La Gaceta Jurídica

Aproximación al Derecho del trabajo desde la historia del Derecho

(Parte final)

Foto: e-ducativa.catedu.es

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Carlos Tormo Camallonga

15:32 / 05 de mayo de 2016

Liberalismo

Hay una regulación jurídica del trabajo ajeno, dependiente y retribuido, solo que, salvo interpretaciones muy particulares, bajo los títulos del Derecho real o del Derecho corporativo.

El Derecho del trabajo nació cuando el sistema productivo era regulado por los principios jurídicos dimanantes de la revolución burguesa; libertad e igualdad, esencialmente. Dogmas recogidos en la Declaration des droits de l ́homme et du citoyen francesa de 1789 y en toda constitución posterior que se preciara.

Ya no hay títulos jurídicos de apropiación del trabajo ajeno dentro del Derecho real, sino del Derecho de contratos y obligaciones. Ya no podremos hablar de la propiedad o el arrendamiento de cosas, mucho menos de personas, sino solo de obras o servicios.

Por lo tanto, a los historiadores del Derecho no nos es suficiente la definición de muchos laboralistas de que el Derecho del Trabajo es, en esencia, el derecho especial de los trabajadores dependientes o la ordenación jurídica del trabajo asalariado o prestado por cuenta ajena.

Estas prestaciones, aunque residualmente, se daban con anterioridad entre propietarios y jornaleros, braceros o artesanos libres. No podemos contentarnos con una definición meramente descriptiva que haga referencia solo al objeto de la prestación, sino que los elementos subjetivos –la voluntad de las partes– adquieren un papel tanto o más importante.

El Derecho del trabajo, como disciplina jurídica autónoma, es consecuencia, al menos en sus orígenes, de la Revolución Industrial y la implantación del sistema capitalista de producción. Es decir que, presupuesta la igualdad jurídica de los ciudadanos, debemos buscar el verdadero sentido o la razón de ser objetiva, la verdadera causa del nacimiento de normas jurídicas diferentes a las que existían en alguna realidad fáctica que apareció por el sistema productivo y que antes era desconocida.

Se trata del tan aludido conflicto social; el conflicto entre el trabajo asalariado y el capital, entre el obrero y el patrono. Es el conflicto como base y fundamento del Derecho del trabajo. Es la cuestión social o cuestión obrera que tiene como base fundamental el desfase entre la oferta y la demanda de trabajo que se origina con la industrialización.

En palabras de José Mª Vilá, por largo tiempo se utilizó una comedida terminología que esconde la explotación sistemática de la clase trabajadora con la industrialización y el maquinismo propios del sistema capitalista; “cuando dos patronos van detrás de un obrero, los salarios suben, y cuando dos obreros van detrás de un patrono, los salarios bajan” (1).

Paralelamente, como dice Palacio Morena, “la ‘cuestión agraria’, que polariza gran parte de los debates públicos del siglo XVIII, conforme avanza el siglo XIX va a quedar paulatinamente subsumida, ya que no superada, en la denominada ‘cuestión social’” (2).

La cuestión social no es una construcción de la que se sirve la doctrina actual para mejor explicar la difícil realidad social de este periodo. Todo lo contrario, se trata de una realidad viva y continua en la mente de los sectores sociales implicados en esta época, autores, tribunales y legislador.

Adolfo Posada, en un estudio preliminar a El Derecho civil y los pobres, de Antonio Menger, convenía con este en la consabida idea –no por ello menos evidente– de que el Derecho civil clásico y sistemático, (...) como expresión literal de reglas que se estiman justas, descubre las hondas huellas del criterio egoísta del poderoso, que, concibiendo el derecho como la condición formal para el pacífico ejercicio del poder y dueño de la fuerza material –ejército, policía–, convierte la protección jurídica en protección predominante de sus intereses a cargo del Estado. El Derecho privado resulta del comentario del Profesor Menger cual si fuera hábil red de precauciones para mantener incólume una tradición de poder y de dominio: el poder y dominio de los ricos (3).

En 1915, José González Llana definía al Derecho Obrero como la “actividad jurídica del Estado llamada a intervenir, por consideraciones de interés social, en el régimen económico del trabajo” (4).

Si hasta la Segunda República el patrono se sentía enteramente representado en las Cortes, al trabajador le sucedía lo contrario. Si las armas de los primeros habían sido las leyes hechas a su medida o, mejor dicho, la ausencia programada de estas, las armas de los segundos, ausentes del panorama político en el que se tomaban las decisiones, eran mucho más directas y contestatarias, mucho más contundentes, en especial, manifestaciones y huelgas.

Así, el movimiento obrero y sindicalista cobró capital importancia. Fue el motor del Derecho del trabajo, de ahí que se convirtió en objetivo principal y extenso de todos los historiadores o juristas interesados en la historia del Derecho del trabajo. Considero que así sucedió hasta principios del siglo XX.

