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Blindaje legal, Ley Corta y propiedad

Como segunda parte de una entrevista, el abogado constitucionalista Iván Bascopé, responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (cejis) Regional La Paz, explica las demandas de la contramarcha del Tipnis y analiza el tema de la propiedad de los territorios del parque. Con datos, señala la vulneración constitucional y la cantidad de personas involucradas.

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00:00 / 10 de febrero de 2012

De continuar con el proyecto para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por parte del gobierno, ¿se estaría consolidando una violación a la Constitución Política del Estado (CPE)?

Si, sería una grave violación a la cpe que ha sido construida por los movimientos sociales, especialmente por la Cidob (Confederación Indígena del Oriente Boliviano) con sus demandas históricas, y aprobada en referéndum por el conjunto del pueblo de Bolivia en diciembre de 2008.

¿Qué tipo de leyes favorecerían a los colonizadores dentro del Tipnis?

Al interior del Tipnis habitan 4.563 indígenas aproximadamente, principalmente moxeños y, en menor medida, tsimanes y yuracarés, que se agrupan en más de 60 comunidades. En su parte sureste habitan más de 4.000 familias de colonos organizados en comunidades. Varias de estas colonias están sobrepuestas al perímetro del área protegida; además, ocurren frecuentes invasiones al interior de ésta. En el área de influencia existen también colonias muy pobladas, alrededor de 15.000 personas, son datos de Sernap-Biap, 2007.

Pese a que la Sub-Central Tipnis es la titular del derecho propietario de la tco (Tierra Comunitaria de Origen) en el polígono 7 del parque, los colonos o “interculturales” titularon sus tierras como propietarios individuales, de predios individuales, por lo que han renunciado a su derecho como propiedad colectiva a través de la tco; es así que no es posible que otros asentamientos puedan perpetuarse ni acceder a formas de posesión por la vía civil, ya que la cpe garantiza la tco como territorio indígena que goza de carácter de inalienable, imprescriptible e indivisible.

Hay que señalar además que sus métodos de producción están por fuera de las formas de vida de los pueblos indígenas que habitan en el Tipnis, quienes son los propietarios del territorio indígena en su integridad; no representan una forma de tenencia de la tierra, como tampoco métodos de acceso y aprovechamiento de los recursos naturales. Por el contrario, la cpe señala el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a favor de los indígenas, actividad que a la fecha realizan de forma autónoma y en el marco de su libre determinación según la perspectiva de su desarrollo.

¿Qué elementos regulatorios contempla el proyecto de decreto reglamentario a la Ley 180?

El proyecto de decreto reglamentario (reglamento a la Ley Corta Nº 180) se trabajó conjuntamente el gobierno nacional desde el 25 de octubre hasta finales de noviembre de 2011. En el mismo se aclara y viabiliza estos alcances como marco regulatorio, mismo que ha sido expresado en un acuerdo político entre la viii Gran Marcha Indígena y el gobierno; no obstante aún no ha sido promulgado.

Este proyecto de reglamento contiene los siguientes elementos:

Cierra el debate sobre la intangibilidad, anteponiéndose la visión de garantía de protección y desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas, frente a una visión de limitación sobre los recursos naturales del Ejecutivo.

Reafirma la doble condición del Tipnis, de territorio indígena y parque nacional.

Garantiza el acceso a la autonomía indígena del Tipnis sobre la base de la libre determinación de los pueblos que lo habitan y que son dueños del territorio indígena.

Se garantiza uso exclusivo y tradicional de los recursos naturales en el marco del Plan de Manejo del Área Protegida, construido por los pueblos indígenas del Tipnis.

Por otra parte, se aplica a actores internos y externos mediante ciertas prohibiciones expresas, que son:

Aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y/o mercantiles. Asentamientos externos u ocupación ilegal. Megaproyectos, obras y actividades a gran escala y actividades que provoquen impactos ambientales y cambios socio-económicos y culturales negativos.

