La Gaceta Jurídica

Aproximación internacional al nuevo Código de Procedimiento Civil

(Parte II)

Foto: pond5.com

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Carlos Esplugues Mota

00:00 / 05 de agosto de 2014

Soluciones previstas en el CPC boliviano en relación con las situaciones que presentan un elemento de extranjería

En este entorno se aprueba el nuevo Código de Procedimiento Civil (cpc) del Estado Plurinacional de Bolivia. Una oportunidad única para modernizar el sistema procesal civil boliviano y para avanzar en la conformación de un auténtico modelo de Derecho internacional privado (dipr) para el país.

Si bien el cpc, en su proyección internacional, se focaliza por su propia naturaleza en el ámbito de los denominados conflictos de jurisdicciones y en lo referente a la eficacia extraterritorial de las resoluciones judiciales, obviando la dimensión de los llamados conflictos de leyes (1), no deja de ser un instrumento de enorme magnitud a la hora de coadyuvar a la conformación de un modelo de dipr amplio, integrado y adaptado a las necesidades de los justiciables.

Ahora abordaremos las respuestas aportadas en el mismo en relación con las situaciones de tráfico externo y lo haremos desde una doble dimensión: analizaremos las concretas soluciones incorporadas en el Código en relación con las cuestiones de dipr que se generan en su ámbito y lo haremos valorando de forma crítica si realmente el Código ha sabido aprovechar esta oportunidad histórica o si estamos ante una posibilidad perdida y, en caso de ser así, en qué grado. Todas estas aportaciones se realizarán a partir de dos premisas bien claras que nos interesa resaltar.

En primer lugar, nos movemos exclusivamente en el ámbito de le técnica jurídica; nos limitamos a valorar si la tarea llevada a cabo por el legislador es correcta desde un punto de vista técnico-jurídico. En segundo, que esta valoración es puramente académica y no política y se realiza desde el respeto más absoluto a la independencia del poder legislativo, con la exclusiva voluntad de coadyuvar a lograr una mayor perfección de las soluciones elaboradas por aquel.

La regla de base sobre la que se articula todo el modelo es la recogida en el art. 492 cpc, primera del Capítulo I –“Disposiciones generales” del Título VIII, “Cooperación Judicial Internacional” del nuevo Código en el que se afirma que cuando “un conflicto tenga que resolverse conforme a normas del Derecho Internacional y no existiere tratado o convención aplicable, las autoridades judiciales sustanciarán y resolverán el caso de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El precepto es positivo en cuanto recuerda la prevalencia de las normas internacionales que vinculan a Bolivia sobre las disposiciones internas y se encuentra en línea con lo señalado en el art. 257.I de la propia Constitución. Sin embargo, su redacción un tanto alambicada plantea algunas dudas en relación con su finalidad última, dado que no queda claro el sentido atribuido al término “Derecho internacional”.

De la lectura del artículo se derivan dudas sobre si a través de esta expresión se hace referencia a situaciones cubiertas por las normas de Derecho internacional privado bolivianas o por el Derecho internacional público (dip). En el primer caso el mandato quedaría bastante claro. Si se trata de una situación con elementos de extranjería hay que aplicar las normas de dipr de origen convencional que por mandato constitucional tienen fuerza de ley en el Estado Plurinacional. Si no existen reglas de origen convencional, hay que estar a lo dispuesto en la normativa interna boliviana.

Si optamos por atender al tenor estricto del precepto estaríamos hablando de situaciones que encuentran regulación en el ámbito del Derecho internacional público y que pudiendo existir convenios reguladores de la cuestión, éstos no vinculan a Bolivia lo que conduce a la aplicación de la normativa interna boliviana. Esta última solución es redundante por obvia y resultaría discordante con el objeto del Título VIII cpc que refiere a la cooperación judicial internacional, una materia típica del dipr. Por lo que cabría optar por la primera interpretación de las dos valoradas, por mucho que desatienda el tenor literal de la norma.

A partir de esta idea de base cabe afirmar como punto de partida que el Código ofrece soluciones interesantes y novedosas a cuestiones relevantes del proceso con elementos de internacionalidad y que en tal sentido merece una valoración positiva. Sin embargo, sigue sin incorporar las bases de un modelo global en relación con el proceso civil internacional y adolece de una cierta falta de depuración técnica y de ciertos errores de enfoque importantes que requieren de una pronta reforma; por ejemplo, en el ámbito de la eficacia de las medidas cautelares adoptadas por juez extranjero.

