La Gaceta Jurídica

Asesinato y ajusticiamiento

…la población se encuentra ajena a los principios de respeto a los derechos humanos, pues no se puede justificar que un sospechoso, pese a las dimensiones del crimen que se le imputa, no tenga derecho a un juicio justo y sanción adecuada.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 30 de agosto de 2013

Nuevamente –esta vez en una población de la zona tropical del departamento de La Paz– se produjo la violenta intervención de la población para sancionar un presunto delito mediante la llamada “justicia por mano propia”. En esta ocasión, después de ser maniatado y torturado para que confiese el hecho, un hombre de 25 años fue quemado en el interior de su vehículo por una enardecida turba de vecinos del municipio de Palos Blancos, suceso en el que la Policía, representada por sólo dos uniformados, y las autoridades municipales no pudieron intervenir.

El desenlace se produjo debido a que el ajusticiado y algunos miembros de la pandilla que lideraba habrían asesinado brutalmente a otra persona el fin de semana, lo cual fue detectado por la población debido a que los involucrados hablaron de su fechoría mientras bebían el lunes por la noche, en ese lapso fueron denunciados y capturados.

Aunque el principal sindicado no se encontraba en ese momento, al día siguiente se presentó a la comisaría donde fue arrestado y en la madrugada del miércoles sacado violentamente por los pobladores movilizados y obligado a confesar el crimen, además de que era inculpado de otros dos anteriores.

Finalmente, esta acción terminó con la vida del pandillero.

En todo caso, el drama se presenta con particularidades especiales, pues no se trató de “escarmentar” un delito de robo como en otros lugares, sino que el ajusticiado y algunos jóvenes que lo secundaban habrían cometido un asesinato con altos grados de crueldad, pues su víctima sufrió golpiza, violación, corte de testículos, quebrazón de huesos y degüello. También es preocupante que los miembros de la pandilla, hombres y mujeres, ahora detenidos en Caranavi, salvo dos que huyeron y son buscados por la población, tienen entre 14 y 18 años, además de que están relacionados con el consumo de drogas y alcohol.

Lo significativo podría ser que en áreas urbanas pequeñas y alejadas de las capitales departamentales ocurren estos casos de asociaciones juveniles con fines delincuenciales, los cuales llegan a niveles incalificables de afán violento y delictivo. Sin embargo, es mejor asumir que esta situación puede ser común a todas las regiones del territorio, por lo cual las entidades destinadas a trabajar con la niñez y la juventud deben encarar políticas adecuadas que formen entramados y sinergias amplias para prevenir conductas y apoyar en el desarrollo personal psicosocial.

Asimismo, es fundamental que los gobiernos locales promuevan estrategias de inclusión de las nuevas generaciones en actividades y acciones culturales y deportivas sostenibles, que refuercen permanentemente sus cuadros y logren líderes para que mantengan a su cargo las futuras etapas de esta labor. De esa manera, jóvenes, niños y niñas podrán relacionarse de manera útil en su entorno social y reflejar sus capacidades en facetas de interacción con adultos mayores, medio ambiente y educación.

Por otra parte, con lo acaecido se refleja que la población en general se encuentra ajena a los principios de respeto a los derechos humanos, pues no se puede justificar que un sospechoso, pese a las dimensiones del crimen que se le imputa, no tenga derecho a un juicio justo y sanción adecuada. Es por eso que también se debe trabajar en este particular para evitar asesinatos como el detallado y castigos como el ocurrido.

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