La Gaceta Jurídica

Apuntes doctrinales y desarrollo jurisprudencial sobre la nueva configuración constitucional(1)

(Parte I)

Foto: adolfomendozaleigue.blogspot.com

Foto: adolfomendozaleigue.blogspot.com

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 18 de octubre de 2015

Uno de los aspectos que conviene resaltar en la Constitución Política del Estado puesta en vigencia el 2009 (en adelante cpe) es, precisamente, el modelo sui géneris de Estado que ha implantado el constituyente, por lo que, y a modo de rescatar las disposiciones más relevantes que contiene el nuevo texto normativo fundamental, debemos señalar que, respecto a la nueva configuración del Estado Boliviano, el artículo 1 constitucional caracteriza a nuestro país como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario (2), libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (3).

En consecuencia, resulta necesario analizar algunos de los elementos que componen este nuevo modelo de Estado en Bolivia, haciendo énfasis en el significado de lo plurinacional.

1. Estado Unitario

Cabe hacer notar que el modelo de Estado adoptado en nuestro texto constitucional conjuga varios elementos particulares, uno de los cuales proviene del constitucionalismo clásico en lo referente al ejercicio del poder político, dado que comienza por definir al Estado como unitario, lo que implica que Bolivia asume su organización estatal sobre la base de la unidad política y administrativa.

En razón de lo anterior, con el propósito de sustentar la importancia de esta nueva configuración, nos limitaremos a desentrañar brevemente los elementos principales que configuran la naturaleza de la forma de Estado en el texto constitucional.

Para la comprensión de la citada norma constitucional, debemos recordar que la doctrina constitucional señala que el Estado unitario es aquel modelo de Estado en el cual el ejercicio del poder político queda centralizado territorialmente, lo que equivale a decir que el gobierno central asume toda la autoridad para regir la actividad interna del Estado a través de un determinado ordenamiento legal que rige en todo su territorio, caracterizándose, en consecuencia, por la centralización de sus poderes, dotándose de un solo centro de impulso político que acumula la totalidad de las atribuciones y funciones que corresponden a la entidad estatal, constando de un solo aparato gubernamental que lleva a cabo todas las funciones del Estado.

Lo indicado implica la existencia de soberanía única e indivisible (artículo 7, cpe: “inalienable, imprescriptible”) y, conformemente, un poder constituyente único, que en el ámbito jurídico se manifiesta a través de la elaboración de una Constitución (artículo 411, cpe) y un poder constituido con potestad legislativa, cuyo alcance rige los destinos y actividades de todo el Estado (artículo 145, cpe) (4).

Se debe agregar que esta forma de Estado puede tener su variable caracterizada como Estado unitario complejo, que es aquel en el cual es compatible la unidad constitucional y política, con la descentralización política administrativa, que puede darse de diversas formas, entre ellas la modalidad de las autonomías regionales o departamentales (5).

2. Estado social

Asimismo, en el constitucionalismo contemporáneo se considera que el Estado social significa básicamente un modelo de organización social, política y económica que tiene su punto de partida en los valores supremos de la dignidad humana, la igualdad y la justicia (artículo 8.I, cpe), en el que, además, la política estatal esté orientada a garantizarle a su población las condiciones básicas para una existencia digna de seres humanos (artículo 46.I, núm. 1, cpe), como seres dotados de un fin propio y no cual simples medios para fines de otros.

Esto significa que el papel del Estado no debe reducirse a resguardar el orden público (artículo 251.I, cpe), limitándose a no interferir ni vulnerar las libertades de las personas, sino que, principalmente, debe estar destinado a contrarrestar las desigualdades sociales existentes, ofreciendo a todos sus nacionales las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar sus necesidades materiales (artículo 316, núm. 7, cpe). Entonces, el Estado debe desplegar políticas orientadas, entre otras, a proteger y atender de manera especial a los sectores sociales con mayores desventajas, como aquellos que tengan debilidad manifiesta por su condición económica, por carencia de trabajo o por la disminución de su capacidad física (artículo 70, núm. 4, cpe) prestándoles asistencia y protección necesarias en el marco de las posibilidades económicas que estén a su alcance (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0051/2005 de 18 de agosto).

Finalmente, es importante considerar que uno de los pilares del Estado social es la protección y defensa de los derechos fundamentales de la persona, a cuyo efecto despliega acciones para potenciar sus capacidades, mantener o mejorar su nivel de vida; por lo tanto, el respeto por los derechos humanos, de un lado, y el acatamiento de los principios rectores de la actuación estatal, de otro, constituyen las consecuencias prácticas de la filosofía del Estado social de Derecho (6).