El Reglamento contempla la realización de evaluaciones dentro del Tipnis, con el fin de consolidar un modelo de desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas a través de una norma técnica que sería consensuada de forma conjunta.

Establecerá límites permitidos sobre actividades, garantizando el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales y diferenciándolo de otro tipo de usos.

La gestión compartida implica la gestión de los recursos naturales renovables en el marco del territorio indígena, y la administración del parque entre el Estado y los pueblos indígenas.

Se estable la obligatoriedad del Estado y los pueblos indígenas de verificar los asentamientos y ocupaciones ilegales, así como el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales.

Se contempla la asignación de recursos del Estado para la realización de inspecciones conjuntas y el desalojo de asentamientos y ocupaciones ilegales, lo mismo para la extracción de recursos naturales de manera ilegal.

Incorporar un plan de restauración y recuperación del patrimonio natural y cultural de carácter obligatorio a todos los niveles de la gestión autonómica. Especialmente en lo que atañe a áreas deforestadas por cultivo de coca.

Para el control territorial de asentamientos y ocupaciones ilegales, se dispone inspecciones, rastrillajes e interdicciones permanentes, incluidas contra las actividades de narcotráfico.

¿Quiénes estuvieron en la marcha del Conisur (Consejo Indígena del Sur) y cómo se puede explicar su conformación?

Estuvieron colonos e indígenas yuracaré de la parte sur del Tipnis, éstos últimos pertenecen a la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (cpitco) regional, que estuvo presente con un número considerable de indígenas en la viii Gran Marcha Indígena; hermanos que ahora ya no están representando a su organización regional, sino a los sindicatos cocaleros con quienes conviven en comunidades específicas pero que, por el mismo hecho, asumen la estructura orgánica y las prácticas de éstos.

No obstante, este tema se trata internamente en el marco de la Cidob, tal como sucedió con las delegaciones que se salieron de la marcha del Conisur y fueron recibidos en la Comisión Nacional del Cidob en pasadas semanas, pese a que esta organización está afiliada a los sindicatos cocaleros.Esto pasa, además del tema político, por un proceso de asimilación cultural producto del crecimiento del perímetro permitido para los asentamientos de cocaleros y por la ampliación de la frontera agrícola, aspectos que denotan, entre otros tantos, que la convivencia en el Tipnis ha sufrido penetraciones y perturbaciones a raíz de los asentamientos y ocupaciones ilegales, existentes también fuera de la línea roja o fuera del área colonizada y dentro del Tipnis, situación que no ha pasado de mero compromiso por parte del gobierno y hasta ahora en nada efectivo para su regulación y sanción.

Al respecto, el reglamento que se construyó y consensuó con el Ejecutivo plantea una serie de mecanismos para la regulación, desalojo y sanción de los avasallamientos y asentamientos ilegales al interior del Tipnis, esperamos algún día puedan ser puestos en práctica.

¿Qué demandó en claro el Conisur?

La subcomisión de asambleístas que visitó la marcha del Conisur recogió las demandas que se expresaron en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) del viernes 13 de enero de 2012, a través de un informe que fue leído y no fue sujeto a debate, estas demandas eran la anulación de la Ley Corta, supuestamente por no ser consultada en ninguna de las comunidades del Tipnis. Sin embargo, la petición de la Ley Corta se hizo en la viii Gran Marcha indígena.

Otra es la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos bajo las siguientes características: Resguardo a la seguridad y la integridad del territorio. Construcción de caminos vecinales que conecten con la carretera principal. Garantizar todos los recursos que sean afectados a momentos de la construcción de la carretera y los caminos vecinales se destinen directamente a las comunidades indígenas, sobre todo los recursos forestales afectados.En cuanto al blindaje legal se propone una ley de prohibición de nuevos asentamientos humanos ilegales de personas que no sean del Tipnis, dentro de la línea demarcatoria de seguridad que tiene el territorio. No obstante, la prohibición y regulación de estas actividades ilícitas se encuentran contempladas en la Ley 180 y en el proyecto de su reglamento.

Garantizar los recursos económicos suficientes para construir la línea demarcatoria de seguridad que tiene el Territorio Indígena y el Parque Nacional. Apoyo económico y técnico para llevar adelante la autonomía indígena originario campesina del Tipnis. En este caso se tergiversa hacia un tipo de autonomía que no es indígena, como establece el artículo 293 de la CPE.

Se exige el reconocimiento por parte del gobierno nacional de cuatro organizaciones que forman parte del Tipnis, que son Conisur, Sub Central Tipnis, Sub Central Sécure y Central Oromomo del Sécure Alto. El gran error en que incurre esta demanda es que una central como Oromomo no puede elevarse a rango de subcentral sin ningún argumento, mucho peor si esto no ha sido consultado con la estructura orgánica del movimiento indígena que nace en las comunidades y acaba en el Cidob.

Instalar puestos de control militar en las entradas principales al Tipnis y/o donde se requiera para controlar avasallamientos de colonizadores y de todos los aspectos que vayan en contra del famoso “blindaje legal”. Una compensación socio-ambiental y económica por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que sea de beneficio de las comunidades indígenas yuracarés, mojeño-trinitarias y chimanés que habitan en el territorio, como si los derechos fueran instrumentos transaccionales fuera de los alcances de los derechos colectivos reconocidos, los principios de los pueblos indígenas, en especial de su libre determinación.

Implementación de un plan de desarrollo para el Tipnis de acuerdo a la realidad existente, que contemple los temas de salud, educación, cuidado de la Madre Tierra, desarrollo productivo y servicios básicos.

¿Cuáles fueron los argumentos para no debatir el informe de la subcomisión mixta de la alp, una vez que se recogió las propuestas de la marcha del Conisur?

En este informe se establecen contenidos de demanda de la marcha del Conisur, omitiendo en todas sus partes el respeto al medioambiente, los pueblos indígenas y la Madre Tierra, al mismo tiempo de negar la visión de desarrollo de los dueños legítimos del territorio.

En la sesión de la alp del 13 de enero, la cual fue convocada para conocer el informe de la subcomisión mixta de la alp, se plantearon algunos elementos como expresar que hay una ruptura y contradicción entre las bases y la dirigencia indígena; el hecho de que la la Ley Corta es una alucinación de algunos dirigentes, de las ong y de ambientalistas porque no hay nada intangible en la vida. No obstante, los derechos de los pueblos indígenas son intangibles en la cpe, de esta forma fueron planteados en la Ley 180 y el proyecto de reglamento. Asimismo, se ha criticado el accionar de los dirigentes de la Cidob que participaron en la viii Gran Marcha Indígena. Se reiteró, también, que los dirigentes indígenas deberían ir a la marcha del Conisur para consensuar una sola propuesta.

¿La marcha del Conisur es legítima desde la perspectiva del movimiento indígena?

Las demandas que plantean no son de los titulares dueños del territorio y lo que plantean no tiene nada que ver con los derechos reconocidos en la cpe. Solo ocho comunidades estuvieron en la marcha del Conisur, que representan a la parte sur del Tipnis, las que han sido absorbidas por el sector cocalero y que fueron colonizadas, lo que les llevó a renunciar al derecho colectivo de titulación, para simplemente acceder al derecho individual sobre la tierra y el territorio.

Estas comunidades, por tanto, no representan a toda la conformación indígena de las comunidades, pues su estructura orgánica obedece a los cocaleros.

Por tanto, su representación no responde a las organizaciones del Tipnis, tampoco a las regionales de Beni (cpemb, cpib y cnamib) ni a la nacional Cidob, mismas que son reconocidas legalmente y legítimamente en el país. Por lo demás, es un secreto a voces que la marcha del Conisur fue respaldada por el gobierno y por mas.

Espere…

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