La Gaceta Jurídica

Caracterización del juez en el Código Procesal Civil

A más de 35 años de aplicación del Código de Procedimiento Civil (CPdtoC), los diagnósticos revelan insuficiencias: sobrecarga judicial, retardación de justicia, poca transparencia en la administración de justicia, “cuello de botella” de los actos de comunicación, falta de convicción de los jueces a tiempo de dictar sentencia, denegación del acceso a la justicia y un sistema procesal que no motiva a la superación profesional (1).

El proceso civil no está al margen de la influencia ideológica, sino que responde a su desarrollo.

El proceso civil no está al margen de la influencia ideológica, sino que responde a su desarrollo. Foto: femcai.org

Pedro Callisaya Aro

00:00 / 17 de marzo de 2015

Con mayor especificidad, se vincula la retardación de justicia con el rol pasivo del juez: “…Esta retardación obedece también a que el proceso civil está librado al principio dispositivo, donde el poder de las partes es tan amplio que pueden realizar actividades tendentes a su prolongación indefinida y el papel de juez pasivo a título de respeto al “principio de neutralidad…”(2).

Ante esta situación, el Código Procesal Civil (cpc) toma decisiones procesales (3); entre las más importantes, redimensiona el rol del juez civil.

Ciertamente, cada “decisión” adoptada es fuertemente influenciada por los principios formativos del procedimiento que se privilegian y, a su vez, éstos, por los fines y funciones del proceso diseñados en la Constitución.

En otras palabras, un proceso –en este caso civil– responde a la función ideológica-política establecida en la Constitución y la normativa que la desarrolla (4).

Un acercamiento al diseño constitucional del proceso civil

El artículo 8 de la Constitución Política del Estado (cpe) proclama como un valor supremo la “justicia social” que, obviamente, es el objetivo final de la función jurisdiccional como un ideal de la comunidad en el entorno del “vivir bien”.

Complementariamente, se ha constitucionalizado principios y garantías: principios de la jurisdicción ordinaria (artículo 180), tutela judicial efectiva, debido proceso y defensa (artículo 115), igualdad de oportunidades en el proceso (artículo 119.I) e imparcialidad del juez (artículo 120.I).

Es decir, el diseño constitucional del proceso civil busca construir “…una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explo- tación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales…” (5), para lo cual reconoce los principios referidos y que, necesariamente, implican un rol activo de juez. Pero también establece las garantías procesales de las partes, que deben ser respetadas como presupuesto para el ejercicio jurisdiccional.

Entonces, la respuesta a la ecuación Retardación de justicia-juez pasivo, identificada como insuficiencia en el diagnóstico de la justicia civil, debe tener presente estos aspectos.

Influencia de la ideología en el proceso civil

El proceso civil no se encuentra al margen de la influencia ideológica y, por el contrario, responde a su desarrollo.

Durante el siglo XX, las concepciones sobre el proceso civil se han transformado. Por un lado, la “publicización” (de interés social público) del proceso busca la solución del conflicto con la máxima eficacia en base al incremento de las potestades del juez, entendiendo que el proceso no solo es un método para la resolución de controversias privadas, sino un medio para cumplir una función pública del Estado.

Por otro lado, se constitucionaliza las “garantías procesales” por una doble fuente: las constituciones y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Así, se conforma dos posiciones: una que atribuye todo el protagonismo procesal a las partes, evitando que se otorgue al juez facultades materiales de dirección, porque rompería con el garantismo constitucional (juez pasivo); y otra que, buscando la máxima eficacia de la tutela judicial, otorga facultades materiales de dirección del proceso (juez inquisitivo).

Sin embargo, una tercera posición prioriza la necesidad de articular un proceso dispositivo en el que el juez tenga cierta iniciativa probatoria, sin que ello implique lesionar garantía constitucional alguna (particularmente la imparcialidad judicial y el derecho a la defensa de las partes), considerando que la eficacia del proceso sin respeto de la garantías constitucionales no es admisible y que el garantismo sin eficacia tampoco es aceptable si se pretende una tutela judicial lo más justa posible.

