La Gaceta Jurídica

Beneficio de la duda, cambio y transformación judicial

Alegato

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 06 de marzo de 2012

En los últimos meses se ha dicho y escrito bastante respecto a las modificaciones que introdujo la Constitución Política del Estado Plurinacional (cpep) en el ámbito judicial; la mayor parte de las veces se ha leído vehementes ataques no solo por las características de elección de los nuevos magistrados, sino también porque los  propietarios de la opinión pública consideran que las autoridades electas no dan la talla para encabezar una profunda reforma de la justicia, mucho menos para mejorarla, como es el anhelo de todos los bolivianos y bolivianas.

Sin embargo, el nuevo escenario que nos plantea el resultado de las elecciones de octubre del 2011 precisa del respaldo de todos para llevar adelante ese ansiado cambio; término que en su enfoque positivo implica desarrollo, crecimiento, mejora, superación y no lo que los agoreros de turno pregonan, es decir, fracaso, retroceso, en suma, marcha atrás.

Ahora bien, no “todo cambia” por efecto natural, sino porque “debe” cambiar y “tiene” que cambiar. Si deseamos que las cosas mejoren en cualquier esfera (social, política, institucional, personal, emocional, profesional, etc.), es necesario tener una actitud de cambio, la convicción cierta y plena de querer cambiar, la intención de hacerlo.

La transformación y mejoramiento del servicio judicial es un proceso al que debemos apuntar en conjunto y en un solo esfuerzo; la actitud que se tiene en ciertos sectores de expresar solo negatividad y prejuzgamiento y de intentar sepultarlo todo, antes siquiera de su nacimiento, no contribuye absolutamente en nada a esa aspiración de renovar o de corregir las deficiencias de este servicio público; pues, si en algo debemos coincidir, es que en Bolivia –bajo este gobierno o los anteriores– siempre nos quejamos de las fallas e irregularidades que sufría y aún sufre la judicatura en todos sus ámbitos.

Como es obvio, ante esas fallas recurrentes, los propósitos de transformación no deben quedar en el paraíso de las intenciones o en el plano únicamente de lo psíquico, sino que los mismos, para ser efectivos e integrales, deben materializarse positivamente, de modo constante y permanente, con la participación de todos los bolivianos y bolivianas interesadas en que la justicia marche al ritmo de nuestras pretensiones.

En ese marco, debemos convenir, primero, en que la culpa de las deficiencias del Órgano Judicial no debería ser atribuible –ni ahora ni antes– solo a los Jueces y servidores que lo integran.

Solo a guisa de ejemplo, es considerable la cantidad de abogados corruptos, deshonestos, temerarios e irresponsables. No son pocos los que litigan en base a sus habilidades adquiridas para dilatar procesos, volverlos engorrosos por medio de conductas carentes de ética, poco profesionales, poco serias y maliciosas.

En ese sentido, los colegios de abogados deberían jugar un rol preponderante en el control y posterior sanción de los juristas especializados en la  chicanería, pues esta práctica, institucionalizada por algunos juristas, es la principal responsable de una de las lacras capitales de la justicia: La mora judicial.

Un acápite similar merecen los litigantes, pues entre éstos hay corrompidos, desvergonzados e irreflexivos como los profesionales a los que se hacía referencia líneas arriba, pues en muchos casos superan con amplitud a sus propios patrocinantes en la capacidad de tenderle trampas a la judicatura. Consecuentemente, la alianza entre esos profesionales deshonestos y sus clientes es mortífera para la oportuna administración de justicia.

Finalmente, el propio Estado, que supuestamente intenta mejorar el servicio, no le otorga un presupuesto adecuado que permita sufragar los gastos extraordinarios que significa contar no solo con autoridades judiciales bien pagadas, sino también que los justiciables tengan completo acceso a la misma, lo que se lograría con un número adecuado de juzgadores y que estén en todos los confines del país.

En conclusión, esta institución mantiene una crisis de credibilidad hace décadas, realidad que resulta frustrante no solo para la sociedad, sino seguramente también para los actuales magistrados y servidores judiciales con verdadera vocación de servicio, pues ven malogrados sus nobles objetivos de satisfacer la demanda de numerosos litigantes que recorren cotidianamente los pasillos y despachos judiciales reclamando justicia, honestidad, celeridad, respeto, sensibilidad, etc.

Con esos antecedentes no seamos los propios ciudadanos, conocedores de esta realidad, los que echemos tierra a esta criatura, otorguemos el beneficio de la duda a las nuevas autoridades judiciales que por primera vez en la historia fueron puestos en esos cargos a través de una justa electoral, buena o no, esto ya fue objeto de amplio debate.

Lo que queda es únicamente respaldar sin intereses mezquinos e interesados este proceso que se intenta llevar adelante; serán ellos mismos los que caven su tumba o, contrario sensu, por su propia voluntad y esfuerzo serán estos magistrados quienes eleven a condición de la dignidad y el decoro la administración de justicia.La conclusión aquí es que si realmente tenemos la intención de mejorar, el cambio nos compete a TODOS.

Espere…

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