La Gaceta Jurídica

Base jurídica de la radio y la televisión El Señor Justicia

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 01 de febrero de 2013

Partamos de la afirmación categórica de que la radio y la televisión no cuentan con un marco regulatorio. Fundamen- talmente, sobre los contenidos en el tratamiento de la información se aplica los dispositivos contenidos en la Ley de Imprenta de 1925. Pero no siempre fue así. En el pasado existían algunas normativas. Una visión retrospectiva puede ayudamos a entender el presente.

Por supuesto que la radio, dentro del sistema de comunicación, es el medio más antiguo. Cómo olvidar que la primera irrumpió en 1929, Radio Nacional, con su fundador Enrique Costas.

Después de algunas resoluciones ministeriales, tenemos el Decreto Supremo (DS) 05652 de 11 de noviembre de 1960, con el rótulo de REGLAMENTO DE SERVICIOS RADIO- ELÉCTRICOS. Esta norma es importante porque, de alguna manera, consigna ámbitos vinculados a los contenidos; v. gr, en el artículo 55 prescribe que los temas médicos deben contar con la autorización del Ministerio de Salud.

Existen otras normas, pero la más trascendente es la LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, expedida por el general Juan José Torres, mediante DS 09740 de 2 de junio de 1971. El sistema de radio sujetaba sus actos a esa Ley. En el artículo 12 otorgada competencias a la DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (dgt) como “h) procurar que las entidades estatales, privadas o mixtas incorporen la mayor cantidad de profesionales y técnicos bolivianos”.

A partir del artículo 60, el decreto de referencia trata específicamente a la radio. En el artículo 62 dice: “la radiodifusión informa y expresa sus ideas SIN CENSURA PREVIA, salvo las limitaciones establecidas por las Leyes de la República (...), los responsables de emisoras controlan los programas para evitar aún que las informaciones auténticas puedan dañar o alarmar a la población por la forma oportuna de su difusión”. Sucesivamente, artículo 63: “entre 07.00 y 21.00 horas LAS TRANSMISIONES DEBEN SER APTAS PARA MENORES, SIN CONTENIDO ALGUNO QUE PUEDA PERTURBAR EL DESARROLLO NORMAL Y ARMÓNICO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD”.

Para muchos JJ Torres representó un gobierno revolucionario. En esa línea en el artículo 54 prescribe que “el programa de las emisoras comerciales se compondrá diariamente con un porcentaje de producción nacional...” El artículo 67 dice “las emisoras están obligadas a realizar transmisiones sin pago alguno: b) grave emergencia nacional; d) programas cívicos y de alfabetización”. El artículo 69 dice: “las emisoras oficiales (del Estado) NO TRANSMITIRÁN PUBLICIDAD COMERCIAL privada, con excepción de las emisoras de televisión” (sic).

El primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada también emitió una Ley de Telecomunicaciones; al igual que el actual gobierno. En ningún caso regularon contenidos de programación; fueron, más bien, disposiciones técnicas para un buen funcionamiento de éstos medios.

Por otra parte, 1969 es emblemático porque nace la televisión estatal en Bolivia. En 1984, nace el primer canal privado, Paceña de Televisión (hoy atb). Desde entonces existen algunos dispositivos, pero no sustanciales, entonces, debemos retomar la Ley General de Telecomunicaciones promulgada Torres González.

A partir del artículo 170 realiza algunas consideraciones, pero su tratamiento es tangencial. La televisión, en cuanto a contenidos, no fue regulada por ninguno de los últimos gobiernos, particularmente, Sánchez de Lozada y Evo Morales.

El gobierno de Luis Garcia Meza reglamentó la Ley de Telecomunicaciones, mediante DS 17730 de 20 de octubre de 1980. Este era un gobierno de facto (de corte totalitario) pero esta columna es jurídica y no política. Para tranquilidad de muchas personas, la Ley y el ds han sido abrogados. ¿Por qué estudiarlos entonces? Para que los sujetos vinculados a los medios de comunicación social tengan un antecedente para la discusión.

