La Gaceta Jurídica

Aproximación internacional al nuevo Código de Procedimiento Civil

(Parte V)

Foto: cuentasclarasdigital.org

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Carlos Esplugues Mota

00:00 / 15 de agosto de 2014

El Derecho extranjero, como añade el apartado IV del art. 493 cpc, podrá ver denegada su aplicación en aquellas ocasiones en que éste resulte contrario a los “principios esenciales del orden público internacional reconocido por convenios y tratados suscritos y ratificados por el Estado Plurinacional”. Si bien la idea es clara, el precepto adolece de dos imperfecciones técnicas relevantes: primero, la inaplicación no queda concretada del contenido o de los efectos de la norma foránea aplicable; lo lógico sería optar por esta última solución.

La regla general en el plano comparado es vincular la inaplicación a los efectos que de la aplicación de dicha norma se puedan derivar, no al contenido. Segundo, de la lectura del precepto pareciera derivarse que el carácter internacional del orden público viene determinado por su origen –ha de venir reconocido por los convenios que vinculan a Bolivia– y no por su finalidad –la aplicabilidad de determinados principios esenciales del ordenamiento del Estado Plurinacional al ámbito internacional– siendo que el orden público por su propia naturaleza cuenta con un origen interno, englobando el conjunto de principios y valores esenciales sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico de un concreto país.

En todo caso, la aplicación de principio iura novit curia respecto del Derecho extranjero y el reconocimiento de su condición de auténtico derecho conduce a la aceptación, en el art. 493.V cpc, de la aplicación de los recursos consagrados en la legislación boliviana en aquellos casos en que fuere procedente la aplicación del derecho foráneo.

Lo segundo refiere a la eficacia en Bolivia de los testamentos otorgados en el extranjero, una materia de marcado carácter civil que, sin embargo, se aborda en el cpc. El art. 468.I cpc señala de forma general la eficacia en Bolivia de los testamentos otorgados en el extranjero “de acuerdo a los tratados y convenios vigentes, siempre que estuvieren legalizados conforme a las leyes del Estado. Su protocolización y su registro se sujetarán a las disposiciones de la presente Sección”. En el supuesto de no existir tratado que vincule a Bolivia en la materia (1), que es por otra parte habitual, tales testamentos –de acuerdo con el art. 468.II cpc – “harán fe en Bolivia si hubieren sido redactados observando las formalidades legales del país de su otorgamiento y se hallaren legalizados”.

La peculiaridad de la materia abordada no parece favorecer que sea éste el lugar adecuado para valorar la solución aportada. Sólo destacaremos tres cuestiones, primero la limitada respuesta aportada –nada se dice de la capacidad para otorgar testamento ni de la ley reguladora de la validez sustancial del testamento–; segundo, el hecho de que a pesar del tenor del precepto pareciera que se hace incidencia en la cuestión de la validez formal del testamento, no en su dimensión sustancial ni en las formas de testamento aceptadas en Bolivia, respecto de lo que habrá de considerarse el mandato del art. 1143.I.2 cc, que no es claro (2).

Por último, la existencia de una incoherencia entre los apartados I y II del precepto en la medida que el primer apartado hace referencia a la eficacia en Bolivia del testamento otorgado fuera de las fronteras, mientras que en el segundo caso la respuesta es más limitada al reducirse a hacer fe, sin especificar de qué y respecto de quién harán fe.

Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales

A) Introducción

El nuevo cpc incorpora un régimen amplio y detallado en relación con el reconocimiento y ejecución de las resoluciones extranjeras en el territorio del Estado Plurinacional. El art. 502 cpc atribuye un volumen de efectos a las resoluciones foráneas al señalar que las “sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo que establezcan los tratados o convenios existentes y las disposiciones del presente Capítulo”.

Por su parte, los laudos arbitrales extranjeros se verán reconocidos en el Estado Plurinacional a través de lo dispuesto en el Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras que al amparo de su art. I.3, y dado que Bolivia no hizo reserva o manifestación alguna al respecto en el momento de vincularse al mismo, cuenta con aplicación universal en el Estado Plurinacional. Esto es, se aplica a los laudos provenientes de Estados parte en el Convenio y a aquellos que no lo son.

