La Gaceta Jurídica

Basta al trato cruel inhumano y degradante

Problema carcelario boliviano

Por la concentración poblacional, “las cárceles se constituyen en depósitos humanos”.

Por la concentración poblacional, “las cárceles se constituyen en depósitos humanos”. Foto: aviacionboliviana.net

La Gaceta Jurídica / Micaela Alarcón Gambarte

00:00 / 05 de noviembre de 2013

La crisis del Sistema Penitenciario, manifestada el 24 de septiembre cuando dos bandos enfrentados en la sección Chonchocorito de la Cárcel de Palmasola en Santa Cruz provocaron un incendio causando la muerte de 34 privados de libertad, produce un inexcusable replanteamiento sobre esta problemática en Bolivia, que, con su carácter cruel, no se manifiesta en ninguna otra parte del continente.

El planteamiento de políticas públicas e intervención estatal, por ejemplo en la construcción de nueva infraestructura carcelaria que permita la clasificación para separar a reos con sentencia ejecutoriada de los detenidos preventivamente y los niños, es una tarea fundamental.

La presencia estatal y la propia seguridad interna del recinto deben imponer reglamentos y conductas disciplinarias o penas a aquellos reos que incurran en desobediencia o conflictos de poder. Otra acción crucial es comenzar por extirpar la corrupción entre reo-policía, entre reo-abogado y abogado-policía, puesto que estos actos se constituyen en redes y cultivos delincuenciales, manejados hábilmente desde fuera y dentro de la cárcel.

Este fenómeno es calificado como crónico; al respecto no debemos olvidar que la Ley de Ejecución Penal, vigente en Bolivia, debe someterse a una reforma urgente, puesto que se encuentra desfasada con la realidad carcelaria actual, su modificación debe ser conforme a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado (cpe), pero, además y en lo principal, requiere una drástica modificación en relación al problema de convivencia de niños menores de edad en la cárcel, que por los problemas de hacinamiento existentes, deriva en lamentables violaciones a la dignidad de los menores de edad, quienes conviven en un ambiente bastante corrompido.

Urge también una modificación en las atribuciones y deberes de las autoridades gubernamentales encargadas del manejo penitenciario boliviano, bajo advertencia de sentar responsabilidades en caso de no cumplir con el mandato constitucional de otorgar un mínimo de respeto a la dignidad del privado de libertad.

Los diputados sedentarios en sus curules, sean del partido que sean, deberán, aunque les falta poco tiempo para cumplir su mandato legislativo, proponer alguna iniciativa que permita hacer algo; seguramente el Defensor del Pueblo deberá mediar, considerando las continuas y terribles violaciones a los Derechos Humanos sostenidas en el tiempo en los centros penitenciarios.

Otro problema casi de carácter estructural es el referido al sistema de justicia boliviano, que, con la simple pincelada del indulto, no resuelve la trágica realidad de concentración poblacional carcelaria, donde las cárceles se constituyen en depósitos humanos; como bien dijo un exfiscal de del Estado, “allá a los reos se los agarra, se los tira, se los deja y allá ellos”, hecho que produce, en lugar de una reinserción, una progresiva degeneración del privado de libertad.

Así se convierte en objetivo medular la ampliación del número de juzgados y el de jueces, que en la actualidad no es proporcional a la cantidad de causas procesales que ingresan diariamente. Es de conocimiento general que la mayoría de los internos es preventivo, es decir, bajo aplicación de medidas cautelares de carácter personal, sin que pese sobre ellos una sentencia ejecutoriada, hecho que a la vez también agrava su derecho constitucional al debido proceso, puesto que la administración de justicia se ve supeditada en ocasiones a estratagemas de abogados quienes, constantemente, inasisten a las audiencias programadas y, premeditadamente, dilatan el proceso a cambio de sustanciosos favores.

Se demanda cuanto antes un nuevo proceso penal oral, que permita celebrar audiencias bajo conminatoria de sanciones y multas a aquellos juristas que pretendan extorsionar o que no asistan con el fin de dilatar el proceso, asimismo, se pide la inserción de jueces públicos y abogados públicos.

En cuanto  a la Ley de Ejecución Penal vigente en Bolivia, ésta se encuentra desfasada, principalmente en cuanto al garantismo de los Derechos Humanos que debería primar no sólo para los privados de libertad, sino para los menores de edad que conviven con ellos.

Es abogada constitucionalista.

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