La Gaceta Jurídica

Censo nacional vs censos regionales

“Un Censo se define como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar, el padrón o la información de la población de una nación o pueblo en un momento determinado. Es un relevamiento (recolección de datos) demográfico social y económico para ser evaluado, analizado y publicado”.

La actividad censal movilizó a miles de personas para contactar al resto de la población.

La actividad censal movilizó a miles de personas para contactar al resto de la población. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Betty Tejada

00:00 / 20 de agosto de 2013

Viene a ser el operativo estadístico de mayor magnitud que debe afrontar un país en su conjunto. Es la movilización en tiempos de paz más grande de personas que deben  participar en un operativo censal. Capacitadores, empadronadores, técnicos, los que elaboran los informes hasta llegar a la difusión final de los resultados. Por ejemplo, en el proceso que se realizó en Bolivia en 2012 participaron más de 200 mil personas.

Un Censo permite ajustar y/o definir, implementar y evaluar planes, programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano sostenible, económico y social en los ámbitos nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario. Por otra parte, proporcionará información para el diseño de un modelo para futuras investigaciones por muestreo.

En un Censo de Población la unidad de investigación es “la persona”. Es decir, conocer  el número de personas, unidas o no por vínculos familiares, que conviven para proveer y satisfacer sus necesidades alimenticias y otras indispensables para vivir.

Con este proceso se busca calcular el número de habitantes de un país de territorio delimitado, siendo la fuente primaria de las estadísticas básicas que son necesarias para fines gubernamentales y aspectos de planificación económica y social.

En un Censo de Vivienda la unidad de investigación es la “vivienda”. Es decir, todo recinto habitacional estructurado separado e independiente que haya sido construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por personas siempre que en la fecha del censo no se utilice totalmente para otra finalidad (Instituto Nacional de Estadísticas (ine) Bolivia).

Hemos escuchado en algunas regiones, no solo postcenso sino exante, a dirigentes políticos de oposición criticar al Gobierno, poner en duda permanente la eficiencia técnica del mismo haciendo referencia a un supuesto plan gubernamental para escamotear los resultados en algunas poblaciones pero, para nadie es desconocido que en todo el proceso Constituyente esta oposición ensayó el desmembramiento de la unidad de la patria con la plan denominado “media luna”.

Marco jurídico censal

Estas manifestaciones se han reavivado y acentuado más luego de conocerse los resultados oficiales que registran diferencias entre los datos preliminares anunciados por el Presidente y entre los datos oficiales del 3,5 Por ciento, parámetro normal a nivel mundial que, sin embargo, es rechazado cuando la mirada deja de ser nacional y se centra en resultados de cada región o departamento.

El inmediato anuncio del Presidente respecto a la realización de auditorías nacionales e internacionales no ha dejado duda de la voluntad gubernamental para zanjar todo tipo de controversias legítimas y de oportunismos de la radical derecha, que busca cualquier polémica para sacarle partido; mucho más si su pilar fundamental en el proceso Constituyente fue el de dividir regionalmente al país.

A objeto de no caer en discusiones estériles y desestabilizadoras de la paz social es importante conocer el marco jurídico bajo el cual se realiza el censo en nuestro país. La Constitución Política del Estado (cpe) en el artículo 298 Parágrafo I, numeral 16, establece como una atribución privativa del Estado la realización de censos nacionales, bajo este contexto, ninguna entidad territorial autónoma puede efectuar algún tipo de censo regional.

Conforme se instauran las atribuciones contenidas en las competencias asignadas al nivel departamental y municipal, la Carta Magna no regula la posibilidad de desarrollar censos regionales ni municipales, al contrario, señala los mecanismos de redistribución y presupuesto para la ejecución de proyectos según las asignaciones por distribución de los recursos de coparticipación tributaria del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (idh), además de las asignadas por el Tesoro General de la Nación (tgn).

El artículo 300, Parágrafo I, numeral 26, dispone la elaboración, aprobación y ejecución de sus programas de operaciones y presupuesto, que va en directa concordancia con el numeral 36, que dispone la administración de recursos en el marco del Presupuesto General de la Nación.

Esta distribución y asignación de recursos económicos debe contemplar, la planificación, diseño y ejecución de proyectos, políticas, planes de ordenamiento, construcción de líneas férreas, aeropuertos, estadísticas departamentales, desarrollo económico departamental, entre otras, pero que, sin embargo, NO FACULTA a estas entidades territoriales a la realización de un censo regional, “caso contrario, de elaborarse un censo, esto comprendería incurrir en delitos penales por actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, tales como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, actos lesivos al Estado, entre otros”.