En aquello que resulte más favorable que el Convenio de Nueva York, y de acuerdo al art. VII de este texto convencional, se aplicarán la Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional de Panamá, 30 de enero de 1975, y el Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional entre el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile de Buenos Aires, 23 de julio de 1998.

En todo caso, el art. 509 cpc, intitulado “laudos arbitrales extranjeros” combina la situación anterior a través de la extrapolación al ámbito del arbitraje de lo dispuesto en los arts. 502 a 509 cpc “en todo lo que fuere pertinente”. El tenor del art. 502 cpc atribuye un amplio elenco de efectos a las sentencias y resoluciones foráneas en el territorio de Bolivia. Siendo este reconocimiento relevante y positivo, sin embargo, se echa en falta una mayor depuración técnica a la hora de diferenciar los efectos atribuidos a las resoluciones foráneas y las condiciones a que su eficacia se subordina.

Con carácter general, las sentencias y resoluciones foráneas son susceptibles de producir tres niveles de efectos fuera de las fronteras del Estado en que fueron dictadas (3).

1. En su nivel de eficacia más reducido, las sentencias y resoluciones extranjeras, en cuanto documentos públicos que son, pueden ser consideradas como documentos públicos extranjeros acreditativos de un hecho o de un derecho. Una sentencia extranjera de divorcio, por ejemplo, puede servir para probar la falta de convivencia entre los antiguos cónyuges en un proceso de divorcio que se inicie en Bolivia y salvar así la eventual exigencia de vidas separadas por parte de los cónyuges durante un tiempo.

Las partes, por la razón que sea, pueden optar por instar la disolución del vínculo en el Estado Plurinacional en vez de solicitar el exequatur de la sentencia extranjera de divorcio, y anexar como elemento de prueba la sentencia extranjera de divorcio. En este caso, la parte que lo alega no desea que dicha sentencia foránea sea tratada como tal, sino sólo le atribuye la condición de un documento público extranjero acreditativo de un hecho: que el vínculo marital ya no existe y que las partes ya no viven juntas. En este caso concreto, el régimen jurídico aplicable será el de los documentos públicos extranjeros previsto en los ya mencionados arts. 147 cpc y 1294 cc.

2. Existen determinadas resoluciones y sentencias extranjeras no susceptibles de ejecución en sentido estricto. Las sentencias emanadas de un expediente de jurisdicción voluntaria o aquellas que tienen la condición de meramente declarativas de estado gozan de ejecución impropia a través, generalmente, del acceso a un Registro público. Ya sea el Registro Civil, habitualmente, o los Registros Mercantiles y de la Propiedad.

3. El nivel de requisitos exigidos para acceder a los Registros es superior al requerido en relación con el efecto documental de las sentencias extranjeras e inferior al requerido cuando se pretende que la extranjera sea equiparada a una nacional y tratada como tal. En otras palabras, cuando se pretende su homologación, la atribución de efectos ejecutivos a través de la declaración de ejecutividad y su posterior ejecución (4).

En este tercer nivel se busca su tratamiento como sentencia o resolución extranjera dotada de plenos efectos ejecutivos y de cosa juzgada. Genera el mayor nivel de eficacia posible de una sentencia extranjera que pasa a equipararse plenamente a una decisión boliviana produciendo los mismos efectos que podría producir una sentencia o resolución judicial emanada de los juzgados y tribunales bolivianos.

Estos tres niveles de posible eficacia de una resolución extranjera parecen encontrarse recogidos con cierta falta de claridad en el nuevo cpc. Por un lado, el ya mencionado art. 502 cpc refiere al primer y tercer nivel de eficacia mencionado: “Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de Bolivia, efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria”. Nada se dice en relación con el segundo nivel de eficacia –la eficacia registral– aunque al tratarse de una ejecución impropia siempre podría argumentarse su incardinación en el concepto global de “fuerza ejecutoria”.

