo a los predicados de la reina Isabel la Católica.

En ellas se reguló con minuciosidad la prestación laboral de los indios, como súbditos de la Corona de Castilla y no como esclavos, adelantándose a regulaciones muy posteriores en materia, por ejemplo, de seguridad e higiene en el trabajo, forma de percepción del salario y cuantía, duración de la jornada laboral, trabajo de mujeres o niños o descanso dominical.

El chileno Francisco Walter Linares considera a las Leyes de Indias un código social más que como conjunto de normas pseudo-laborales, puesto que sus disposiciones abarcan desde el régimen de la propiedad agraria a la reparación de los accidentes del trabajo, pasando por la asistencia pública, la protección a la infancia o la represión de la vagancia.

No obstante, la mayoría de autores opina que la legislación indiana está impregnada de la filosofía caritativa y cristiana de las sociedades que contemplaban al estamento popular como desigual e inferior en derechos. En ningún momento se pretendería la igualdad entre amo e indio. Pero también opina la mayoría que, con la abolición de las Leyes de Indias tras la segregación emancipadora, las nuevas repúblicas hispanoamericanas se encaminaron, respecto a la reglamentación jurídica del trabajo, hacia una situación mucho peor que la existente durante su pertenencia a la corona castellana, pues se dejaron seducir por los principios del Código de Napoleón, un código de propietarios, que trajo funestas consecuencias a los desposeídos (14).

Continuará

Notas

1. R. Gibert, “El contrato de servicios en el Derecho medieval español”, Cuadernos de Historia de España, XV (1951), 5-131, p. 10.

2. F. Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho Español, 4ª ed., Madrid, 1992, pp. 144-145.

3. C. Merchán Fernández, “La relación jurídico-laboral en los fueros extensos castellano-leoneses (siglo XIII)”, Revista de Política Social (en adelante, RPS), 16 (octubre-diciembre 1977), 35-94, pp. 58 ss.

4. O. Von Gierke, Las raíces del contrato de servicios, Madrid, 1982, pp. 11 ss.

5. J. Serrano Carvajal, “Notas para una aproximación histórica al Derecho del Trabajo”, RPS, 119 (1978), 33-75, pp. 40 ss.

6. J. Pérez Leñero, “Evolución del pensamiento jurídico laboral”, RPS, 66 (1965), 29-44, pp. 35-38, y J. Serrano Carvajal, op. cit., pp. 45-54.

7. J. Serrano Carvajal, op. cit., p. 62.

8. J. Montalvo Correa, Fundamentos de Derecho del Trabajo, Madrid, 1975, pp. 74-76.

9. M. C. Russomano, “El trabajo en el derecho romano”, Derecho del Trabajo (en adelante, DT), 28 (1968), 5-12.

10. M. García Fernández, en La formación del Derecho..., p. 83. 

11. A. R. de Grijalba, El Contrato de Trabajo ante la Razón y el Derecho. Las Leyes del Trabajo Industrial. Sindicatos profesionales-Pactos colectivos, Madrid, 1922, p. 66.

12. J. Beneyto Pérez, “Regulación del trabajo en la Valencia del 500”, Anuario de Historia del Derecho Español, 7 (1930), pp. 183-310.

13. A. R. de Grijalba, op. cit., p. 66.

14. Véase J. Enrique Marc, El Derecho Laboral en la Legislación de Indias, DT, 29 (1969), 5-22; J. Serrano Carvajal, op. cit., pp. 55-62, o M. García Fernández, op. cit., p. 73.

Es investigador de la Universidad de Valencia, España.

Tomado de: uv.es

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