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La CIJ y la cacería de ballenas

…el fallo de la CIJ es vinculante y las partes deberán cumplirlo, además, en el contexto internacional de desconsideración con el medio ambiente esta decisión tiene especial importancia al originar un precedente que se convierte en marco jurídico…

Editorial

00:00 / 01 de abril de 2014

Entre las grandes afectaciones que provocan las actividades humanas comerciales en el equilibrio de los ecosistemas que conservan las condiciones de vida en el planeta, incluyendo la posibilidad de existencia humana, se encuentra la cacería de ballenas en varios océanos del mundo, lo que ya hace muchos años ha sido advertido como peligroso para la supervivencia de estas especies marinas de mamíferos.

La situación planteada por el abuso en la captura de ballenas derivó en 1946 en la firma en Washington de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas (icrw, sigla en inglés), fundada con la finalidad de moderar la caza y el comercio de cetáceos, instancia que, a su vez, el 2 de diciembre de ese año creó la Comisión Ballenera Internacional (cbi).

Posteriormente, en 1972 la Conferencia de la onu sobre el Medio Ambiente Humano estableció una moratoria para lograr que la caza de ballenas y otras especies sea sostenible para no amenazar el futuro de la vida marina. La determinación recién entró en vigor entre 1985 y 1986, pero inicialmente fue ignorada por Japón, país que luego arguyó el estudio científico como disfraz para continuar la matanza.

Es precisamente sobre este punto que en 2010 Australia demandó a la potencia japonesa ante la Corte Internacional de Justicia (cij) con el apoyo de Nueva Zelanda y grupos ecologistas debido a que la cacería, más que fines científicos, perseguía la comercialización de los cetáceos, pues, según la misma Corte, cuyo presidente Peter Tomka ha señalado, que, “aunque el programa nipón incluye estudios científicos, los ejemplares cazados superan estos objetivos”.

De esta forma, la cij ha emitido una sentencia porque Japón “ha violado sus obligaciones en virtud del Artículo viii de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas”, por lo tanto, el país asiático debe anular las licencias actuales de caza de ballenas, además de que no podrá emitir nuevas. Al respecto, los jueces del tribunal internacional de la onu explicaron que los permisos que otorgan las autoridades niponas se encuentran fuera de los marcos de transparencia, porque los reducidos estudios no coinciden con la caza de 850 ejemplares de rorcual aliblanco, 50 de ballena jorobada y 50 de rorcual común. Así, la sentencia agrega que la presentación de dos informes, en 2005, sobre la vida y costumbres de nueve ejemplares “no guarda proporción con las capturas totales”.

En todo caso, el fallo de la cij es vinculante y las partes deberán cumplirlo, además, en el contexto internacional de desconsideración con el medio ambiente esta decisión tiene especial importancia al originar un precedente que se convierte en marco jurídico para interpretar en el futuro la icrw.

Por otra parte, este fallo que se refiere a la actividad japonesa en la región de la Antártica no afecta las convenciones para que los pueblos indígenas se beneficien de los cetáceos para su consumo y tampoco interviene en el Pacífico Norte, donde cazadores nipones continúan la cruel matanza. Esto significa que de manera obvia, la actividad desmedida será ampliada en esas áreas para compensar lo que se perderá al obedecer la sentencia del tribunal de La Haya. De hecho, el peligro continúa para el equilibrio de la vida en el mundo.

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