El art. 506 cpc “ejecución” precisa en su primer apartado que –tras el previo reconocimiento y concesión de fuerza ejecutiva por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado Plurinacional, lógicamente– sólo son susceptibles de ser ejecutadas en Bolivia “las sentencias extranjeras de condena al cumplimiento de obligaciones”. Afirmando que cuando sólo se trate de “hacer valer” los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera será preciso acompañar la documentación prevista en el apartado II del art. 505 cpc, relativo al “reconocimiento y cumplimiento de una sentencia extranjera”.

El tribunal ante quien se pretendiere hacer valer tales efectos imperativos o probatorios, se pronunciará sobre el mérito de la misma en relación al efecto pretendido, previa comprobación de haberse observado los requisitos del art. 505.I cpc, sin que sea necesario seguir el procedimiento del art. 507 cpc.

De lo dicho se derivan conclusiones:

1. El artículo extiende su aplicación de las sentencias extranjeras y de otras resoluciones judiciales cuya eficacia en Bolivia se busque por alguna de las partes interesadas. La utilización de un concepto amplio, en línea con el art. 552 vigente cpc debe ser positivamente valorada.

2. La mención a sentencias extranjeras que no son susceptibles de ejecución englobaría categorías que no quedan precisadas y clarificadas en el nuevo cpc. Así englobaría a aquellas resoluciones susceptibles de producir efectos registrales –las declarativas de estado o las demandas de expedientes de jurisdicción voluntaria– amén de a aquellas que no son de condena al cumplimiento de obligaciones pero que superan los meros efectos registrales: por ejemplo, las constitutivas de estado.

3. Se tiene la sensación de que el legislador no ayuda al operador jurídico al no usar de forma depurada los conceptos jurídicos: en los arts. 502 y 506 cpc, por ceñirnos a los dos preceptos que señalamos, hace referencia a “ejecución”, “fuerza ejecutoria” y “cumplimiento” sin dejar claro que significan ni porque opta por usarlos de forma intercambiada cuando no necesariamente significan lo mismo. Lo mismo puede decirse de la expresión “hacer valer” una sentencia extranjera.

4. En relación con esta falta de depuración terminológica, resulta igualmente interesante la mención a la eficacia imperativa de las resoluciones foráneas. Que signifique exactamente este término que sólo aparece referenciado en relación con las sentencias extranjeras resulta una incógnita dado que no se aporta clave alguna que facilite su interpretación. El tenor de la norma pareciera significar una referencia a la obligatoriedad de la sentencia foránea una vez homologada en el Estado Plurinacional y equiparada, por lo tanto, a las sentencias dictadas por los jueces y tribunales bolivianos: esto es, los efectos derivados de su reconocimiento.

El hecho de que preceptos como el art. 506 cpc, relativo a la “ejecución” de sentencias extranjeras hable en sus apartados II y III de “efectos imperativos o probatorios” como dos realidades alternativas pone en duda la interpretación anterior, dejando abierto su significado. La eficacia probatoria nos conduciría a la eficacia documental de la decisión foránea, mientras que la eficacia imperativa se vincularía, aparentemente, al reconocimiento de la misma, sin dotarla de “eficacia o fuerza de ejecución” (5).

Esta interpretación permitiría adecuar el modelo previsto en el art. 502 cpc, base del sistema, a lo dicho hasta el momento: la sentencia extranjera producirá en Bolivia efectos documentales –“efecto probatorio”– y será susceptible de tratamiento como sentencia extranjera a través del reconocimiento –“efecto imperativo”– y posterior ejecución –“fuerza ejecutoria”–. Sin embargo, esta solución lógica y coherente, que pensamos es la que desea el legislador, pierde fuerza debido a la incorrecta utilización terminológica: la referencia a fuerza imperativa se realiza sólo en  los arts. 502 cpc “Efectos” y 506 cpc “Ejecución”, siendo que el Código refiere generalmente a reconocimiento y ejecución. Al nivel de requisitos que se exigen de la sentencia extranjera cuando se pretende sólo efectos probatorios.