3. Estado democrático

Por otro lado, según la doctrina del Derecho Constitucional, el Estado democrático entraña distintas características del régimen político; por un lado, significa que los titulares del poder público ejercen esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, expresada a través de las elecciones basadas en el sufragio universal (artículo 26.II cpe) (7); y, por otro, implica que la relación de los ciudadanos con el poder político no se reduce a la emisión del voto para elegir a sus representantes y gobernantes, sino que también es expresado en una participación activa y efectiva en la toma de decisiones a través de mecanismos adecuados como el referéndum popular (8), la planificación participativa, así como el control social  (artículos 241 y 242, cpe) y la iniciativa legislativa (artículos 11.II, núm. 1, y 162, cpe); y, por último, que la democracia sea expresada como la capacidad de respeto a los demás, la capacidad del diálogo y el respeto por la discrepancia, de manera tal que la voluntad de las mayorías no llegue al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de las personas (9).

Continuará

Notas

1. El trabajo ha sido elaborado para dictar el módulo Teoría Constitucional del Estado, diseñado para el Diplomado en Derecho Constitucional Gestión 2015 y realizado por la Unidad de Postgrado de la Universidad Salesiana de Bolivia (USB). Título completo: Apuntes doctrinales y desarrollo jurisprudencial sobre la nueva configuración constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. “De una interpretación literal de la norma constitucional prevista por el art. 1 de la Constitución se podría apresurar la conclusión de que conlleva graves y serias contradicciones; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica, tomando en cuenta el significado de cada uno de sus elementos caracterizadores, se podría concluir que no son tantas las contradicciones; así, por ejemplo, no resulta contradictorio el Estado Unitario con un régimen autonómico; pues un Estado con régimen autonómico es aquel en el que el Estado unitario distribuye el poder único entre poderes territoriales diversos, es decir, procede a la cesión del poder centralizado a las unidades territoriales.

En lo que sí es posible identificar una contradicción es entre el Estado Unitario y el Estado Plurinacional; ello tomando en cuenta la finalidad última que persigue la Constitución y la forma en que se ha configurado ese Estado Plurinacional. En efecto, como se tiene ya referido, esta nueva forma de Estado se organiza política, social y jurídicamente sobre la base de la unión de varias naciones, que tienen su territorio, un sistema propio y particular de organización política, una estructura económica, un sistema jurídico propio y el derecho a la libre determinación, que implica un autogobierno; entonces, ya no se trata de un Estado Uninacional, de un Estado único, sino de un Estado compuesto o consocional; por lo tanto, ya no se puede afirmar que es un Estado Unitario, tendría que haberse optado por un Estado Federal, que sería más coherente con el carácter plurinacional” Cfr. RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. Temas de Derecho Constitucional. Cochabamba, Bolivia, Editora Olimpo, 2012, pág. 122.

3. “1 Kamachi. Bolivia markaxa mayachata kunaymana pachpa markachirinakana lurawiparjama yäkata, amtaparjama, qhisphita, p’iqiñchata, p’iqiñchirixa markachirinakata chhijnuqata kunaymana nayra markanakata pachpa markanakana amtaparjama, utt’ayatawa. Bolivia markaxa kunaymana qutu marka amuyirinakata, qullqita amuyirinakata, taripañata, sarawinakata, arunakata mayachata utnuqayatawa” CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Machaqa Tayka Kamachi. La Paz, Bolivia, Central Gráfica, 2010.

4. Cfr. RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. En: Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (editor). Estudios sobre la Constitución aprobada en enero de 2009. Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial Kipus, 2009, pág. 11.

5. Cfr. RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. Temas de Derecho Constitucional. Pág. 118.

6. Cfr. RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. El Tribunal Constitucional defensor de la Constitución. Reflexiones sobre la necesidad de su consolidación y fortalecimiento institucional. Sucre, Bolivia, GTZ-Padep, Unión Europea, AECI, 2007, pág. 17.

7. “La doctrina constitucional –expuesta con bastante amplitud en la Sentencia Constitucional Nº 0064/2004 de 8 de julio– entiende por cuerpo electoral al conjunto de ciudadanos con derecho de sufragio activo; es la expresión jurídica de la sociedad a través de la cual ésta procede a la creación del derecho y a la dirección política del Estado por medio de la elección de sus representantes o a través de la adopción de decisiones de especial trascendencia de manera directa.

El concepto de cuerpo electoral tiene su base en el principio fundamental de la soberanía popular, lo que significa la pertenencia del poder al pueblo, es decir, que el pueblo es el origen de todo poder, lo que implica el reconocimiento a aquél del derecho de crear o configurar su propio orden político fundamental, su Constitución, así como el derecho de modificarla. En consecuencia, el poder del Estado emana del pueblo el que, en un sistema democrático participativo, además de delegar su ejercicio a sus mandatarios y representantes, lo ejerce directamente a través de los mecanismos previstos por la Ley Fundamental del Estado”.

