La Gaceta Jurídica

Aproximación internacional al nuevo Código de Procedimiento Civil

(Parte III)

Foto: aldiaargentina.microjuris.com

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Carlos Esplugues Mota

00:00 / 08 de agosto de 2014

Debido a su propia condición, estas normas de competencia judicial interna cuentan con un marcado carácter unilateral que suscita algunos problemas de aplicación cuando el modelo es aplicado a las situaciones que presentan elementos de internacionalidad.

Por ejemplo, el apartado 1 del art. 12 del Código de Procedimiento Civil (cpc) afirma que respecto de demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general será competente la autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el bien litigioso o el del domicilio de la parte demandada. Hemos de asumir, a pesar del silencio de la norma al respecto, que ello será siempre y cuando ese bien se encuentre en el territorio de Bolivia o el domicilio de la demandada radique en el Estado Plurinacional.

La cuestión es ¿y si el bien y el domicilio de la demandada estuvieran fuera del territorio de Bolivia pero la demanda se suscita ante nuestros tribunales? Pensemos en un contrato de arrendamiento de un inmueble radicado fuera de Bolivia o en relación con determinados bienes muebles… La respuesta es nítida: el modelo no toma en consideración a las situaciones con elementos de internacionalidad y. como consecuencia, la parte interesada no podría presentar su demanda en el nuestro país.

De forma consciente o inconsciente, el legislador boliviano no ha determinado la extensión y límites de la jurisdicción de sus tribunales, limitándose a diseñar únicamente normas de competencia territorial interna. Podría pensarse que el art. 13 loj (Ley del Órgano Judicial) permitiría solventar, un tanto, esta situación al admitir la extensión de la competencia por razón del territorio por consentimiento expreso o tácito de las partes. Sin embargo, por su propia naturaleza esta extensión viene referida en relación con un órgano jurisdicción del Estado Plurinacional, respecto de otro. No en relación con un tribunal de una jurisdicción foránea.

El resultado final de toda esta situación es potencialmente negativo. No sólo en la medida en que no se favorece una imagen de certidumbre jurídica sino, y fundamentalmente, porque la opción que subyace en el sistema diseñado en el cpc puede afectar a las expectativas jurídicas de los ciudadanos, máxime atendiendo al volumen de emigrantes con que cuenta Bolivia.

Ejemplo tipo: un matrimonio de bolivianos ha vivido fuera del país algún tiempo, hay una crisis matrimonial y una de las partes vuelve a Bolivia. El boliviano que ha vuelto no encontrará tribunal competente en Bolivia ante el que solicitar la demanda de divorcio al amparo de las reglas del art. 12 cpc. Deberá solicitar el divorcio fuera del territorio, con el coste y dificultades que eso genera y, una vez el proceso concluya, se encontrará con una sentencia extranjera de divorcio cuyo reconocimiento y ejecución deberá solicitar en Bolivia, generando costes económicos adicionales, pérdida de tiempo e incertidumbre personal.

Como excepción a esta situación y reflejando que el legislador es consciente de la relevancia que en ocasiones posee la presencia de un elemento de internacionalidad en la relación o situación jurídica objeto de disputa, el apartado 3.b del art. 12 cpc curiosamente toma en consideración, a efectos de determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales bolivianos, la presencia de un potencial elemento de extranjería en relación específicamente con las sucesiones. En este caso el legislador aporta una respuesta que considera la presencia de un dato de internacionalidad.

Pareciera que en relación con esta peculiar problemática el legislador desea asegurar la existencia de un órgano competente para conocer de las sucesiones, presumiblemente de bolivianos, acaecidas en el extranjero. Lo hace aportando una norma no bien redactada que combina una regla de competencia judicial internacional con otra de competencia territorial interna.

En este sentido, precisa que en el supuesto de que el fallecimiento de una persona hubiera ocurrido en el extranjero serán competentes los tribunales bolivianos si dicha persona hubiera tenido su domicilio real en Bolivia con anterioridad al deceso o existieran bienes del causante en el país.

Radicando el domicilio real del causante antes del deceso en Bolivia o existiendo bienes en el Estado Plurinacional, el conjunto de órganos jurisdiccionales bolivianos podrá conocer del eventual litigio. Seguidamente, y asumida la competencia judicial internacional por el conjunto de órganos jurisdiccionales bolivianos en relación con una disputa en relación con este tipo de cuestiones, habrá que determinar cuál órgano jurisdiccional sería competente para conocer de la acción. Se entiende, al amparo del art. 12.3.b cpc, que el del lugar del último domicilio real del causante en Bolivia o cualquier otro en que se hallen bienes del causante –asumimos que– dentro del territorio.

