La Gaceta Jurídica

Apuntes doctrinales y desarrollo jurisprudencial sobre la nueva configuración constitucional

(Parte II)

Foto: iusfilosofo.blogspot.com

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Alan E. Vargas Lima

00:00 / 21 de octubre de 2015

También resulta importante precisar que, según la doctrina, el Estado Democrático tiene como elementos cualificadores los siguientes:

a) El principio de la soberanía popular como el modo específico y peculiar de concebir el poder en el Estado, en el que el referente último es la voluntad del pueblo.

b) La concepción plural de la sociedad, lo que supone una comprensión de la sociedad como un entramado en el que interaccionan los diferentes grupos sociales, situados en un plano de igualdad, grupos que responden a la propia libertad del ser humano y que, a la par, proporcionan a éste la posibilidad de desarrollar libremente y en plenitud su personalidad.

c) La participación como principio rector de la vida social y política, lo que significa que el proceso político debe estar asentado en la participación de todos los ciudadanos en la conformación de los órganos del poder constituido y en la expresión de su voluntad o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su consideración por las autoridades de gobierno a través de los mecanismos previstos por la Constitución.

d) La democracia como principio de convivencia, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0075/2005 de 13 de octubre).

e) Agrego, la alternabilidad en el ejercicio del poder político (o simplemente “alternancia”, que significa cambio de gobierno), vale decir, la posibilidad de renovar o cambiar a las autoridades gubernamentales (o a quienes detentan temporalmente el poder político), precisamente en resguardo de los derechos políticos de la ciudadanía (a través del derecho político a elegir y ser elegido libremente), brindando una oportunidad a las nuevas generaciones de líderes políticos y sociales para llevar adelante los destinos de un país con una mejor visión de futuro y con nuevas alternativas de desarrollo a nivel político, social, económico, etc.

Por tanto, la idea de implementar un sistema de reelección presidencial indefinida (o inclusive con carácter vitalicio) resultaría absolutamente incompatible con un régimen democrático (1) representativo y/o participativo.

4. Estado de Derecho

Asimismo, el Estado de Derecho significa que la actividad estatal se rige por un ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados, de tal forma que el Estado se rige por un ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política del Estado (cpe) como Ley Fundamental en la cual se consagran los valores supremos como máximos ideales de la sociedad; los principios fundamentales como los criterios rectores de la política interna y externa del Estado, informando todo el ordenamiento jurídico y político (artículo 8 constitucional);

los derechos fundamentales y garantías constitucionales que operan como límites naturales al poder del Estado frente a los ciudadanos, así como al propio poder individual de unas personas frente a otras (artículos 13 y 14, cpe).

Un Estado de Derecho tiene los siguientes elementos esenciales:

1. El imperio de la ley, que obliga por igual a los gobernantes y gobernados.

2. El poder político se ejerce sobre la base del principio de separación de funciones como un sistema de frenos y contrapesos para racionalizar el ejercicio del poder político.

3. El control y fiscalización del ejercicio del poder político, a través del control de constitucionalidad y el control de legalidad.

4. La promoción, resguardo y protección de los derechos y libertades fundamentales, pues la protección y efectiva realización de los derechos fundamentales constituyen la razón de ser del Estado de Derecho (2).

Asimismo, en el Estado de Derecho el poder político es ejercido sobre la base del principio de supremacía de la Constitución, que determina las condiciones de validez de las leyes y demás disposiciones legales, así como de los actos y decisiones de los gobernantes; por lo tanto, el gobierno es limitado y se configura sobre la base del principio de separación de funciones o división del ejercicio del poder político en el sentido horizontal y en el sentido vertical o territorial, siendo uno de sus elementos esenciales el sistema de los pesos y contrapesos.

En definitiva, un Estado de Derecho tiene por finalidad mantener un clima de convivencia pacífica y armonía social sobre la base del respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas, asegurando al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia (el maltrato, la discriminación), tanto estatal como particular, reprimiendo, incluso con la fuerza, las actividades violentas de los demás individuos que vulneran esa órbita de libertad y ponen en riesgo la vida, la salud y la dignidad humana (3).

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado en su momento que la expresión Estado de Derecho puede ser conceptualizada desde una doble perspectiva, con resultados diametralmente opuestos o al menos inconciliables:

Así, desde una primera postura, es aquel modelo de Estado en el que impera la ley o en el que rige, formalmente, el principio de legalidad o que funciona a través de los cauces establecidos por la legislación vigente. Así, todo Estado sería de Derecho por el solo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales. Esta noción reduciría el concepto Estado de Derecho a un simple sistema normativo, sin ninguna vinculación a principios y valores fundamentales.

