La Gaceta Jurídica

Base constitucional del Derecho de la Información

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 25 de mayo de 2012

El Derecho de la Información –en los modelos liberales y socialistas– requiere de apoyatura constitucional. Cual- quier Estado tiene como base de organización social y económica su Cons- titución, llamada también ley de leyes.

En el ámbito de la Información, menester es inteligir que la noticia debe tener sustento legal y la Constitución es su base. En el caso boliviano, el país desde su fundación contó con una constitución. La primera de 1826 fue promulgada por Antonio José de Sucre, el 19 de noviembre de 1826.

Se había roto el yugo español, pero las formas de producción y la vida social no habían cambiado nada; los criollos se habían apropiado de la Revolución. En todo caso, el artículo 15 de aquella constitución decía “todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos por medio de la imprenta, sin PREVIA CENSURA, pero bajo la responsabilidad que la Ley determine”. Posteriormente se produjeron reformas constitucionales, así tenemos las constituciones de 1831, 1834, 1839. La ley fundamental de 1843 incorpora el concepto de OPINIÓN, más que información.

Subsiguientemente tenemos la Constitución de 1861 que metodológicamente sistematiza todos los derechos en un solo artículo. Así, sobre la información, nos establece en el artículo 4 inciso e) el derecho de “publicar por la prensa sus pensamientos sin previa censura y CON LA SOLA CALIDAD DE FIRMAR SUS ESCRITOS”.

La obligación de firmar las notas, sale de la Constitución de 1871. La Constitución de 1878 inciso d) dice: “(tiene derecho) de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura”. La Constitución de 1880 reproduce textualmente la anterior norma.

Qué duda cabe, la Constitución de 1938 es de un Gobierno de tinte socialista, nos referimos a Germán Busch. Esta autoridad promulgó la primera constitución con un sesgo social (se había producido ya la Revolución Socialista de 1917 en la ex Unión Soviética). En su artículo 6, entre otras prerrogativas, proclama que todo ciudadano tiene “derecho”, inciso c), de “emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión”. El proceso constitucional continuaba y la de 1945, promulgada por Gualberto Villarroel, en su artículo 6 dice, respecto de los derechos “c) de emitir libremente sus ideas y opiniones y por cualquier medio de difusión”.

Como el lector advierte, luego se producirá la Revolución Nacional de 1952. Como es natural, los revolucionarios casi siempre logran incorporar los logros de la Revolución. En ese marco tenemos la Constitución de 1961, promulgada el 6 de agosto por el doctor Víctor Paz Estenssoro. Lo novedoso es que reproduce literalmente la constitución de 1945.

Finalmente, tenemos la Consti- tución Política de 1967, promulgada por el general René Barrientos Ortuño, el 2 de febrero. La norma en cuestión no difiere de la anterior, en el artículo 7 inciso b) dice: “toda persona tiene el derecho de emitir sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión”. Las Reformas Constitucionales de 1994 no cambiaron el tenor de este derecho. ¿Qué pasa el 2004? Nada. Este derecho permanece exactamente igual.

En la actualidad, después de un largo proceso político no exento de conflictividad, tenemos una nueva Constitución Política del Estado, la misma fue promulgada el 7 de febrero de 2009, resultado de un proceso Constituyente. El Estado Republicano se refundó para dar origen a un nuevo Estado, el PLURINACIONAL. Pese a mi condición de licenciado en Ciencias Políticas, me inhibo de consideraciones políticas y me limitaré al marco jurídico de este derecho, el Derecho a la información, que se cristalizó en la Ciencia Jurídica como DERECHO DE LA INFORMACIÓN.

Empecemos destacando que, a diferencia de las anteriores y antiguas constituciones, la actual presenta todo un capítulo sobre el tema, porque en las antecesoras constituía apenas un inciso en un artículo. Esto es, acaso, lo más destacable.

Pues bien, los artículos 106 y 107 norman la actividad periodística. Vamos a citar literalmente la Constitución. El artículo 106 dice: 1. “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. II. El Estado garantiza a los bolivianos y bolivianas el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

III. El estado garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información”.

Sucesivamente, el artículo 107 manda: “I. Los medios de Comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de los programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley. III. Los medios de comunicación social no podrán conformar de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios. IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades”.

Como observará el lector, es una norma virtualmente completa. Acaso le falte el secreto profesional, vinculado con el manejo de fuentes de información. Por otro lado, no creo que deba establecerse una disputa sin cuartel entre reguladores y autorreguladores. Primero, la misma constitución contempla los dos polos; en segundo lugar, en vez de considerar que son opuestos, son complementarios.

Si complementamos, la Constitu- ción, los tratados internacionales y leyes especiales en materia de comunicación social constituyen, precisamente, el objeto de una novísima ciencia: EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN. Dicho de otro modo, estos dos artículos dan para desarrollar cuando menos unos treinta artículos de prensa o la misma cantidad de lecciones que deberían presentarse en aula.

Nosotros nos encargamos de explicar cada uno de los temas y casi siempre tendrían referencia constitucional.

Espere…

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