La Gaceta Jurídica

Certificación forestal y sostenibilidad de bosques

El objeto de la Ley Forestal (1700), vigente aun, promulgada en julio de 1996 en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, es normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del territorio del Estado Plurinacional.

El transporte de madera en diversas regiones del país demuestra las dimensiones del daño.

El transporte de madera en diversas regiones del país demuestra las dimensiones del daño. Foto: Archivo La Razó́n

La Gaceta Jurídica / Abrahán Cuellar Araujo

00:00 / 28 de agosto de 2012

Al respecto, esta norma no ha garantizado la sostenibilidad de los bosques ni ha beneficiado a campesinos e indígenas, sino que ha enriquecido a un pequeño grupo de poder que son los empresarios madereros y castañeros; que en el 2012  han exportado 150 millones de dólares.

Según el informe 2010 de la Autoridad de Bosques y Tierras (abt), en Bolivia existen 9.282.820 hectáreas (ha) bajo manejo forestal con autorización. De las cuales existe una superficie bajo manejo Forestal con Certificación (fsc) de más de 2 millones de ha otorgadas por una entidad internacional, el Consejo de Manejo Forestal con sede en Alemania (1), la cual garantiza, supuestamente, que las empresas hacen un  buen manejo y uso de los bosques a través de la sostenibilidad ambiental, económica y social.  La verdad es que la actual Ley 1700 y su aplicación no garantizan desarrollo sostenible de los bosques y la certificación forestal no es una garantía de sostenibilidad.

Razones

La Ley 1700 tiene su fundamental argumento en los Planes Generales de Manejo Forestal  (pgmf) en los cuales se establece ciclos mínimos de corte en 20 años. Consiste en dividir al área concesional en 20 partes, cada área es aprovechada cada año a través de la triple A (Área de  Aprovechamiento Anual) con la presentación de un Plan operativo anual Forestal (poaf).

Existe un ciclo rotativo que consiste en aprovechar un área cada año y que después de 20 años se retorna a la primera área aprovechada. El argumento es que después de 20 años el área se ha regenerado y ha recuperado su potencial de árboles comerciales con diámetro de corte mínimo, porque los árboles en crecimiento se han desarrollado y los árboles semilleros han reproducido nuevas plantas a través de la germinación natural.

La realidad es que el fundamento del desarrollo sostenible de los bosques no tiene viabilidad técnica ni científica. La razón es simple, ya que para que los árboles sean maderables, es decir, alcancen el diámetro de corte recomendado de 60 centímetros como mínimo,  necesitan entre 80 y 140 años de acuerdo a las especies (2). Entonces, los Planes Generales de Manejo Forestal no se cumplen en la realidad.

Los ciclos de corte, la intensidad de la extracción, el diámetro mínimo de corte y el porcentaje de los árboles semilleros no garantizan la recuperación, en lo más mínimo, del potencial de los recursos maderables como estaban al principio. Aquí se derrumba el argumento de la sostenibilidad ambiental, económica y social, porque al volver después de 20 años al área no se encontrara la misma cantidad de árboles maderables con valor comercial con el diámetro adecuado de corte, sino bosques empobrecidos.

Hechos

La planificación bajo el actual régimen no reduce el impacto sobre el bosque y no posibilita la regeneración. En concreto, las normas técnicas y su aplicación no garantizan ninguna sostenibilidad de los bosques. Pero el problema es mayor, porque las empresas no respetan ni siquiera las normas técnicas, sino que las violan sistemáticamente por falta de control.

Como no existe control y fiscalización del área aprovechada, las empresas madereras no respetan el diámetro mínimo de corte ni el 20% de árboles semilleros y los derriban. A su vez, la germinación natural es escasa por la eliminación de los animales silvestres que son los que dispersan y entierran las semillas. La caza indiscriminada, a veces irracional, de la fauna del bosque para alimentar a los obreros madereros no es controlada por nadie.

Por otra parte, existe la destrucción de una cantidad indeterminada de árboles en crecimiento por diferentes  causas como el impacto de cada árbol derribado, los innumerables caminos que dejan los “skiders” y tronqueros y los rodeos que consisten en grandes áreas desboscadas para almacenar los troncos. Inclusive las cabeceras de arroyos y vertientes se ven comprometidas por las quebradas que son tapadas con troncos y tierra para construir puentes improvisados.

Estos hechos han sido constatados por las comunidades campesinas e indígenas, trabajadores madereros, inclusive observaciones propias. Es común escuchar a los comunarios e indígenas que ya no existe cara y cedro en la Amazonía, tanto en las concesiones madereras como en las comunidades campesinas e indígenas.

