La Gaceta Jurídica

Apuntes doctrinales y desarrollo jurisprudencial sobre la nueva configuración constitucional

(Parte III)

Foto: vicepresidencia.gob.bo

Foto: vicepresidencia.gob.bo

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 25 de octubre de 2015

Básicamente, los tres ejes que caracterizaron esta propuesta de las organizaciones sociales e indígenas del país se resumen en: a) la demanda de constitucionalizar el Estado boliviano como Plurinacional; b) la propuesta de reordenamiento territorial para el país; y c) la defensa de la tierra y el territorio de las comunidades, pueblos y naciones indígena originario campesinas.

Asimismo, en la propuesta se dejó establecido que la estructura del nuevo modelo de Estado Plurinacional implica que los poderes públicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas, según usos y costumbres, y de la ciudadanía a través del voto universal, debiendo determinarse necesariamente la forma en que se articularán los distintos niveles de la administración pública y las autonomías territoriales (1).

Por otro lado, en noviembre de 2008, antes de la aprobación del nuevo texto constitucional, el Vicepresidente del Estado Plurinacional, en su discurso ante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), a tiempo de explicar los Pilares de la Nueva Constitución Política del Estado (cpe), señalo que el núcleo del texto constitucional es el Estado Plurinacional.

Esto, vale decir, es “el reconocimiento de que Bolivia es una nación de naciones, es una nación donde estamos aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, trinitarios, ayoreos, mestizos, afrobolivianos, etc. (…) Alguien dirá que ya se reconoció que somos una sociedad pluricultural en 1993 y es cierto, se reconoció que somos una sociedad pluricultural, pero ahora la nueva CPE reconoce que somos un Estado Plurinacional, no (solamente) la sociedad plurinacional. El Estado, el poder político, las instituciones, son pluri- nacionales, ésa es la gran diferencia. (…) A partir de enero de 2009 el Estado será pluricultural, plurinacional, plurilingüe, pluriorganizativo, ése es el núcleo de nuestra nueva Constitución”.

Asimismo, indicó que Estado Plurinacional quiere decir también que, si una persona quiere ser candidata para ejercer autoridad pública y ser funcionaria del Estado, no solamente tiene que hablar castellano, sino que debe hablar también un idioma indígena; que, además de ello, se reconoce la democracia representativa a través de la elección de nuestros representantes, la democracia directa a través del referéndum revocatorio y también la democracia comunitaria a través de las asambleas, los cabildos, como una manera oficial de tomar decisiones a nivel local o regional; entendiéndose, en consecuencia, que lo plu- rinacional implica igualdad de todos, con los mismos derechos y oportunidades (2).

Ciertamente, la configuración del Estado Plurinacional tuvo la virtud de haber consagrado el autoreconocimiento de un país diverso, compuesto por identidades y culturas que germinaban en objetivos comunes; sin embargo, los pasos andados hasta ahora no han sido los más acertados para la satisfacción de aquellas legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas y de la población urbana en su conjunto, cuya presencia activa en el escenario público caracteriza al nuevo modelo de organización estatal.

Es perceptible la insatisfacción ciudadana y el descontento generalizado, dado que en contraste con lo definido por la Constitución, en estos últimos años, el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario se ha debilitado considerablemente; los gobernantes no se subordinan a la Constitución, al contrario, la infringen de manera reiterada.

Esto queda demostrado con la emisión de leyes y reglamentos inconstitucionales y la permanente violación de los derechos y garantías constitucionales de las personas, así como de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

El Órgano Legislativo se ha convertido en una instancia subordinada a las determinaciones del Órgano Ejecutivo, cuyas propuestas normativas deben ser aprobadas sin mayor debate ni discusión restringiendo así la participación de los sectores de oposición presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejando de lado el hecho indiscutible de que su elección como legisladores (diputados o senadores) los convierte en servidores exclusivos de los intereses de toda la población boliviana, no así solo de una parcialidad o partido político alguno y menos de intereses personales del Presidente del Estado, siendo que, precisamente, para evitar ello es que la Constitución consagra el principio de separación de funciones.

Asimismo, el Órgano Judicial, así como sus magistrados y jueces, no goza de independencia plena, dado que es evidente que existe injerencia política en sus actividades y no se garantiza a los bolivianos y bolivianas un acceso a una justicia independiente, imparcial, pronta y oportuna, como proclama la Constitución; debiendo considerarse también que la elección por voto popular de los magistrados de los máximos tribunales de justicia del país no fue una solución idónea a la crisis estructural del sistema judicial del Estado (3).

Esta situación determina la necesidad de repensar la configuración del Estado Plurinacional en Bolivia, siendo necesario analizar su verdadera naturaleza jurídica, sus alcances, sus limitaciones y sobre todo sus perspectivas de futuro para su consolidación a nivel normativo e institucional.

Esto está basado en la evidencia de que el carácter plurinacional de nuestro modelo de Estado tiene ciertas implicaciones en la reestructuración de la institucionalidad estatal, la reorganización territorial, la democracia intercultural, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, entre otras, lo que, a su vez, conlleva otras repercusiones en el ámbito institucional, político, económico, social, jurídico, etc. (4).

