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Cambios a la ley forestal de 1996

En criterio del presidente Evo Morales, cambiar la Ley Forestal debe ser la prioridad número uno, “porque si tiene que haber la abt tiene que ser contra los explotadores de madera ilegal y no para el pequeño productor”. La primera autoridad del país recordó que cuando era pequeño productor estaba en permanentes peleas con las autoridades encargadas del área forestal.

Las tierras deforestadas no son aptas para la agricultura por su humus delgado.

Las tierras deforestadas no son aptas para la agricultura por su humus delgado. Foto: Threat to Democracy

La Gaceta Jurídica / Alicia Tejada Soruco*

00:00 / 18 de enero de 2013

El objeto de la presente Ley es establecer un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, cuyos beneficiarios se acojan al “Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”.

Con esta introducción se inicia un proyecto de ley que constituye a los deforestadores bolivianos ilegales en ”beneficiarios” de un Programa Gubernamental que los convierte en productores de alimentos y en restauradores del bosque que destruyeron. Sobre el mismo, puedo asegurar que se han puesto de acuerdo oficialismo y oposición, que en materia de enfoque de desarrollo son hermanos gemelos.

El antecedente de estas modificaciones introducidas a la Ley forestal no es menos desconcertante. Recordemos que en el ampliado de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, realizada en el Plan Tres Mil a mediados del 2012, el Presidente del estado Plurinacional se comprometió a ello: “El jefe de Estado, Evo Morales Ayma, anunció ayer que se modificará la Ley Forestal para que los pequeños productores no tengan problemas con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (abt). El mandatario hizo este anuncio durante la clausura del ampliado de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, que tuvo lugar en el Plan Tres Mil, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta es la responsabilidad de los dirigentes nacionales, del movimiento campesino indígena originario, tenemos que cambiar lo más antes posible la Ley Forestal (porque) mientras haya Ley Forestal van a seguir molestándonos, cualquiera que sea la autoridad”, mencionó Morales.

En criterio del Presidente, cambiar la Ley Forestal debe ser la prioridad número uno, “porque si tiene que haber la abt tiene que ser contra los explotadores de madera ilegal y no para el pequeño productor”. La primera autoridad del país recordó que cuando era pequeño productor estaba en permanentes peleas con las autoridades encargadas del área forestal.

“En el Chapare, cuando yo estaba de base, igual he tenido que pelear contra autoridades forestales, no te dejaban chaquear, no te dejaban quemar lo que has chaqueado, y yo decía de qué voy a comer, no voy a chaquear, si no voy a quemar. Y ahí tenemos profundas diferencias, pero hay que cambiar la Ley Forestal, hay una voluntad, es parte de las conclusiones del Encuentro Plurinacional”, explicó.

Pocos meses después de asumidos tales compromisos entre el primer mandatario y los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), una secuencia de desarticulados se enlazan en una extraña ley destinada a perdonar a los responsables de más de 7 millones de hectáreas de desmontes en Bolivia, a cambio de que estos se dediquen a producir alimentos y a plantar plantitas, en una mínima parte de la superficie del delito.

Paralelamente, el responsable forestal en el Ministerio de Medio Ambiente informó alarmado que el 2012 se ha deforestado 160 mil hectáreas más en Bolivia y una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) demuestra que, de las seis que existen sólo en la Reserva Forestal Guarayos, cinco de las concesiones forestales han sido desmontadas.

No podía ser de otro modo si tomamos en cuenta que este proyecto de ley está destinado a complacer los deseos de un sui generis ampliado de la csutcb, en el que los deforestadores se quejaron, ante el presidente Morales, del control a los chaqueos y desmontes ilegales por parte de la Autoridad Boliviana de Bosques, instancia responsable por el control y fiscalización de los bosques en Bolivia, precisamente para que se les haga borrón y cuenta nueva a todos sus delitos forestales (allí entró la gran empresa también, pero el maquillaje lo puso el Ampliado) y se les asegure que podían continuar deforestando, “legalmente”.

El dato ignorado en el ampliado de la csutcb fue el referido a millones de hectáreas deforestadas, cuerpos de agua contaminados y represados; ecosistemas degradados; animales exterminados, además de cambios de uso del suelo, que se resolverían, según el anteproyecto de ley que se discute, con el pago (retroactivo) de multas, condición previa para la suscripción al “Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”.

Esto podrá realizarse al contado o a plazos, “en éste último caso la primera cuota es la condición habilitante”: “En Tierras de Producción Forestal Permanente los beneficiarios del Programa deberán restituir entre el 10 y el 20 por ciento de la cobertura forestal afectada cuando se trate de predios con superficies mayores a las 50 ha (cincuenta hectáreas). La determinación del porcentaje a reforestar será establecida mediante norma técnica aprobada por la autoridad competente”, reza la norma, asumiendo el delito de deforestación en tierras no aptas para la agricultura, en tierras que nunca serán productivas para uso agrícola.

La destrucción del bosque se resuelve con la plantación de árboles, que no es lo mismo que restauración de un ecosistema de bosques, en una mínima parte del área deforestada. La misma norma establece que los desmontes futuros, en áreas protegidas y en reservas forestales están prohibidos y establece un régimen sancionatorio que llega al decomiso incluso de bienes inmuebles que pudiesen emplearse como depósitos de los productos forestales ilegales.

El antecedente es que no sólo las reservas forestales, sino también los derechos forestales (contratos en las ex concesiones) han sido objeto de desmontes; asentamientos y avasallamientos que el inra ha titulado sin más trámite; en pocas palabras en el país se está premiando a quien viola la ley.

Es posible que la ley forestal (1700) deba modificarse, a la luz de 16 años de experiencia en su implementación, es posible que haya que discutir nuevamente un régimen sancionatorio efectivo del cual adoleció esta norma, así como la institucionalidad que lo aplicará; lo que no es posible es apelar a los argumentos del ampliado de la csutcb, a un supuesto déficit en la seguridad alimentaria que se resolvería con perdonazos e incentivos legales perversos a los deforestadores del territorio.

Dado que en este país la deforestación pasa a gozar de toda protección gubernamental y legislada, quienes hacen manejo y gestión forestal en tierras aptas para este uso, ¿qué incentivo tendrán? Ninguno.

*             Es consultora y analista en Santa Cruz.

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