La Gaceta Jurídica

Bolivia y el derecho comunitario

Las normas de derecho comunitario son esenciales para entender los procesos de integración latinoamericanos. El derecho internacional clásico es un derecho de cooperación convencional, mientras que todo el ordenamiento comunitario es un derecho de integración desarrollado mediante sus propias instituciones.

La forma más avanzada de integración es el de la Unión Europea, iniciado en los años 50 del siglo XX.

La forma más avanzada de integración es el de la Unión Europea, iniciado en los años 50 del siglo XX. Foto: pulzo.com

Ery Iván Castro Miranda

00:00 / 28 de octubre de 2014

La Constitución Política del Estado boliviano (cpeb), promulgada el 7 de febrero de 2009, a diferencia de las anteriores constituciones, reconoce de manera categórica que las normas de derecho comunitario integran el bloque de constitucionalidad, cuando refiere en su artículo 410 párrafo II lo siguiente: “La constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país (…)”.

Si bien la Constitución boliviana señala que las normas de derecho comunitario forman parte del bloque de constitucionalidad, se considera necesario definir dicho término; en ese sentido, Orlando Guerrero menciona lo ulterior: “El derecho comunitario es el complejo de normas jurídicas que regulan las relaciones de las comunidades de estados con otros sujetos de derecho, entre los que se encuentran no solo los estados y las organizaciones internacionales, sino también los órganos, organismos e instituciones comunitarias y los particulares, sean estos personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, capaces de ser sujetos de derechos y obligaciones en los estados miembros.

Tales comunidades de estados son constituidas por tratados que las instituyen como organizaciones internacionales de carácter supranacional sui generis, dando origen a un sistema jurídico-institucional u ordenamiento jurídico nuevo, autónomo, con primacía y eficacia directa en el ordenamiento interno de los estados, cuyo común denominador o ius proprium se basa en las relaciones de integración regional y un sistema judicial de garantía de su aplicación e interpretación uniforme” (1).

En virtud a lo señalado, se puede afirmar que las normas de derecho comunitario se consideran esenciales para entender los diversos procesos de integración existentes a nivel Latinoamérica, es en ese sentido que Roberto Dromi (2) señala: “El proceso de integración pasa por diversas etapas, que van desde la primera, crea vínculos muy tenues entre los estados miembros, hasta las últimas, que pueden llegar, incluso, a una integración política”.

Ordenamiento jurídico

Esta noción es fundamental toda vez que el derecho comunitario se constituye, necesariamente, en un nuevo ordenamiento jurídico cuya diferencia respecto del derecho internacional se resume en lo siguiente:

El derecho internacional clásico es un derecho de cooperación, asimismo, es básicamente convencional, mientras que todo el ordenamiento comunitario es un derecho de integración, además, es desarrollado mediante la actividad normativa de sus propias instituciones que ejercen una verdadera potestad legislativa que da lugar al derecho comunitario derivado, aunque tiene su origen en los tratados fundacionales (cfr.) (3).

Ese proceso de integración involucra una transferencia de ciertas competencias de los estados miembros a favor de una comunidad supranacional, por ello, la integración –conforme refiere Eric Tremolada– debe entenderse como “un marco de relaciones interestatales tendientes a gestionar intereses comunes conjuntos, mediante reglas y órganos”  (4).

Bajo esa premisa, la forma más avanzada de los procesos de integración indudablemente fue el de la Unión Europea (ue), iniciado en la segunda mitad de los años 50 del siglo XX como un proceso ambicioso de unificación del mundo que, innegablemente, sirvió como un modelo y ejemplo a seguir para los países de América Latina.

Tratado de Montevideo

Por ello, en procura de lograr la consolidación respecto de la integración en América Latina, en 1960 se firmó el tratado de Montevideo que dio origen a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (alalc), misma que es sustituida en 1980 por la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi), con la idea de que en el mundo contemporáneo es impensable un desarrollo económico autónomo y aislado de naciones emergentes.

Tanto la alalc como la aladi fueron organizaciones ambiciosas que lograron algunos avances en busca de un proyecto multilateral de desarrollo económico concertado, toda vez que la integración económica es la etapa más avanzada de la cooperación internacional.

Otros procesos

Sin embargo, la iniciativa de procesos integracionistas subregionales (Latinoamérica) tuvo mejores resultados –no obstante, la integración económica desde su creación viene funcionando fundamentalmente sobre estructuras institucionales intergubernamentales que no siempre obedecen al nivel de integración económica acordado (5)–.

Esto se empezó a aplicar en 1960 en América Central con el Mercado Común Centroamericano (mcc), en 1969 en la región andina con el Pacto Andino, en 1973 con el Mercado Común de Caribe (Caricom), en 1991 con el Mercado Común del Sur (Mercosur) y en 1992 con el Tratado de Integración Económica de América del Norte (North American Free Trade Agreement, nafta) (6).

En ese contexto integracionista, el 26 de mayo de 1969 se firmó en Cartagena, Colombia, un acuerdo de integración entre Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú con el propósito de mejorar el nivel de vida respecto a los habitantes de los países involucrados mediante la integración y la cooperación económica y social, sin embargo, en 1976 Chile se retiró del convenio por estar en desacuerdo con la decisión 24 que se refería a una política explícitamente proteccionista en materia económica, en la lógica de un proceso progresivo de sustitución de importaciones.

