La Gaceta Jurídica

Cifras negativas en la resolución de causas

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 17 de abril de 2012

Alarmantes, por decir lo menos, son los datos estadísticos que expusieron la anterior semana las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Tres meses de trabajo en los que, aparentemente, se intentó organizar la nueva estructura del Órgano Judicial, de “acomodar la casa” –como se dice en términos más familiares–, no sirvieron de mucho en cuanto al despacho de causas, actividad que es la que más importa a la población que acude a los tribunales y es principal de estos entes colegiados, antes que rivalizar por demostrar quién tiene mayor poder o quién alcanza mayores espacios para acomodar laboralmente a “su gente”.

Haciendo un análisis simple de la información expuesta se puede concluir que, por ejemplo, las causas en liquidación que se encuentran en manos de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) podrían ser concluidas eventualmente en 10 años o más, esto considerando un mejoramiento significativo en el ritmo de resolución de causas que tienen en este momento.

Pues, sería desastroso y fatídico para la justicia y para los cambios trascendentales que pretende llevar adelante el actual régimen de gobierno si lo máximo que se les puede exigir a los magistrados suplentes en cuanto a trabajo es lo demostrado hasta ahora. No es complejo y es simple aritmética, tenemos para el primer trimestre 69 causas resueltas, tomando en cuenta esa cifra en un año podrán resolver 276.

Enfrentemos ese guarismo a las 7.190 causas que quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2011; quedo tristemente sorprendido ante la evidencia de que, aun estirando juiciosamente las cifras de asuntos que se vayan a resolver, no terminarán ni siquiera en 15 años. A ello debemos sumar que la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional establece en el artículo 8.II un plazo máximo de 48 meses (cuatro años) para concluir con esa tarea.

Obviamente la planificación está fuera de los alcances de los legisladores, pero, ¿acaso la Ley Nº 212 no se elaboró conjuntamente con las actuales autoridades judiciales?, ¿no se supone que estas autoridades sean titulares o suplentes –como buenos abogados– deberían conocer aproximadamente los plazos que se requieren para llevar adelante la labor de liquidación de las causas en base a los informes estadísticos que elaboraba el extinto Consejo de la Judicatura?

De las demás entidades del Órgano Judicial no se puede ni arriesgar comentario, porque no ofrecieron casi ninguna referencia del trabajo cumplido hasta la fecha, lo que a los mal pensantes nos hace presumir que van por peores rumbos que el Tribunal Supremo de Justicia. Rescato criterios que anteriormente ya exterioricé desde esta misma columna respecto a que la construcción de un nuevo Estado, a la que se refiere el preámbulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional, depende de todos, pero, principalmente de quienes asumieron un compromiso político e institucional.

Dentro de esas responsabilidades aceptadas de manera voluntaria se encuentra el afianzamiento y la “revolución” de la justicia. Ese propósito solo se logra mediante la posibilidad cierta de que todas las personas y sin excepción alguna puedan acceder al órgano jurisdiccional y obtener un pronunciamiento definitivo a través de una sentencia de manera oportuna, porque una justicia que no da respuestas prontas no es justicia.

El tiempo en el proceso debe ser razonable para que no perjudique a los justiciables. La demora judicial es un factor que incide profundamente cuando se cuestiona la justificación del servicio de justicia. Sin embargo, como en todo, cabe efectuar una salvedad: desde una visión garantista, el proceso necesita respetar la lógica interior de la contradicción, debate, prueba, sentencia y recursos. Estos no pueden ser suprimidos. Deberán perfeccionarse, simplificarse pero no obviarse, porque atentaría al principio de la debida defensa en juicio.

¿Suena a disculpa anticipada?, ¡Claro que sí¡ Porque todo eso ya debió estar planificado en su totalidad y previsto antes de que los actuales magistrados se lanzaran a la piscina de la prontamente estropeada “revolución judicial”; hoy, por lo menos en el caso de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, tienen una papa caliente entre las manos; esperemos que sepan acomodarse a los plazos que la norma determina, es decir, un máximo de cuatro años para resolver todas las causas pendientes a diciembre de 2011.

Es prudente señalar que un componente de dejar atrás y para siempre el estado colonial, republicano y neoliberal es renunciar a los intereses y mezquindades personales. Continuar en ociosas disputas por espacios de poder, por mayores asignaciones no de trabajo, sino de espacios laborales para sus acólitos viene a constituir solo una mala imitación de lo que se quiere dejar atrás, no conviertan al Órgano Judicial en un avechucho que copia (y todavía mal) los trastornos y las malas costumbres de esa República a la que tanto han denostado a través de discursos de plazuela.

En ese marco, lo que queda es la reflexión de quienes hoy están a cargo de la administración del Órgano Judicial para que en un esfuerzo conjunto se puedan revertir esos resultados arrojados tras los primeros tres meses de trabajo. Resulta sumamente inquietante observar que el acceso a la justicia, cuyo principal componente es la celeridad, se cumple mínimamente o no se cumple desde un punto de vista material.

En las normas –empezando por la Constitución Política del Estado y terminando en las leyes transitorias–, este principio se encuentra consagrado y defendido innumerables veces, pero la cotidianidad, el transcurrir de los días en los tribunales hace ver que la realidad es radicalmente opuesta.

Por consiguiente, se impone un cambio de paradigma en todos los operadores jurídicos, principalmente aquellos que, por su propia voluntad, postularon y fueron electos por un sector de la población. El proceso no es una utopía. El proceso, entendido como un medio para llegar a una solución de conflictos es posible si todos los magistrados comprenden e internalizan la necesidad de cambiar el sistema en pos de un efectivo reconocimiento, protección y tutela de los derechos que se ponen en su conocimiento.

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