La Gaceta Jurídica

Aproximación internacional al nuevo Código de Procedimiento Civil

(Parte IV)

Foto: bolivianueva.com

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Carlos Esplugues Mota

00:00 / 12 de agosto de 2014

C) Prueba

a) Régimen general

Uno de los aspectos más relevantes que suscita el desarrollo de un proceso con elementos de extranjería es el relativo a la fase probatoria. Desde el punto de vista del proceso pendiente ante los tribunales del Estado Plurinacional, la presencia de un dato de internacionalidad favorece el desarrollo de pruebas fuera del territorio nacional, amén de la eventual solicitud de pruebas a realizar en Bolivia por un órgano jurisdiccional extranjero a otro boliviano.

1. La realización de pruebas fuera de las fronteras nacionales suscita al menos tres cuestiones: primero, determinar con base en que ley se van a autorizar las pruebas a ser realizadas en el extranjero y de qué pruebas puede tratarse, qué ley gobierna la práctica de las mismas fuera del territorio nacional y, por último, qué ley regula su integración en el proceso desarrollado en Bolivia y el valor y efectos que se les puedan atribuir en el marco de éste. A ello se añade la cuestión adicional de articular la eventual colaboración entre las autoridades judiciales bolivianas y las extranjeras a efectos del desarrollo de esta fase probatoria.

El cpc aporta una respuesta a ellas. En relación con las tres primeras, el art. 493.III cpc afirma con claridad que las pruebas serán admitidas y valoradas “según la Ley a la cual se encuentre sujeta la relación procesal”, no cabiendo admitir como pruebas aquellas que “se hallaren expresamente prohibidas por la legislación boliviana.” El precepto cuya introducción en el cpc es en sí misma sumamente positiva plantea ciertas dudas en relación con su significado último al no resultar totalmente claro qué se entiende por ley reguladora de la relación procesal.

Si aceptamos que con ello se hace una mención al fondo del litigio y a la ley reguladora de la sustancia del mismo, nos encontraremos con un resultado inesperado dado que la admisión de la prueba y su valoración, cuestiones ambas nítidamente procesales, vendrán reguladas por una ley sustantiva, sea la boliviana o extranjera (1). Siendo lo lógico que ambos extremos, en línea con lo dispuesto en el art. 493.I cpc, deberían ser gobernados por la legislación procesal boliviana. Si por contra asumimos que la referencia que el propio art. 493.III cpc realiza a la “relación procesal” constata la dimensión procesal de la cuestión planteada, la mención incorporada a la ley a la cual se sujeta la relación procesal adquiriría un carácter meramente territorial: aquellas pruebas realizadas en Bolivia se regularían por la ley boliviana y respecto de las desarrolladas fuera del Estado Plurinacional habría que determinar cual fuere su ley reguladora.

Si bien perduraría una cierta incoherencia teórica al aceptar que la admisión y valoración de las pruebas en el proceso desarrollado ante los tribunales de Bolivia pudieran gobernarse por un derecho distinto del boliviano, se aportaría con esta última interpretación una respuesta más acorde con la naturaleza procesal que acompaña a la prueba.

Independientemente del resultado final sustentado, y nosotros optamos por resaltar el papel que necesariamente ha de jugar el derecho boliviano en este ámbito como ley reguladora del proceso desarrollado ante los órganos jurisdiccionales de Bolivia, el legislador del Estado Plurinacional quiere dejar clara la inadmisión de medios de prueba que estén prohibidos en la República. Resulta en este sentido positivo que la cláusula de control no se refiera a medios de prueba desconocidos por la legislación boliviana, sino a medios prohibidos por ésta.

El nuevo cpc en su art. 140 regula la última de las cuestiones planteadas, aquella referente a la eventual colaboración con las autoridades extranjeras a efectos de llevar a cabo la prueba solicitada por las partes y autorizada por el órgano jurisdiccional boliviano. La respuesta aportada debe ponerse en contacto con el mandato de los arts. 494 a 496 cpc en relación con los “exhortos suplicatorios y otras comisiones”. La lectura integrada de estas normas parece matizar el mandato del art. 140 cpc y colocar en sus justos términos el drástico tenor de este precepto.

