La Gaceta Jurídica

Aproximación internacional al nuevo Código de Procedimiento Civil

(Parte final)

Foto: articulo.mercadolibre.com.ar

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Carlos Esplugues Mota

00:00 / 19 de agosto de 2014

B) Regímenes de reconocimiento y ejecución

A partir de las premisas no muy elaboradas, el 502 CPC subordina la producción de efectos en el territorio del Estado Plurinacional por parte de las sentencias y resoluciones foráneas a lo que “establezcan los tratados o convenios existentes y las disposiciones del” cpc.

Esta mención implica que, en caso de existir convenios o tratados internacionales susceptibles de ser aplicables al reconocimiento y ejecución se procederá a aplicarlos, de tal suerte que la normativa en el nuevo Código posee (lógico y acorde con los mandatos constitucionales) un carácter subsidiario. Bolivia cuenta con número reducido de convenios susceptibles de ser aplicables en este ámbito: el Tratado de Montevideo de Derecho Procesal internacional de 11 de enero de 1889 y el Código Bustamante de 1928.

De ahí que el régimen recogido en el cpc cuente con una condición preferente.

El análisis de las soluciones recogidas en el cpc, a falta de Convenio internacional aplicable, ha de realizarse tomando en consideración su tenor y sus orígenes directos e indirectos. El art. 504 cpc afirma que, en ausencia de convenios y tratados internacionales que vinculen a Bolivia en la materia, habrá de estarse al principio de reciprocidad positiva y negativa.

1. El principio de reciprocidad negativa está recogido en el apartado II del art. 504 cpc que afirma que si en el Estado de procedencia de la resolución extranjera las sentencias bolivianas no son reconocidas, tampoco lo será aquella en Bolivia: “Si la sentencia hubiere sido dictada en un país donde no se ejecuten los fallos de autoridades judiciales bolivianas, tampoco podrá serlo en el Estado Plurinacional”.

2. El apartado I del art. 504 cpc afirma que en aquellas ocasiones en que no mediando tratado las sentencias bolivianas sean reconocidas y ejecutadas en el país de origen de la sentencia foránea, ésta será reconocida en Bolivia con base en el principio de reciprocidad.

Una primera lectura del precepto llevaría a concluir que el art. 504 cpc aporta una respuesta omnicomprensiva al problema del reconocimiento y ejecución de resoluciones foráneas. Si se reconocen en el Estado de origen, Bolivia reconoce. Si no se reconocen en el Estado de origen, Bolivia no reconoce… Esta interpretación no sólo dejaría sin sentido al art. 505 cpc –como ocurría con los arts. 552 y 553 del anterior cpc –, sería errónea. La aceptación del potencial reconocimiento en el Estado Plurinacional no implica que el mismo no quede subordinado a la verificación por las autoridades bolivianas del cumplimiento por parte del juez de origen de condiciones mínimas. Esta verificación, tal como señala el art. 503.I cpc in fine es formal, “sin que proceda la revisión del objeto sobre el cual hubieren recaído”. Esta revisión formal queda referida de acuerdo al mandato del art. 505.I.7 cpc a lo siguiente:

Primero, se exige que la sentencia extranjera que se pretende homologar y ejecutar “tenga la calidad de cosa juzgada conforme al ordenamiento jurídico del país de origen”, que no es susceptible de recurso; produce efectos de cosa juzgada.

Segundo, se incorpora requisitos formales:

a) La sentencia ha de ser auténtica, cumplir con las formalidades para gozar de tal condición en el país de origen.

b) La sentencia ha de venir legalizada conforme a la legislación boliviana, “excepto que ella fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las autoridades administrativas competentes”.

Si bien la exigencia de legalización es común en la legislación comparada y cumple la función de atestiguar la autenticidad de la resolución judicial que se pretende reconocer o ejecutar, el art. 505.I.2 cpc suscita problemas teóricos. La ejecución de una sentencia constituye acto personalísimo de la parte que ha visto reconocido su derecho en un proceso. En la medida en que, art. 507 cpc, se lleva a cabo un proceso tendente al reconocimiento de la decisión foránea, se exige que la persona que lo inicie tenga interés legítimo.