Asimismo, las competencias de los gobiernos municipales, establecidas en el artículo 302, parágrafo I, disponen, según lo enunciado en el numeral 23, la facultad de elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto, así como lo dispuesto en el numeral 42, que regula la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional.

Esta significa que en uso de sus atribuciones podrá elaborar, planificar y ejecutar este tipo de actividades, obras y acciones de orden municipal, empero tampoco contempla la posibilidad de que algún municipio del Estado Plurinacional tenga la atribución de efectuar un censo municipal y mucho menos lo dispuesto en la Ley Nº 2028, de municipalidades, demás normativa concordante con la legislación municipal.

Elementos de análisis y discusión

Claro está ahora que con los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 dos tipos de recursos supeditados al índice poblacional van a estar en discusión y estos son: 1) los fondos de Coparticipación Tributaria y 2) el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (idh).

También existen tres aspectos muy importantes que van a ser sujetos a análisis:

a) Los flujos migratorios. Los cambios en el ámbito sociopolítico del país y la conversión de un Estado Republicano a Plurinacional determinaron configurar un Estado multicultural y con Autonomías, por ello también se vino a colación el problema del mestizaje y los originarios.

En los últimos años, que van desde el Censo 2001 hasta este último, el estado Plurinacional ha crecido en población en unos departamentos y en otros no, por lo tanto, este resultado va a tener dos efectos, uno el político, en términos de representación parlamentaria, y otro en términos económicos, con la redistribución de recursos de manera equitativa.

Según los datos proporcionados, se ha experimentado un crecimiento poblacional en términos absolutos en ciudades importantes como Santa Cruz, ocupando ésta el primer lugar.

b) La cartografía. Los municipios del país ya han puesto en mesa de discusión las divergencias al momento de ejecutar sus planes operativos anuales (los poa); dentro del margen constitucional establecido incluso se presentan observaciones respecto a los límites entre uno y otro municipio, donde viven ya interconectadas por sendas urbanizaciones y asentamientos humanos, cuyas necesidades y demandas no son satisfechas a plenitud en ambos contextos por falta de una clara delimitación territorial.

Ante esta situación, la actualización cartográfica y el empadronamiento censal deberán diseñar el nuevo marco cartográfico de acuerdo con las delimitaciones y segmentos que han sido establecidos en el censo 2012, acorde con la cuantificación de boletas censales, las cuales deban definir la pertenencia de territorios.

c) La redistribución económica. De acuerdo con estos nuevos datos, el cambio en el mapa político y económico de Bolivia, definirán nuevos niveles de distribución y asignación de recursos que se realizarán de acuerdo a los nuevos datos per cápita e incluirá la coparticipación tributaria, el idh y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (iehd). Además contemplará las variables del Programa de Alivio de Deuda para Países Pobres y Altamente Endeudados (hipc) en los diferentes niveles del Estado.

Estos índices deben estar sujetos en su aplicación en base al número de personas que habitan en cada departamento o región y en relación a los habitantes de cada municipio, lo cual, implícitamente, implicará modificaciones en lo que respecta a la distribución de los escaños, tanto en la representación nacional como en las asambleas regionales y locales.

Un decreto aprobado

La coparticipación reparte un impuesto en base a los datos per cápita. La nueva asignación de dinero apenas tocará el 1 por ciento del Presupuesto General del Estado.

Cabe recordar que en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (idh) se creó un fondo de compensación para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mediante el Decreto Supremo 28421, donde una parte se distribuye utilizando el criterio poblacional.

Entonces, esta partecita va a estar influida por los datos reflejados en el Censo 2012 porque los otros porcentajes ya fueron definidos en la Ley de Hidrocarburos 3058 en los recursos que se dan por departamento productor y no productor.

Ahora el proceso del censo debe ser visto con mucho detenimiento y serenidad; sin ingredientes partidistas políticos que en lugar de aclarar enturbian resultados que son fundamentales para Bolivia; mucho más cuando se reitera desde el más alto nivel gubernamental que habrán auditorias y cuando organismos internacionales de gran credibilidad anuncian su concurso.

Para este efecto se convocó al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (celade), organismo dependiente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), especializado en censos de Latinoamérica y que cuenta con expertos en demografía e información de la población, y será quien definirá la metodología y los criterios con los que se evaluará y validará los datos del censo.

Es Presidenta de la Cámara de Diputados, http://bettytejadas.blogspot.com

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