Sin embargo, la voluntad del cuerpo electoral no puede ser constituida ni expresada sino a través del ejercicio del derecho de sufragio; pues, no existe otra vía más idónea y expedita que el sufragio para que el cuerpo electoral pueda manifestarse de forma individualizada por los ciudadanos que lo integran. Entonces, “el derecho de sufragio –según la citada Sentencia Constitucional– es la potestad o facultad que tiene todo ciudadano(a) para expresar su voluntad política y efectivizar su participación en el proceso de conformación de los órganos de gobierno y la adopción de las decisiones de trascendencia política referidas con el ejercicio del poder político.

La doctrina del Derecho Electoral, califica al sufragio como una técnica o un procedimiento institucionalizado mediante el cual el cuerpo electoral hace manifestación o expresión de opiniones políticas, con dos finalidades distintas: a) para elegir gobernantes; b) para la adopción de decisiones políticas. El derecho de sufragio, en la actualidad se constituye en un derecho político atribuido a los ciudadanos(as) miembros de la comunidad política, para adoptar, mediante él, decisiones también de naturaleza política que atañen al gobierno del Estado.

En ese ámbito conceptual, la doctrina del Derecho Electoral reconoce al derecho de sufragio diversas funciones, entre ellas la de producir gobiernos, esto es, que el pueblo delega el ejercicio de su soberanía en sus mandatarios y representantes a quienes los elige mediante el ejercicio del sufragio; la otra función esencial es la de articular la participación del pueblo en el ejercicio del poder político, unas veces en forma directa, votando en los referendos o plebiscitos, y otras, indirectamente, eligiendo a sus representantes.

En definitiva –concluye la Sentencia–, el sufragio, en sus diferentes funciones y objetivos, se constituye en la base esencial del régimen democrático contemporáneo, porque es través de él que el titular de la soberanía, el cuerpo electoral, expresa su voluntad política en los procesos de conformación de los órganos del poder público y en la adopción de las decisiones políticas trascendentales”. Este derecho se ejerce mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente (a partir de los dieciocho años cumplidos); así lo dispone la norma prevista por el artículo 26 parágrafo II de la cpe.

8. En lo que respecta al referéndum como mecanismo de participación del pueblo en la toma de decisiones políticas trascendentales, la antes citada Sentencia Constitucional Nº 0064/2004 de 8 de julio, en consonancia con la doctrina del Derecho Constitucional, ha precisado que el referéndum es un mecanismo de la democracia participativa a través del cual el pueblo, como titular de la soberanía, expresa su voluntad o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su consideración por las autoridades de gobierno.

“Cabe advertir que, según la doctrina clásica del Derecho Constitucional, el referéndum es el mecanismo mediante el cual el pueblo aprueba o rechaza las decisiones normativas de las autoridades estatales, expresadas en un texto ya elaborado de proyecto, o ya previsto en un texto legal vigente, en cuyo caso la decisión está orientada a derogar o abrogar el texto normativo sometido a su consideración.

En esa línea de pensamiento se ha establecido una diferenciación entre el referéndum y el plebiscito que se constituye en otro mecanismo de la democracia participativa; así la doctrina considera que en el referéndum se somete a consideración del pueblo un texto normativo que puede ser un proyecto de norma jurídica o una norma jurídica ya en vigor, en cambio, en el plebiscito se somete a consideración del pueblo una decisión política, es decir, se le formula una consulta acerca de una decisión fundamental para la vida del Estado y de la sociedad, lo que significa que no se propone un texto normativo sino una decisión como tal.

Sin embargo –según la citada Sentencia Constitucional–, en la doctrina contemporánea se concibe el referéndum popular de una manera amplia, como un mecanismo de la democracia participativa, a través del cual los gobernantes pueden consultar al pueblo su parecer, no solo sobre un texto normativo en proyecto o en vigor, sino sobre decisiones políticas de especial trascendencia para el Estado y la Sociedad; de ahí que frente a la clasificación bicéfala de referéndum aprobatorio y referéndum derogatorio, la doctrina constitucional añade una tercera clase o forma, como es el referéndum potestativo o consultivo”.

9. Cfr. RIVERA S., José Antonio; JOST, Stefan y otros. La Constitución Política del Estado: Comentario Crítico. Tercera Edición actualizada con las reformas del 2004. Cochabamba, Bolivia: Talleres Gráficos Kipus, 2005. Pág. 21.

Es abogado miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, secretario académico de la Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional. [email protected]

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia