La Gaceta Jurídica

Bolivia ante el peligro de su renuncia a la CIDH

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 26 de marzo de 2013

Son motivo de preocupación las declaraciones del presidente Morales, en sentido de que piensa retirar a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), porque, según él, este organismo dependería de Estados Unidos, sería “usado por la derecha” (sic) y trataría de juzgar a otras naciones.

Cabe aclarar que la Comisión, es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (oea) y, ciertamente, tiene su sede en Washington; sin embargo, Estados Unidos no ha tenido interés en ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh) (que es el principal instrumento sobre esta materia en el continente), aunque dicha actitud podría ser cuestionable desde todo punto de vista, es una muestra de la inexistencia de relación de dependencia o subordinación de dicho organismo con el país del norte.

Lo que llama la atención ahora es que estas declaraciones del Presidente surgen ante la reciente demanda presentada por los indígenas del Territorio Indígena y Parque nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en contra del Gobierno. Me refiero a que una delegación indígena presidida por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) denunció ante la cidh al Estado “Plurinacional” de Bolivia por la vulneración de los derechos de las comunidades del Tipnis a través de una consulta (posterior y no previa) para la construcción de una carretera que atraviese el corazón biodiverso de su territorio, habiendo denunciado también la vulneración de la Ley Nº 180 (que declara la intangibilidad del parque) a través de la Ley Nº 222 de Consulta Previa, pidiendo además el retiro de los militares que instalaron una base en el Tipnis sin la previa aprobación y consulta a las comunidades.

A este efecto, solicitaron la visita de esta Comisión al país para verificar las violaciones denunciadas, generando una obligación al Gobierno para que presente un informe sobre las medidas que tomó para identificar a los responsables de la represión en Chaparina y de la discriminación que sufrió la ix marcha en San Ignacio de Moxos (Beni), en mayo de 2012.

A primera vista, se percibe que la posición adoptada por el Presidente, además de pretender desacreditar la idoneidad de este organismo internacional, se suma a los planteamientos y denuncias que en sentido similar ha realizado Venezuela el pasado año, así como el Presidente ecuatoriano (Rafael Correa) quien está promoviendo una serie de reformas a la cidh, incluyendo cambiar la sede de la institución.

El debate de las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh) es tema de actualidad, dado que inclusive organizaciones de la sociedad civil han calificado dichas propuestas como presiones para limitar la autonomía de ese organismo, incluyendo a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, es necesario dejar establecido que el sidh es el marco legal de protección integral de los derechos humanos en América y, orgánicamente, está integrado por la cidh y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh).

Estos órganos protectores encuentran justificación en la misma cadh, cuya entrada en vigor (1978) constituyó un paso fundamental en el fortalecimiento del sidh pues reconoció una amplia gama de derechos e incrementó su efectividad.

Hoy, ciertamente, es un organismo que se encuentra bajo la lupa, pues, al parecer, la tarea incesante de tantos años de lucha por la defensa regional de los derechos humanos no ha sido bastante para un grupo de países (denominados “bolivarianos”), que ahora pone en duda no sólo su legitimidad, sino también su trabajo y la necesidad de su existencia.

Es así que, el organismo ha sido objeto de cuestionamientos y críticas de todos los matices, tanto por sus defensores que quieren mantenerlo o mejorarlo, como por sus detractores que lo juzgan sesgado o ineficaz y buscan disolverlo, lo que ha motivado que este año se lleve adelante un debate crucial para su futuro. Ello ha surgido en razón de que hace más de un año varios países miembros de la oea buscan debilitar el Sistema Interamerica-no, en particular a la cidh, por medio de un proceso de reformas al sidh y que debe decidirse en marzo de 2013.

En el caso de Bolivia, se debe recordar que mediante Ley Nº 1430, de 11 de febrero de 1993, se dispuso la aprobación y ratificación de la cadh, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, y suscrita en San José (Costa Rica), el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interame- ricana sobre Derechos Humanos. Este instrumento internacional entró en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención.

A través de esa Ley se reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Convención:

“Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención”.

También se ha reconocido como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de acuerdo al Artículo 62 de la misma Convención).

Como se puede ver, la cadh es uno de los principales tratados internacionales sobre derechos humanos (ratificado por el Estado boliviano), forma parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno dado que, al declarar derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplica de manera preferente sobre ésta, en mérito a que los derechos reconocidos en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” (artículo 256 constitucional).

Este instrumento internacional, además de extender su ámbito de aplicación a nivel latinoamericano, operativiza sus disposiciones a través de la cidh y de la coidh. La Comisión Interamericana es el órgano encargado principalmente de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.

Entonces, renunciar a la competencia de la cidh es una forma de limitar, injustamente, la necesaria vigilancia del respeto a los derechos humanos a través de este organismo y es un atentado contra uno de los mecanismos que coadyuvan eficazmente a garantizar nuestros derechos, más aún cuando constantemente se ven avasallados y desconocidos por la arbitrariedad y el autoritarismo de los gobiernos.

*    Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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