La Gaceta Jurídica

Carencias gubernativas y éticas en el Estado

Los bloqueos y tomas de vías públicas citadinas, provinciales, departamentales o interdepartamentales son parte del accionar reivindicativo común e inclusive consuetudinario de colectivos que son parte de instituciones públicas y privadas del país, colectivos que no toman en cuenta las prohibiciones éticas y jurídicas existentes sobre el tema.

Las protestas mediante el bloqueo han aumentado intensidad en este tiempo.

Las protestas mediante el bloqueo han aumentado intensidad en este tiempo. Foto: Archivo - La Razón

La Gaceta Jurídica / Oscar Alba S.

00:00 / 06 de abril de 2012

Lo anterior ocurre por su descalificación de las gestiones gubernativas (1) o corporativas del sistema institucional boliviano.

En la última temporada, se puede observar esa descalificación cuando los vecinos de municipios o departamentos bloquean vías demandando la delimitación territorial intermunicipal o interdepartamental, los médicos exigiendo la supresión de las ocho horas de jornada laboral, las víctimas de las dictaduras buscando reconocimiento como tales o, paradójicamente, vecinos exigiendo la rebaja de tarifas del transporte público o apertura de nuevas vías de transporte, por mencionar los más recientes (2).

Por el perjuicio transnacional que provocan, merecen mención especial los bloqueos de vías públicas o carreteras que conectan internacionalmente al país; estas acciones entodos los casos inhiben la libertad de tránsito (3) que se halla normativamente garantizada por la Constitución Política del Estado (cpe) en su artículo 213, en las leyes ordinarias, como ocurre con el enunciado del artículo 213 del Código Penal (4) o en las reglas éticas de la sana convivencia en libertad.

Postulamos que las acciones de bloqueo e inclusive la toma de instituciones públicas son un indicio de las carencias gubernativas del Estado y los valores antiestatistas de los colectivos en acción, por cuanto razonablemente se identifican desde la descripción de fenómenos como:

La anomia del Estado, ya que el mismo no logra prevenir y evitar conflictos en ciernes, originados en la inacción o falta de condiciones para actuar de los entes administrativos encargados de sostener la gobernanza. La resistencia u oposición de las organizaciones sociales a respetar o cumplir las reglas de un orden político-administrativo que no consideran suyo o que encuentran alejado de sus demandas. La privación de servicios básicos, que los colectivos consideran parte de sus derechos y que el Estado es incapaz de proveer.

Las insuficiencias éticas y reglamentarias que benefician a los proveedores de servicios y perjudican a los consumidores, sin que los primeros incluyan valores morales positivos en la relación ética o jurídica.

Las dificultades originadas en desastres u obstáculos naturales que no logran sersuperadas en el marco de la cooperación estatal y la planificación local.

En general, por las necesidades, demandas y expectativas sociales insatisfechas que la retórica política de la modernización se encarga de difundir como ofertas políticas viables, generando altas expectativas en la convivencia económico-social de los bolivianos que en las gestiones gubernamentales no logran hacerse realidad.

Las instituciones y colectivos de naturaleza pública y privada, deben configurar su accionar desde reglas morales, éticas y jurídicas que permitan el diálogo y negociación de fines y propósitos para la satisfacción de intereses diferenciados y no la imposición de ideas unidimensionales o de las denominadas “estratégicas”, que generan prácticas que no tienen intenciones de construir proyectos comunes desde diálogos democráticos.

La sociedad boliviana debe asumir el modelo de Estado establecido en el artículo 1 de la cpe y las formas de la democracia participativa, representativa y comunitaria reconocidas en el artículo 11 de la misma, enfatizando que democracia es participación de todos (por los procedimientos mencionados) y en beneficio de todos a través del diálogo y la comunicación política y jurídica basada en el principio democrático de la mayoría reconocido por la CPE.

Podemos percibir que las carencias de administración y gestión, tienen su epítome en la inadecuada construcción normativa del derecho administrativo boliviano y la falta de políticas públicas prácticas o de gestión eficiente que permitan solventar las demandasde la población que, unida a la capacidad organizativa y contestataria de las organizaciones sindicales o sectoriales de la sociedad civil boliviana, inhiben el cumplimiento del mandato o hipótesis legal y sus consecuencias como las contenidas en el ya citado artículo 213 del Código Penal Boliviano.

Notas

1.En el sentido de gobernanza: “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo ellogro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sanoequilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía” en el Diccionario de laReal Academia Española.

2. La lista de bloqueos podría expresarse extensamente, puesto que no corresponde únicamente a este período gubernamental o al Estado Plurinacional.

3. Los derechos civiles y políticos reconocidos por la Constitución incluyen en el artículo 21 numeral 7el derecho“a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano,que incluye la salida e ingreso al país”

4. Artículo 213, “ el que por cualquier modo impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire o agua, será sancionado con reclusión de uno a cuatro años”

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