La Gaceta Jurídica

Bolivia incumple Protocolo de Palermo

El representante en Bolivia de la Organización Internacional para las Migraciones (oim), Walter Arce, expresó su preocupación porque el gobierno no cumple a cabalidad los compromisos con la firma del Protocolo de Palermo contra la trata y tráfico de seres humanos de 2001, instrumento jurídico que define y sienta las bases de este delito.

GAIA Noticias

00:00 / 20 de marzo de 2012

Este convenio, junto con la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional de 2000, también instruye las estrategias para contrarrestar este ilícito.

La principal falencia, según ese organismo internacional, está en la falta de centros de reinserción social para las víctimas de este flagelo, ya que en Bolivia todas las instancias que trabajan atendiendo esta problemática pertenecen a organismos de cooperación o asistencia y no al Estado.

“El aporte que han hecho las instituciones de la sociedad civil, desde las ong (Organizaciones No Gubernamentales) que han estado brindando acogida. Albergues, acompañamiento ha sido importante, pero cuán importante fuera que el proceso de articulación entre estas instancias de acogida pueda estar estructurado de tal forma que las víctimas reciban una reinserción integral en la mayor dimensión”, recomendó el funcionario.

Normativa nacional

El pronunciamiento del organismo internacional también indica que la única norma existente en el país para sancionar este crimen, la Ley 3225, imposibilita una persecución penal y sanción drástica para quienes incurren en estas actividades delictivas, por lo cual, habría que agilizar la aprobación de otro proyecto legislativo para garantizar una verdadera lucha contra los responsables de explotar laboral y sexualmente a hombres, mujeres y niños.

Igualmente, Arce enfatizó que este delito está relacionado con el crimen organizado, que se caracteriza por su clandestinidad y peligrosidad, por lo que son pocos los países que se atreven a ofrecer estadísticas del fenómeno.

“Se han dado pasos importantes y a nivel de protección de victimas de trata, creo que es un área donde hay mucho que hacer, no solamente a nivel nacional, sino en todo el contexto regional, es importante que podamos articular esfuerzos para brindar atención a quienes han sido víctimas de trata, pero una atención integral que permita su reintegración económica y social”, argumento. Un estudio anterior, realizado por la oim, manifiesta que en La Paz y El Alto existen alrededor de 2.300 mujeres adolescentes víctimas de explotación sexual, muchas trasladadas de países vecinos hacia ciudades capitales y otras que fueron captadas en poblaciones rurales.

Incremento del delito

Diagnósticos determinan que la pobreza, la falta de trabajo o la búsqueda de una vida mejor, son algunos de los factores que exponen a miles de personas a la posibilidad de ser traficadas. A ellas se suman el desconocimiento del fenómeno en las autoridades y en la opinión pública, la falta de capacitación a los operadores de frontera, la gran cantidad de puntos ciegos en territorios compartidos entre países, la escasez de personal para realizar patrullajes y la poca o nula coordinación entre oficiales de Migración y Policía, entre otras.

Definiciones y CASOS

La trata de personas es definida en el Protocolo de Palermo como una actividad delictiva dirigida a fines como: la explotación laboral (prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo sexual y matrimonios serviles); explotación laboral (fábricas, minas, pesca, plantaciones, cosecha de castaña y azúcar); con fines de explotación militar (soldados cautivos y niños soldados); para servidumbre y prácticas esclavistas (trabajo doméstico, embarazos forzados y vientres en alquiler).

Al mismo tiempo, Arce expresó que el concepto de trata es complejo y representa múltiples aristas, englobando numerosas situaciones delictivas.

Cronología

Para un instrumento local

El 29 de julio de 2011, la página web justiciaenlosandes.org publicó un artículo de las investigadoras Yésica Velarde Conde y Yolanda Alarcón Calle del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (cecasem) con datos sobre este flagelo.

Las partes fundamentales señalan que el 2000 varios países del mundo se adscribieron a la “Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, uno, conocido como el “protocolo de Palermo”, hace mención a la trata de personas.Bolivia, mediante Ley 2377, del 22 de noviembre 2001, ratificó el “Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”.

El 2006, en el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Belzé se aprobó la Ley 3325 de trata y tráfico de personas y otras delitos relacionados, también se creó las divisiones de trata a cargo de la Policía.

En 2007 se fundó el Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata conformado por ministerios, hasta hoy inoperativa.

Elizabeth Salguero, en ese entonces diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, impulsó un anteproyecto de ley que por cambios políticos no avanzó.

En 2009, con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (ncpe) y las elecciones, se instala la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional y se establece que discusión de leyes se reinicie, entre ellas la ley de trata, además se dio preferencia a la aprobación de normas orgánicas contempladas en la ncpe, mientras las sociales quedaban en espera.

Otro instrumento de esa gestión es el Plan nacional de Acción de Derechos Humanos 2009-2013, que considera el tema de trata y tráfico de personas, detectando 14 problemas y proponiendo 19 acciones para resolver estos casos, pero hasta hoy no hubo mucho avance.

En 2010, la comisión de derechos humanos, encabezada por la diputada Marianela Paco, presidenta del Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, retomó la temática de la ley de trata de personas, abriendo un proceso de diálogo para redactar el proyecto de ley integral de trata y tráfico de personas.

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