En materia de radiodifusión, el artículo 180 dice “b) la opinión editorial y la dirección de servicios informativos estarán a cargo EXCLUSIVAMENTE DE CIUDADANOS BOLIVIANOS DE NACIMIENTO; e) se difundirán programas de entretenimiento para niños que, a la vez, tengan una finalidad instructiva y educativa; f) en ningún programa o mensaje se ofenderá los símbolos, instituciones, próceres, personas, nacionales o extranjeras o se incitará a traición a la patria; g) en los programas que se establezca, intercambio de ideas o se efectúe debates, SE CUIDARÁ DE MANTENER UNA CONDUCTA DE RESPETO Y CONSIDERACIONES MUTUOS i) se prohíbe la difusión de programas o manejos que inciten a la disolución de la familia, el triunfo del mal (...) j) no se transmitirán narraciones o escenificaciones de ACTOS DILECTIVOS QUE CONTRIBUYAN A DIFUNDIR VICIOS, que expresen perversión...”. Con relación a la televisión nos dice: “Artículo 140. Es obligatoria la composición de los programas con un porcentaje mínimo del 30% de producción nacional”.

En la actualidad, no deberíamos ni siquiera considerar el artículo 267 del decreto, ¿por qué? Primero, va en contra del espíritu de la Ley de Imprenta. En segundo lugar, son normas que ningún régimen democrático debe tolerar y está vinculado con los delitos y la reversión de licencias al Estado.

Hoy no tenemos dgt; tampoco superintendencias. El sistema político vigente dio lugar a la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (att). No hay norma que regule a la radio y a la televisión. Por eso quiero referirme a la Ley Federal de Radio y Televisión de México. A partir del artículo 58 y siguientes trata sobre los programas, el artículo 58 dice: El derecho a la información, de expresión y recepción, mediante la RADIO Y TELEVISIÓN, ES LIBRE Y CONSECUENTEMENTE NO SERÁ OBJETO DE CENSURA PREVIA”.

El artículo 59 manda: “las estaciones de Radio y Televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas (...) dedicadas a difundir temas educativos, culturales y de orientación social”. El artículo 63 sostiene que quedan prohibidos todas las transmisiones que CAUSEN LA CORRUPCIÓN DEL LENGUAJE Y LOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES, YA SEA MEDIANTE EXPRESIONES OFENSIVAS, IMÁGENES PROCACES, FRASES Y ESCENAS DE DOBLE SENTIDO, APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN”.

Más adelante, en el artículo 71 dice “los programas comerciales de concursos, las preguntas y respuestas y otros semejantes (...) deberá ser autorizados y supervisados por la Secretaria de la Gobernación”. Luego, el artículo 78 prescribe que en las informaciones radiofónicas deberán expresarse LA FUENTE DE LA INFORMACIÓN y el nombre del locutor (y presentador, le añadimos nosotros) y se evitará causar alarma o pánico en el público”. Este último artículo no habla de REVELAR, sino CITAR, la fuente. El periodista que decidió guardar en el anonimato a su fuente está respaldado por el artículo 8 la Ley de Imprenta: ese derecho se llama SECRETO PROFESIONAL.

En el país, también en otras latitudes, la discusión está entre REGULADORES y LOS AUTOREGULADORES y no les falta razón para repeler cualquier propósito de regular.

Porque existe el temor fundado de que los políticos harán leyes a su gusto y si éstas son aplicadas por regímenes no democráticos, virtualmente, se estaría perdiendo la Libertad de Expresión.

Parte de las normas citadas fueron, en el caso boliviano, promulgadas por gobiernos de facto. Parece antinómico que regímenes autoritarios hayan promulgado dispositivos que, en el fondo, por lo menos en apariencia, son buenos. En algo estoy de acuerdo haya o no normas del sector: no puede ser un instrumento para liquidar democracia.

*    Es experto en Derecho de la Información.

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