La Gaceta Jurídica

Causa de la crisis en el sistema judicial

En esta época, nuestro país se caracteriza por la transformación de las instituciones públicas y lograr constantes restauraciones en el ámbito judicial, lo que se ha vuelto una tarea casi imposible; analistas, intelectuales, políticos, juristas, etc. han pretendido señalar las causas de esta crisis, asimismo, han proyectado (sin éxito) soluciones más o menos efectivas para preservar la imagen de la administración de justicia.

La crisis del sistema judicial depende del análisis y del debate profundo y participativo para ser superada.

La crisis del sistema judicial depende del análisis y del debate profundo y participativo para ser superada. Foto: Archivo La Razón

Ery Iván Castro Miranda

00:00 / 07 de marzo de 2014

Sin el ánimo de ser reiterativos, la mayoría de estos sectores coinciden en otorgarle mayor preeminencia a la corrupción incesante, el incremento de litigiosidad que ocasiona mora procesal, la independencia judicial y la falta de preparación académica de los operadores de justicia, sin embargo, ninguno se anima a plantear que otra de las causas fundamentales que determinan la crisis del sistema tiene que ver con la existencia de elites judiciales conservadoras que impiden la transformación y devalúan la administración de justicia, en este ensayo trataré de profundizar en esta causal, no sin antes referirme a los otros factores que originan esta crisis.

La corrupción incesante

Es un problema de carácter estructural generado por los mismos operadores de justicia, la consecuencia inmediata de esta acción ocasiona desconfianza en la población, es decir, la administración de justicia en su conjunto está inmersa de sospechas en cuanto a su parcialidad, las denuncias sobre corrupción ocasionan la resolución tardía del conflicto entre litigantes que acuden al Órgano Judicial.

La corrupción transita en todos los niveles del Órgano Judicial, sin embargo, considero necesario puntualizar que la corrupción se inicia con los funcionarios subalternos (denominados por la Ley Nº 025 del Órgano Judicial servidores de apoyo judicial), es decir, es dentro del juzgado donde el litigante debe honrar sumas de dinero a cada servidor judicial (secretarios, oficiales de diligencia, auxiliares, incluyendo a los pasantes) para cualquier actuación procesal, inclusive para la emisión de fotocopias del proceso, a fin de que su proceso avance y no se paralice.

Falta de preparación académica

Una de las falencias de los operadores de justicia es la falta de preparación académica, toda vez que, lamentablemente, la teoría general del Derecho y del proceso, así como la nueva concepción inserta en la Constitución Política del Estado (cpe) respecto a la directa justiciabilidad de los derechos no llega a la práctica judicial, resultado de ello, el conocimiento constitucional no ha penetrado en los operadores de justicia.

Es decir, el instrumento jurídico de aplicación de la justicia (cpe) es desconocido en gran medida por los operadores en todos sus niveles y su consecuencia lógica es visible. ¿Qué pasa con un operador de justicia que no conoce ni entiende el instrumento del que se sirve todos los días?, la respuesta es clara, habrá gran ineficiencia que se traduce a diario con la demora judicial y la no adecuada y efectiva resolución de los conflictos de su conocimiento, limitando la capacidad operativa y generando soluciones tardías.

La falencia no termina ahí, la preparación académica de los operadores de justicia es aún más deficiente, la misma se manifiesta en la decadencia del pensamiento conceptual, intermitencia en la utilización de la jurisprudencia, abandono de la investigación, dispersión del conocimiento y la marginación de toda actividad científica en el campo del Derecho.

Empero, puede ser grave error pensar que el adecuado funcionamiento de la administración de justicia depende exclusivamente de los mayores conocimientos jurídicos, por el contrario, estos conocimientos deben complementarse con habilidades y cualidades como la ecuanimidad, empatía, virtudes humanas, compromiso social y el elemento personal que desempeña un papel fundamental en el adecuado desarrollo de un juicio; los operadores de justicia que cuenten con estas habilidades ofrecerán soluciones inmediatas, correctas y facilitarán el desarrollo del proceso en procura de lograr la deseada justicia.

El incremento de la litigiosidad

Otro factor causante de la crisis es el incremento desmedido de litigiosidad en la mayoría de los juzgados, este incremento se debe a que la conflictividad social está lejos de haber aminorado o disminuido, más aún cuando existe precarización judicial que devela dificultades de índole social, en consecuencia, estas dificultades convertidas en judicialización del conflicto generan el incremento de causas (procesos).

La consecuencia inmediata es la saturación y el extraordinario incremento de litigiosidad en los juzgados a nivel nacional, este incremento provoca que nuestro sistema judicial atraviese un periodo crítico (colapso), generando mora procesal que se vuelve insostenible.