Si bien, insistimos, las novedades son variadas e importantes, de alguna manera su lectura deja un cierto sabor agridulce. Se tiene la sensación de que se ha avanzado con la percepción de que no todo lo que se podría haber avanzado. Conviene, en definitiva, que lo aproximemos en profundidad con vistas a resaltar los datos positivos y buscando facilitar al legislador los extremos que podrían ser objeto de reforma en el futuro con objeto de lograr mayor perfección técnica de las soluciones pergeñadas. En esta tarea vamos a centrarnos en el modelo de competencia judicial internacional para pasar a abordar la problemática del proceso con elementos de extranjería y concluir con el tratamiento de la eficacia en Bolivia de las resoluciones judiciales extranjeras.

1. Normas de competencia judicial internacional

A) Introducción

“La resolución de todo litigio entre partes exige, en Derecho, de un tribunal competente y de un Derecho aplicable” (2). En el caso de una disputa vinculada con un Estado, las partes presentarán habitualmente la demanda ante los tribunales de este concreto Estado y éste procederá a aplicar su propia normativa. No existen dudas sobre qué órgano jurisdiccional vaya a conocer y la ley que aplicará.

Por el contrario, la situación en aquellas ocasiones en que existen elementos de internacionalidad presentes en la disputa es notablemente diferente y exige del legislador y del operador jurídico un proceder distinto. En el caso de que el litigio suscitado cuente con un elemento de internacionalidad, esta doble cuestión adquiere un significado particular en cuanto que con anterioridad a la determinación de cuál sea el específico órgano jurisdiccional competente habrá que valorar si el conjunto de órganos jurisdiccionales de un Estado cuentan con competencia judicial internacional para conocer del mismo (3).

A la hora de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de un litigio con elementos de extranjería existen dos pasos y sólo el segundo se produce en los casos de litigios estrictamente internos. En primer lugar, ante una disputa con vinculación con más de un ordenamiento jurídico habrá que plantearse si el conjunto de órganos jurisdiccionales del Estado cuenta con competencia judicial internacional para conocer de este litigio; en otras palabras, si puede ejercer su potestad jurisdiccional en relación con ellos. Éste es un presupuesto necesario para del proceso.

Sólo una vez que se verifique este presupuesto se procederá a determinar –segundo– cuál de entre los órganos jurisdiccionales patrios es el competente territorial y funcionalmente para resolver la disputa. En otras palabras, trasladado a nuestra realidad nacional, antes de conocer que específico órgano jurisdiccional boliviano es competente de acuerdo con las normas de competencia interna del cpc habrá que verificar si el conjunto de órganos jurisdiccionales del Estado Plurinacional de Bolivia posee competencia judicial internacional para conocer de ese concreto litigio.

Será pues imprescindible determinar cuál es la extensión y límites de la jurisdicción boliviana, esto es respecto de que materias y litigios se ve atribuida la potestad jurisdiccional el conjunto de órganos del país. Sólo si se recibe una respuesta positiva a esta cuestión de naturaleza previa cabrá plantearse qué concreto órgano jurisdiccional boliviano será competente para conocer del litigio suscitado.

Lamentablemente, la lectura del cpc parece poner de manifiesto una falta de conciencia del legislador nacional al respecto. El nuevo Código reproduce la situación de falta de soluciones al respecto, que ya se hacía patente en el anterior cpc. El nuevo texto, como ya hacía el anterior, se limita a diseñar normas de competencia judicial interna, sin aportar un modelo armonizado de normas de competencia judicial internacional, asumiendo, aparentemente, que los tribunales bolivianos pueden conocer todas las disputas planteadas ante ellos respecto de todo tipo de materias y litigios, independientemente de donde se hayan suscitado y el nivel de vinculación que mantengan con Bolivia.

B) La noción de competencia judicial internacional

Tal como señala José Luis Iglesias, a la hora de abordar cualquier modelo de competencia judicial internacional es necesario diferenciar entre las nociones de “jurisdicción” y “competencia” (4).

1. La “jurisdicción” fue definida en varias constituciones españolas del período liberal como la potestad de juzgar y de hacer que se ejecute lo juzgado. Una potestad que históricamente se ha atribuido de forma genérica al conjunto de juzgados y tribunales estatales.

2. La “competencia”, sin embargo, es la específica facultad de los juzgados y tribunales para entender de determinados asuntos.