Desde una segunda perspectiva, el Estado de Derecho no solo se caracteriza por la sujeción de los poderes públicos y los ciudadanos al ordenamiento jurídico vigente, sino por su vinculación a un ordenamiento superior en que se consagran y garantizan unos valores (derechos y libertades públicas) que, desde el punto moral y político, son considerados básicos para la convivencia humana y la consecución de la paz social.

Esta noción de Estado de Derecho responde a una determinada concepción filosófica del hombre y de la comunidad política –el Estado como ente racional al servicio del individuo– que se constituye en un sistema de vida en libertad, que se configura bajo la idea de: a) separación de los poderes estatales; b) sometimiento de todos los poderes al orden constitucional y a las leyes; c) sujeción de la administración a la ley y control judicial; d) reconocimiento jurídico formal de una serie de derechos, libertades y garantías fundamentales.

Esta segunda noción de Estado de Derecho es la que guarda compatibilidad con el modelo de Estado diseñado por la reforma de nuestra Constitución; lo que significa que el legislador, a tiempo de crear normas legales, debe precautelar que éstas no menoscaben los derechos y garantías fundamentales” (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0101/2004 de 14 de septiembre).

5. Estado Plurinacional

Respecto al modelo de Estado Plurinacional, cabe señalar que el mismo, ciertamente, no se encuadra en la doctrina constitucional clásica ni contemporánea, dado que se trata de una nueva modalidad de organización política de la sociedad que, como manifiestan sus impulsores, se encuentra destinada a la descolonización de las naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo su autonomía territorial.

“De manera que, siguiendo los fundamentos expuestos en los debates de la Comisión Visión de Estado por quienes lo sustentan, podríamos inferir que se trata de un modelo de Estado que se organiza política, social y jurídicamente sobre la base de la unión de varias naciones y pueblos indígenas originario campesinos bajo una misma Constitución y Gobierno estatal, pero con el reconocimiento a esas naciones de su territorio propio, su régimen económico, su idioma, su sistema jurídico y el derecho de autogobernarse, con competencias administrativas, económicas y culturales; lo que implica que, en este modelo de Estado, se parte del concepto de nación política y no solamente del concepto de nación cultural; de lo que podría concluirse que se trata de un Estado compuesto o asociado próximo a un Estado federativo-autonómico, ya no de un Estado uninacional” (4).

Sobre el tema, resulta necesario hacer referencia a la “Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado”, emergente de la Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia “por un Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas”, presentada en la ciudad de Sucre el 5 de agosto de 2006 para su consideración y debate en la Asamblea Constituyente.

En su parte introductoria se hace referencia a este nuevo modelo de Estado, haciendo constar previamente que Bolivia, como los demás Estados de América Latina, había construido un modelo liberal caracterizado por la imposición de la cultura occidental que ha marginado y debilitado sus culturas originarias, así como sus sistemas políticos y jurídicos, siendo, además, que la división política administrativa impuso fronteras que rompieron las unidades territoriales tradicionales, llegando a resquebrajar la autonomía y control sobre la tierra y recursos naturales.

“(…) Se ha impuesto –señala el documento– un sistema jurídico uniforme, modelos de gobierno y administración de justicia ajenos, que favorecen los intereses del mercado y priva a los pueblos de sus medios de subsistencia y, por lo tanto, deteriora nuestra calidad de vida. Pero a pesar de siglos de imposición hemos resistido y mantenido nuestras identidades, por eso en Bolivia hoy habitamos diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una convivencia solidaria y pacífica, por eso proponemos fundar un Estado Plurinacional Unitario”.

A este efecto entendían que el Estado Plurinacional “es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión solidaria, de esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos. Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los principios de pluralismo jurídico (entendido como la coexistencia, dentro del Estado Plurinacional, de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental, en un plano de igualdad, respeto y coordinación), unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad, solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción” (5).

Continuará

Notas

1. Se debe considerar que, de acuerdo al artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana (aprobada en la primera Sesión Plenaria de la Organización de Estados Americanos (oea), celebrada el 11 de septiembre de 2001 y ratificada por la mayoría de los países latinoamericanos): “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Sin embargo, es recomendable seguir el consejo del diplomático boliviano Carlos Antonio Carrasco, quien propone que el principio de alternancia en la función gubernamental debería plasmarse en una “ley de hierro”, infranqueable del sistema democrático y que, quienes en verdad sotengan ese principio, deberían gestionar una enmienda al citado artículo 3 de la Carta, cuyo texto reformado debería decir: “...la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; la separación e independencia de los poderes públicos y la obligada alternancia en la jefatura del Estado” (Cfr. CARRASCO, Carlos Antonio. Conjeturas. Cien crónicas de nuestra época. La Paz, Bolivia, L’Harmattan, Apoyo Gráfico, 2012, págs. 26 a 27.