La postura del Código Procesal Civil sobre el rol del juez

A partir del diseño constitucional, el cpc adopta una posición. No solo establece una nueva forma de juzgamiento de las causas civiles, sino, fundamentalmente, reconfigura al juez civil al imbuirlo de poderes-deberes (6) destinados a realizar el ideario constitucional (7).

Un claro ejemplo de esta concepción puede ser apreciado en el poder-deber de la iniciativa probatoria (8) con la finalidad de llegar a la verdad material de los hechos postulados en el proceso por las partes (9). Aquí, la prueba se presenta como una cuestión epistemológica destinada a lograr una decisión justa, donde el juez está facultado por el legislador para aportar pruebas al proceso, sin que por ello deje de ser imparcial.

No obstante, aun en ese caso, debe existir la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa de las partes, es decir, tengan la oportunidad de controvertir la pertinencia o relevancia de la prueba, participar en su realización, producir contra prueba y discutir acerca de la eficacia de la prueba de oficio antes de la decisión (10).

Creer que porque un juez provoque un determinado medio de prueba se va a convertir en un juez parcial y dependiente, es no tener confianza en los jueces. “Si se piensa en un “buen” juez, capaz de ejercer correctamente y racionalmente s us poderes, no hay razón de temer que él se vuelva parcial, e incapaz de valorar las pruebas, por el solo hecho de haber dispuesto o sugerido su adquisición” (11).

Para Taruffo existen otras dos razones. No se puede esperar que las partes cooperen en el descubrimiento interesado y objetivo de la verdad, dada la existencia de sus propios intereses. Y, por otra, existen partes que se encuentran en una posición jurídica más débil que la otra para rendir la prueba relevante, imposibilitando el descubrimiento de la verdad y permitiendo “que la verdad sea determinada por el poder de una parte más fuerte, más que por la ponderación justa de toda la prueba relevante” (12).

Finalmente, Joan Pico I Junoy, a tiempo de afirmar la iniciativa probatoria del juez, le pone ciertos recaudos: “la atribución de cierta iniciativa probatoria al juez tampoco lo convierte en un juez autoritario o fascista, pues, bien delimitada dicha iniciativa se evita esa objeción. Así, entiendo que al juez se le puede atribuir iniciativa probatoria siempre que se limite a los hechos discutidos en el proceso por lo que se protege el principio dispositivo, a las fuentes probatorias que ya consten en la causa –impidiendo así una actuación inquisitoria, susceptible de vulnerar la debida imparcialidad judicial–, y se permita ejercer el derecho de defensa de los litigantes” (13).

Por ello, el debate “garantismo-eficacia”, traducido en los poderes-deberes del juez civil, no debe plantearse en términos de prevalencia de uno sobre otro, sino de compatibilidad, buscando la máxima eficacia del proceso respetando las garantías procesales de las partes (14).

En otras palabras, el CPC posiciona al juez civil en una especie de “intermedio”  entre el juez pasivo y el juez inquisitivo.

Incomodas conclusiones

Ciertamente, formular conclusiones previas a la implementación del cpc tiene su dificultad. Sin embargo, se puede afirmar que el proceso como instrumento de resolución de conflictos se encuentra fuertemente permeado por la ideología sos- tenida en la cpe y la normativa que la desarrolla.

La norma fundamental boliviana sostiene valores y principios, así como garantías que configuran el diseño del proceso, los mismos que son plasmados en el cpc.

En la realización del ideario constitucional, la ley procesal civil asume una posición ideológica respecto al rol del juez civil al otorgarle poderes-deberes (como la iniciativa probatoria judicial) en el marco de los derechos y garantías de las partes; es decir, lo ubica al margen del rol pasivo e inquisitivo a la vez.

A estas alturas, se debe reconocer que existe mayor claridad en cuanto a lo que no debe realizar el juez, que en aquello que se pretende pueda implementar al interior del proceso civil considerando que el Código no establece un límite claro entre los poderes-deberes y la inacción de las partes. Por ello, se afirma la incomodidad de formular conclusiones definitivas.

