La Gaceta Jurídica

Base antidrogas

…la presencia de fuerzas regulares encargadas de la vigilancia y la seguridad evitará las intenciones de los comerciantes de coca que pretenden portar armas para evitar robos de su cargamento. Es claro que el robo tiene destinos ilegales, pero también es obvio que la tenencia de armas en manos civiles desencadenaría mayor violencia e inseguridad.

La Gaceta Jurídica / Editorial

17:15 / 05 de octubre de 2012

Hace unos días, el Gobierno confirmó la instalación de una “base antidroga” en la región de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, la cual, según informes sobre el tema, estará encargada de reforzar las tareas de control de la venta de coca para evitar su desvío y la vigilancia para impedir el tráfico de drogas en esta zona, considerada roja por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al igual que las poblaciones cercanas de San Germán y Nuevo Horizonte. El titular de la cartera indicó que el área se presta para la expansión de cultivos de coca y la producción de cocaína, por lo que se requiere la incursión de efectivos policiales y militares.

Según el detalle, la base castrense contará con uniformados y funcionarios de la Fuerza de Tarea Conjunta (ftc), la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (felcn), quienes velarán para que la hoja no se sea llevada al mercado ilícito y se evite hechos de violencia relacionados con el narcotráfico, sin embargo, esto no significaría la militarización de Yapacaní y sus alrededores. Al respecto, es de considerar que esta vigilancia se hace necesaria en ésta y otras partes del territorio nacional, debido a que el control social no ha tenido grandes alcances en cuanto a la producción de coca, su comercialización y destinos. Sin embargo, se deberá anotar que la presencia combinada de policías y militares no será la solución del problema mientras la demanda de estupefacientes continúa y la oferta de materia prima sea un buen negocio.

Estos factores promueven corrupción en diferentes niveles e interés por ingresos fáciles y prontos, mientras que queda en vilo la seguridad de la población que no tiene relación con la actividad y la salud de quienes han perdido los valores y quedan involucrados en el círculo de las drogas, combinando comportamiento de consumidores, productores, distribuidores y vendedores. Por otra parte, si el trabajo de los uniformados es efectivo, se incidirá en la seguridad ciudadana de la región, haciéndose extensible más allá y previniendo hechos como los recientes reportados en la parte oriental, por ejemplo, la muerte de una persona con indicios de que fuera asesinada con ciertas evidencias de un ajuste de cuentas, que presumiblemente sea relacionado con el narcotráfico.

Asimismo, esta presencia de fuerzas regulares encargadas de la vigilancia y la seguridad evitará las intenciones de los comerciantes de coca que pretenden portar armas para evitar robos de su cargamento, como sucedió el último fin de semana cuando un grupo de ellos fue interceptado por falsos policías cerca al puesto de control de Bulo Bulo y despojado de 207 taques de coca, valuados en medio millón de bolivianos, que eran trasladados de La Paz a Santa Cruz. Es claro que el robo tiene destinos ilegales, pero también es obvio que la tenencia de armas en manos civiles desencadenaría mayor violencia e inseguridad.

Entre tanto, mientras la vigilancia mejora y se previene otros hechos similares, quedan pendientes puntos adicionales, como la legalidad de esas cantidades de coca en tránsito, la realidad del consumo tradicional del vegetal en el Oriente, el destino de esas y otras cantidades, entre otros elementos que involucran en diverso grado a muchas personas y grupos, ampliando su influencia a poblaciones enteras.

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