La Gaceta Jurídica

Bosques en peligro y la una Ley para Vivir Bien

Ausencia de normas efectivas

La Gaceta Jurídica / Ricardo Rojas Quiroga, Vanesa Cortez y Ramiro Valle

00:00 / 11 de septiembre de 2012

De acuerdo a estudios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (abt), los bosques ocupan el 48% de Bolivia, unos 57 millones de hectáreas (ha), de las cuales, cerca del  80% está concentrado en tierras bajas y el otro 20 en valles interandinos y altiplano.

Datos del Grupo Intergubernamental Especial sobre los Bosques de las Naciones Unidas señalan que Bolivia ocupa el sexto lugar mundial entre los países con mayor extensión de bosques tropicales y el decimoquinto en cobertura boscosa. Pero, este patrimonio fue disminuido en los últimos 40 años por la ampliación de la frontera agrícola y la tala indiscriminada, así se estima que el 50% de la madera para consumo interno es ilegal.

Según el Plan Nacional para el Manejo Integral del Bosque del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (mmaya), la conversión de bosques a otros usos se incrementó de 150.600 ha/año, entre 1992-2001, a 350.000 en 2007, la cual se realiza cada vez más en suelos clasificados de vocación forestal e impacta en la biodiversidad.

La tala ilegal genera degradación socio-ambiental de los bosques, debido a la forma de ejecución y la falta de planificación; afecta la capacidad de regeneración natural de las especies y no toma en cuenta áreas o especies sensibles, provocando la desaparición parcial o total de especies y la pérdida de funciones ecosistémicas. Este tipo de explotación reduce los ingresos públicos, lo que puede da a la corrupción e incremento de conflictos sociales y pobreza.

Otro impacto de la deforestación y degradación de bosques es la disminución de potencial de captura de carbono, la liberación de carbono y emisión de CO2. En este marco, de acuerdo al Programa Nacional de Cambio Climático (pncc), hay un proceso acelerado de deforestación, lo que provocará un incremento promedio de temperatura hacia el 2030 entre 1,3 y 1,5ºC, por lo que se evidenciarán intensos ciclos de precipitación en las tierras bajas y la exacerbación de escasez crónica de agua; en las regiones áridas se acentuará el problema afectando a la seguridad alimentaria.

Para abordar el conflicto de la deforestación es necesario comprender las causas que varían en cada contexto, éstas tienen relación con la distribución de tierra y la regulación en el uso de la misma, que es distinta para diferentes grupos sociales. En Bolivia esto ocurre por diferentes motivos, elevados costos del manejo forestal sostenible; normas de dificultosa aplicación; conflictividad respecto a la tenencia de tierras; falta de apoyo a los beneficiarios locales de los recursos forestales; limitaciones institucionales y económicas del sector público; débil gestión de recursos forestales, e incremento en la demanda de productos forestales.

Para garantizar la supervivencia de los pueblos y la protección de bosques, hay necesidad de trabajar en un modelo basado en la gestión integral, que incorpore a los componentes del bosque y no solo a los recursos forestales, para que los componentes sean administrados y aprovechados de forma sustentable. Se debería trabajar en una nueva Ley de Bosques que incentive la gestión integral y no sea meramente punitiva como la legislación actual.

Debido a que la Ley de Bosques y la Ley de Amazonía están en agenda en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es urgente la reacción propositiva de las organizaciones campesinas e indígenas, así como de otros actores de la sociedad para precautelar los derechos de los pueblos indígena originario campesinos y de la Madre Tierra y lograr que la legislación ambiental no se vea flexibilizada, sobre todo con el fin de lograr un desarrollo integral y sustentable en beneficio de la población sin afectar la biodiversidad.

Casos

El Pueblo Indígena Guarayo habita ancestralmente el territorio de la hoy provincia Guarayos de Santa Cruz, considerado la “Casa Grande” (Ñande rentaguazu). Este territorio quedó reducido a Tierra Comunitaria de Origen (tco) en la Reforma Agraria de 1953, que favoreció más a los latifundistas, porque legalizó la usurpación de territorios indígenas. La visión de estos nuevos actores sobre el aprovechamiento de los recursos naturales (rrnn) difiere de la visión del pueblo guarayo.

Según datos del Plan de Uso de Suelo (PLUS-SCZ, 2007),  Guarayos tiene potencial forestal de más de 3 millones de hectáreas, de las cuales 1,6 millones son áreas boscosas con vocación para el aprovechamiento forestal sostenible. Por otro lado, el Pueblo Guarayo cuenta con 1.432.587 de ha tituladas de forma colectiva bajo la figura de tco, de las cuales cerca de un millón cuentan con autorización para el manejo y aprovechamiento del recurso maderable, beneficiando a 69 organizaciones afiliadas a la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag).

Este aspecto denota avances significativos con relación al uso y aprovechamiento exclusivo de rrnn dentro de su territorio, ya que hasta el 2006 el Pueblo Guarayo sólo contaba con 208.321 hectáreas bajo manejo forestal (Bolfor, 2008).

A partir de 2001 se acentúa la expansión de la frontera agrícola hacia Guarayos incrementando la deforestación a razón de 5.737 ha por año entre 1986 y 1991 a 24.175 en el periodo 2001-2004, llegando hasta 78.905 ha el 2005 (Bolfor, 2008).

El territorio indígena Guarayo se enfrenta hoy a la visión agrarista, maderera y minera, que no comulga con las lógicas económicas del Pueblo Indígena Guarayo, lo que complejiza más la gestión para las organizaciones indígenas. Hoy las actividades económicas están vinculadas al extractivismo que dificulta el uso y aprovechamiento integral sustentable del bosque de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado (cpe, artículos 386 al 389), además de la falta de conciencia de la sociedad para la prevención, conservación y protección de los bosques.

El gobierno no ha priorizado una nueva ley de bosques para la implementación de políticas integrales que abarquen no sólo el tema forestal (madera), sino también la integralidad del bosque y el medio ambiente. Existen avances de la abt en la otorgación de derechos y fiscalización del aprovechamiento de la madera, pero son de corto plazo y no resuelven los problemas de fondo debido a la falta de capacidad institucional y burocracia, entre otras limitantes para una real y efectiva fiscalización y control del aprovechamiento forestal.

Es importante la construcción de normas con visión de aprovechamiento sostenible de los rrnn que promuevan planes de gestión territorial y descentralización, otorguen poder de decisión a los gobiernos locales, garanticen recursos económicos y la aplicación de medidas preventivas, aspectos que deben ser insertos en una nueva ley de bosques para Vivir Bien.

*    Son miembros Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

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