La Gaceta Jurídica

Boleta anticorrupción

Esta medida, que sería aplicada en los contratos que firme el país, podrá reducir los apetitos y poner en aviso a las empresas ejecutoras de proyectos y de entrega de servicios. En todo caso, los pormenores de una boleta de esas característica deberán considerar que la multa o sanción supere en gran medida el beneficio que podría lograr una compañía…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 17 de julio de 2012

En vista del reciente nuevo escándalo surgido en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb) y en previsión de nuevos hechos irregulares por parte de funcionarios fiscales, el Gobierno prevé la inclusión de una “boleta de garantía anticorrupción” en los contratos de inversión pública que se firmen en el futuro inmediato. El informe fue proporcionado por el vicepresidente Álvaro García, afirmando que esta medida que buscará garantizar la transparencia en estos procesos fue encargada a la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, por el propio presidente Evo Morales.

El mecanismo sería incluido en contratos de diversa índole que celebra el Estado con entidades nacionales y extranjeras, de modo que las empresas firmantes sean sancionadas de manera económica y penal cuando son encontradas sobornando a los funcionarios públicos bolivianos encargados de gestiones o coordinaciones con esas entidades. Obviamente esta consideración no entra en el sentido moral que deben cumplir los empleados de las entidades del Estado, pues se supone que son parte de un proceso de cambio que no debe caer en las mismas prácticas del pasado. Por otra parte, estos mismos personajes susceptibles de “caer en pecado”, debido a que todavía son parte de un engranaje no desarticulado, podrían encontrar otros mecanismos para dar rienda suelta a sus impulsos de ambición, desenlace que esperemos no sea muy habitual.

Sin embargo, esta medida, que sería aplicada en los contratos que firme el país, podrá, por lo menos, reducir los apetitos y poner en aviso a las empresas ejecutoras de proyectos y de entrega de servicios. En todo caso, los pormenores de una boleta de esas característica deberán considerar que la multa o sanción supere en gran medida el beneficio que podría lograr una compañía al corromper a un empleado estatal, tomándose en cuenta las grandes cantidades de dinero que giran en cualquiera de estos casos.

En otro sentido, queda como segunda posible garantía para la marcha limpia de estos procesos el hecho también anunciado por el segundo mandatario de que las irregularidades que fueran detectadas o denunciadas serán investigadas para ser comprobadas y, en caso de hacerlo, llevarán a un castigo a los involucrados. En este punto es fundamental que las diligencias de investigación sean cumplidos a cabalidad, sin retardación y sin llegar a la prescripción; de todos modos, el vicepresidente subrayó que “la diferencia entre el buen y mal gobernante radica en si sanciona, castiga o encubre y nosotros hemos dado muestras que tenemos la decisión y la voluntad política de sancionar al corrupto”.

Esto podría ser ampliado al razonamiento de que uno de los factores que afecta la credibilidad del Gobierno es precisamente la sospecha de más de un acto de corrupción que no es investigado si no hay la “mala suerte” de caer en boca del periodismo, lo que repercute en estadísticas de impunidad, de daños económicos para el Estado o simplemente de incapacidad fiscalizadora. Así, no puede sospecharse de otra práctica que no sea corrupción la que se vislumbra en la petrolera estatal, entidad que por quinta vez se encuentra en un bochornoso hecho que puede traer más cola si se extiende con su ponzoña a otros dependientes en planilla, actos que pueden repetirse en otras reparticiones que operan con mucho o poco circulante.

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