Notas

1. Informe PTEDC/IA Nº 170/2011, Primer Producto, presentado por el Consultor doctor José Cesar Villarroel Bustios al Coordinador del Programa Técnico Especializado de Desarrollo Constitucional el 15-10-2011.

2. Ídem.

3. La Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013 se sustenta en cinco pilares: “el proceso por audiencia, las notificaciones con actos procesales en secretaría, facilidad en la obtención de medidas cautelares restringiendo la contracautela, introducción de los procesos de estructura monitoria y prevalencia de algunos procesos voluntarios”. Ministerio de Justicia de Bolivia. Exposición de motivos del Proyecto de Ley “Código Procesal Civil”. http://es.slideshare.net/marisolmurillo/proyecto-cdigo-procesal-civil-bolivia.

4. Juan Montero Aroca señala: “hay que reconocer que el proceso refleja la ideología sociopolítica dominante en un país determinado”. Los principios informadores del proceso civil en el marco de la Constitución. Justicia 82, N° IV, Pág. 7.

5. Artículo 9.I de la Constitución boliviana.

6. Los artículos 24 y 25 del Código Procesal Civil son descriptivos al respecto.

7. Al respecto, Giovanni Verde claramente indica: “la jurisdicción es algo más que vía de solución de conflictos. Es instrumento de “justicia”…expresión que debe ser comprendida, en el sentido que solo cuando los jueces son capaces de acercarse al máximo a la verdad, sobre los hechos que circundan a las afirmaciones de las partes en el proceso, se hace posible que el mandato abstracto y general previo contenido en la ley se aplique a un caso concreto”. “La ideología del proceso en un reciente ensayo”, en Proceso Civil e Ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Juan Montero Aroca, Coordinador.

8. El CPC es expreso al establecer ese poder a lo largo del proceso: artículos 1 numeral 16); 134 (Principio de verdad material); 136 (Carga de la prueba).

9. Michele Taruffo señala: “…la decisión de si todos los poderes de iniciativa de instrucción tengan que ser otorgados exclusivamente a las partes, o si poderes más amplios de iniciativa instrucción puedan o tengan que también ser atribuidos al juez, deriva de una elección de carácter sustancialmente ideológico…”. “Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa”, ponencia presentada en la XXV Convención Nacional de la Asociación italiana de estudiosos del proceso civil, llevada a cabo en Cagliari, el 7 y 8 de octubre del 2005, Pág. 17. Sobre el tema “Le prove nel pocesso civile”. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 29, 2006, Págs. 270. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009. Visitado el 23.12.2014. http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/34694062109036198410457/031993.pdf?incr=1

10. En ese sentido Andrés Bordalí Salamanca. “Los poderes del juez civil”, en Proceso Civil: Hacia una nueva Justicia Civil, de la Oliva Santos, Andrés y Palomo Vélez, Diego Iván coordinadores, Ed. Jurídica de Chile, 2007, Pág. 202.

11. TARUFFO. Obra citada en nota Nº 10.

12. TARUFFO Michele, “Investigación judicial y producción de prueba por las partes”, ponencia presentada en una conferencia dictada en Beijín en noviembre del 2002 y traducida por el profesor Juan Andrés Varas Braun, Págs. 5 y 6.

13. PICO I Junoy, Joan, “El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia. Un debate mal planteado”, en Proceso Civil e Ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Juan Montero Aroca, Coordinador. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. 2006. Pág. 126.

14. Además de Juan Montero Aroca, en la misma posición se encuentran Ángel Landoni Sosa, “Activismo y Garantismo en un proceso civil moderno”, Pág. 311 y ss; Luis María Simón, “Aplicación de los principios dispositivo e inquisitivo en los modernos procesos civiles por audiencias”. Pág. 339 y ss. Mª Jesús Ariza, “La prueba y el rol del Juez”, Pág. 845 y ss. Todos en Modernización de la Justicia Civil. Santiago Pereira Campos. Coordinador. Edit. Universidad de Montevideo. Uruguay. 2011.

Es vocal del Tribunal de Justicia de La Paz.

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