Esto equivale a entender que será la persona que ganó el pleito quien inste al Tribunal Supremo de Justicia (tsj) el reconocimiento y atribución de fuerza ejecutiva de la sentencia extranjera. Para ello, uno de los requisitos formales que se le exige de acuerdo con el art. 505. II.1 cpc es la presentación de “copia autenticada o legalizada” de la sentencia para reconocer y ejecutar.

Siendo esto así no se entiende bien qué quiere decir el legislador nacional al señalar que la “sentencia y la documentación anexa” sea remitida por vía diplomática o por intermedio de las autoridades administrativas competentes. La sentencia se habrá notificado a la parte que desea sea reconocida y ejecutada… y deberá ser aportada por ella.

La referencia a las autoridades administrativas y diplomáticas quedará limitada a la documentación anexa y ni siquiera en este caso queda claro a qué situaciones se hace referencia y qué obligación puedan tener aquellas de aportar documentación; salvo documentos o certificaciones oficiales.

c) Que la sentencia extranjera que no se encuentre redactada en español venga traducida a cualquier idioma oficial de Bolivia.

3. Junto a los requisitos se hace referencia a condiciones relativas a la autoridad de procedencia de la resolución: en concreto, el art. 505.I.4 cpc exige que la autoridad de la que emana la decisión “tenga jurisdicción en la esfera internacional para asumir conocimiento de la causa” de acuerdo con su legislación nacional –Bolivia carece de este tipo de normas– “excepto que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de autoridades judiciales bolivianas”. Algo que tampoco la normativa boliviana detalla.

Se hace así referencia a dos exigencias de las que, como se apuntó al abordar el modelo de competencia judicial internacional previsto en el cpc, la propia normativa boliviana carece. Ello no afecta a la viabilidad del reconocimiento en el Estado Plurinacional de las resoluciones extranjeras, pero refleja las falencias del modelo de competencia judicial internacional del Código.

4. Se incorporan exigencias referidas a la satisfacción del derecho de defensa:

a) Es necesario comprobar que la parte demandada fue legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del tribunal extranjero del que emana la sentencia.

b) Se ha respetado los principios del debido proceso.

5. Es el único momento en que el juez boliviano podrá verificar el contenido de la sentencia cuya homologación y ejecución se solicita, la sentencia no debe ser contraria al orden público internacional de Bolivia, dado que el orden público por su propia naturaleza es de origen interno, territorial, temporal y relativo.

B) Procedimiento

El art. 505.II cpc precisa los documentos para solicitar el “reconocimiento y cumplimiento de una sentencia extranjera”. Se incorpora el término “cumplimiento”. Dichos documentos son:

1. Copia legalizada o autenticada de la sentencia. Es curioso que el precepto use la conjunción “o” cuando en el art. 501.I.1 y 2 cpc se exige que la resolución foránea venga legalizada y autenticada. Debería decirse “y” legalizada, salvo los supuestos previstos en el art. 501.I cpc.

2. Copias “legalizadas o autenticadas de las piezas necesarias del proceso” que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 505.I.5 y 6; esto es, el cumplimiento de la citación legal o del emplazamiento acorde a derecho de la parte demandada y respeto a los principios del debido proceso.

3. Certificación franqueada por autoridad competente que acredite la ejecutoría de la sentencia. Nada se dice de cuál es esa autoridad, extranjera –previsiblemente– o nacional, y de acuerdo a qué ley se valora tal competencia. Tampoco qué se entiende por “certificación franqueada” o su equivalente, dado que esta formulación puede no existir como tal en el ordenamiento de origen de la autoridad que emite el testimonio del carácter ejecutivo –que a eso se refiere en última instancia este requisito– de la sentencia que se pretende reconocer y ejecutar.

La solicitud de ejecución se presenta ante el tsj al amparo del art. 507 cpc. El precepto no hace referencia al reconocimiento, siendo que la homologación es requisito para la ejecución. La lógica hace pensar que la parte interesada en lograr la eficacia en Bolivia deberá solicitar al amparo del art. 507 cpc a pesar del silencio de éste, el reconocimiento de la sentencia extranjera y la atribución de fuerza ejecutiva con vistas a la ejecución.