Las proyecciones integracionistas en Latinoamérica a partir de 1969 tuvieron la idea de impulsar el crecimiento industrial, desarrollo económico competitivo y eliminación, en plazos graduales, de aranceles aduaneros y limitaciones fronterizas, siguiendo el modelo de la Comunidad Económica Europea (cee).

Además de ser pionero en el modelo de organización integracionista, el acuerdo de Cartagena tuvo seis modificaciones y la más importante fue firmada en Trujillo, Perú, en 1996; a partir de ese año se consolida la denominada Comunidad Andina de Naciones (can), como una organización intergu- bernamental subregional con personalidad jurídica internacional, integrada por sus estados miembros y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (sai), que cuenta con un nutrido número de órganos inter- gubernamentales y supranacionales que la convierten en el sistema más innovador, cohesionado y eficaz del continente en los últimos años (7).

A nivel Latinoamérica, las normas que emite la can (8) constituyen verdaderas normas de derecho comunitario, toda vez que el objetivo fundamental consiste en alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los países miembros; esta institución supranacional se encuentra conformada por órganos e instituciones articuladas en el Sistema Andino de Integración (sai) (9).

Funciones del mecanismo

Este sistema tiene diferentes funciones, desde normativas y de dirección política hasta judiciales, ejecutivas, deliberantes, sociales, financieras y educativas, su finalidad es permitir una coordinación efectiva entre todos los órganos e instituciones para profundizar la integración andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso, con el fin de lograr la mejor coordinación del sai.

El Presidente del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores convoca y preside la Reunión de Representantes de las instituciones que conforman dicho sistema, la cual se realiza al menos una vez al año y, en forma extraordinaria, cada vez que lo solicite cualquiera de sus instituciones integrantes.

El sai articula a otros órganos e instituciones creados en el marco de la integración subregional andina, tales como los Consejos Asesores Ministeriales que emiten opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la can sobre temas relacionados a su sector.

También existen comités técnicos, como las organizaciones intergubernamentales (Consejo Presidencial, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión de la Comunidad Andina) y las organizaciones comunitarias (Tribunal de Justicia, Parlamento Andino, Secretaría General, caf, Banco de Desarrollo de América Latina, Fondo Latinoamericano de Reservas, Organismo Andino de Salud y Universidad Andina Simón Bolívar).

Asimismo, existen las Instancias de participación de la sociedad civil como el Consejo Consultivo Empresarial, Consejo Consultivo Laboral, Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Mesa Andina para la Defensa de los Derechos del Consumidor.

En síntesis, podemos afirmar que el sai hace que la can funcione como si se tratase de un Estado cuyas instituciones principales en el sistema institucional andino son el Consejo Presidencial Andino (cpa), el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (Camre), la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaria General de la Comunidad Andina, el Parlamento Andino (pa) y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, cada una de estas instancias tiene un rol y cumple funciones específicas.

Sistema judicial de la can

Indudablemente, nos encontramos frente a un desarrollado esquema institucional cohesionado y coherente de integración latinoamericana, toda vez que el derecho comunitario es un verdadero ordenamiento jurídico autónomo e independiente, con sus propias normas, instituciones y, por su propia naturaleza, se aplica de forma inmediata y directa en los ordenamientos nacionales (10), gozando de primacía frente al derecho de los países miembros, siendo fuente inmediata de derechos y obligaciones.

Asimismo, se debe destacar que el sistema judicial de la Comunidad Andina desarrolla su labor en el marco de un ordenamiento caracterizado por los principios de autonomía, preeminencia, aplicabilidad directa y efecto directo (11), existiendo de esta manera un control de convencionalidad entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

Sin embargo, resalta una problemática cuando la unión de soberanías (integración), de alguna forma, tiende a limitar los ordenamiento jurídicos internos de un país al extremo de que no existe una convivencia armónica entre las normas de derecho comunitario y el ordenamiento interno, por lo que es necesario, en primera instancia, conocer y, posteriormente, cumplir a cabalidad la normatividad emergente de los órganos comunitarios así como del Estado.

Notas

1. GUERRERO Mayorga, Orlando, “El derecho comunitario: concepto, naturaleza y caracteres” ‹www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/...2/.../pr19.pdf› (12/10/2014)

2. DROMI, Roberto, y otros, “Derecho Comunitario”, Sistemas de Integración, régimen del Mercosur, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, pág. 112-131

3. ENCICLOPEDIA JURÍDICA, “Derecho Comunitario”, ‹www.enciclopedia-juridica.biz14.com/.../derecho-comunitario/› (12/10/2014).

4. TREMOLADA, Eric, “Apuntes que resumen el Sistema Institucional Andino” Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (UMSA), Unidad de Postgrado y Relaciones Internacionales, 2013.

5. Ibídem.

6. ENCICLOPEDIA JURÍDICA, óp. cit.

7. Ibídem.

8. Ibídem.

9. Ibídem.

10. Ibídem.

11. Ibídem.

Es abogado, docente universitario y responsable del blog jurídico Metamorfosis Jurídica (http://metamorfosisjuridica.blogspot.com/)

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