El art. 140 cpc señala que, en caso de que la prueba deba producirse fuera de Bolivia, la autoridad judicial boliviana comisionará “a la autoridad judicial correspondiente” en ocasiones en que el hecho a probar haya ocurrido fuera de Bolivia, los archivos u oficinas que contuvieren los documentos se encuentren fuera del territorio nacional o la persona que deba declarar esté en el extranjero.

Del parco tenor del precepto se deriva que esa “autoridad judicial correspondiente” será necesariamente una autoridad extranjera, dado que los jueces bolivianos carecen de imperium fuera del territorio del Estado Plurinacional y que la prueba ha de realizarse en el extranjero. La cuestión de fondo es que con independencia del imperativo tenor del precepto esa autoridad judicial extranjera podrá aceptar o declinar dicha comisión y si lo acepta lo hará de acuerdo con lo que establezca su ley nacional y los tratados que le vinculen y no por mandato del legislador boliviano.

Como decimos, el taxativo tenor del art. 140 cpc se debe poner en contacto con el mandato de los arts. 494 a 496 CPC en los que se concreta la forma en que la solicitud formulada será transmitida a los órganos jurisdiccionales extranjeros. Debe considerarse que las soluciones previstas en el cpc en relación con éste deben relacionarse con lo dispuesto en los textos internacionales que vinculan a Bolivia en esta materia y que aportan una respuesta poco articulada en cuanto a sus soluciones y geográficamente limitada en relación con los países vinculados por ella: en concreto, el art. 2 del Tratado de Montevideo de Derecho Procesal internacional de 11 de enero de 1889 y el art. 398 y ss del Código Bustamante (2).

2. El cpc aborda la cuestión recíproca de las solicitudes de prueba formuladas por una autoridad judicial extranjera a los jueces bolivianos, buscando que se realice en Bolivia una prueba que será integrada en un proceso desarrollado fuera de las fronteras. Lamentablemente, en este caso el art. 140 cpc mantiene silencio debiendo estar a lo señalado por el art. 494 y ss. cpc.

En concreto el art. 494 cpc prevé que cuando se trate de solicitudes de prueba provenientes del extranjero se librará exhorto suplicatorio. Nada dice el CPC en relación a cuál sea el órgano competente para ello y hemos de asumir que irá dirigida a la autoridad judicial que deba realizar el acto probatorio. De acuerdo con el art. 38.8 loj la competencia para “aceptar o rechazar los exhortos expedidos por autoridades extranjeras” viene atribuida a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, lo que hace prever una enorme tardanza a la hora de su tramitación.

El cpc se limita en su art. 495.IV a afirmar que los exhortos y su documentación anexa que vengan redactados en idioma extranjero deberán acompañarse de la correspondiente traducción practicada por perito autorizado. Sin que, tal como precisa el art. 495.V cpc, el cumplimiento del exhorto suplicatorio o carta rogatoria proveniente del extranjero signifique en modo alguno “que por tal hecho se reconozca de manera implícita la competencia de la autoridad extranjera requirente ni la eficacia de la sentencia que ésta dictare”. Su cumplimiento queda subordinado a lo dispuesto en el art. 508 cpc sobre diligencias de citación y emplazamiento.

b) Soluciones específicas

A partir de la regla anterior, el cpc aborda de forma aislada supuestos específicos de prueba respecto de los que se toma en consideración la presencia de un elemento de internacionalidad.

En concreto se elaboran soluciones específicas en relación con las pruebas documental, de confesión y testifical.

1. El cpc aporta un tratamiento específico en relación con los documentos públicos extranjeros. En tal sentido, el art. 147 –Documentos”– primero de la Sección II –“Prueba documental”– del Capítulo V –“Prueba”– del Título IV –“Actividad procesal”– del cpc precisa en su apartado III que los documentos públicos otorgados en el extranjero y que se encuentren legalizados ante la respectiva autoridad pública, asumimos que boliviana, “serán presentados para su admisión y procesamiento en la causa, salvo las excepciones establecidas en leyes o tratados” que vinculen a Bolivia.

En el caso de tratarse de documentos redactados en idioma extranjero será necesario aportar la traducción legal en cada caso, a salvo de las excepciones que se prevean. El cpc mantiene silencio respecto de la ley reguladora de la validez de tales documentos y de los efectos que éstos puedan producir en el territorio del Estado Plurinacional. Esta disposición debe ponerse en contacto con el mandato del art. 1294 cc en relación con los documentos celebrados en el extranjero cuyo apartado I señala la equivalencia entre los documentos públicos otorgados en país extranjero según las formas allí establecidas y los extendidos en Bolivia “si se hallan debidamente legalizados” (3).