En caso de no existir el domicilio real o bienes del causante el conjunto de órganos jurisdiccionales del Estado Plurinacional carecerá de competencia judicial internacional –primer paso– y no habrá órgano jurisdiccional competente para conocer del eventual litigio –segundo paso–.

La solución incardinada en relación con las sucesiones encuentra su antecedente lógico en el art. 1492 cdc en relación con la quiebra de una sucursal de una sociedad extranjera: en dicho caso, el apartado II del precepto atribuye la competencia al juez del lugar del establecimiento de la sucursal boliviana, “sin consideración de la competencia de jueces extranjeros”. Este antecedente pareciera favorecer el carácter expansivo de la jurisdicción boliviana en relación con estos supuestos de procedimientos con naturaleza universal.

La norma es interesante por cuanto refleja en el cpc de 2013 la conciencia sobre la necesidad de tomar en consideración la existencia de un elemento de internacionalidad en la situación objeto de litigio a efectos de diseñar la extensión y límites de la jurisdicción boliviana. Sin embargo, y siendo esto positivo, no por ello la regla incardinada estaría exenta de algunas críticas. Destaquemos dos:

1. Primero, el hecho de que el precepto refiera directamente a la presencia de bienes sin especificar su localización en el territorio boliviano no hace sino poner de manifiesto una vez más la escasa trascendencia atribuida al factor internacional por el cpc. Es lógico que sean competentes los tribunales bolivianos cuando los bienes se encuentran en el territorio nacional. Es más, la norma de competencia territorial interna sólo podría jugar si efectivamente existen bienes en el país.

2. Segundo, y no por ello de menos trascendencia, hay que valorar hasta qué punto los criterios de competencia utilizados son acertados.

A) La sucesión constituye un fenómeno universal que afecta a todos los derechos y obligaciones del causante. En el caso de sucesiones internacionales, éste es muy probable que pueda tener bienes en diversos países. Atribuir competencia a los tribunales en materia sucesoria con base en la mera presencia de bienes sucesorios en el país, sin especificar el tipo o naturaleza de éstos, no sólo plantea problemas de racionalidad en la vinculación entre la sucesión y los tribunales de Bolivia: ¿una pequeña parte de un inmueble sería suficiente para asumir competencia respecto de toda la sucesión, siendo que la mayoría del patrimonio del causante se encuentra, por ejemplo, en Argentina o España? Sino que puede generar graves riesgos a la hora de articular en la práctica el ejercicio de la competencia, dado que –aunque nada diga la norma– la competencia asumida lo sería respecto de todo el patrimonio y derechos del causante, con independencia de donde se encuentre éste, amén de presentar graves problemas en relación con la posible ejecución en el lugar donde se encuentre el patrimonio del deudor de la sentencia dictada por tribunales bolivianos.

B) Junto a ello, hablar de domicilio real en Bolivia antes del fallecimiento puede afectar a las expectativas del cónyuge supérstite que, como ocurre en muchas ocasiones, permaneció en el Estado Plurinacional. Si el fallecido partió hace muchos años y se entiende que no tiene bienes en Bolivia y su domicilio real tampoco radica aquí, se podría dar el caso de que el cónyuge supérstite tenga que litigar fuera del territorio para hacer valer sus derechos sucesorios.

Siendo lo anterior relevante, la ausencia de un sistema articulado de normas de competencia judicial internacional en el nuevo cpc supone ocasión para racionalizar y aclarar el modelo boliviano de Derecho Internacional Privado (dipr) en unos momentos en que la sociedad y la economía de Bolivia se encuentran internacionalizadan como nunca antes.

Las incertidumbres que puede generar el modelo recaerán sobre las partes en forma de incomodidades, mayores costos y limitación de su derecho a la tutela judicial efectiva, amén de afectar al reconocimiento de las decisiones dictadas en Bolivia fuera de las fronteras y, en el ámbito concreto de los negocios, favorecerá el recurso a medios alternativos a la justicia estatal.