Con la consolidación del intervencionismo estatal en materia laboral, el parlamento afianzó su iniciativa dentro de la transformación social; pero aun así, sin que el condicionante obrero-sindicalista desparezca en ningún momento.

Visto lo anterior, una definición que fijó más propiamente el Derecho laboral como autónomo y diferenciado de las otras disciplinas jurídicas incluyó no solo el trabajo asalariado, sino el sistema de relaciones laborales. En 1948, por ejemplo, José Pérez Leñero, con cierta indeterminación de contornos, definió al Derecho del trabajo como “la rama del Derecho que estudia los principios y normas que rigen el hecho social trabajo, como fundamento de relaciones jurídicas que tienden a la realización de los fines individuales y sociales de los que lo realizan” (5).

Con las palabras “que rigen el hecho social trabajo”, no se habla del trabajo como factor de producción junto con el capital y la naturaleza, sino de algo más amplio, como cooperación, asociación o contrato, personal y libre, de factores para producir. Cuando se dice “como fundamento de relaciones jurídicas”, se intenta dejar al margen las relaciones extrajurídicas o morales que se derivan del hecho trabajo.

Con las palabras “que tienden a la realización de los fines individuales y sociales”, se amplía el ámbito de interacción de la disciplina desde las relaciones interpersonales hasta el concepto de justicia social en sentido general. Y con la expresión “de los que lo realizan”, se amplía el ámbito subjetivo de actuación de la norma, al incluir a los que toman parte del hecho social trabajo, es decir, el trabajador y el empresario.

Aunque en otros países europeos encontramos a principios del XIX normas jurídicas que conformarán el futuro Derecho del trabajo, estas normas se retrasaron en España hasta finales de ese siglo o principios del siguiente. Al inicio, lo único que prác- ticamente tenían de propio estas normas era la mera función policiaca: regulación de huelgas, trabajo de menores, jornadas laborales, etc.

Desde esta perspectiva estaba considerada como una parte del Derecho administrativo. Por otra parte, las instituciones que regularon habían formado parte del Derecho civil, de ahí que en muchas ocasiones se le haya calificado de Derecho especial frente a este –como sucedió con el Derecho mercantil– (6).

Como sector del ordenamiento jurídico unitario y diferenciado, el Derecho del trabajo se gestó en España durante los primeros años del siglo XX, consolidándose en tiempos de Primo de Rivera, y alcanzando su mayoría de edad en la Segunda República (7).

En 1931, Beneyto Pérez convenía con Castán Tobeñas en que eran indeterminados el ámbito, linderos y extensión del Derecho del trabajo. Debía distinguirse –decía– un Derecho laboral público que sería una sección del Derecho administrativo –también de reciente nacimiento–, de un Derecho laboral privado, que vendría a ser la aplicación de la teoría del Derecho profesional a las clases trabajadoras (8).

Era una reacción contra el espíritu del Derecho civil, en cuanto que este, al reconocer solo a las “personas”, desconocía la figura y la realidad social del trabajador y del patrono. El Código Civil español solo veía multiplicidad de contratos entre un mismo empresario y diversos asalariados no ligados unos a otros por ningún vínculo jurídico. En cambio, el Derecho obrero suponía mayor acercamiento a la vida real (9).

En nuestros días, para Alonso Olea el Derecho del trabajo es un sector autónomo, entre otros motivos:

a) Porque descansa sobre una realidad social singular y diferenciada, sobre una conducta de gentes claramente distinta de las demás en la trama de relaciones sociales de que se compone el vivir comunitario;

b) Porque esta realidad social que sirve de soporte al Derecho del trabajo es trascendental o crítica, de manera que el vivir de la sociedad ya no se entiende sin ella;

c) Porque han existido poderosas fuerzas sociales que provocaron el proceso de diferenciación que ha desembocado en la realidad diferenciada;

d) Porque el Derecho del trabajo surgió de esta realidad y, operando sobre ella, se diferenció de los sectores del ordenamiento jurídico;

e) Porque los elementos que han servido de base a la diferenciación –sujeto, relación u objeto– han experimentado el proceso de especificación;

f) Porque el Derecho del trabajo tiende a la expansión y a la reinterpretación desde supuestos de todo el mundo de lo jurídico (10).

En otras palabras, debemos cuestionarnos la realidad tradicional del Derecho del trabajo como el Derecho de la clase trabajadora. Aunque desde la estricta perspectiva jurídica no podemos considerar el Derecho del trabajo como un Derecho subjetivo, sociológicamente se le ha considerado así, como el Derecho de la clase trabajadora, de los obreros, de la misma manera que revela un estado económico propio, el industrialismo.

