La Gaceta Jurídica

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Causas determinantes de la crisis en la administración de justicia

…esperábamos que realmente fuera un cambio tan decisivo, que fuera suficiente como para dejar para siempre  en el pasado aquel “cuoteo” en la elección de autoridades  al cual nos tenían acostumbrados nuestros “representantes” nacionales.

Alan Vargas Lima

00:00 / 25 de febrero de 2014

Sería fácil si pudiésemos señalar directamente a uno, algunos cuantos o, tal vez, muchos más como responsables de la grave crisis en la administración de justicia, y exigirles una explicación clara del por qué provocaron semejante devaluación en el sistema judicial boliviano, para así volver en el tiempo y no cometer los mismos errores. Lamentablemente, el problema actual no es tan sencillo.

Es indudable que uno de los factores que determinaron una crisis de legitimidad fue la irregular designación de las primeras autoridades judiciales electas, dado que muchos de nosotros confiábamos inicialmente en el proceso, no sólo por su carácter innovador y sin precedentes en nuestro país, sino más bien porque esperábamos que realmente fuera un cambio tan decisivo, que fuera suficiente como para dejar para siempre en el pasado aquel “cuoteo” en la elección de autoridades al cual nos tenían acostumbrados nuestros “representantes” nacionales, ello a fin de que nuestra voluntad no fuera reemplazada nunca más por intereses particulares.

En definitiva, debe comprenderse que la esperanza ciudadana estaba cifrada en aportar de alguna forma (y con nuestra participación) a la renovación del sistema judicial que, hasta ese momento, ya estaba muy desprestigiado por sus males endémicos como son la corrupción judicial, la impunidad indiscriminada, la retardación de justicia y el prevaricato de jueces, fiscales y abogados (lamentablemente), además de gastos millonarios en “reformas judiciales” que levemente habían mejorado la administración de justicia, las “coimas” y compra de conciencias de los operadores judiciales, todo ello sumado al cuoteo político-partidario que siempre estuvo presente en las designaciones de las altas autoridades judiciales a nivel congresal.

Sin embargo, nuestra desilusión comenzó desde el momento en que el partido oficialista con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional elaboró una reglamentación interna para la preselección de los candidatos de acuerdo a sus intereses, empañando así lo que pudo haber sido una experiencia realmente innovadora en nuestro país.

Tal vez sea por eso que ahora no podemos jactarnos de haber dado un ejemplo al mundo de cómo llevar adelante la designación de jueces por vía de elección popular, menos cuando se denunciaron vicios de inconstitucionalidad en el desarrollo del proceso de preselección, además del manejo indiscriminado de poder, tanto en el Órgano Ejecutivo como también en el Órgano Legislativo del nuevo Estado Plurinacional.

En otras palabras, fue una cúpula masista en la Asamblea Legislativa que se tomó la atribución de “preseleccionar” (por mandato constitucional) a quiénes deberían ser elegidos en las urnas por la población y no se puede negar que muchos de aquellos candidatos no fueron seleccionados precisamente por su idoneidad profesional, sino más bien por su afinidad con el partido de gobierno o porque, simplemente, eran algunos más de sus seguidores, lo que estigmatizaba cualquier posibilidad de independencia e imparcialidad en la función jurisdiccional, sin importar que luego fueran elegidos por voto popular.

Ante este dilema, la única opción era reivindicar el derecho de los ciudadanos(as) de manifestar nuestra voluntad de rechazo al proceso eleccionario por falta de transparencia; y fue así que ésta última opción fue adoptada por la mayoría de la población, lo cual se reflejó en los altos porcentajes de votos nulos obtenidos al final de aquella jornada electoral, deslegitimando la elección de autoridades judiciales. Sin embargo, y desoyendo la voluntad del pueblo, se decidió proseguir con el proceso eleccionario posesionando a todas aquellas autoridades que habían obtenido una mínima votación de apoyo, pese a que el voto nulo fue mayoritario.

Esta deslegitimación de las autoridades judiciales fue una de las causas iniciales de la crisis, pero no es la única, porque a ella se siguen sumando la corrupción judicial (falta de idoneidad), la retardación de justicia (mora procesal) y la manipulación política del aparato judicial (politización de la justicia).

La corrupción judicial, referida a la falta de idoneidad de un(a) juez(a) para el ejercicio de la función jurisdiccional por el manejo indiscriminado de la jurisdicción y la competencia para decidir y resolver un asunto, no solamente es atribuible a aquellos operadores de justicia que extorsionan o exigen dinero o favores, prometiendo una sentencia dirigida a satisfacer un interés particular, sino que es un fenómeno que en muchos casos tiene como principal factor al(la) ciudadano(a) que fomenta al desprestigio del sistema, entregando dádivas, regalos, favores y “coimas” a una autoridad judicial o, simplemente, apela al chantaje y la amenaza a fin de conseguir un fallo favorable a sus intereses.

La retardación de justicia, que en muchos casos provoca una mora procesal insostenible por la falta de personal calificado o, en su caso, por no tener los recursos humanos suficientes para alivianar la sobrecarga procesal en un Juzgado, no solamente es responsabilidad del operador de justicia, que en muchos casos solamente se debe ocupar de dirigir el proceso encaminándolo a buen término con la emisión de una decisión que sea producto de la valoración adecuada de las pruebas y testimonios concurrentes en determinado caso, sino también es responsabilidad del procesado(a) y su abogado(a), quienes muchas veces apelan a la “chicanería” y utilizan todos los medios a su alcance para conseguir obstaculizar la averiguación de la verdad en el menor tiempo posible, lo que indudablemente deriva en la existencia de procesos judiciales inacabables y eternos, por la temeridad y malicia con que actúan las partes cuando provocan la innecesaria dilatación del proceso.

La manipulación política del aparato judicial –que no es reciente– se ha manifestado en nuestro país a través del direccionamiento desde instancias gubernamentales (tanto del Ejecutivo como del Legislativo) para el inicio inmediato de procesos judiciales contra determinadas personas o autoridades que no son afines al partido de gobierno (que son parte de la oposición política) o que, simplemente, han puesto en evidencia determinadas irregularidades que, de permitirse su difusión, pudieran derivar en la caída del régimen de gobierno.

Por lo que, y para evitar ello, se instauran centenares de juicios intentando aplacar aquellas voces que constantemente denuncian las irregularidades de la gestión gubernamental en las principales reparticiones del Estado central, a fin de evitar cualquier voz disidente capaz de poner en duda el manejo --presuntamente idóneo y transparente-- de los recursos públicos.

Estas son, a mi parecer, algunas de las causas determinantes que han derivado inevitablemente en la crisis que atraviesa la administración de justicia en Bolivia. Por tanto, es urgente perfilar soluciones inmediatas, comenzando con el cambio de actitudes de todos(as) quienes interactúan en el sistema judicial.

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