La independencia del Órgano Judicial

Otro factor que genera crisis es la subordinación del órgano judicial a los demás órganos del Estado (especialmente al Ejecutivo y Legislativo), es decir, el Judicial carece de independencia, es controlado, supervisado por el Ejecutivo y Legislativo a través del “copamiento” sistemático de las instancias de decisión en el Órgano Judicial, lo que debilita su trabajo y agiganta sus defectos estructurales de retardación, corrupción y parcialización a favor de una de las partes. La independencia del Órgano Judicial debe manifestarse en un grado de coordinación entre sus miembros y los de los demás órganos del Estado y no de subordinación, toda vez que subordinación implica la actuación en base a circunstancias y a la influencia política (dirección en los procesos de interés nacional desde instancias estatales), económica o social de los eventuales litigantes.

Las elites judiciales

Como se mencionó, casi nadie se anima a plantear que una causa fundamental y determinante de la crisis del Órgano Judicial tiene que ver con la existencia de elites en su interior (en todos sus niveles) que se disputan el control, estas elites judiciales son conservadores, es decir, impiden la transformación del sistema de administración de justicia en su conjunto y, por tanto, la devalúan resistiéndose al cambio, protegiendo sólo los intereses de grupo.

En ese sentido, oportunamente señalé en una entrevista (La Razón, suplemento Animal Político, 16 de febrero de 2014) la existencia de una elite judicial que no permite que nuevos abogados con nueva visión del Derecho ingresen al Órgano Judicial, esa elite conservadora nombra a sus jueces, secretarios y demás servidores de apoyo por parentesco y padrinazgo para que respondan a ellos.

Sin embargo, para comprender de mejor manera la existencia de elites debemos comprender que en nuestra realidad identifico tres: la elite política, donde se ubican las instituciones mediante las cuales las personas adquieren, manejan e influyen en la distribución total de poder y autoridad al interior de las estructuras sociales; la económica, con instituciones mediante las cuales las personas organizan la mano de obra, los recursos y los medios técnicos en orden a la producción y distribución de los bienes y servicios, y la judicial, con sus instituciones mediante las cuales las personas organizan el uso de la violencia legítima y supervisan su uso.  

Además, es necesario resaltar que la estructura del Órgano Judicial denota la existencia de varias elites que para mantenerse en el poder (en instancias decisivas del Órgano Judicial) cada una de éstas debe contar con el beneplácito de la élite política (personeros del órgano Ejecutivo y Legislativo que ocupan posiciones desde las cuales sus decisiones tienen consecuencias importantes).

Una vez que una de las elites judiciales logra el consentimiento de la elite política se agrupa en un reducido número de operadores judiciales (magistrados, vocales, jueces, etc.) como parte del grupo de los que alcanzaron éxito en la toma de altos cargos (nivel de dirección) desde donde disfrutan de sus ventajas monopolizando el poder.

Estas élites se degeneran con rapidez, por ello necesitan vigorizarse con refuerzos, es decir, nombran a sus subalternos por parentesco y padrinazgo, secretarios, auxiliares y oficiales de diligencias, a quienes piden lealtad y compromiso para mantenerlos en sus cargos, porque, de lo contrario, toda elite que no esté dispuesta a luchar para defender su posición se halla en decadencia y extinción.

Estas elites, para mantenerse en el lugar de privilegio, cuentan con dos mecanismos: la fuerza y la astucia (que nos recuerdan a la vieja teoría de Maquiavelo de los “leones” y los “zorros”). La fuerza les permite reprimir a los subalternos que no quieran acatar las decisiones de la elite; por el contrario, la astucia posibilita premiar a los operadores judiciales leales mediante la otorgación y el reconocimiento de dádivas o, en su defecto, un mejor posicionamiento dentro la estructura judicial.

Las elites judiciales son ajenas a los problemas que surgen con la administración de justicia, sólo velan por sus propios intereses; su mirada es tan corta que, inclusive, no creen que exista una crisis estructural en el Órgano Judicial, o bien, en última instancia, consideran que se trata de una perspectiva lejana; su cultura se forja alrededor de los números (dinero) y de la acumulación y beneficios del poder (decisión).

Los tentáculos de las elites judiciales se extienden por doquier, cuentan con la complicidad de las elites políticas (respaldo político) para mantenerse en el poder y satisfacer y generar réditos personales y de grupo; generalmente, estas elites se encuentran en altos cargos (nivel de dirección) desde donde definen cuestiones relativas a la administración de justicia (en menor medida) sin tomar en cuenta las necesidades de la población, así como los problemas para solucionarlos.

En consecuencia, ante los factores mencionados, se requiere un análisis y debate profundo y participativo, tanto en la academia como en los sectores de la sociedad, acerca de las soluciones efectivas y de carácter estructural, con el objetivo de revertir la imagen venida a menos del Órgano Judicial, toda vez que “pareciera que las transformaciones no van a contar con el impulso de las propias instituciones judiciales en crisis”, como lo mencionó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Es abogado, ensayista y responsable del blog jurídico Metamorfosis Jurídica (http://metamorfosisjuridica.blogspot.com/)

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