Hasta bien entrado el siglo XX, hasta el triunfo del intervencionismo estatal en materia laboral, cada ley obrera era considerada una conquista arrancada a los patronos o como una concesión graciosa de estos; como triunfo de una clase sobre otra (11).

De hecho, Castán Tobeñas expuso en 1931 las tres características constitutivas del Derecho laboral: a) tener una orientación intervencionista; b) venir dominado por espíritu cosmopolita; y c) haber surgido como legislación de clase, refiriéndose a una categoría de ciudadanos.

Aunque hasta ahora nos hemos referido a la Revolución industrial y a las relaciones laborales que tienen lugar en el marco de la industria, el capitalismo que dio pie al nacimiento del Derecho laboral también afectó al mundo agrícola, donde los inventos modificaron sustancialmente el sistema de explotación de la tierra y aumentaron de forma importante la producción.

Sin embargo, en un principio en España no sucedió exactamente lo mismo, debido, fundamentalmente, a la concentración de tierras en manos de la nobleza y de la iglesia. Estos estamentos sociales, despreocupados en general por la gestión, administración y por el óptimo aprovechamiento de las tierras, tenían otras aspiraciones y necesidades.

La abolición de los señoríos territoriales, la desvinculación de los mayorazgos, ni siquiera la desamortización de bienes civiles y eclesiásticos alteraron apenas esta situación. Contrariamente, las tierras continuaron concentradas en manos de pocos privilegiados –los nuevos burgueses o aliados con ellos–, que eran los únicos que tenían posibilidades de hacerse con ellas. Al menos, así ocurrió en la mayor parte del territorio (12).

En el orden jurisdiccional se esperó a las magistraturas de trabajo, ya en el régimen de Francisco Franco, para que el proceso y los tribunales de trabajo se integren a la jurisdicción ordinaria. Mientras tanto, solo cabe hablar de tribunales y procesos especiales: los Tribunales industriales de 1908 y 1912, los Comités paritarios y las Comisiones y los Jurados mixtos.

En otro orden de cosas, y de forma análoga a lo que sucede con el Derecho administrativo, el Derecho del trabajo se caracterizó en España por su frustrada codificación (13).

Las razones son similares. Se trata de sectores del ordenamiento jurídico que llegaron a la madurez exigible para su codificación en un momento en que empezó a revelarse, más que los defectos, la insuficiencia de la técnica codificadora. Con buen criterio técnico, la necesidad de la rápida adaptación del Derecho laboral a las condiciones sociales, que se han revelado tan cambiantes desde el nacimiento de esta disciplina, es incompatible con la formación de grandes cuerpos normativos con pretensión de larga permanencia. Aun así, se intentó en varias ocasiones.

Reflejo del variado contenido de esta rama del ordenamiento y, consecuentemente, de su disciplina académica, es su propia denominación, que no ha sido única ni indiscutible a lo largo de los años. Según se haya incidido en unos aspectos o en otros, y según la evolución de los tiempos y de los ordenamientos jurídicos, ha recibido los nombres de Derecho industrial, Derecho obrero, Derecho social o Derecho laboral, aunque la esencia de su contenido apenas variara.

Si en un principio, con la superación de la legislación proteccionista, el Derecho obrero era básicamente industrial, con el tiempo sus normas se extendieron a la agricultura y al sector servicios. Con clara vocación expansiva y desde cierto posicionamiento ideológico, hay algún autor que en 1933 dijo que el Derecho del trabajo “no es como el Derecho civil, propio de los ricos, ni como el penal, privativo de los pobres, sino que afecta a la masa general de todos los ciudadanos” (14).

Se ha impuesto esta última denominación, aunque ello no quiera decir, como hemos visto, que el trabajo en su totalidad sea objeto de regulación por el Derecho, ni siquiera por este sector en concreto. Solo, queda claro, cuando se reviste de las notas de retribución y ajenidad desde el acuerdo libre de voluntades.

Si la formación del Derecho del trabajo como propio y diferenciado resulta tardía en el tiempo, todavía resulta más tardía la atención que le han prestado los historiadores del Derecho. Así lo reconocía Juan Beneyto Pérez, en 1930, cuando estudiaba la regulación del trabajo en la Valencia del siglo XVI (15).

En los últimos años han aparecido interesantes y más amplias monografías, pero se echa de menos una construcción más global, o menos sectorial; tal vez una visión más doctrinal y no tan descriptiva. Así es que, desde la perspectiva histórico-jurídica, se trata de una dedicación a todas luces insuficiente.

Posiblemente, los historiadores del Derecho todavía no hemos asumido plenamente el verdadero alcance que los movimientos obreros y la primera legislación laboral han tenido en la configuración de la política y del ordenamiento jurídico actuales. Trascendencia que, paradójicamente, era vista por los propios coetáneos.