Una omisión imperdonable de la Ley Forestal es que no obliga a las empresas concesionarias a forestar o reforestar el Bosque. Es otro factor que incide negativamente en la sostenibilidad. Es lógico pensar que si alguien corta un árbol, con fines de lucro debiera tener la obligación de reponer dos o tres de la misma especie. Es una cuestión elemental, pues si el Estado autoriza a una empresa a sacar riqueza forestal, tiene que haber un mínimo de responsabilidad ambiental de reponer lo que se ha quitado del bosque.

Respecto a la Patente Forestal la Ley obligaba el pago de un dólar por hectárea concesionada, lo cual ya era un regalo de la riqueza de los bosques. ¿Se imaginan pagar solo 40 dólares y tener derecho concesional exclusivo para explotar 40 años una hectárea de riqueza forestal no sólo de maderas preciosas, sino toda la fauna y flora existente del  bosque y tener el dominio absoluto del área? 

El titular de la concesión puede explotar otros productos del bosque, madera rolliza, castaña amazónica, goma elástica, hoja de jatata, asaí, majo, animales, peces de los ríos, etc., etc. Es decir todo. Además, el 6 de mayo de 2003 en el gobierno de Sánchez de Lozada se aprobó el Decreto Supremo 27024, que anula el pago de patente forestal equivalente a un dólar por hectárea, lo cual es un regalo mayor de bosques a los empresarios titulares de las concesiones forestales. Con la aplicación del decreto el Estado ha perdido el 96 por ciento de ingreso por concepto de patentes forestales (3). Hasta el momento, el Estado Plurinacional no ha cambiado la norma para reponer la patente original.

En el caso del norte amazónico el drama es mayor, porque el titular de la concesión paga una miseria al Estado por concepto de patente y, al mismo tiempo, subalquila las tierras fiscales a las empresas que explotan castaña amazónica a un precio varias veces mayor que el costo de la patente. Es decir que la concesión, en el peor de los casos, le sale gratis, pero, en general, es un buen negocio para los empresarios.

Derivaciones

Al no haberse cumplido las auditorias forestales cada cinco años como dicta la ley y, por consiguiente, al no haber ninguna clase de control y fiscalización nadie garantiza el respeto a las normas técnicas. Por ejemplo, nadie garantiza ni nadie ha verificado que las empresas hayan cumplido estrictamente el Área de Aprovechamiento Anual.

Lo más probable es que hayan explotado Áreas no autorizadas o áreas que no están dentro del Plan Operativo Anual Forestal. En muchos casos se sobredimensiona el cálculo del porcentaje de rendimiento en volumen de las especies para justificar la extracción ilegal de otras áreas inclusive fuera de la concesión.

La Ley Forestal garantiza el acceso a los recursos del bosque a  las comunidades campesinas, indígenas y originarias. En la práctica  no existe un acceso real de los recursos maderables porque no tienen los medios, no poseen capital de operaciones, equipamiento ni transporte. ¿Cuánto cuesta un skider, un camión tronquero, un aserradero o un plan de manejo?

Los costos de inversión son inalcanzables para los pueblos del bosque que se ven obligados a regalar su riqueza forestal sin valor agregado, a bajos precios, hipotecando el futuro de sus hijos. El acceso real a campesinos e indígenas sólo es posible con el apoyo técnico y financiero del Estado boliviano, cosa que nunca ha sucedido. Ni los gobiernos neoliberales ni la actual administración estatal se han dignado en apoyar a este sector social.

Bibliografía

Ley Forestal (1700) del 12 de julio de 1996.

Reglamento  de  la Ley  Forestal (DS 24453)    del 21 de  Diciembre de 1996.

Norma  Técnica  Nº 248 de 1998. Superin-tendencia Forestal.

Decreto Supremo 27024 de 6 de Mayo de  2003.

Notas

1. FSC. Sigla en Inglés de Forest Stewardship Council.

2. Anillos de crecimiento de árboles maderables en Bolivia: Su potencial para el manejo de bosques y una guía metodológica. Roel Brienen, Pieter Zuidema. PROMAB/IGEMA Informe técnico nº 7. Págs. 16-17.

3. ABT anuncia auditorías a concesiones forestales (escrito por Fundación TIERRA. Periódico CAMBIO, 3 de agosto de 2010.

*    Es comunicador y ex senador por Pando.

Tomado de: Boletín Sena Nº 116.

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