La Gaceta Jurídica

Artificios judiciales

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 12 de junio de 2012

El primer informe institucional del Consejo de la Magistratura, luego de que las actuales autoridades asumieron sus cargos, fue presentado hace un par de semanas; en dicho documento son las propias autoridades judiciales de la “Revolución Judicial” las que reconocen no haber avanzado ni un ápice en lo que se refiere a la resolución de procesos disciplinarios del anterior sistema, lo que demostraría, en resumidas cuentas, que en estos seis meses estos funcionarios casi no hicieron nada más que mostrarle al pueblo boliviano una farsa originada en las elecciones judiciales de octubre de 2011.

En muchas oportunidades, a través de esta misma columna, he sostenido que todos los bolivianos debemos ser confiados en darle a las nuevas instituciones del ámbito judicial una suerte de confiada espera porque la transformación judicial es un proceso de largo aliento y no se puede producir de un día para el otro, pero que sean sus propias autoridades las que afirmen que no se avanzó ni un milímetro en aspectos tan primarios como la resolución de los procesos disciplinarios heredados del ex Consejo de la Judicatura me parece un tema muy delicado.

Los últimos días del mes de abril, en una entrevista que concedió el magistrado Roger Triveño Herbas a quien suscribe la presente columna mencionó que las causas en liquidación estarían concluidas, como mucho, hasta agosto, entonces ¿a qué se debe esta contradicción entre lo dicho por la mencionada autoridad y el primer informe institucional publicado hace pocos días?

El documento denominado “Justicia del Pueblo para el Pueblo” hace mención a que el Consejo de la Magistratura tiene 1.478 procesos disciplinarios del anterior sistema que aún están en trámite, sin resolver, extremo que motiva nuevamente a otra pregunta ¿qué hacen los 10 abogados (dos por cada uno de los consejeros de la Magistratura) que fueron contratados con la finalidad de liquidar todos esos procesos que estaban en apelación?

No consideramos que las declaraciones públicas efectuadas por el magistrado Roger Triveño Herbas sean una patraña, sin embargo, la publicación ofrece los datos mencionados, además, suscritos por los propios magistrados responsables de la denominada Sala Disciplinaria, Vilma Mamani Cruz y Ernesto Araníbar Sagárnaga, por lo que el ciudadano podrá desconfiar con razón y fundamento de la certidumbre y la eficacia que nos puedan ofrecer las nuevas autoridades del Órgano Judicial, electas el 16 de octubre de 2011 y que llegaron con la promesa de erradicar todo síntoma de retardo y corrupción en el sistema judicial.

El documento al que se hace referencia da cuenta que hay 1.478 procesos disciplinarios pendientes de conclusión en primera instancia, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba los distritos con mayor carga procesal hasta el 31 de diciembre de 2011, lo cual es plenamente explicable por la magnitud de esos tres distritos que son los más grandes del país. Hay que hacer notar que la denominada Comisión de Liquidación comenzó su trabajo tres meses después de que fueron posesionados los Consejeros de la Magis- tratura, es decir el 1 de marzo de 2012.

Frente a ello, tenemos la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional Nº 212, la cual dispone que los procesos disciplinarios generados en base a la Ley 1817 del extinto Consejo de la Judicatura deben ser concluidos conforme a dicha norma y aquellos procesos que se encuentran en estado de apelación, vale decir los que estaban ya en conocimiento del Plenario del Consejo de la Judicatura, deben ser resueltos hasta su conclusión por la instancia de liquidación en un plazo máximo de doce meses (artículo 17, numerales I y II Ley Nº 212).

Si nos basamos en la información tomada de la revista “Justicia del Pueblo para el Pueblo”, la mitad del plazo otorgado por la norma citada ya fue dilapidado, despilfarrado, demostrando así la incompetencia de los servidores y servidoras judiciales que fueron asimilados para esa tarea; se sabe que esa ineptitud es y fue históricamente uno de los motivos de la mora procesal.

El segundo es el excesivo trabajo para la cantidad de operadores que existen; en el caso que hoy nos ocupa esta segunda causa no puede ser argumentada, pues contrataron personal, seguramente, en base a estudios que pueden ser generados por la propia Dirección de Políticas de Gestión dependiente del Consejo de la Magistratura.

La supuesta inercia de las autoridades se suma a la negligencia en la designación de los nuevos jueces disciplinarios cuyo proceso de selección se realizó hace casi tres meses, sin que, hasta la fecha, se haya procedido a su designación o nombramiento.

¿Cuántas denuncias se habrán acumulado desde el 3 de enero hasta este mes de junio? Los nuevos jueces disciplinarios iniciarán su labor ya con una morosidad considerable en su trabajo y será enteramente atribuible a las actuales autoridades que gobiernan el Consejo de la Magistratura.

Hay que hacer notar que, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, la mora procesal suele tener como consecuencia necesaria la pérdida de la facultad de procedimiento de la parte inactiva, en este caso el Consejo de la magistratura, lo que podría devenir en recursos constitucionales que dejen a las personas involucradas en los procesos sin sanción o, peor, sin haber podido reparar su dignidad, en el caso de aquellos funcionarios que hayan sido acusados sin mediar ningún accionar irregular en el ejercicio de sus funciones.

Por ello, hay que puntualizar nuevamente que las actuales autoridades judiciales asumieron el timón de la justicia con un compromiso claro y concreto: erradicar la retardación de justicia y la corrupción. Hasta el momento no dieron muestras claras –por lo menos públicamente– de trabajar para lograr ninguno de esos dos objetivos y, por supuesto, la sentencia en este caso también es concluyente, si no pueden cumplir esas responsabilidades asumidas con bombos y platillos, teniendo como abogado al mismísimo presidente Evo Morales Ayma, así como llegaron, también tienen las puertas abiertas para irse.

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