6. Desarrollo Jurisprudencial

Prosiguiendo con el análisis, cabe agregar que, actualmente, y una vez puesta en vigencia la Constitución aprobada el 2009, la jurisprudencia cons- titucional también ha desarrollado la configuración constitucional del nuevo Estado, entendiendo que Bolivia se erige como Estado Plurinacional al reconocer la condición de naciones a los pueblos indígena originario campesinos bajo el concepto integrado de pueblos y naciones indígena originario campesinos, cuya plurinacionalidad está sustentada en tres pilares fundamentales: a) Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (artículos 30, 31 y 32 de la cpe); b) Jurisdicción indígena originaria campesina (artículos 190, 191 y 192 de la cpe); c) Autonomía indígena originario campesina (artículos 289 al 296 de la cpe).

Así, el reconocimiento de su diversidad y pluralidad ha dado lugar al nuevo pacto de fundar un Estado Unitario, Plurinacional Comunitario, basado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.

Con pluralismo político porque reconoce diferentes formas de democracia, la liberal y la comunitaria, y la composición de los poderes del Estado respetando la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

Con pluralismo económico porque reconoce cuatro formas de organización económica: la comunitaria, la estatal, la privada y la social cooperativa.

Con pluralismo jurídico porque reconoce la coexistencia de fuentes jurídicas provenientes de los pueblos indígena originario campesinos, a quienes se les reconoce el ejercicio pleno de su derecho y formas de administración de justicia.

Sobre el particular, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1422/2012 de 24 de septiembre, refiriéndose a estos caracteres, expresó lo siguiente:

“Esta refundación implica el diseño de un nuevo modelo de Estado, el cual se estructura a partir del ‘pluralismo’ como elemento fundante del Estado; en ese orden, la cláusula estructural de la Constitución, plasmada en su primer artículo, consagra el pluralismo como el eje esencial de la reforma constitucional, diseño que se encuentra en armonía con el preámbulo de esta norma suprema.

En base al pluralismo como elemento estructurante del nuevo modelo de Estado, la función constituyente, en mérito a factores históricos, sociológicos y culturales, consolida la protección y efectivo reconocimiento constitucional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, asegurando una real materialización del pluralismo con la consagración taxativa del principio de ‘libre determinación’, plasmado en el artículo 2 del texto constitucional, postulado que asegura una real inclusión de estas colectividades en la estructura del modelo estatal bajo criterios de interculturalidad, complementariedad y a la luz de la doctrina de la ‘descolonización’.

En efecto, a partir de la concepción del pluralismo como elemento fundante del Estado, el modelo de Estado, se estructura sobre la base de derechos individuales y también derechos con incidencia colectiva, pero, además, la concepción del pluralismo y la interculturalidad configuran un diseño de valores plurales rectores destinados a consolidar el vivir bien, en ese orden, y al abrigo de la estructura axiomática plasmada en el Preámbulo de la Constitución, la interculturalidad asegura que los valores plurales supremos se complementen en una sociedad plural e irradien de contenido todos los actos de la vida social, incluidos aquellos procedimientos o decisiones emanadas de los Pueblos y Naciones Indígena originario campesinos”.

En definitiva, el modelo de Estado Plurinacional con autonomías se edifica en una nueva organización territorial y en una diferente distribución de poder público a nivel territorial, lo que implicará el ejercicio por parte de las entidades territoriales autónomas de atribuciones y competencias que antes pertenecían al nivel central del Estado.

Por el carácter plurinacional, la estructura del nuevo modelo de Estado plurinacional implica que los poderes públicos tengan una representación directa  de  los  pueblos  y  naciones indígena originario y campesinas, según normas y procedimientos (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2055/2012, de 16 de octubre, entendimiento reiterado posteriormente por la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2013, de 12 de marzo).

Continuará

Notas

1. Por otro lado, y según los criterios expuestos en su momento por uno de los “teóricos” (si vale el término) del modelo plurinacional de Estado, el autor Álvaro García Linera (actual Vicepresidente del Estado) después de analizar el desencuentro entre la vida estatal y la composición socioeconómica del país, recomendaba asumir con seriedad y franqueza el debate en torno a las etnicidades, comunidades culturales y naciones sin Estado, como sujetos políticos y territoriales decisivos para la conformación y consagración de cualquier orden estatal duradero en el país.

En este sentido llegó a indicar que ante el reconocimiento de identidades étnicas, culturales y lingüísticas en la mayor parte de su territorio y abarcando la mayor parte de su población, habrían varias opciones a emprender, “la primera es negar o simular un reconocimiento de esta diversidad, pero trazar políticas de extinción, ya sea vía la exclusión coercitiva de esas identidades o por medio de su devaluación simbólica que empujen a estrategias de autonegación étnica. (…) Otra opción es el potenciamiento de proyectos de autonomía nacional indígena que pudieran dar lugar a la formación de nuevos Estados de composición mayoritaria indígena (…). Una tercera opción sería diseñar una nueva estructura estatal, capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la distribución de poderes y en su normatividad, a estas dos grandes dimensiones de la cualidad social boliviana; la diversidad étnica-cultural y la pluralidad civilizatoria de los regímenes simbólicos y técnicos procesuales de la organización del mundo colectivo. En términos de un régimen de derechos ciudadanos y de prácticas democráticas, esto significaría la constitución de un Estado plurinacional y multicivilizatorio”.GARCÍA LINERA, Álvaro. Estado Plurinacional. Una propuesta democrática y pluralista para la extinción de la exclusión de las naciones indígenas. Artículo que puede verse en libro colectivo La transformación pluralista del Estado. Págs. 56 a 57 (el subrayado me corresponde).

2. GARCÍA LINERA, Álvaro. Los tres pilares de la Nueva Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional, Economía Estatal y Estado Autonómico. Revista Discursos & Ponencias del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia). Año 2, Número 4, La Paz, 4 de noviembre de 2008.

3. Entre algunas de las causas determinantes que han derivado inevitablemente en la crisis que atraviesa la administración de justicia en Bolivia, se puede señalar, por ejemplo, la corrupción judicial (falta de idoneidad), la retardación de justicia (mora procesal) y la manipulación política del aparato judicial (politización de la justicia).

La corrupción judicial, referida a la falta de idoneidad de un(a) juez(a) para el ejercicio de la función jurisdiccional, por el manejo indiscriminado de la jurisdicción y la competencia para decidir y resolver un asunto, no solamente es atribuible a aquellos operadores de justicia que extorsionan o exigen dinero o favores prometiendo una sentencia dirigida a satisfacer un interés particular, sino que es un fenómeno que en muchos casos tiene como principal factor al(la) ciudadano(a) que fomenta al desprestigio del sistema, entregando dádivas, regalos, favores y “coimas” a una autoridad judicial o, simplemente, apela al chantaje y la amenaza a fin de conseguir un fallo favorable a sus intereses.

La retardación de justicia, que en muchos casos provoca una mora procesal insostenible por la falta de personal calificado o, en su caso, por no tener los recursos humanos suficientes para alivianar la sobrecarga procesal en un juzgado, no solamente es responsabilidad del operador de justicia, quien, en muchos casos, solo se debe ocupar de dirigir el proceso encaminándolo a buen término con la emisión de una decisión que sea producto de la valoración adecuada de las pruebas y testimonios concurrentes en determinado caso, sino también es responsabilidad del procesado(a) y su abogado(a), quienes muchas veces apelan a la “chicana” y utilizan todos los medios a su alcance para obstaculizar la averiguación de la verdad en el menor tiempo posible, lo que indudablemente deriva en la existencia de procesos judiciales inacabables y eternos por la temeridad y malicia con que actúan las partes cuando provocan la innecesaria dilatación.

La manipulación política del aparato judicial –que no es reciente– se ha manifestado en nuestro país a través del direccionamiento desde instancias gubernamentales (tanto del Ejecutivo como del Legislativo) para el inicio inmediato de procesos judiciales contra determinadas personas o autoridades que no son afines al partido de gobierno (que son parte de la oposición política) o que, simplemente, han puesto en evidencia determinadas irregularidades que, de permitirse su difusión, pudieran derivar en la caída del régimen de gobierno; por lo que, y para evitar ello, se instaura centenares de juicios intentando aplacar aquellas voces que constantemente denuncian las irregularidades de la gestión gubernamental en las principales reparticiones del Estado central, a fin de evitar cualquier voz disidente capaz de poner en duda el manejo –presuntamente idóneo y transparente– de los recursos públicos. Sobre este tema, recomiendo consultar “Las causas determinantes de la crisis en la administración de justicia”. Columna de opinión de mi autoría, publicada en “La Gaceta Jurídica” (24 de febrero de 2014).

4. Precisamente, de las repercusiones del carácter plurinacional del Estado en el ámbito jurídico surge la consolidación del Constitucionalismo Plurinacional e Intercultural, que, bajo el paraguas del pluralismo jurídico igualitario, rompe la identificación del Estado-Derecho, superando la concepción del monismo jurídico, según el cual, solo es Derecho aquel generado por los órganos del Estado, rebasando así la idea del pluralismo jurídico subordinado que marcó la reforma constitucional de 1994, en la que, si bien se reconoció a las autoridades naturales de las comunidades indígenas, la facultad de aplicar su normas fue en calidad de resolución alternativa de conflictos y siempre que dichas normas no fueran contrarias a la Constitución y la Ley. Cfr. Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Interdialogando. Hacia la construcción plural del Derecho desde la cosmovisión de la Nación Yampara. Soraya Santiago Salame y Humberto Guarayo. La Paz, Bolivia: KAS Investigaciones 1/2014. Análisis y Reflexión Política. Editora Presencia, 2014. Pág. 23.

Es abogado miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, secretario académico de la Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional. [email protected]

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia