La Gaceta Jurídica

“En Bolivia debería funcionar una subsede de la CIDH”

El Presidente del Tribunal Departamental de Justica (TDJ) de La Paz, experto en derecho laboral internacional, Iván Campero, dijo que las propuestas y críticas del Presidente del Estado boliviano dan pie para mejorar cualitativamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo multilateral de protección de estas facultades para las personas.

Campero, en una sesión similar de contacto con los medios de comunicación.

Campero, en una sesión similar de contacto con los medios de comunicación. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 24 de mayo de 2013

En el marco del principio de territorialidad, otorgar mayor participación democrática a los países signatarios y dar celeridad a los procesos, cada país, entre ellos Bolivia,  debería tener una representación de la cidh en calidad de subsede, con una competencia jurisdiccional sólida para iniciar los trámites y, luego, remitir lo que corresponda a la sede central de la Comisión o de la Corte Interamericana.

La propuesta corresponde al presidente del tdj de La Paz, Iván Campero Villalba, cuyo criterio fue consultado por periodistas a propósito de la Segunda Conferencia de Cancilleres de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizada a mediados de mayo en Tiquipaya, Cochabamba, donde se propusieron reformas de fondo.

Es necesario que se adopte medidas destinadas a una mayor y mejor operatividad de la cidh, por un lado, y, por otro, se debe cambiar los procedimientos. “Considero que la administración de este organismo debe ingresar a un proceso de descentralización, puesto que no es suficiente que esté en Estados Unidos o en San José (Costa Rica)”, afirmó Campero en una entrevista con varios medios de comunicación.

Por ejemplo –dijo–  la Organización Internacional del Trabajo (oit) tiene su sede central en Ginebra y para América Latina tiene varias subsedes. Los reclamos jurisdiccionales son atendidos en la Comisión de Expertos de la oit que funciona en Lima; la entidad de Formación Académica de este organismo de derechos laborales está en Montevideo; las oficinas que tienen relación con la comunicación y los medios periodísticos está en Buenos Aires y en San Pablo se encuentra otra subsede que tiene que ver con la Seguridad Social.

Subsedes con competencia jurisdiccional

Por tanto, Campero consideró que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben ser descentralizadas mediante un sistema de subsedes que tengan competencia juris- diccional, puesto que la persona natural o jurídica a la que se le ha vulnerado uno de sus derechos humanos no sólo va por trámites ante la Corte, sino que pretende una medida cautelar de acceso inmediato a este sistema de garantías.

Explicó que cualquier ciudadano de la región, que cree que sus derechos han sido vulnerados, puede acudir a la cidh, pero aclaró que esta instancia no dicta sentencias, competencia que le corresponde a la Corte Interamericana donde se atiende indistintamente casos relacionados con los derechos económicos, sociales, interculturales y otros establecidos por el Pacto de San José de 1969.

Es necesario que las organizaciones, cuya función tiene relación con la defensa de los derechos humanos en América Latina, demanden la descentralización de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la cidh, esto ayudaría mucho a la búsqueda de celeridad. Por ejemplo, en el caso boliviano, hace muchos años existen cerca de 20 demandas que no tienen respuesta, recordó.

Celeridad a los procedimientos

En su criterio, no es solamente la competencia de aceptación o no del trámite de denuncia que “son demasiado engorrosos, mucho más complejos que los trámites judiciales que tenemos en nuestros países; por lo que es necesario que las gestiones sean de mayor celeridad y la atención a las demandas de los ciudadanos de Latinoamérica sea inmediata. Entonces estos procedimientos pueden ser perfectibles y más ágiles, no deberían durar más de un año”.

Sugirió que, en caso de darse un proceso descentralizador, las subsedes deberían funcionar en ciudades intermedias y no en ciudades capitales de los países para dar a estas instancias mayor funcionalidad, de manera que no estén sujetas a las presiones de los estados. En Bolivia, dijo, una representación de la cidh podría funcionar en Oruro o en Beni y no en la capital constitucional, no en la sede de gobierno.

Por otro lado, aseguró que es también necesario abreviar los procedimientos de la cidh de manera que los ciudadanos tengan una tutela oportuna de esta instancia y que no sean víctimas de la retardación, como ocurre en varios países de la región.

Por ejemplo, un trámite de materia laboral que llega hasta instancias de la Corte Suprema en Brasil dura más o menos ocho años; en Argentina entre siete a ocho años; en Perú de seis a siete. En cambio en Bolivia, ahora, con el nuevo Órgano de Justicia, es decir, en las causas nuevas que ingresan, están durando máximo tres años. Es decir, que en materia de retardación, en estos casos, no estamos tan mal en relación a los procesos de algunos países vecinos, detalló Campero.

Para agilizar los procedimientos en los niveles interamericanos de la justicia, debe haber sistemas coercitivos, dijo al señalar que, al momento, al no existir sanción contra los que incumplen, se convierten en procedimientos permisivos de la retardación.

“Otro tema que hay que superar es la falta de magistrados permanentes en la Corte Interamericana. Actualmente, los jueces de este nivel se reúnen unas cuatro veces al año”, afirmó Iván Campero.

“Si logramos que exista al menos dos subsedes, una para los países andinos y otra en las naciones del Mercosur, además de lograr procedimiento ágiles, estas medidas posibilitarán que los fallos sean de cumplimiento inmediato”, aseguró.

No al cierre de la CIDH

Se mostró contrario a las corrientes que consideran que este sistema judicial interamericano debería cerrarse porque no atiende las demandas con la prontitud que se requiere. “No hay que olvidarse que nuestros países han sufrido largos y duros años de dictadura y muchas de las víctimas han logrado restituir sus derechos a través de estos tribunales. Por tanto, no es pertinente denunciar al Pacto de San José que, al momento y a nivel internacional, es la única instancia para hacer garantizar los derechos humanos”.

Sobre los pedidos de cambio de sede de la cidh, dijo que “es necesario que la iniciativa de Bolivia y de los estados que la respaldan adquiera mayor firmeza entre la mayoría de los miembros de la oea. El cambio de sede podría ser una medida saludable siempre y cuanto, reitero, tenga el respaldo de la mayoría de las naciones. Una Resolución expresa considerada por la próxima Asamblea de la oea podría viabilizar este tema”.

Es periodista.

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