La Gaceta Jurídica

Ayuda pero no define la reforma

La Constitución Política del Estado de 2009 generó nuevos retos al Sistema de Justicia boliviano, pues se le encargó una tutela efectiva de los derechos de todos y todas al reconocer que se trata de un servicio que debe prestarse basado en los enfoques de pluralismo, interculturalidad y género.

El tiempo puede ser un aliado  o un elemento de apremio para encarar las mejoras en el sistema judicial.

El tiempo puede ser un aliado o un elemento de apremio para encarar las mejoras en el sistema judicial. Foto: areacompliance.redcumes.com

Eddie Cóndor Chuquiruna

00:00 / 29 de mayo de 2015

Cinco años después, las estadísticas judiciales, los informes de derechos humanos (de organismos internacionales con carácter vinculante y otros), los informes del Defensor del Pueblo, las críticas generadas por la demanda ciudadana de justicia y, en general, la coyuntura reprueban lo realizado y plantean un interrogante: ¿realmente asistimos a una reforma judicial o ésta aún no se ha iniciado?

Existe una demanda casi generalizada de reforma judicial, pero falta generar consensos y un abordaje responsable que pasa por dejar de lado los discursos o hacer eco de ellos y trabajar –técnicamente­– para construir el servicio de justicia que la Constitución les reconoce a los bolivianos y las bolivianas.

Para lograrlo, sería necesario articular una coalición de instituciones de composición plural, entre las cuales deberían estar algunos medios de comunicación independientes y personalidades ligadas a la academia, que promuevan acuerdos y hagan seguimiento, de ser posible, con carácter vinculante (con reconocimiento legal) a las acciones que se determinen como ineludibles para reformar el Sistema de Justicia.

En ese orden de ideas, urge materializar la voluntad política de los órganos Ejecutivo (más presupuesto), Legislativo (marco jurídico coherente) y Judicial (carrera judicial y régimen disciplinario) para realizar cambios en la justicia y que se materialicen en acciones concretas.

En ese sentido, sería bueno para el país lograr un acuerdo nacional sobre la reforma integral al Sistema de Justicia. Habría, entonces, que priorizar lo técnico y alejar el proceso de los intereses políticos.

Estamos sugiriendo iniciar un proceso de análisis y prospectiva respecto a la justicia y su implementación, desde un enfoque de política pública que, como sabemos, alude al conjunto de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo: el que en Bolivia afecta –persisten- temente– al respeto de los derechos humanos de todos y todas.

Al Órgano Electoral le correspondería prestar soporte a este proceso, que debe trasuntar gobiernos en orden a su mandato constitucional y legal.

En este marco, la actividad que el presidente Evo Morales ha llamado “Cumbre Judicial” representa una oportunidad que puede resultar inmejorable, si miramos a la reforma como un proceso basado en el enfoque de una política pública.

En esa medida, resulta favorable que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asuma el liderazgo dado el respaldo que, según lo han expresado, le darán el jefe del Ejecutivo y el presidente del Legislativo. No obstante, el Órgano Judicial y las demás instituciones del Sistema de Justicia deberían asumir un papel de mayor protagonismo con propuestas concretas en la línea de su mandato institucional.

La “Cumbre Judicial” debería ser un proceso plural, convocante y no excluyente, de no menos de doce meses, dividido en etapas: un primer paso consistiría en generar un proceso amplio de consulta nacional de cinco meses, basado en un diálogo de saberes, experiencias y propuestas, en un orden temático, lógico, de iguales e integral en los nueve departamentos.

En un segundo momento se trabajaría la sistematización de las propuestas departamentales en la perspectiva de lograr, en los siguientes dos meses, una propuesta nacional para la reforma integral al Sistema de Justicia en Bolivia, la que sería presentada a los delegados institucionales de los nueve departamentos con el fin de retroalimentar la propuesta durante el octavo mes.

Un tercer escenario durante el noveno, décimo y undécimo mes sería el de validación, por parte del pleno de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, de la propuesta nacional de reforma al Sistema de Justicia en Bolivia.

Un cuarto paso, en el duodécimo mes, contemplaría la presentación en un foro nacional de la propuesta nacional para la reforma integral al Sistema de Justicia en Bolivia, con la participación de quienes intervinieron en el proceso, además de las autoridades de los cuatro órganos del Estado y las fuerzas políticas (partidos, agrupaciones, movimientos, etc.) del país.

Proponemos, entonces, que la “Cumbre Judicial” sea sustituida por este proceso de doce meses, el que, como actividad de INICIO, sirva para afinar la pauta metodológica a seguir y así agotar los cuatro momentos que proponemos y que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podría liderar.

Las iniciativas de reforma que se genere en el marco de la “Cumbre Judicial”, deberían tener un impacto positivo en la justicia y su conducción. En ese sentido, la acción del Estado debería ser INTEGRAL y debería estar articulada coherentemente, promoviendo un objetivo común aunque con objetivos específicos, que en gran medida han sido determinados por la actual Constitución.

Esto es, una única justicia integral con órganos paritarios que brinden una prestación pública de justicia a ciudadanos y ciudadanas, caracterizada por su independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Estamos planteando, entonces, estructuralmente cuatro fases o dimensiones de trabajo que no necesariamente son consecutivas, pero sí interdependientes y necesarias para comprender la dinámica de la toma de decisiones y los procedimientos que se dan en torno a la política pública: 1. la agendación, 2. la programación, 3. la implementación y 4. la evaluación del grado de resolución del problema que simboliza hoy la justicia.

Por lo expresado, la “Cumbre Judicial” no resuelve la crisis de la justicia boliviana; pero sí puede ser un buen inicio en la medida que abonaría el desarrollo y contenido de la primera y segunda fase de una política pública, una política del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de justicia.

Es abogado y consultor internacional en asuntos de gobernabilidad y democracia.

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