En resumen, si bien existen dudas sobre el eventual tratamiento del segundo nivel de eficacia apuntado por parte del nuevo cpc, sí que es claro que el nuevo texto procesal del Estado Plurinacional trata con más o menos depuración y como veremos, los efectos probatorios y como sentencia de una decisión extranjera.

b) El régimen jurídico de las sentencias extranjeras: efectos probatorios

El art. 506 cpc acepta el tratamiento de las sentencias extranjeras como documentos públicos acreditativos de un hecho. En este caso, tal como precisa el apartado I del precepto no se ejecuta una sentencia extranjera sino que se valora una constatación que la misma pueda incorporar en su tenor.  El art. 506 cpc incorpora dos reglas en relación con los efectos documentales de las sentencias y resoluciones judiciales extranjeras:

1.Se dice por el art. 506.II cpc que cuando “únicamente” se trate de “hacer valer” los efectos imperativos –subsisten las dudas sobre el significado de “efecto imperativo”– o probatorios de una sentencia extranjera, será necesario acompañar la documentación prevista en el art. 505.II cpc.

Si bajo la noción de efecto imperativo se hace referencia al reconocimiento de una sentencia foránea, la solución del art. 506 cpc referiría a aquellas ocasiones en que la sentencia es reconocida pero no se pretende su ejecución: por ejemplo, se reconoce la titularidad de una obra de arte expoliada, pero no se pretende ejecutar la sentencia y lograr la restitución de la misma al declarado dueño legítimo.

En todo caso, el tenor del precepto no parece acertado desde un punto técnico al referirse a una misma realidad a través de dos nociones diferenciadas en un mismo texto legal, algo que ocurre con relativa asiduidad en el nuevo cpc. Y utilizando un concepto, el de “hacer valer” unos efectos, que es gráfico pero poco claro.

Además, la utilización de la conjunción “o” en el precepto plantea un problema de entendimiento respecto de la eficacia que se pretende de la sentencia extranjera en Bolivia. El reconocimiento de una sentencia extranjera no puede estar sometido al mismo nivel de requisitos que cuando lo que se busca es su mera eficacia probatoria. Los efectos derivados en uno y otro caso son similares y los requisitos en relación con ellos deberían variar.

Si bien las exigencias recogidas en el art. 505.II cpc al que remite el art. 506.II cpc podrían ser consideradas como válidas respecto del reconocimiento de la decisión extranjera –considerando que por fuerza imperativa se realice mención al reconocimiento– resultan absolutamente exorbitantes cuando de lograr su eficacia documental en Bolivia se trata. Exigir, por ejemplo, aportar la prueba del carácter ejecutorio de la decisión –art. 505.II.3 cpc – es tan excesivo como innecesario atendido el nivel de eficacia –puramente probatoria de un hecho o relación jurídica– que la sentencia está llamada a alcanzar en el Estado Plurinacional. La decisión no va a ser técnicamente ejecutada.

2. Mayores problemas presenta la regla recogida en el art. 506.III cpc. En ella se señala que el tribunal ante el que se pretendan “hacer valer” los efectos imperativos o probatorios de la sentencia extranjera se pronunciará sobre el mérito de la misma en relación al efecto pretendido, previa comprobación de haberse observado los requisitos del art. 505.I cpc, sin que sea necesario seguir el procedimiento fijado en el art. 507 cpc. Y decimos esto por cuanto:

A) Centrándonos en los efectos imperativos –reconocimiento–, la decisión foránea no es susceptible de valoración en cuanto al fondo cuando de su reconocimiento se trata. El propio art. 503 cpc lo manifiesta. La referencia al pronunciamiento sobre el mérito no queda clara, resultando equívoca.

B) Con relación a los efectos probatorios, la aportación de una sentencia extranjera como documento público acreditativo de unos hechos se puede realizar a un juez boliviano, también a cualquier autoridad pública boliviana. Esta autoridad se limitará a valorar, tal como establecen los propios arts. 147 cpc y 1294 cc, la validez formal del mismo, refiriendo la valoración y efectos de su contenido a la autoridad boliviana encargada de ponderarlo.

Es que el régimen en el art. 506.III cpc se solapa un tanto sobre el previsto en el 147 cpc, incluso si es un juez boliviano la autoridad receptora de dicho documento. En este caso, el legislador no lo debería perder de vista, no tiene ante sí una sentencia extranjera para ser tratada como tal. El juez se ve confrontado con un documento público que sólo acredita un hecho o derecho.

