La Gaceta Jurídica

Búsqueda de los desaparecidos

…se espera que este nuevo paso que es la firma del convenio tenga resultados positivos, tal vez promovidos con mayor interés por la universidad paceña, institución más cercana a la investigación, la custodia de materiales y la recuperación de la memoria.

Editorial

00:00 / 18 de febrero de 2014

Hace bastante tiempo que se habla en el país de la necesidad de realizar acciones pertinentes para identificar los sitios en los que habrían quedado las personas desaparecidas durante los gobierno dictatoriales desde el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982, sin embargo, los avances son reducidos y sólo han sido registrables por la formación de comisiones o instancias encargadas de realizar procedimientos.

De esa manera, el 18 de junio de 2003 fue creado el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas (Ciedef), pero que hasta ahora no ha dado mayores resultados sobre el tema. Esta instancia, entre otras apariciones, en agosto de 2012 aprobó la estrategia que aplicaría en el abordaje de la investigación y esclarecimiento de las desapariciones durante los gobiernos de facto de ese periodo.

En esa última fecha se estableció la necesidad de desarrollar acciones para la identificación de restos de víctimas de desaparición forzada, para los procesos penales pertinentes y para hacer la coordinación interinstitucional, es decir mediante un convenio entre el Ministerio Público, Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología (iiaa) de la Universidad Mayor de San Andrés (umsa) y el Ciedef.

Sin embargo, la firma de este convenio recién se concretó la pasada semana, el 14 de febrero, cuando el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la umsa firmaron el convenio interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas en investigaciones de esos casos. Sobre esto, todavía queda pendiente la formación de una “comisión de la verdad” cuyo proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 2013, de acuerdo a una propuesta presentada por la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd).

Según un informe de esas fechas de la Cámara Alta, entre las funciones más importantes de la comisión se encuentra solicitar de manera fundada y obtener información de entidades públicas o privadas con fines de investigación; recepcionar denuncias, pruebas y presentarlas en su caso al Ministerio Público; coordinar acciones con entidades públicas y privadas para la ubicación del paradero de restos de las víctimas de desaparición forzada; coordinar y coadyuvar acciones con entidades públicas y privadas para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Por otra parte, el trabajo interinstitucional de las instancias que firmaron el convenio de febrero debe desarrollarse en torno a la identificación de las personas desaparecidas y la desclasificación de los archivos militares que puedan tener datos sobre las violaciones a derechos humanos durante los gobiernos inconstitucionales.

Como se verá, en varias etapas se ha buscado trabajar sin para saldar de una vez por todas esta deuda del Estado con familiares de desaparecidos y con la historia misma, por lo que se espera que este nuevo paso que es la firma del convenio tenga resultados positivos, tal vez promovidos con mayor interés por la universidad paceña, institución más cercana a la investigación, la custodia de materiales y la recuperación de la memoria.

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