Bernaldo de Quirós, auxiliar del Instituto de Reformas Sociales, manifestaba en 1913, no sin cierta pasión y literatura, que “el levantamiento del proletariado constituye el episodio más grande e interesante de la edad contemporánea, epopeya que anula las epopeyas clásicas, aunque haya carecido de un Homero” (16).

También es cierto que el parvo interés de los historiadores del Derecho hacia el fenómeno laboral no deja de enmarcarse en la escasa atención que tra- dicionalmente se le han concedido a los siglos XIX y XX. Parece que las cosas están cambiando, aunque todavía no lo suficiente.

Al contrario, es copiosa la bibliografía dedicada a la Revolución agrícola y, esencialmente, a la industrial, como motor de las transformaciones económicas y sociales, y la dedicada a las cuestiones sociales, a los sindicatos y a los movimientos obreros y, cómo no, a la Revolución burguesa en general.

Como Bartolomé Clavero afirma, “sobra historia social y falta historia jurídica” (17).

Notas

1. A. Jutglar, La era industrial en España, Barcelona, 1963, p. 100.

2. J. I. Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924), Madrid, 1988, p. 4.

3. A. Posada, El Derecho y la cuestión social, en A. Meger, El Derecho civil y los pobres, Madrid, 1898, pp. 5-67, en concreto, p. 22. Véase también Z. Rodríguez y Porrero, “Características más salientes en nuestra jurisprudencia sobre materia social”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia (en adelante RGLJ), 156 (1930), 258-272.

4. J. González Llana, “La substantividad del Derecho obrero”, RGLJ, 126 (1915), pp. 216-229, y 127 (1915), pp. 67-85, en concreto, tomo 126, pp. 216-217. 

5. J. Pérez Leñero, Teoría general del Derecho español de trabajo, Madrid, 1948, pp. 19-21.

6. J. Pérez Leñero, op. cit., pp. 38-39.

7. R. Fernández Villaverde, “La cuestión social y el Derecho civil”, RGLJ, 97 (1900), 365-388; 98 (1901), 181-144 y 361-381; y 99 (1901), 78-119. Discurso leído como presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el 17 de noviembre de 1900, en la sesión inaugural del curso 1900-1901.

8. J. Beneyto Pérez, “La construcción histórica del derecho del trabajo”, RGLJ, 158 (1931), 390-408, pp. 390-391.

9. Este mayor acercamiento a la vida real no solo tenía lugar en el ámbito normativo sino también en el jurisdiccional; J. Pérez Serrano, La organización y el funcionamiento de los Tribunales de Trabajo en la legislación comparada, y su posible aplicación a España, Madrid, 1936, pp. 5 y 6.

10. J. Serrano Carvajal, “La codificación del Derecho del Trabajo en España”, RPS, 135 (1982), 45-62, p. 50.

11. E. Dato, “Significado y representación de las leyes protectoras del trabajo”, RGLJ, 114 (1909), 5-28, pp. 18 ss.

12. A. Merchán, “Los primeros ataques legislativos limitadores de la gran propiedad privada de la tierra generada por la revolución liberal: los proyectos de reforma agraria de principios del siglo XX de Canalejas y de Dato-Lizárraga”, Anuario de Historia del Derecho Español, LXIX (1999), 91-144.

13. J. Serrano Carvajal, op. cit., pp. 45-62, y M. D. Monzón, “Reflexiones sobre la codificación del Derecho del Trabajo”, DT, 17 (1957), pp. 673-702.

14. Palabras, ésta últimas, de C. Aragoncillo en A. Fabra Ribas, Manual de legislación social, Málaga, 1933. González García decía en 1926, que “todos los obreros manuales de la industria suelen estar sujetos a la remuneración del salario; no todos los trabajadores de la agricultura recogen, sin embargo, un estipendio”, mientras que para Álvarez Álvarez, en 1933, y con un claro afán expansivo, “en el lenguaje corriente, y en el tecnicismo jurídico, obrero equivale al extenso concepto legal de trabajador”; véase L. E. De la Villa, “El Derecho del Trabajo en España, durante la Segunda República”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, núms. 34, 35 y 36 (1969), pp. 238-239. Véase también J. Pérez Leñero, Teoría general del Derecho..., pp. 12 ss.

15. J. Beneyto Pérez, op. cit., pp. 183-310. El mismo parecer tenía M. García Venero, véase en “Los problemas básicos y urgentes de la historia social española contemporánea”, RT, 1960, I, 58-65.

16. C. Bernaldo de Quirós, “El Instituto de Reformas Sociales”, RGLJ, 122 (1913), 209-216, p. 209.

17. B. Clavero, “Institución de la reforma social y constitución del Derecho del Trabajo”, Anuario de Historia del Derecho Español, LIX (1989), 859-884, p. 872.

Es investigador de la Universidad de Valencia, España.

Tomado de: uv.es

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