2. “Cabe resaltar que el Estado de Derecho constituye un límite al ejercicio arbitrario del poder político, pues un gobierno sometido a él no puede ni debe cambiar el Derecho retroactivamente, abruptamente o de forma secreta cuando así convenga a sus intereses; no debe responder a la violación de la Ley por las personas con la violación de la Ley por el gobernante o sus servidores públicos; no debe ni puede emplear ilegítima e ilegalmente la fuerza pública, porque en caso de hacerlo, por acogerse a la razón de la fuerza, perdería la fuerza de la razón” (Cfr. RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. Temas de Derecho Constitucional. Pág. 118.

3. Cfr. RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. El Tribunal Constitucional defensor de la Constitución. Pág. 19.

4. Cfr. RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. Pág. 11. Algunos autores han llegado a afirmar que la transformación pluralista del Estado en Bolivia es el proceso constituyente de un Estado Plurinacional. Así, por ejemplo, Oscar Vega Camacho, a tiempo de reflexionar sobre ésta transformación pluralista estatal, indicó que plasmar en la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia la definición de un Estado Plurinacional como el eje articulador democrático es la garantía constitucional de un inicio para los procesos de descentralización, desconcentración y descolonización.

Asimismo, tratando de responder a la pregunta del ¿por qué un Estado Plurinacional? señaló: “Esta interrogante, que puede ser formulada desde la visión de una paradoja, es decir, para aquel pensamiento que hace una equivalencia entre Estado=nación, por supuesto que le parece una contradicción que se pueda albergar diversas naciones en un Estado. Pero esto presupone abstraer, por una parte, las diferentes modalidades de Estado que han existido y existen, sobre todo la construcción histórica de la forma Estado Nación; y por otra parte es desconocer e ignorar la realidad boliviana, su composición societal y las características político culturales de sus herencias y la emergencia de nuevas subjetividades identitarias (…).

El cómo surge la iniciativa del Estado Plurinacional es de una Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado que se presentó en Sucre el 5 de agosto de 2006 al instalarse la Asamblea Constituyente. (…) Un primer punto a considerar de esta propuesta, y que no es poca cosa para la experiencia política de nuestro país, (es que) participaron en su debate y elaboración todas las organizaciones indígenas de carácter nacional y regional. Esta firmada por la CSUTCB, Conamaq, Cidob, CSCB, FMCBBS, CPESC, CPEMB, MST y apg; están todas las organizaciones del norte, sur, occidente, oriente, colonizadores, sin tierra, cocaleros, bartolinas, amazónicos, etcétera. Con este documento, hay una lección de unidad y articulación que no hemos visto ni percibido en la vida política del país en décadas” (VEGA CAMACHO, Oscar. Reflexiones sobre la transformación pluralista, artículo que constituye la presentación del Libro colectivo La transformación pluralista del Estado. La Paz, Bolivia, Muela del Diablo Editores, 2007).

5. Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia. Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado, por un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas. Publicación de prensa: Sucre, Bolivia, 5 de agosto de 2006. Esta propuesta, ciertamente, constituye uno de los antecedentes que sirvieron de base para que, a nivel constitucional, se haya definido que la Autonomía Indígena Originaria Campesina (aioc) “consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias” (artículo 289 constitucional).

A cuyo efecto, la conformación de la autonomía indígena originario campesina está basada “en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley” (artículo 290 parágrafo I constitucional). Asimismo, no debe dejar de tenerse en cuenta que el autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas será ejercido “de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley” (artículo 290 parágrafo II constitucional).

Las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC) están situadas en el horizonte del Estado Plurinacional y, básicamente, son una categoría compuesta, resultado de una especie de transacción en la Asamblea Constituyente con el propósito de incluir, en igual jerarquía, a los pueblos indígenas de tierras bajas, a las naciones y pueblos originarios de tierras altas y a las comunidades campesinas. En todo caso, estos pueblos se hallan reconocidos en el artículo 2 constitucional y cuando se materializan como autonomías indígenas, indudablemente, se convierten en el impulso principal del proceso postconstituyente en Bolivia, siendo que, actualmente, once municipios y un territorio indígena transitan por ese camino. Sobre el estado actual de las autonomías indígena originario campesinas en Bolivia, recomiendo consultar “La larga marcha de las autonomías indígenas”, columna de opinión de mi autoría en el Periódico Digital Oxígeno (6 de julio de 2015) y en “La Gaceta Jurídica” (7 de julio de 2015).

Es abogado miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, secretario académico de la Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional. [email protected]

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