En línea con esta ausencia de normas de competencia judicial internacional de que adolece el cpc nada se dice en éste acerca de litispendencia internacional, de la conexidad internacional o del control de la competencia judicial internacional, bien a instancia de parte o de oficio por el juez (1).

El proceso con elementos de extranjería

El proceso desarrollado ante los tribunales de un Estado se regula por las normas procesales de dicho Estado. Es un principio procesal básico mantenido en el plano comparado, plenamente acorde con el carácter territorial y unilateral de las normas procesales (2). Y que, en el caso de Bolivia, se reconoce de forma taxativa en el art. 493.I cpc en el que con meridiana claridad se afirma que los procesos sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales de Bolivia “se sustanciarán conforme a las normas procesales bolivianas en vigencia”.

Esta solución está en plena coherencia con el mandato del art. 5 cpc en el que se afirma el carácter de “orden público” de las normas procesales y su obligado acatamiento por la autoridad judicial, las partes y los terceros; con la única excepción de aquellas normas que aun siendo procesales cuentan con un “carácter facultativo por referirse a intereses privados de las partes”.

La presencia de un elemento de internacionalidad en el proceso iniciado ante los tribunales del Estado Plurinacional de Bolivia genera la aparición de un conjunto de cuestiones peculiares que requieren tratamiento propio y que refieren a la persona del extranjero como a la asistencia jurídica gratuita o a la cooperación jurídica internacional. Conviene abordarlas de forma separada.

A) El extranjero en el proceso

El proceso que pueda desarrollarse ante tribunales bolivianos con elementos de extranjería exige determinar cuál será el tratamiento que recibirá el extranjero en el seno del mismo. En concreto, verificar cuál será la ley que determine su capacidad para ser parte, su capacidad procesal y su legitimación (3).

El legislador nada dice al respecto. El art. 29 cpc, “Capacidad e incapacidad”, otorga potestad de intervenir en el proceso a “toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar”, pero nada señala en relación a cómo se va a verificar el cumplimiento de este requisito de contar con capacidad de obrar respecto de la parte extranjera. Con independencia del mandato de los arts. 7 y 8 cc y 5.2 cdc (4), en los que se hace referencia global al goce de los derechos civiles por parte de los extranjeros en Bolivia y a su capacidad de comerciar en el territorio, la práctica existente en relación con la capacidad procesal y para ser parte parece mantener soluciones diferenciadas en relación con las personas jurídicas y las físicas.

Con respecto a las primeras, el art. 413 cdc señala que la sociedad constituida en el extranjero de acuerdo con las leyes del lugar de su constitución viene regida por esas disposiciones en cuanto a su forma y existencia legal. Añade que, “(P)ara desarrollar actividades en Bolivia se le reconocerá capacidad jurídica, quedando sujeta a las normas de este Código y demás leyes de la República”. Esta norma, que se ve acentuada por el mandato del art. 414 cdc en relación con las sociedades constituida en el extranjero con objeto principal en Bolivia, permitiría salvar la ausencia de disposiciones en la materia en el nuevo cpc.

Distinta es la situación existente en relación con las personas físicas extranjeras. El amplio mandato del art. 3 cc favorecería una bilateralización de las exigencias sobre capacidad aplicable a los bolivianos respecto de los extranjeros. Esto es, aquellos extranjeros que gocen de capacidad de obrar de acuerdo con la normativa boliviana serían directamente considerados capaces a efectos civiles como –he aquí lo que interesa– en relación con el proceso desarrollado ante los tribunales del Estado Plurinacional.

Esta solución cuenta con el problema de una falta de base legal clara y plantea dudas respecto de figuras que carecen de personalidad jurídica en el marco civil y, sin embargo, gozan de capacidad para ser parte como puedan ser la herencia yacente o la masa de la quiebra (5).

El nuevo cpc mantiene silencio respecto de la representación procesal de los extranjeros en el proceso civil desarrollado ante los tribunales bolivianos: esto es sobre si las partes pueden realizar por sí solas válidamente actuaciones procesales y en qué términos. Sí aborda, sin embargo, aquellas situaciones en que las partes optan por actuar representadas, ya se trate de personas naturales o colectivas.

1. Respecto de las personas naturales, el art. 35.I cpc –“Representación procesal”– reconoce con carácter general a las personas naturales –sin especificar si son nacionales o extranjeras– capacidad para actuar por intermedio de representante, “sea que éste se hallare previsto por la Ley, por poder otorgado al efecto o designado por la autoridad judicial”.