En el ámbito del dipr ambos términos se entremezclan y se hace así mención genérica a la noción de “competencia judicial internacional” (5). Hablar de la competencia judicial internacional de los tribunales de un Estado supone referir al alcance y límites del ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado por parte de éstos. Esta cuestión que tradicionalmente no se suscita al confrontar una situación estrictamente interna surge, sin embargo, cuando se plantea ante los tribunales patrios un litigio con elementos de extranjería.

En estos casos no se puede proceder a verificar qué concreto órgano jurisdiccional goza de “competencia” para conocer de la disputa suscitada en el territorio nacional si previamente no se verifica si el conjunto de órganos jurisdiccionales del país disfruta de “jurisdicción” sobre la disputa suscitada; en otras palabras, si poseen “competencia judicial internacional” en la materia (6).

La competencia judicial internacional de los tribunales estatales –esto es la extensión y límites de la jurisdicción nacional– viene fijada libremente por el legislador estatal (7). Las normas de competencia judicial internacional precisan la extensión y los límites de la jurisdicción de un Estado, el ámbito material respecto del que se ejercita la función jurisdiccional cuando estamos ante situaciones que presentan elementos de extranjería. Cuentan, por lo tanto, con una naturaleza unilateral –se refieren al ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte de los tribunales del Estado que las promulga– y territorial –en cuanto son normas procesales–. Son normas, además, exclusivas, el juez estatal no puede fundamentar su competencia en ninguna otra norma extranjera (8).

Como decimos, cada Estado cuenta con una vasta capacidad a la hora de diseñar su modelo de competencia judicial internacional u optar por no incorporar modelo alguno. Esta libertad, empero, viene condicionada por la ya mencionada imposibilidad de diseñar normas que atenten contra la Constitución del Estado Plurinacional y contra los Derechos Fundamentales de la persona y de respetar las normas de dipr sobre inmunidad de jurisdicción y ejecución (9).

Junto a ello, además, el entramado normativo diseñado ha de asegurar un nivel mínimo razonable de realismo y conexidad entre el tipo de disputas cubierto y las normas de competencia judicial diseñadas por el legislador. Esto implica que los tribunales de un Estado –Bolivia– sólo deberían conocer de aquellas disputas que tengan un grado suficiente de vinculación con el país.

El hecho de que cada Estado pueda articular su propio modelo de competencia judicial internacional y de que éste, por otra parte, cuente con una naturaleza unilateral permite un solapamiento entre las soluciones articuladas por los diversos Estados, favoreciendo los llamados conflictos positivos y negativos de jurisdicción. Esto es que los tribunales de diferentes naciones se puedan considerar competentes, según sus propias reglas de competencia judicial internacional para conocer de un mismo asunto o, por el contrario, que ninguno prevea asumir competencia respecto de la disputa planteada.

Ésta es otra razón, junto con la del aseguramiento de la eficacia extraterritorial de las sentencias dictadas en Bolivia, que favorece el diseño de un modelo de competencia judicial internacional basado en el principio de vinculación razonable entre los tribunales bolivianos y los asuntos que eventualmente se puedan plantear ante ellos.

C) Extensión y límites de la jurisdicción boliviana

El análisis de las soluciones previstas en el nuevo cpc en relación con las normas de competencia judicial internacional pone de manifiesto la ausencia de las mismas. Igual que ocurre en el hasta ahora vigente cpc, el nuevo texto de 2013 no incorpora normas de competencia judicial internacional alguna, limitándose a incorporar disposiciones referidas exclusivamente a la competencia interna. Ello es especialmente llamativo por cuanto el propio legislador boliviano es consciente de la existencia de estas normas al establecer en su art. 505.I.4 cpc como uno de los requisitos a cumplir por parte de las resoluciones extranjeras cuando se pretende su reconocimiento y ejecución en Bolivia que el órgano del que emane “tenga jurisdicción en la esfera internacional para asumir conocimiento de la causa” de acuerdo con la normativa del juez de origen.

Esto es que tenga competencia judicial internacional, excepto “que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de autoridades judiciales bolivianas”. Se exige de los legisladores extranjeros incorporar normas sobre ejercicio de la jurisdicción “en la esfera internacional” –normas de competencia judicial internacional– si se desea que las resoluciones por ellos dictadas produzcan efectos en el Estado Plurinacional.

No obstante, el legislador boliviano obvia incorporar estas normas de competencia judicial internacional en su propia normativa. Ello no sólo supone una oportunidad perdida, es que –bilateralizando la regla del art. 505.I.4 del cpc boliviano– puede negativamente afectar al reconocimiento de las sentencias bolivianas fuera del territorio del Estado Plurinacional.

