La Gaceta Jurídica

Audiencia de apertura y examen de evidencias

En circunstancias en que se apunta a la administración de justicia como uno de los principales responsables de la elevada mora procesal, en el Estado boliviano fue promulgada, a partir de iniciativas del Órgano Judicial, la Ley N° 586, destinada en su finalidad a “Descongestionar el sistema procesal penal”.

La finalidad de este procedimiento busca resguardar la regla de derecho al secreto e inviolabilidad de correspondencia.

La finalidad de este procedimiento busca resguardar la regla de derecho al secreto e inviolabilidad de correspondencia. Foto: noticiaslachevere.com

Roberto Ibor Valdiviezo

00:00 / 27 de febrero de 2015

Este es usado como principal baremo que refleja las alarmantes tasas de rezago judicial y que, según el informe 2013 de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, alcanza al porcentaje de 83,3 pro ciento de detenidos preventivamente en las cárceles del país.

Por el contenido de la Ley 586, ésta constituye una herramienta destinada a combatir y desterrar algunas de las malas prácticas que han derivado en motivos de rezago procesal; empero, por lo circunstancial de la ley, ésta no ha previsto integralmente muchas de las prácticas que generan retardación de justicia.

Por lo anterior, el presente análisis apunta justamente a esbozar y poner en discusión una de esas prácticas, nos referimos concretamente al trámite previsto en el artículo 191 del Código de Procedimiento Penal (cpp).

Contexto

Antes de ingresar al análisis de esa norma, es preciso contextualizarla superando los límites simplemente formales y específicos de su contenido, vinculándola al contenido constitucional y legal de los derechos y garantías de los imputados y de la víctima.

Por ello, se torna necesario desentrañar la teleología y utilidad procesal del trámite previsto en el artículo 191 del cpp, que, en su literalidad, expresa lo siguiente: “Recibida la correspondencia, documentos y papeles, el juez o tribunal, en presencia del fiscal, procederá a su apertura y examen debiendo constar en acta. Si guardan relación con el proceso, ordenará su secuestro; caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá su entrega  al destinatario, remitente o propietario”.

En cumplimiento de tal, fueron generadas distintas formas de aplicarla y considero que es necesario delimitar su contenido para optimizar los tiempos de producción de los jueces, pues, en muchos casos, esta audiencia se ha convertido en cuello de botella que impide la prosecución del proceso.

Nos referimos en concreto a aquellos casos complejos donde existe pluralidad de imputados o, en su caso, que se trata de delitos de corrupción o vinculados donde el Ministerio Público, como resultado de los actos investigativos, ha secuestrado, sin previo análisis de la información, una cantidad apreciable de evidencias que van desde los objetos materiales, documentos y soportes electrónicos.

A partir de tales evidencias surgen problemas o contradicciones interpretativas a la hora de desarrollar la audiencia de apertura y examen de evidencias, que en su redacción parece de fácil entendimiento, empero, considerando que el código procesal delimita las funciones investigativas de las jurisdiccionales, corresponde, cuando menos en criterio personal, delimitar el uso de este actuado procesal.

Esto debe ocurrir únicamente para aquellos casos donde sea preciso romper el secreto de las comunicaciones contenidas en documentos o soportes electrónicos, si es que en su examen se evidencia que tales serán útiles o están vinculados al objeto de la investigación.

Entendimiento jurisprudencial

Por ello, el entendimiento jurisprudencial debe evitar contaminar la labor judicial con actos que tienen esencia investigativa, evitándose, a partir de ello, que esta audiencia sea usada para la apertura y examen de cuanta evidencia haya obtenido el Ministerio Público como emergencia de su labor investigativa.

En la práctica, se la ha utilizado para examinar, por ejemplo, prendas de uso personal, tarjetas telefónicas, armas de fuego, armas blancas, etc., sobre cuyo contenido no es necesario que el juez cautelar establezca su vinculación con el hecho, ya que la labor investigativa está reservada para el fiscal y el juez ejerce actos de control de derechos y garantías.

En consecuencia, su labor en este tipo de actuados debiera estar limitada únicamente a disponer la incautación de correspondencia, documentos o la infor- mación contenida en soportes electrónicos que estén resguardados por el derecho de secreto en las comunicaciones, precisando que tal entendimiento se basa en los siguientes argumentos:

El artículo 25 de la Constitución Política del Estado (cpe) protege “el secreto en las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial bajo pena de nulidad”.

Resguardo penal

Contextualizando la audiencia de apertura y examen de evidencias al contenido del procedimiento en general, el artículo 190 del Código de Procedimiento Penal, refiere que “la correspondencia, documentos y papeles privados o públicos serán incautados cuando sean útiles para la averiguación de la verdad, previa orden fundamentada del juez o tribunal”.

Para delimitar aún más el contenido de lo que penalmente debe resguardarse en torno al derecho al secreto en las comunicaciones, el artíuclo 185 del cpp sintetiza cuáles son los objetos no sometidos a secuestro:

“No podrán secuestrarse los exámenes y diagnósticos médicos relacionados a deberes de secreto y reserva legalmente establecidos, ni las comunicaciones entre el imputado y su abogado defensor”.

En atención a dichas normas, se puede afirmar que éstas integradas delimitan que la finalidad de este proce- dimiento busca resguardar la regla de derecho al secreto e inviolabilidad de correspondencia y papeles privados e inclusive públicos.

Para el caso que, según las circunstancias, los mismos estén relacionados al objeto del proceso, será necesario activar la excepción a esta regla, disponiéndose por el juez su incautación y secuestro para los fines de la investigación penal, cumpliéndose con ello lo previsto en el artículo 25 de la Constitución, que manda una previa orden judicial para levantar el secreto de las comunicaciones y, aplicando este entendimiento, no vulnera esta garantía constitucional y la evidencia puede ser usada legalmente en proceso penal.

En consecuencia, resulta contrario al principio procesal de eficacia que se use un tiempo considerable en horas juez y fiscal, en audiencias de examen y apertura de evidencias que no estén vinculadas a levantar el secreto de las comunicaciones, sino a establecer su pertinencia en fines investigativos.

Basta para ello que el resto de las evidencias secuestradas, sean físicas, objetos personales u otros que no tengan contenido de secreto de comunicaciones, no pasen innecesariamente por el filtro del artículo 191 del cpp, bastando que ese tipo de evidencias hayan sido obtenidas lícitamente y respetando la cadena de custodia para su eventual incorporación a juicio.

Cuando menos esa es mi posición y será la práctica judicial y la jurisprudencia la que en definitiva vaya limitando el objeto de esta audiencia a lo esencialmente útil, de tal manera que los jueces tengan tiempo para resolver mayor cantidad de casos, pretendiéndose, cuando menos a través del presente análisis, que se genere espacios de debate académico sobre la problemática planteada.

Es Juez de Instrucción 5° en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

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