Esa solicitud, tal como precisa el apartado I del art. 507 cpc –y que reitera el mandato del art. 505 cpc– vendrá acompañada de la sentencia y de los antecedentes documentales que la justifiquen: de los requisitos previstos en el art. 505.II.2 y 3 cpc a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

Una vez presentada la solicitud de reconocimiento y ejecución, el tsj dispondrá se cite a la parte contra quien se pide la ejecución, quien contará con un plazo de diez días a partir de su citación para exponer lo que estime pertinente a su defensa. El tsj en Sala Plena contará con plazo no mayor a 15 días para dictar resolución al efecto, haya existido o no contestación a la solicitud planteada por la parte que solicita el reconocimiento y la ejecución.

Contra esta resolución del tsj concediendo o denegando el reconocimiento y ejecución “no corresponde recurso alguno”. Algo aceptable dado que el derecho al recurso existe en el ámbito del proceso penal pero no en el del proceso civil.

En el caso de reconocida la resolución extranjera y dotada de fuerza ejecutiva, el tsj remitirá la sentencia a la autoridad judicial boliviana competente –aquella a “quien hubiere correspondido conocer del proceso en primera instancia, si se hubiere promovido en el Estado Plurinacional”, a efecto de que ésta imprima los “trámites que correspondan a la ejecución de sentencias”. Reconocida y dotada la sentencia extranjera de fuerza ejecutiva, se procederá a su ejecución forzosa en los términos en que se haría con una sentencia dictada por autoridad judicial del Estado Plurinacional que no sea cumplida.

El mandato del apartado IV del art. 507 cpc no deja de reflejar que el legislador boliviano no expresa con claridad: que el 507 cpc refiere, a pesar de su rúbrica, al reconocimiento y ejecución, entendido este término como otorgamiento de fuerza ejecutiva, requisitos previos para proceder a la ejecución de la resolución foránea homologada.

D) La situación del reconocimiento de resoluciones extranjeras relativas a la tutela cautelar

El cpc aborda la problemática de la eficacia en Bolivia de las medidas cautelares dictadas en el extranjero. En tal sentido y bajo el rubro de “Cooperación judicial internacional en materia cautelar”, el Capítulo Tercero del Título VIII “Cooperación judicial internacional” del Libro II “Desarrollo de los procesos” individualiza la problemática de la eficacia de este tipo de resoluciones judiciales extranjeras. Llama la atención que la eficacia de las decisiones cautelares extranjeras se aborde como si se tratase de un mero supuesto de cooperación judicial internacional y no en cuanto a reconocimiento y ejecución en el Estado Plurinacional de una resolución foránea.

Esta opción, amén de ser más acorde con la naturaleza atribuida a la tutela cautelar en el nuevo cpc boliviano, en la que se habla de un auténtico “proceso cautelar” hubiera permitido articular un mecanismo de control de dicha medida por las autoridades bolivianas más elaborado que el que ahora se incluye.

El principio base se encuentra recogido en el art. 497.I cpc en el que se señala con claridad que “Las medidas cautelares que decretaren tribunales extranjeros serán ejecutadas y cumplidas por las autoridades judiciales del Estado Plurinacional sólo cuando no sean contrarias a la legislación boliviana o al orden público internacional”.

El mandato de precepto es manifiesto en el sentido de señalar que las decisiones en la materia dictadas fuera de Bolivia son susceptibles de producir efectos en el Estado Plurinacional cuando no sean contrarias a la legislación boliviana o al orden público internacional. Esta solución se alcanza a partir de la aceptación en el apartado II del precepto de la regulación de la “procedencia de las medidas cautelares” por las leyes “de los tribunales extranjeros del lugar donde se tramite el proceso”. Y en tanto en cuanto las medidas son adoptadas por tribunales a solicitud de las partes, de las leyes del Estado donde radica el tribunal extranjero que adopta dicha medida.

Tales medidas serán admitidas si acordes con dicha ley no son contrarias a la normativa boliviana ni contradicen el orden público del Estado Plurinacional y la ejecución de éstas en Bolivia, “así como la contracautela” se regirán por lo dispuesto en la normativa del Estado Plurinacional.

Esta afirmación, como reconoce el art. 497.II cpc, puede dar lugar a que el órgano jurisdiccional boliviano comisionado para la ejecución de la decisión cautelar extranjera pueda disponer, a instancia de parte, las medidas cautelares que correspondan de acuerdo con la normativa boliviana.