Los requisitos del art. 506.III cpc, similares a los de la homologación y ejecución de sentencias extranjeras, supera con mucho lo razonable cuando de constatar la eficacia documental de una sentencia foránea se trata. Sería razonable si estuviéramos hablando de la eficacia registral… pero ese tercer nivel de efectividad no aparece individualizado en el nuevo Código procesal.

c) El régimen del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en Bolivia

a) Significado de “reconocimiento” y de “ejecución”.

El art. 503 cpc “reconocimiento y ejecución” señala en su primer apartado que las sentencias extranjeras exigirán para “su ejecución y cumplimiento” ser reconocidas y ejecutadas en el Estado Plurinacional “si correspondiere”, sin que para ello proceda la revisión del fondo de la misma. Los apartados II y III describen qué se entiende por “reconocimiento” y “ejecución”.

1. De acuerdo con el art. 503.II cpc, el reconocimiento “es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de fondo y forma señalados en el Capítulo.” Es el acto de homologación de la resolución judicial foránea (6).

2. En consonancia con el art. 503.III cpc, la “ejecución es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto el cumplimiento de las sentencias dictadas en el extranjero.”… en Bolivia, tendríamos que añadir.

El tenor del precepto incorpora una filosofía clara a favor de la eficacia en el Estado Plurinacional de las decisiones extranjeras, combinado con algunos errores importantes de apreciación y redacción. Bajo una rúbrica nítida que refiere al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones extranjeras, el precepto precisa que en aquellas ocasiones en que se pretenda tratar a la sentencia foránea como auténtica y dotarla de la fuerza ejecutiva en Bolivia–“si correspondiere”– será imprescindible reconocerla y dotarla de tales efectos y, si la parte así lo desea, ejecutarla.

Es el paso intermedio, el hecho de dotarla de fuerza ejecutiva a través de la declaración de ejecutividad que falta en el precepto. Sólo cuando una sentencia emanada de una autoridad extranjera haya sido homologada –equiparada a las sentencias bolivianas a través de su reconocimiento– y dotada de fuerza ejecutiva, podrá procederse a su ejecución como sentencia boliviana, caso de que aquella no sea cumplida de forma voluntaria por la parte condenada.

Ello se hace más manifiesto al observar el art. 506.I cpc que afirma que “sólo serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de condena al cumplimiento de obligaciones”. La sentencia foránea exigirá primero ser homologada, dotada de fuerza ejecutiva y ejecutada como una sentencia boliviana más. Valdría la pena realizar una mayor elaboración del art. 503.III cpc en el sentido de diferenciar dentro del mismo lo que es la declaración de ejecutividad de la decisión foránea, de lo que es la ejecución de la misma, que aparentemente es aquello a lo que refiere el precepto.  

Continuará

Notas

1. Al respecto considérese, Prudencia Cossío, J. Curso, cit., 232; y Salazar Paredes, F. Derecho internacional privado, cit., 629-633.

2. Nótese Salazar Paredes, F. op. cit., 629, quien se limita a transcribir el tenor del precepto.

3. Al respecto, vid. Esplugues Mota, C. “Eficacia extraterritorial de sentencias y documentos públicos extranjeros: forma de los actos y efectos en España de los documentos públicos extranjeros”, en Esplugues Mota, C., e Iglesias Buhigues, J.L. Derecho internacional privado, 7ª ed. Valencia (2013): Tirant lo Blanch, 208 y ss.

4. Sobre el significado de estas tres nociones, vid. Garcimartín Alférez, F. Derecho internacional privado, cit., 223-224.

5. Vid. Salazar Paredes, F. op. cit., 832.

6. Y que, aparentemente, vendría cubierto por la mención a la producción de “efectos imperativos” por la sentencia extranjera a la que refieren los arts. 502 y 506 CPC.

Es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia (España). Actualmente es Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Tomado de: Revista Boliviana de derecho Nº 18,  julio de 2014. El artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación MEC-DER2010-17126, “La experiencia del arbitraje y la mediación en los sistemas anglosajones y asiáticos y su incorporación en el nuevo modelo de justicia española del siglo XXI”

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