2. Los arts. 166 y 167 cpc plantean la problemática de la confesión. En el primer caso se regula la cuestión del interrogatorio a un o una confesante que desconozca el idioma español, en tal caso se formulará el interrogatorio a través de intérprete de acuerdo con lo dispuesto en el propio art. 166 cpc.

El art. 167 cpc aborda las ocasiones en que la parte que debe ser interrogada cuente con domicilio constituido fuera de las fronteras del Estado Plurinacional, “la recepción de la confesión podrá ser comisionada a la autoridad judicial competente del lugar.” Ello supone una referencia indirecta al mandato del ya mencionado art. 140 cpc.

3. En relación con la prueba testifical, el art. 184 CPC admite que los ciudadanos o ciudadanos extranjeros que deban intervenir como testigos en el proceso puedan declarar en su idioma, “debiendo formularse las preguntas y respuestas a través de traductor.”

D) Cooperación judicial internacional

a) Régimen general

La presencia de un elemento de internacionalidad en el proceso conlleva la necesidad de realizar actos de comunicación y notificación en el extranjero y de proceder a tales actuaciones en Bolivia a solicitud de órganos jurisdiccionales foráneos. En esta tarea los órganos jurisdiccionales bolivianos requieren colaboración de los tribunales extranjeros cuando de notificaciones o actuaciones a desarrollar en el extranjero se trata (4).  Amén de ofrecerla a aquellos cuando el requerimiento proviene de fuera de nuestras fronteras.

Sin esta cooperación entre tribunales la “administración de justicia muchas veces se vería burlada” (5). Ambas dimensiones son abordadas en el nuevo cpc tanto con carácter general como en relación con la problemática de la tutela cautelar, a la que se hará referencia al abordar la problemática del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras (6).

Antes de comentar de forma pormenorizada las soluciones previstas en el Código cabe plantearse una cuestión previa que no puede ser resuelta por el nuevo texto pero que subyace en el mismo y le afecta directamente. La cooperación judicial internacional exige una interactuación entre órganos jurisdiccionales de diversos países que difícilmente puede ser solventada de manera unilateral o puramente bilateral.

El mundo es cada vez más amplio y, sin un marco normativo multilateral que asegure la cooperación flexible y rápida entre las autoridades judiciales de los Estados, el ciudadano corre el riesgo de no ver asegurada la satisfacción de sus expectativas jurídicas. La constatación de este hecho se encuentra en la base del amplio proceso de codificación desarrollado en este ámbito desde antiguo en Europa y en Iberoamérica (7).

Tratándose de un proceso tan vigoroso y amplio en sus resultados, llama la atención la escasa vinculación de Bolivia al mismo y el hecho de que todavía debamos descansar en las soluciones de la legislación interna boliviana a la hora de hacer frente a una realidad que es marcadamente plurilateral. Las soluciones que ahora aporta el cpc encontrarían una mejor práctica y las expectativas y derechos de los ciudadanos bolivianos se verían más y mejor satisfechas si junto a las reglas del Código contásemos con un sólido entramado de convenios de carácter multilateral que aseguren la rápida colaboración entre los órganos jurisdiccionales bolivianos y extranjeros.

A partir de esta aseveración, para aquellos supuestos en los que no exista tratado que vincule a Bolivia al amparo del art. 492 cpc, el art. 494.I cpc, “Comisiones a otras autoridades”, precisa que cuando la autoridad judicial deba disponer alguna diligencia de mero trámite a cumplirse en el extranjero respecto de actos de comunicación procesal o de recepción u obtención de pruebas e informes, procederá a librar exhorto suplicatorio. Correlativamente se “actuará de la misma manera por la autoridad judicial boliviana tratándose de exhortos y otras comisiones provenientes del extranjero”. Unos exhortos y comisiones cuya aprobación está atribuida a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia al amparo del art. 38.3 loj.

