La Gaceta Jurídica

Cárceles y corrupción

…el régimen penitenciario nacional requiere de un cambio profundo que obligue a que los presos tengan un solo rango, condiciones iguales y que personal externo de carácter multidisciplinario sea idóneo y alta formación moral.

Editorial

00:00 / 19 de septiembre de 2014

Lo que primero apareció como una balacera por una competencia de poder entre grupos de reclusos en la cárcel de El Abra de Cochabamba se transformó en la médula de denuncias de corrupción y delitos de diverso orden que involucran a policías, a los mismos internos y a autoridades penitenciarias regionales, incluso al gobernador de este centro de “máxima seguridad”.

Como parte preocupante de este problema, en esa cárcel se mantiene el poder de los internos, quienes, en general, bajo la amenaza de un motín tienen la fuerza de evitar una requisa en la que la Policía pretende incautarse de substancias y objetos prohibidos dentro de los centros de este tipo. Esto se debe a una presunta situación que, de comprobarse, ahonda la situación de descomposición en el gobierno carcelario, cual es la denuncia de varios internos sobre la perdida de objetos de valor durante la primera requisa.

Este hecho significa que, contrariamente a lo que debe normar en las penitenciarias, los reos tienen en su poder objetos de valor, los cuales, para colmo, según denuncias de los reclusos, son hurtados o robados por los policías que cumplen los operativos. Este particular tiene dos opciones: la incautación normal en un operativo de esas características y el posterior almacenamiento con registro de los objetos encontrados o que –esto sería lo grave– los uniformados se quedan con lo encontrado.

Más allá de este tema de clara corrupción, el panorama empeora cuando varios internos de El Abra denunciaron ser víctimas de extorsión de bandas establecidas en esa institución que cobran por “seguros de vida” y para que los afectados no sean torturados, práctica que habría sido de conocimiento del ahora destituido y aprehendido exdirector regional de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Dennis Mejía, y seguramente de otros funcionarios de esa cárcel.

Si bien ahora todo el entramado de responsabilidades, complicidades, combinaciones y encubrimientos es investigado, las primeras acciones del Ministerio de Gobierno y de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario tienen razones para cumplirse, tal es el caso de la detención de Mejía y la destitución del gobernador mayor Yuri Duk.

Del mismo modo, se tratará de una decisión plausible que todos los funcionarios de la prisión sean removidos, pero con el aditamento de ampliar investigaciones, pues de lo contrario pasarán a otros espacios a continuar su “modus vivendi”.

Este caso no puede pasar de manera subrepticia, debido a que las denuncias todavía incompletas de los reclusos dan cuenta de nombres de personas que en el exterior estaban encargadas de recibir los dineros de la extorsión, que suman miles de dólares, y depositarlos en cuentas bancarias de los reclusos muertos, quienes habrían sido los principales cabecillas de este delito.

Por otra parte, el esquema puede tener “ligazón” con uniformados y autoridades del penal, quienes, incluso, habrían sido testigos, como Mejía, de por lo menos uno de los pagos por chantaje. Además de ello, si el penal no es intervenido de manera adecuada, es lógico que “surgirán” otros líderes para continuar esta práctica. En síntesis, otra vez se constata que el régimen penitenciario nacional requiere de un cambio profundo que obligue a que los presos tengan un solo rango, condiciones iguales y que personal externo de carácter multidisciplinario sea idóneo y alta formación moral.

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