2. Esta capacidad de comparecer representado se reconoce a las personas colectivas en el art. 35.II cpc, en los términos y condiciones fijados en dicha norma. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre respecto de las personas naturales, el cpc incluye una norma dirigida a regular la representación de las personas colecticas extranjeras en su art. 37.

En dicho precepto se precisa que aquellas personas colectivas extranjeras, así como sus sucursales, agencias o establecimientos que realicen actividades debidamente autorizadas en el Estado Plurinacional “están sujetas a las mismas exigencias de representación que la Ley señala para las personas colectivas nacionales salvo convenio internacional o disposición legal en contrario”.

Esto es, a falta de solución especial o convenio, están sometidas a las mismas condiciones fijadas en el art. 35.II cpc: exigencia de poder salvo que se trate de un representante designado en el acto constitutivo. Este precepto deberá ser puesto en relación con el mandato del art. 421 cdc relativo a la citación y emplazamiento en juicio de sociedades constituidas en el extranjero.

Al tratarse de una persona extranjera, el poder puede en muchas ocasiones ser otorgado en el extranjero y ello es susceptible de generar problemas. Esta posibilidad es abordada en el apartado II del art. 37 cpc al afirmar que el poder que sea otorgado fuera de las fronteras de Bolivia, traducido y legalizado –recordemos en este punto que Bolivia no forma parte del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, más conocido como el Convenio sobre la apostilla (6)– deberá presentarse en línea con lo que precisa el art. 35.III cpc, en el primer escrito en que el apoderado se apersone como tal. Esta exigencia vendrá modulada respecto de los Estados contratantes de dicho instrumento (7) por lo dispuesto en la Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, celebrada en Panamá el 30 de enero de 1975.

B) Asistencia jurídica gratuita

El art. 1 cpc proclama de forma taxativa como uno de los principios sobre los que se articula el proceso civil que éste será gratuito, “siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad”. La exención de costos como proceso preliminar viene regulada en los arts. 298 a 304 cpc. Igualmente, los arts. 192 cpc, referente a los gastos, y 293 cpc –sobre materias excluidas de la conciliación previa– hacen referencia al “beneficio de gratuidad”. En ninguno de estos preceptos se diferencia entre nacionales y extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas.

El taxativo tenor del art. 1 cpc pareciera que hace extensiva la gratuidad del proceso como principio esencial del mismo a todos aquellos que cumplan los requisitos legales fijados al respecto, ya sean nacionales o extranjeros. En todo caso, deberá considerarse en relación con este punto lo que puedan señalar los convenios y tratados que vinculen a Bolivia en la materia.

En concreto, el Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita entre los Estados parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Florianópolis el 15 de diciembre de 2000.

Continuará

Notas

1. En línea con lo que ocurría en el CPC vigente hasta el momento. Vid., Salazar Paredes, F. Derecho internacional privado, cit., 828.

2. Iglesias Buhigues, J.L. “El proceso civil con elemento extranjero y la asistencia judicial internacional”, en Esplugues Mota, C., e Iglesias Buhigues, J.L. Derecho internacional privado, 7ª ed. Valencia (2013): Tirant lo Blanch, 197.

3. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez. F. Derecho Procesal Civil internacional, cit., 421 y ss.; Iglesias Buhigues, J.L. “El proceso civil”, cit., 149-151.

4. Téngase en cuenta el mandato de los arts. 415, 416 y 418 CdC.

5. Considérese la especial solución mantenida por el legislador boliviano respecto de los ciudadanos extranjeros en relación con los derechos de propiedad industrial previstos en el art. 468 CdC, donde se afirma que los “extranjeros domiciliados en el país pueden, ante las autoridades judiciales o administrativas, acogerse a cualquier ventaja resultante de los convenios internacionales suscritos y ratificados por Bolivia en materia de propiedad industrial”.

6. Vid. http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=41 (visitado el 26.12.2013)

7. A noviembre de 2013, son parte del Convenio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia (España). Actualmente es Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Tomado de: Revista Boliviana de derecho Nº 18,  julio de 2014. El artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación MEC-DER2010-17126, “La experiencia del arbitraje y la mediación en los sistemas anglosajones y asiáticos y su incorporación en el nuevo modelo de justicia española del siglo XXI”

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