En coherencia con la naturaleza y atribuciones de los agentes diplomáticos y consulares, el art. 494.II cpc precisa que éstos sólo podrán cumplir estas comisiones en casos en que así se hubiere acordado por tratados o convenios internacionales (8). Esta meticulosidad con que se aborda el papel de las autoridades diplomáticas y consulares contrasta con lo señalado en el art. 495 cpc respecto del cumplimiento y efectos de los exhortos suplicatorios. El precepto parece abordar tanto el supuesto de solicitudes formuladas a autoridades extranjeras por parte de las autoridades bolivianas y viceversa. Y es ahí donde parecen surgir problemas.

La tramitación en Bolivia de aquellas solicitudes del extranjero se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la ley procesal boliviana. El apartado III del art. 495 cpc reconoce de forma palmaria que la tramitación de los exhortos emanados de autoridades judiciales bolivianas deberá realizarse con sujeción a lo dispuesto en las leyes procesales del país requerido “y, si mediare solicitud expresa del órgano jurisdiccional requirente, se observará en su trámite formalidades o procedimientos especiales siempre que no resultaren contrarios a lo dispuesto por la legislación boliviana”.

A partir de esta aseveración la norma recogida en el art. 495.I cpc respecto de las personas legitimadas para hacer llegar el exhorto a la autoridad comisionada ve limitado su sentido, al menos, en relación con los remitidos a autoridades extranjeras.

El mencionado art. 495.I cpc señala que el exhorto podrá hacerse llegar a la autoridad comisionada por las partes interesadas, por los agentes diplomáticos o consulares –en cuyo caso no será necesario el requisito de la legalización al amparo del art. 495.II cpc–, por la autoridad administrativa competente por razón de la materia y por la vía judicial.

Éstas son las vías previstas por el legislador boliviano con carácter general pero que tan sólo podrían reputarse de las autoridades judiciales del Estado Plurinacional y no así de las autoridades extranjeras. Esto por cuanto serán las normas procesales de dichas autoridades foráneas y sólo ellas al amparo del propio art. 495.III cpc las que determinen de qué forma se les podrá hacer llegar el exhorto. Las cuatro vías aportadas por el art 495.I cpc quedarán referidas a los exhortos eventualmente remitidos por las autoridades extranjeras respecto a las bolivianas y no al revés. Aún así, la vía directa por las partes y de la autoridad administrativa prevista en el artículo resulta poco realista.

Será necesaria la traducción de los exhortos y la documentación anexa, asumimos que se trata de los provenientes del extranjero, que se encuentren redactados en idioma extranjero.

Dicha traducción deberá venir practicada por perito autorizado, esto es, oficial (9).

Las autoridades judiciales bolivianas son competentes para conocer del cumplimiento del exhorto y de todas las cuestiones derivadas del mismo al amparo del art. 496 cpc. De acuerdo con el mandato del art. 508 cpc, intitulado “diligencias de citación y emplazamiento”, la ejecución de las diligencias de citación y emplazamiento ordenadas por jueces o tribunales extranjeros mediante exhorto suplicatorio o carta rogatoria, tal como se deriva de la naturaleza de éstas, no requerirán la obtención del exequatur del Tribunal Supremo de Justicia (10), siendo suficiente la presentación del exhorto o carta legalizada ante la autoridad judicial del lugar donde deberá realizarse la diligencia.

Este cumplimiento –tal como precisa el art. 495.V cpc– no implica un reconocimiento implícito de la competencia de la autoridad extranjera requirente ni de la eficacia de la sentencia que ésta dictare. En el supuesto de que las autoridades judiciales bolivianas se declaren incompetentes procederán a remitir el exhorto “de oficio a la que sea competente” (11). Esta última regla debe entenderse para que haga sentido, referida exclusivamente a las autoridades internas bolivianas, un órgano judicial boliviano se declara incompetente y lo remito a otro órgano judicial boliviano que se considera competente de acuerdo con la normativa boliviana.