En tal sentido, resulta interesante recordar que el art. 501 cpc afirma que los actos de comunicación procesal relativos a medidas cautelares podrán practicarse por las partes interesadas o a través del recurso a los medios previstos en el Capítulo III. Algo que no queda claro.

La solución está clara en su filosofía aunque la redacción genere dudas técnicas. Por ejemplo, se hace referencia a un término equívoco y poco claro cuyo uso no tiene continuidad en el resto del articulado del Código. De hecho, se utiliza dos veces en este ámbito: el art. 497.I cpc habla de esta suerte de “ejecutadas y cumplidas”, mientras que el art. 505.II cpc refiere a “reconocimiento y cumplimiento”.

La utilización del verbo cumplir respecto de las sentencias foráneas es insatisfactoria y poco precisa. Hablar de cumplir en relación con la ejecución forzosa a la que refiere el art. 497.I cpc es redundante y usarla en el art. 505.II como complemento del reconocimiento parece aceptar que se hace mención a la posterior ejecución de la resolución foránea. Valdría la pena armonizar y depurar al máximo la terminología en una futura revisión del cpc.

El precepto mantiene silencio respecto de dos de las cuestiones esenciales que se suscitan en materia cautelar, primero, que ocurra en aquellos supuestos en que la medida cautelar adoptada por el tribunal extranjero incide sobre un bien objeto de disputa ante un tribunal del Estado Plurinacional. Segundo, que ocurra cuando la medida cautelar haya sido dictada no por una autoridad extranjera, sino por un tribunal arbitral foráneo.

La aceptación de la eficacia de las medidas cautelares dictadas por tribunales extranjeros en Bolivia no implica, por la propia naturaleza provisional de la medida, el reconocimiento y ejecución de la decisión extranjera que pudiera dictarse por el tribunal extranjero en el proceso en que la medida fue ordenada. Puede dar lugar a la adopción de diversas medidas por parte de las autoridades bolivianas.

El art. 500.I cpc precisa que en caso de encontrarse el bien objeto de la medida cautelar adoptada por el tribunal extranjero en el territorio de Bolivia, “las autoridades judiciales bolivianas podrán disponer, a solicitud de parte, las medidas conservatorias u otras que por su urgencia deban resolverse inaplazablemente, tomando en consideración que ellas podrán ordenarse sólo en cuanto garanticen el resultado del litigio”.

El art. 500 cpc incorpora en sus apartados III y IV dos reglas que cuentan con sustantividad propia y que, quizás, deberían haber sido tratados de forma individualizada:

1. El apartado III señala que en aquellas ocasiones en que el proceso –extranjero– que se pretende formalizar sobre la base de la medida cautelar aún no se hubiere iniciado en el extranjero por el tribunal extranjero competente, “el tribunal extranjero que la ordenó fijará un plazo para que se formalice la demanda observando los plazos vigentes en la legislación boliviana, bajo sanción de caducidad de la medida. Si la demanda se formalizare dentro del plazo, la medida quedará sujeta a lo que en definitiva resuelva el tribunal extranjero”.

El precepto se basa en una premisa errónea y adolece de importantes defectos que previsiblemente van a afectar a su virtualidad. El art. 500.III cpc obliga al juez extranjero a tomar en cuenta, primero, y a aplicar una norma procesal boliviana. Algo que por su propia naturaleza no puede hacer y que, además, es contrario a la filosofía del propio cpc que en su art. 493.I afirma que el proceso pendiente ante los tribunales bolivianos se regula única y exclusivamente por la normativa boliviana.

Si esto es así, y así es lo correcto, difícilmente podemos pretender que un tribunal extranjero regule su proceso o las bases de iniciación de éste con base en una normativa boliviana… que no sabemos, tampoco, cómo se le va a hacer conocer ni por quién ni en qué plazo. Tampoco que tome en cuenta los plazos fijados por la normativa boliviana, dado que nada se dice sobre cuáles puedan ser éstos.

Tampoco se sabe a quién afectará La caducidad de la medida que fija la normativa boliviana, siendo que no puede hacerlo respecto del tribunal extranjero, nada se resuelve en relación con su potencial incidencia en el eventual proceso sobre la disputa que pueda iniciarse en Bolivia o sobre la solicitud de medidas cautelares que puedan demandarse ante los órganos jurisdiccionales del Estado Plurinacional.