Esta situación resulta poco positiva y debería ser objeto de revisión en una futura reforma del cpc, máxime si consideramos que las soluciones recogidas en relación con este punto por los tratados que vinculan a Bolivia son muy poco sofisticadas y viables desde un punto de vista material, amén de vincular a un número muy reducido de países desde una perspectiva geográfica (10).

Si aproximamos el texto del cpc observamos que el art. 10 “carácter y alcance” (de la “jurisdicción y competencia”, rúbrica del Capítulo II del Título II) se limita a afirmar que la “función jurisdiccional es indelegable y alcanza el territorio de todo el Estado”. Nada dice sobre el ámbito material del ejercicio de la función jurisdiccional. Esto es sobre si se refiere a situaciones internas o internacionales; acerca de si abarca a todos los litigios que se puedan plantear ante los tribunales bolivianos, independientemente de quien sea quien los suscite, de entre quienes hayan surgido o de donde se hayan producido o si queda limitada sólo a alguno de ellos, vinculados de una u otra manera con Bolivia.

Este silencio no se ve colmado por el tenor del art. 11 loj (Ley del Organo Judicial), que se limita a señalar qué se entiende por jurisdicción, de dónde emana y por medio de quién se ejerce, pero no respecto de qué materias se ejercita.

La lectura del art. 10 cpc parece apoyar la idea de que el legislador no se ha planteado la cuestión de la extensión y límites de la jurisdicción boliviana. Reflejo de ello es que el art. 11 cpc se limita a afirmar la determinación de la competencia judicial –interna– de los tribunales bolivianos, recordemos, un paso condicionado en aquellas ocasiones en que existan litigios con elementos de internacionalidad a la previa verificación de la existencia de competencia judicial internacional por parte del conjunto de órganos jurisdiccionales del Estado Plurinacional, se realizará por razón de la materia y territorio –art. 11.I cpc– o de la instancia –art. 11.II cpc–. Para nada se habla de la presencia de un posible elemento de internacionalidad en la disputa suscitada.

En línea con lo anterior, el art. 12 cpc diseña las reglas de competencia territorial interna obviando cualquier referencia a la presencia de elementos de extranjería en la disputa. Así el precepto se limita a distinguir entre demandas con pretensiones reales o mixtas, con pretensiones personales y sucesiones (11).

Continuará

Notas

1. Aunque se observa la existencia de algunos preceptos del CPC que abordan cuestiones que técnicamente incardinarse dentro del ámbito de los conflictos de leyes, vid. al respecto II.2.C) infra.

2. Iglesias Buhigues, J.L. “La competencia judicial internacional: el modelo español de competencia judicial internacional de origen institucional”, en Esplugues Mota, C., e Iglesias Buhigues, J.L. Derecho internacional privado, 7ª ed. Valencia (2013): Tirant lo Blanch, 91.

3. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez. F. Derecho Procesal Civil internacional. Litigación internacional, 2ª ed. Cizur Menor (2007): Civitas-Thomson, 53 y ss.

4. Iglesias Buhigues, J.L. op. cit., cit., 101.

5. Considérese al respecto, Garau Sobrino, F. Los acuerdos internacionales de elección de foro. Madrid (2008): Colex, 19 y ss.

6. Vid., Garau Sobrino, F. Los acuerdos internacionales, cit. 21. Al respecto, y en relación específicamente con Bolivia, vid. Prudencia Cossío, J. Curso, cit. 351.

7. Iglesias Buhigues, J.L. op. cit., cit., 97-99; Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez. F. op. cit., cit., 50-52.

8. Nótese, Prudencia Cossío, J. Curso, cit., 343.

9. Vid. Salazar Paredes, F. Derecho internacional privado, cit., 829-830. Con carácter general, Iglesias Buhigues, J.L. op. cit., cit., 94-96.

10. Nótese al respecto Prudencia Cossío, J. Curso, cit., 347 y ss.

11. Algo que se encuentra en línea con lo dispuesto ya en el hasta ahora vigente CPC, vid. Salazar Paredes, op. cit., cit., 827

Es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia (España). Actualmente es Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Tomado de: Revista Boliviana de derecho Nº 18,  julio de 2014. El artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación MEC-DER2010-17126, “La experiencia del arbitraje y la mediación en los sistemas anglosajones y asiáticos y su incorporación en el nuevo modelo de justicia española del siglo XXI”

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