La Gaceta Jurídica

Caminos para lograr más cobertura judicial

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 03 de abril de 2012

La cobertura del servicio de justicia siempre fue un tema de debate; para muchos la limitada cobertura que tiene el Órgano Judicial se traduce en la ineficiencia de sus operadores, otros se justificarán señalando que el escaso apoyo económico en el ámbito judicial limita la presencia jurisdiccional en toda la geografía nacional, finalmente, habrá algunos que mencionarán la inexistencia de políticas estatales integrales que hagan más accesible este servicio.

Todo ello se dice, pero ¿quién plantea acciones para cambiar la situación? Pues hasta ahora no lo hace nadie. Las actuales autoridades parecen estar amodorradas con la nueva configuración de las instancias judiciales; y sus fustigadores –gran parte de la opinión pública– tampoco pasan de la crítica a la propuesta pues, en la mayoría de los casos, actuar asusta porque se tiene temor a errar y, claro, a nadie le agrada ser censurado y caer en el escarnio público.

En ese marco, considero que lo primero es efectuar un diagnóstico situacional en el contexto de las instituciones judiciales. Entonces, partamos por reconocer que hay una importante demanda sin cubrir en materia Civil, Familiar y en cuanto a las víctimas en asuntos penales; de la misma manera hay persistencia en lo que se refiere a la presencia de obstáculos estructurales económicos, físicos y culturales lo que genera una ausencia marcada de la justicia, particularmente en áreas rurales, además de la aparición de mecanismos tradicionales, no reconocidos y mal interpretados que cubren esa demanda.

En el campo institucional, hasta ahora, no se puede decir que se haya presentado iniciativas en las instituciones del sector justicia con el objetivo de mejorar la cobertura judicial, ello seguramente deberá esperar un tiempo más, porque en la actualidad las autoridades están muy ocupadas configurando las nuevas estructuras de las instituciones judiciales lo que, presumo, les llevará algún tiempo más.

Lo que se arrastra del anterior sistema es la ausencia de planificación lo que provoca que haya un desconocimiento de la demanda a cubrir, porque el hecho de pensar en una buena cobertura judicial no implica crear juzgados en todos los confines del país, sino conocer cuál es la verdadera demanda, conociendo aquello también sabremos priorizar servicios y lugares.

Por otro lado, en este diagnóstico se debe convenir en que hay una ausencia de control de calidad de los servicios, ¿Quién verifica esta característica, por ejemplo, en juzgados con asiento en localidades donde el acceso es casi imposible?; asimismo, se presenta una falta de respuesta a necesidades especiales de grupos vulnerables, léase ancianos, niños, minusválidos, etc.

Conocidas así las limitaciones de la justicia, hay que pensar en orientar los esfuerzos –en principio– a concebir un instrumento en el que se diseñen las pautas principales para lograr el acceso a la justicia, porque se necesita contar con políticas de orden público que permitan conocer la demanda y planifiquen la oferta de servicios de justicia.

Este documento tendría que estar dirigido a las autoridades judiciales y también a las del Órgano Ejecutivo que deben estar consustanciadas con la problemática judicial, al igual que los representantes de los gobiernos locales, no olvidemos que habitamos un estado con autonomías. Esta herramienta planteará un conjunto de políticas y programas para cubrir la demanda de servicios de justicia, además de pautas para el monitoreo y la evaluación de impacto.

En el inicio, debemos entender que el acceso a la justicia hace referencia a las posibilidades de las personas de obtener una respuesta a sus necesidades jurídicas o, dicho de otro modo, este acceso del que se habla es más que alcanzar o llegar a los tribunales, si no que es la obtención de un remedio eficaz para un problema tutelado por el Derecho.

Una política de acceso a la justicia implica crear o fortalecer toda instancia, estatal o comunitaria, centralizada o descentralizada, pero con capacidad de dar respuesta, con integridad e imparcialidad, a las demandas de las personas en materia judicial.

Sobre esa aclaración inicial se puede resumir el presente bosquejo en tres puntos básicos que tienen que ser tomados en cuenta desde cualquier punto de vista si se quiere –con integridad– mejorar la cobertura judicial: primero, ampliación de la cobertura de los servicios estatales; segundo, fortalecimiento de la justicia no estatal y de las prácticas comunitarias, y, tercero, plantear políticas especiales para grupos en desventaja.

Las políticas que aquí se exponen para el logro de los tres puntos mencionados se resumen en implementar acciones dirigidas a aumentar la capacidad de resolver conflictos por parte de las instituciones del sector. Estas políticas incluyen iniciativas de fortalecimiento institucional, pero también de descentralización, desformalización de ciertas prácticas y una mejor articulación.

La forma en la que se puede hacer efectiva esta inquietud es a través de la aceptación de implementar la justicia de paz, que ya un anterior gobierno legisló; la modernización de la justicia penal pública, implementación de un mayor número de casas de justicia y oficinas de atención a la víctima; y la aprobación e implementación de la denominada justicia itinerante, puede ser la llave para erradicar en definitiva la demora en ciertas instancias judiciales.

Continuando con el ámbito de las acciones se debe considerar seriamente la necesidad de fortalecer y reconocer efectivamente los sistemas no estatales, comunitarios y/o tradicionales. Es lamentable pero se debe reconocer que la Ley de Deslinde Jurisdiccional no responde con eficacia a la gestión de conflictos en áreas rurales.

Finalmente, se requiere políticas especialmente dirigidas a colectivos sociales que han visto comprometida la posibilidad de acceder al sistema de justicia en condiciones de igualdad. Estos programas deben ser diseñados para migrantes, campesinos, mujeres, niños y adolescentes, personas privadas de libertad y personas de edad avanzada.

Tomando en cuenta todos los aspectos detallados precedentemente se podrá diseñar un servicio público capaz de implementar y ofrecer un trabajo basado en la demanda y con soluciones integrales que hagan hincapié en la calidad y con características de sostenibilidad en el tiempo, además de cobertura universal.

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