2. Junto a ello, además, el art. 500.IV cpc formula una norma que resulta ser de competencia judicial internacional y que, por lo tanto, cuenta con sustantividad propia y debería incardinarse en el art. 10 y ss cpc. El precepto señala que “La autoridad judicial boliviana podrá disponer medidas cautelares a cumplirse fuera del territorio del Estado”, independientemente de que los órganos jurisdiccionales bolivianos fueran competentes para conocer el litigio principal. Si bien se trata de una norma necesaria y trascendente, resulta lastimoso que nada se diga respecto de qué bienes, por parte de quien se solicita, en qué plazos o con qué vinculación y efectos sobre un proceso principal eventualmente iniciado en Bolivia.

Más aún, en aquellas ocasiones en que en cumplimiento en Bolivia de una medida cautelar dictada en el extranjero se adopten por parte de los órganos jurisdiccionales bolivianos medidas cautelares sobre bienes en el Estado Plurinacional, la persona afectada podrá deducir tercería u oposición ante la autoridad judicial boliviana que hubiere adoptado las mismas en cumplimiento de su comisión, “con la única finalidad de la comunicación de aquella al tribunal comitente, a tiempo de la devolución del exhorto o carta suplicatoria”.

Esta regla es coherente con el art. 500.II cpc que explicita que en aquellos supuestos en que la ejecución en Bolivia de la medida cautelar estuviera pendiente debido al hecho de haberse deducido tercería u oposición, la autoridad judicial boliviana comisionada para implementar dicha medida deberá comunicarla en forma inmediata al tribunal extranjero que la decretó.

A partir de este principio, los apartados II y III del art. 498 cpc incorporan dos reglas de difícil práctica:

1. El art. 498.II cpc señala que “la tercería u oposición se sustanciará por el tribunal comitente conforme a sus leyes”. Esto es algo que por la propia naturaleza territorial de las normas procesales no puede afirmar el legislador boliviano cuya competencia se reputa respecto de los órganos jurisdiccionales bolivianos y en relación con los procesos desarrollados ante ellos en Bolivia.

2. En segundo lugar, el art. 498.III cpc afirma que en caso de que el opositor plantee “tercería fundada en el dominio sobre el bien o en otros derechos reales sobre el bien embargado o la fundare en su posesión, aquella se sustanciará y resolverá conforme a las leyes del Estado Plurinacional”. Nada se dice si la oposición se sustancia ante órganos jurisdiccionales extranjeros, en cuyo caso el precepto carecería una vez más de sustantividad o ante un tribunal boliviano, situación que sí vendría gobernada por el art. 498.III cpc o, más genéricamente, de la regla del art. 493.I cpc en el que se afirma que los procesos sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales de Bolivia “se sustanciarán conforme a las normas procesales bolivianas en vigencia”.

III. Valoración final

Hasta aquí el análisis de las soluciones previstas en el nuevo cpc en relación con el proceso con elementos de extranjería y con la eficacia en el Estado Plurinacional de las resoluciones judiciales extranjeras. La lectura de las soluciones recogidas en el cpc deja sensación ambivalente. En un entorno caracterizado por la existencia de un modelo de dipr embrionario resulta alentador que el legislador nacional se plantee articular normas sobre aspectos esenciales de este sector del Derecho. Normas que cuentan con incidencia directa sobre los ciudadanos y sus expectativas jurídicas. Este hecho positivo se ve afectado por ciertas falencias constatables en el nuevo cpc –la inexistencia de un modelo de competencia judicial internacional–, por la presencia de ciertos errores de enfoque en el mismo –el legislador boliviano no puede decirle al juez extranjero lo que debe hacer de acuerdo con la normativa del Estado Plurinacional– y por una insuficiente depuración en el lenguaje técnico jurídico que generará problemas interpretativos. Esperemos que una reforma del cpc solvente algunos de estos problemas.

Es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia (España). Actualmente es Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Tomado de: Revista Boliviana de derecho Nº 18,  julio de 2014. El artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación MEC-DER2010-17126, “La experiencia del arbitraje y la mediación en los sistemas anglosajones y asiáticos y su incorporación en el nuevo modelo de justicia española del siglo XXI”

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