No puede reputarse de las autoridades extranjeras dado que la autoridad boliviana va a desconocer cuál sea la autoridad competente y va a carecer de legitimidad –y conocimiento– para tal remisión. En este último caso, la declaración como incompetente por parte del órgano jurisdiccional implica la remisión al órgano de origen del exhorto.

b) Soluciones especiales

Considérese que el propio cpc incorpora soluciones específicas en este ámbito respecto de materias concretas. Un ejemplo de ello está en el art. 467.II cpc respecto de los testamentos otorgados en naves o aeronaves (12) y la verificación de las firmas de los capitanes y comandantes de las naves y de los testigos. El precepto afirma que podrán cumplirse mediante comisión librada a la autoridad del lugar donde ellos pudieran encontrarse y, en el caso de que “tuvieren que producirse fuera del Estado, estas diligencias serán cumplidas mediante exhorto suplicatorio encomendado a la autoridad judicial competente del país requerido, con sujeción a las leyes del mismo”.

E) Otras cuestiones

El cpc regula algunas cuestiones que, si bien cuentan con una dimensión procesal, carecen de la misma en sentido estricto, nos referimos a la aplicación del derecho extranjero por parte del operador jurídico y a la validez de los testamentos extranjeros en Bolivia.

1. Frente al silencio del antiguo cpc (13), el nuevo texto procesal de 2013, colmado por las normas existentes en la materia de origen convencional (14), regula la problemática de la prueba del Derecho extranjero en su art. 141.II. En este sentido, el cpc afirma que el derecho extranjero, al igual que la costumbre, sólo necesitan ser probados cuando la autoridad judicial los desconozca. Se establece así la extensión del principio iura novit curia respecto del Derecho foráneo, reconociendo el carácter de auténtico derecho –y no de mero hecho, por lo que quedaría dependiente de la voluntad de las partes– al derecho extranjero.

En coherencia, el precepto añade que con vistas a la prueba de dicho derecho, “Para la determinación de las normas de esta clase…”, la autoridad judicial no queda limitada por las pruebas que con tal finalidad ofrezcan las partes, atribuyéndosele una posición activa en el desempeño de esta tarea al reconocérsele que está facultada para servirse de otras fuentes de conocimiento “y para ordenar todo lo que conduzca al aprovechamiento de los mismos”.

La regla general del art. 141 cpc se acompaña y complementa con el art. 493.II cpc que señala que el derecho extranjero, “cuando corresponda, será aplicado e interpretado de oficio por las autoridades judiciales del Estado Plurinacional, en la misma forma en que lo harían las autoridades jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento jurídico pertenezca la norma invocada.

Sin perjuicio, las partes también podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera”.

El precepto complementa el mandato del art. 141 cpc al señalar la aplicación e interpretación de oficio del Derecho extranjero y lo completa al abordar una dimensión no prevista en aquel, el relativo a la aplicación de tal Derecho foráneo por la autoridad boliviana apuntando que es aplicado e interpretado en la misma forma en que lo harían las autoridades del Estado al que pertenece la norma invocada.

El juez podrá verse amparado por las partes quienes en coherencia con el principio dispositivo sobre el que se articula el proceso civil, podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido del mismo.

Continuará

Notas

1. Algo que resulta admisible en la doctrina boliviana. Al respecto, vid. Salazar Paredes, F. Derecho internacional privado, cit., 831 y 865.[38]

2. En relación con las soluciones recogidas en ambos textos, vid. Salazar Paredes, op. cit.

3. El apartado II del precepto recoge el principio auctorregitactum, afirmando que “los otorgados por bolivianos en el extranjero ante agentes diplomáticos o consulares de Bolivia, serán válidos si están hechos conforme a las leyes bolivianas”.

4. Con carácter general, Iglesias Buhigues, J.L. “El proceso civil”, 156.

5. Nótese Salazar Paredes, op. cit., 870.

6. Vid. II.3.D infra.

7. Vid. Salazar Paredes, op. cit., 872 y ss.

8. Art. 494.II CPC.

9. Art. 495.IV CPC.

10. Vid. 2.3 infra.

11. Art. 496 CPC in fine.

12. Considérese el mandato del art. 1136 CC.

13. Nótese Prudencia Cossío, J. Curso, cit., 107.

14. Vid. al respecto, Prudencia Cossío, J. Curso, cit., 108 y ss.; Salazar Paredes, op. cit., 865- 866.

Es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia (España). Actualmente es Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Tomado de: Revista Boliviana de derecho Nº 18,  julio de 2014. El artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación MEC-DER2010-17126, “La experiencia del arbitraje y la mediación en los sistemas anglosajones y asiáticos y su incorporación en el nuevo modelo de justicia española del siglo XXI”

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